Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; por cuanto, interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución que declaró improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva, recayendo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; sin embargo, la Vocal demandada, inobservando el plazo establecido por ley, programó audiencia para el 27 de septiembre de 2022; y pese a que solicitó que se acortara el plazo, la autoridad demandada mantuvo su decisión de llevar adelante la audiencia en la fecha fijada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 49 a 53, pronunciada por la Jueza Sentencia Contra la Violencia hacia Las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo dispuesto por el Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0122/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50524-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022, de 20 de septiembre, cursante de fs. 49 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Julio Montero Jiménez en representación sin mandato de Félix Martínez Gutiérrez contra María Giovana Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 24 a 27 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 2 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, en la cual el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba, rechazó su petición. En virtud de ello, y conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental; el cual recayó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Cochabamba, donde se programó audiencia para el 27 del indicado mes y año; es decir, fuera del plazo establecido por ley. Ante esta situación, presentó enmienda a esa determinación, argumentando que ésta se encontraba vinculada a su libertad; sin embargo, mediante Auto de 12 de septiembre de igual año, se mantuvo el día de señalamiento; no obstante, la observación planteada.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y el principio de dirección del proceso, citando al efecto los arts. 23.I y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada observe el plazo previsto por el art. 251 del CPP o el plazo adicional dispuesto por la SC 0612/2004-R de 22 de abril.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 48, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) El Vocal demandado señaló audiencia de apelación incidental fuera del plazo procesal establecido por ley con un retraso de veinte días; y, b) Por lo que, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho a objeto de dar celeridad a la celebración de dicha audiencia.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del informe escrito presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante a fs. 37 y vta., señaló que: 1) El 6 del indicado mes y año, el accionante presentó apelación incidental de medida cautelar, el cual fue admitido mediante Auto Interlocutorio el 7 de igual mes y año, programándose audiencia para el 27 del referido mes y año; y, 2) El señalamiento de dicha audiencia se debió a la excesiva carga procesal, al desproporcionado ingreso de causas y a las dificultades para cumplir con los plazos procesales, tal como se acredita en el libro de causas.
Javier Mérida Murillo, Fiscal de Materia en audiencia, señaló lo siguiente: i) Conforme el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no se evidenciaron causales para la interposición de la acción de libertad, ya que el accionante únicamente hizo referencia al presunto incumplimiento de plazos procesales por parte de la autoridad demandada; y, ii) La acción de libertad fue interpuesta doce días después de haberse emitido el Auto Interlocutorio de 7 de septiembre de 2022, mediante el cual, se señaló la audiencia para considerar la impugnación presentada; por lo que, al no realizarlo con anterioridad convalidó dicho señalamiento; razón por la cual, solicitó se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 49 a 53, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada resuelva el recurso de apelación incidental en el plazo de tres días a partir de su notificación con la presente resolución, ello con base en los siguientes fundamentos: a) Ante el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, el impetrante de tutela apeló dicha determinación, recayendo en la referida Sala Penal Tercera; que mediante Auto Interlocutorio del 7 de septiembre de igual año, admitió la apelación incidental, fijándose audiencia para el 27 de septiembre de igual año, arguyendo la autoridad demandada, abundante carga procesal; b) Ante esta situación, el impetrante de tutela solicitó acortar dicho plazo; empero, mediante providencia de 12 del citado mes y año, se mantuvo la fecha prevista, lo que motivó la presentación de esta acción de defensa; c) El peticionante de tutela al estar privado de libertad merece una atención prioritaria; sin embargo, la audiencia de apelación fue programada dieciséis días después de su recepción, excediendo el plazo de tres días previsto por el art. 251 del CPP; d) Si bien, el art. 130 del adjetivo penal, permite la suspensión de plazos por fuerza mayor; sin embargo, en casos de privados de libertad se debió priorizarse su atención; y, e) De la revisión del libro de audiencias, el Vocal demandado tenía la posibilidad de señalar audiencia para el viernes 9 de septiembre de 2022, o en su caso, para el viernes 23 de mismo mes y año; por lo que, no existe justificación a la programación de audiencia para el 27 de igual mes y año, no siendo posible aplicar los principios de convalidación y preclusión cuando se trata de vulneración de derechos y garantías fundamentales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, por Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela; Resolución contra la cual interpuso recurso de apelación incidental, recayendo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Chuquisaca (fs. 13 a 16). II.2. Mediante nota de 5 de septiembre de igual año, emitida por el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba, se