Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025
Concede la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de transparencia, celeridad, legalidad, eficiencia, inmediatez y debido proceso vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo presentado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, pronunciado por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, que determinó su detención preventiva, el cuaderno de apelación no se remitió a la Sala Penal de turno correspondiente para su conocimiento y resolución en el plazo previsto por el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: i) La acción de libertad innovativa; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMA la Resolución RAL-SCIII 15/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar a la autoridad demandada para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0116/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50238-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAL-SCIII 15/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Miriam Carvajal Mamani en representación sin mandato de Fredy Veizaga Ricaldez contra Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2022, cursante de fs. 7 a 9 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de asesinato, radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Arani del departamento de Cochabamba; el 30 de agosto de 2022 se efectuó la audiencia de consideración de medidas cautelares en la que se ordenó su detención preventiva en la Carceleta Provincial de esa localidad. Al día siguiente presentó memorial formulando recurso de apelación incidental, solicitando se remitan antecedentes a la sala penal correspondiente; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción, el acta de audiencia no fue elaborada menos se remitió el cuaderno de apelación, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas dispuesto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), restringiendo de esa manera sus derechos.
Alega como lesionado su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de transparencia, celeridad, legalidad, eficiencia, inmediatez y debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada emitir el acta de la audiencia de aplicación de medidas cautelares como los demás decretos y resoluciones correspondientes; y se remitan los antecedentes al Tribunal de alzada.
Efectuada la audiencia de consideración de la presente acción tutelar de forma virtual el 6 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 33 y vta., en la cual se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su abogado se ratificó de manera íntegra en el contenido de su demanda tutelar y añadió que “recién el día de hoy” fue remitida su apelación incidental al superior en grado, extemporáneamente después de siete días de la emisión del Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, sobrepasando el plazo establecido en el art. 251 del CPP; por lo que plantea acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho por la dilación indebida.
Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba, en audiencia informó lo siguiente: a) Es evidente que el 30 de agosto de 2022 se efectuó la audiencia de medidas cautelares contra el ahora solicitante de tutela y su hermano Rodrigo Veizaga Ricaldez, haciendo notar que el proceso en cuestión es delicado y se maneja con suma reserva por existir otras personas involucradas, en tal sentido la autoridad fiscal solicitó la revisión para poder requerir la aprehensión y allanamientos de otras personas, razón por la cual no se pudo labrar el acta conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP, sumado a que su despacho no contaba con secretaria-abogada hasta el 31 de ese mes y año y dicha función la desempeñaba la Oficial de Diligencias, debiendo tomar en cuenta la recargada carga laboral; y, b) La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, señala que debe existir flexibilidad en relación al proceso y al tiempo para poder remitir los diferentes actuados; debiendo considerarse que la apelación se realizó de forma escrita el 31 del mencionado mes y año y que a la fecha ya se remitió la mencionada apelación de acuerdo a la citada Sentencia; por lo que, solicita se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución RAL-SCIII 15/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 34 a 36 vta., concedió la tutela impetrada; y, al haberse remitido ya el proceso ante el Tribunal de alzada es innecesario disponer su remisión; sin embargo, se exhorta y recomienda a la autoridad demandada, en futuras actuaciones, cumplir a cabalidad lo dispuesto por el art. 251 del CPP, relativo a la remisión de antecedentes dentro del plazo previsto; sin costas por ser excusable. Determinación asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) Previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde referirse a lo informado por la Jueza demandada en cuanto a las razones de la demora y su solicitud de flexibilización del plazo; al respecto la SCP 1053/2016-S1 de 26 de octubre citando la SC 0542/2010-R de 12 de julio, establecieron que: “…si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…” (sic); de modo que excepcionalmente puede flexibilizarse el plazo empero debe estar debidamente justificado, no existiendo ningún elemento que demuestre lo aseverado por la autoridad demandada, es decir, alguna situación que hubiera generado perjuicio en el desarrollo normal de las actuaciones del juzgado, por lo que no es aplicable la flexibilización; 2) De la revisión de antecedentes se tiene que el 30 de agosto de 2022 se llevó adelante la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la que se dispuso la detención preventiva del ahora peticionante de tutela y al día siguiente, éste habría presentado recurso de apelación incidental contra dicha determinación, que no fue remitida al Tribunal de alzada en el plazo previsto por el art. 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, 3) A este efecto, es necesario señalar que los antecedentes ya hubiesen sido remitidos al Tribunal de alzada el “día de hoy” 6 de septiembre de 2022 a horas 12:20 conforme desprende la caratula de impresión acompañada al proceso; consecuentemente, resulta evidente la demora injustificada en la remisión indicada, incumpliéndose los plazos procesales señalados por ley, ocasionando retardación en la definición de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, con la consecuente vulneración del principio de celeridad como elemento del debido proceso con incidencia en el derecho a la libertad de locomoción; por lo que corresponde conceder la tutela en sus tipologías traslativa o de pronto despacho e innovativa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fredy Veizaga Ricaldez -ahora demandante de tutela- y otro, por la presunta comisión del delito de asesinato, consta el acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares y Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, pronunciado por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, por el cual dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Arani por el lapso de tres meses (fs. 26 a 32). Contra dicha determinación, el 31 de igual mes y año, el solicitante de tutela planteó recurso de apelación incidental (fs. 2). II.2. Cursa el Oficio de 5 de septiembre de 2022, por el cual la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, remite a “MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA” el expediente original; asimismo, consta caratula del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) de 6 de igual mes y año, con lugar asignado en el reparto “SECRETARIA SALA PENAL 4” (fs. 24 y 25).
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de transparencia, celeridad, legalidad, eficiencia, inmediatez y debido proceso vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo presentado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, pronunciado por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, que determinó su detención preventiva, el cuaderno de apelación no se remitió a la Sala Penal de turno correspondiente para su conocimiento y resolución en el plazo previsto por el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: i) La acción de libertad innovativa; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”.
5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
6El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2017 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de transparencia, celeridad, legalidad, eficiencia, inmediatez y debido proceso vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, pronunciado por la Jueza ahora demandada, quien determinó su detención preventiva, los antecedentes de dicha impugnación no se remitieron a la Sala Penal de turno correspondiente para su conocimiento y resolución en el plazo previsto por el art. 251 del CPP. De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fredy Veizaga Ricaldez -ahora demandante de tutela- y otro, por la presunta comisión del delito de asesinato, el 30 de agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la cual la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -autoridad ahora demandada- pronunció el Auto Interlocutorio de igual fecha y año, por el cual dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Arani por el lapso de tres meses. Determinación judicial contra la cual, el solicitante de tutela por memorial de 31 del mes y año mencionados planteó recurso de apelación incidental (Conclusión II.1).
No obstante, conforme indicó el peticionante de tutela en la presente acción de libertad, hasta la fecha de presentación de ésta -5 de septiembre de 2022- el acta de audiencia de medidas cautelares no fue elaborada y por consiguiente dicho recurso no fue remitido ante el Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo descrito en el art. 251 del CPP. Afirmación que es corroborada por el Oficio de 5 del mes y año indicado -con cargo de recepción de 6 de septiembre de 2022 a horas 12:20-, por el cual la Jueza demandada remite a los “MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA” el expediente original, cursando asimismo la carátula del SIREJ que indica como lugar asignado en el reparto “SECRETARIA SALA PENAL 4” (Conclusión II.2).
Si bien el acto ilegal desapareció antes de la audiencia de la presente acción tutelar, llevada a cabo el 6 de septiembre de 2022 a horas 13:00, es posible activar la acción de libertad innovativa cuya finalidad es evitar que en el futuro se reitere esa conducta omisiva y dilatoria que afecta el derecho al debido proceso y a la libertad, al encontrarse al margen del ordenamiento jurídico vigente conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo cual es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Al respecto, es necesario referir que, el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, señala que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”; es decir que, una vez planteado el recurso de apelación, la autoridad que haya resuelto imponer, modificar o rechazar las medidas cautelares de carácter personal, deberá remitir la apelación en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Departamental de Justicia. Ahora bien, como se hizo mención precedentemente, el 31 de agosto de 2022 mediante memorial el impetrante de tutela planteó el recurso de apelación incidental, no cursando en antecedentes el auto de concesión del mismo; no obstante, se entiende que al día siguiente hábil, se emitió el actuado que dio inicio al cómputo de las veinticuatro horas para la remisión de los actuados pertinentes; por lo que la Jueza ahora demandada debía remitir los actuados hasta el 2 de septiembre de 2022; no obstante, conforme a la documentación mencionada supra, fue remitida el 6 de septiembre de 2022 a horas 12:20, antes de la audiencia tutelar, incumpliendo así la subregla establecida por la jurisprudencia constitucional, cuando se indica que toda autoridad que tenga conocimiento de un caso en el que se vea involucrado el derecho a la libertad física, tiene la obligación ineludible de tramitarlo con la mayor celeridad posible, con la finalidad de evitar una lesión al referido derecho. Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo en los casos en los que existe vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, como ocurre en el caso de autos en el que se evidencia que la Jueza de control jurisdiccional ahora demandada, vulneró el principio de celeridad al no haber remitido los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el superior en grado, dentro del plazo de veinticuatro horas como establece el art. 251 del CPP y conforme el citado Fundamento Jurídico; correspondiendo otorgar la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a la flexibilización del plazo previsto en el art. 251 del CPP desarrollada por la jurisprudencia constitucional, alegada como justificativo de la demora por la autoridad demandada; esta no puede ser considerada al no haberse adjuntado descargo alguno que justifique de manera razonable las presuntas y recargadas labores de la autoridad judicial, así como suplencias o pluralidad de imputados. A tal efecto, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMA la Resolución RAL-SCIII 15/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar a la autoridad demandada para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.
pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
7 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 8El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0116_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc8f64c0999a5210f7b7fbf987742b34af6d087bc210357607a5d71f23daf2ab
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