remitió la apelación incidental (fs.17). A través del Auto de admisión de 7 de igual mes y año, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba, admitió el recurso de apelación incidental, señalando audiencia para el 27 de similar mes y año, a horas 10:00 (fs. 18 y vta). II.3. Por Memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, el accionante solicitó enmienda del Auto supra señalado, solicitando se abrevie el plazo del señalamiento de audiencia de apelación incidental (fs. 19 a 21). II.4. Cursa providencia de 12 de septiembre de 2022, emitida por la Vocal Presidenta de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia -ahora demandada-, en el que se explica que los señalamientos de audiencias se realizan según el orden de ingreso de las causas, y que existen casos anteriores que tienen una naturaleza y situación jurídica similar y que deben ser priorizados (fs. 46). II.5. Por fotocopia legalizada del libro de audiencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba se adjunta programación de audiencia desde el 5 de septiembre de 2022, hasta miércoles 28 de igual mes y año; sin embargo, se constata que para el día 9 de septiembre de 2022, sólo se tenía asignada audiencia para las 9:00 a.m., el martes 20 del mismo mes y año, se tienen 3 audiencia fijadas por la mañana, sin consignación de audiencias por la tarde y para el 23 de septiembre no se tiene ninguna audiencia fijada (fs. 34 a 36 vta.).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; por cuanto, interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución que declaró improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva, recayendo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; sin embargo, la Vocal demandada, inobservando el plazo establecido por ley, programó audiencia para el 27 de septiembre de 2022; y pese a que solicitó que se acortara el plazo, la autoridad demandada mantuvo su decisión de llevar adelante la audiencia en la fecha fijada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son 1 F.J.III.1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las SSCCPP 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido extraída de las SSCCPP 36/2018-S2, 68/2018-S2, 105/2018-S2, entre otras.
En la problemática planteada el accionante denuncia la dilación en el señalamiento de audiencia de apelación incidental que formuló advirtiendo que, el 2 de septiembre de 2022, en audiencia de cesación a la detención preventiva, planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación, sin embargo, la autoridad judicial demandada señaló audiencia para su consideración en una fecha fuera del plazo establecido por la norma vigente. De la revisión de antecedentes se evidencia que el 7 de septiembre de 2022, se admitió el recurso de apelación incidental formulado por el accionante contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la de detención preventiva, recayendo el caso en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba; la Vocal ahora demandada mediante Auto de igual mes y año programó audiencia de consideración de la apelación incidental para el 27 de septiembre de 2022 a horas 10:00; decisión fue fundamentada por la saturada agenda que tenía dicha Sala. El 8 de septiembre de 2022, el accionante presentó memorial solicitando se acorte el plazo fijado; sin embargo, por providencia de 2 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada mantuvo la fecha original de la audiencia; es decir, para el 27 de septiembre de 2022, (Conclusiones II.4) de este fallo Constitucional En ese entendido se tiene que conforme dispone el art. 251 del CPP, la audiencia debía haberse señalado dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, que en el caso concreto, las actuaciones fueron remitidas mediante nota de 5 de septiembre de igual año, por el juez Aquo; no obstante, mediante providencia de 7 de septiembre de 2022, la autoridad demandada realizó la programación para después de veinte días, lo que constituye un incumplimiento del plazo procesal correspondiente, por lo que, al no haber observado el plazo establecido por la normativa en vigencia, la autoridad demandada lesionó el derecho a la libertad del accionante, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el entendido que, dentro de los supuestos de procedencia del ámbito de protección de la acción traslativa de pronto despacho se encuentra el señalamiento de audiencia de consideración de una medida cautelar en una fecha alejada, más allá de lo razonable. En tal sentido, la autoridad judicial demandada incurrió en demora innecesaria e ilegal que afectó los derechos del impetrante de tutela, máxime si conforme se advierte en las conclusiones Conclusiones II.5, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional la agenda de audiencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal, contaba con fechas disponibles para el señalamiento de la audiencia, prueba de ello, es que para el día 9 de septiembre de 2022, sólo se tenía asignada audiencia para las 9:00 a.m., para el martes 20 del mismo mes y año, se consignaba 3 audiencias por la mañana, sin consignación de audiencias por la tarde, y para el 23 de septiembre no se tenía ninguna audiencia fijada; por lo mismo, no es evidente que exista una justificación razonable y fundada por las recargadas labores judiciales, que le impedían a la autoridad demandada a adelantar el señalamiento fijado; por lo tanto, se considera que esta situación ha vulnerado el derecho del accionante a una justicia pronta y oportuna, afectando su derecho a la libertad de personal. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 49 a 53, pronunciada por la Jueza Sentencia Contra la Violencia hacia Las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo dispuesto por el Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0122_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 612feb412dc277c3f066239909a5f719cbef37c73ecf87efc761837760300cd3
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