Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de abril de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; puesto que, se encuentra ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 3 de mayo de 2022, a pesar de que los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispusieron el cese de su detención preventiva mediante Auto de Vista “306/2022” de la misma fecha. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 43/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer en razón a los derechos a la salud y a la vida del accionante, que una vez que se proceda con la anotación preventiva dispuesta por el Auto de Vista “306/2022” de 3 de mayo, en el plazo de veinticuatro horas posteriores, se expida el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria por parte del Juez que conoce la causa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0115/2024-S3 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47919-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 43/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sonia Apaza Mamani en representación sin mandato de Moisés Orlando Mejía Heredia contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez y Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero; y, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera, todos de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal signado bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20323380, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, dispuso su detención preventiva. Posteriormente, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Auto de Vista “306/2022” de 3 de mayo, dispusieron el cese de su detención preventiva para que se verifiquen medidas sustitutivas; por consiguiente, el proceso penal fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento el 16 de igual mes y año, a las 14:00 horas; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa continúa detenido; ya que, no se emitieron los actuados necesarios y menos el Mandamiento de Libertad, conociéndose que desde el 17 hasta el 20 del citado mes y año, la referida autoridad judicial ahora accionada se encontraría con permiso a cuenta vacación. En ese orden, la Jueza hoy coaccionada, en su calidad de suplente legal tampoco cumplió con lo determinado en el mencionado Auto de Vista; por lo que, se encuentra detenido ilegalmente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 3 de ese mes y año. Asimismo, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento -ahora coaccionada-, no efectuó las gestiones pertinentes para lograr su libertad. Debe considerarse que uno de los motivos del cese de la detención preventiva fue la causal determinada en el art. 239.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, debido a su grave estado de salud; por lo que, ante la demora en la emisión del Mandamiento de Libertad ordenado, se atenta contra su salud y su vida.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; citando al efecto los arts. 23.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) La Jueza hoy coaccionada, emita el Mandamiento de Libertad, además de los oficios y órdenes para hacer efectivo lo dispuesto por el Auto de Vista “306/2022” de 3 de mayo; y, b) La Secretaria ahora coaccionada, cumpla sus funciones y realice todos los actos conducentes a lograr la inmediata cesación de su detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) El cese de la detención preventiva ordenado por Auto de Vista “306/2022”, se debe a que sufre de “derepis” y sus consecuencias a causa de esa enfermedad; más aún, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz contrajo broncohectacia que se constituye en una enfermedad degenerativa; por cuanto, su salud empeora cada día; por lo que, debe cumplirse la detención domiciliaria, el trámite de arraigo, las prohibiciones y garantías dispuestas por el citado Auto de Vista; 2) El indicado Auto de Vista fue complementado y dejó sin efecto los custodios;
asimismo, dio el plazo de tres días para que mi persona dé cumplimiento a las medidas impuestas; empero, no se expidió el mandamiento de arresto domiciliario para posteriormente poder cumplir con el trámite administrativo; en ese sentido, acude a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 3) El cuaderno de antecedentes fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz el 16 de mayo de 2022, a las 12:08 horas; sin embargo, la Secretaria del referido Juzgado hoy coaccionada, incumpliendo su deber, no puso ello a conocimiento del Juez ahora accionado de manera inmediata, ingresando solo el memorial presentado por su persona al día siguiente y no así los actuados remitidos por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Tampoco expidió el testimonio correspondiente desde el 17 de mayo de 2022, en cuanto a la anotación preventiva dispuesta por el Auto de Vista “306/2022”. En la indicada fecha, el Juez hoy accionado, debió emitir los respectivos oficios y el mandamiento de detención domiciliaria, para luego cumplir con los demás requisitos administrativos en el plazo de tres días, lo que hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no se realizó. Posteriormente, el 18 de igual mes y año, la Jueza ahora coaccionada, en suplencia legal se hizo cargo del caso, y el 19 del referido mes y año, a las 14:57 horas, la nombrada autoridad judicial determinó que se cumpla con lo dispuesto en el señalado Auto de Vista, y emitió recién el mandamiento de arraigo. Por lo expuesto, solicita que se disponga su inmediata libertad mediante mandamiento de detención domiciliaria a ser expedido el “lunes” a primera hora.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 20 de mayo de 2022, -sin firma- cursante a fs. 27, manifestó que desconoce los extremos denunciados a través de la presente acción tutelar; puesto que, su persona se encontraba con permiso desde el 17 de igual mes y año, y su reincorporación laboral se efectuaría el 23 de ese mes y año. Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó lo siguiente: i) Por Secretaría de su Despacho recibió el memorando de suplencia legal en razón al permiso de su similar Primero -ahora accionado- del 18 a 20 de mayo de 2022; por lo que, no tenía competencia para conocer el caso, como así también dentro del denominado víctimas de Senkata, Ministerio de “Gobierno” y otros contra Moisés Orlando Mejía Heredia y otros por la presunta comisión del delito de homicidio, el 16 y 17 de ese mes y año; ii) El accionante presentó memoriales en los que hizo conocer la otorgación de la cesación de su detención preventiva, debiendo presentar requisitos específicos para obtener ese beneficio; no obstante, al no tener los antecedentes remitidos por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, solicitó que la Secretaria ahora coaccionada se comunique con el Juez hoy accionado para que pudiera sacar el legajo del recurso de apelación incidental; sin embargo, con carácter previo su autoridad emitió el correspondiente mandamiento de arraigo y ordenó que por Secretaría se verifique si existían cuatro garantes. En ese orden, la Secretaria ahora coaccionada, en cumplimiento de sus funciones y bajo su tuición, entregó el referido mandamiento y verificó los cuatro garantes. Respecto al testimonio de anotación preventiva, este fue elaborado por la nombrada, pese a tener carga laboral, y quien tiene que realizar tal anotación es el solicitante en cumplimiento a lo dispuesto por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para luego librarse el Mandamiento de Libertad; es decir, que primero deben cumplirse los requisitos formales para luego expedirse el respectivo Mandamiento, lo que implica que sí se observó el principio de celeridad; iii) Lo que debe hacer el accionante es efectuar la anotación preventiva para que el Juez titular pueda expedir el mandamiento de detención domiciliaria; en ese orden, no se vulneró ningún derecho; iv) Tampoco transcurrieron diecinueve días, sino tres en los cuales todos los memoriales fueron decretados, tramitados y admitidos, siendo lo correcto recurrir a la autoridad judicial agotando las vías ordinarias para luego acudir a la jurisdicción constitucional; y, v) La competencia que tenía con relación al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz por suplencia legal, concluyó el 20 de mayo de 2022, a las 16:30 horas. Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: a) Por la prueba adjunta a la presente acción tutelar demuestra que el legajo del recurso de apelación incidental fue remitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y fue ingresado a Despacho el 16 de mayo de 2022; asimismo, los memoriales presentados el 17 de ese mes y año fueron ingresados ese día; b) Si el Juez -titular- ahora accionado tiene en su Despacho los memoriales, su persona no puede sacarlos y pasarlos a la Jueza en suplencia legal, siendo que el 18 del mismo mes y año, recién se notificó la suplencia legal de la Jueza ahora coaccionada, poniéndose a su conocimiento que los cuadernos se encontraban bajo llave; c) Cumplió con la emisión del arraigo, la verificación de los garantes y la realización del testimonio, y en ningún momento actuó de manera negligente; puesto que, la abogada del accionante tiene conocimiento que trajo a sus garantes “ayer”, acto en el que se les hizo firmar, adjuntando los formularios respectivos, verificándose sus domicilios; y, d) El testimonio esta realizado para la entrega al accionante, siendo que ella en su calidad de Secretaria no puede hacer más al encontrarse bajo las órdenes de los jueces; por consiguiente, solicita se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 43/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 34 vta., concedió en parte la tutela solicitada contra el Juez hoy accionado; y, la denegó respecto a la Jueza y la Secretaria ahora coaccionadas, disponiendo que el Juez -titular-, hoy accionado o la Jueza en suplencia legal, aplique el principio de celeridad para dar cumplimiento al Auto de Vista “306/2022”, en el plazo de veinticuatro horas; bajo los siguientes fundamentos: 1) El 17 de mayo de 2022, el Juez ahora accionado se encontraba con licencia y permiso hasta el 23 de igual mes y año. Desde el 18 de ese mes y año, se designó a la Jueza hoy coaccionada en suplencia legal, que en la misma fecha dispuso el cumplimiento del Auto de Vista “306/2022”, advirtiéndose el mandamiento de arraigo, testimonio de anotación preventiva y cuatro actas de compromiso de garante solvente; por consiguiente, se advierte el cumplimiento del citado Auto de Vista por parte de esa autoridad judicial; y, 2) Respecto a la Secretaria ahora coaccionada, esta ingresó a Despacho el legajo del recurso de apelación incidental remitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, teniendo el Juez hoy accionado conocimiento del Auto de Vista “306/2022”, que dispone la aplicabilidad del art. 231 bis del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. La referida autoridad judicial que no aplicó el principio de celeridad, más aún si se trata de un detenido preventivo con grave estado de salud.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista “306/2022” de 3 de mayo, emitido por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual admitieron el recurso de apelación incidental formulado por Moisés Orlando Mejía Heredia -ahora accionante- y declararon la procedencia en parte de dicho recurso en consideración del art. 239.5 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173 y la vulneración del art. 115.II de la CPE acorde al art. 124 del CPP; por consiguiente, revocaron en parte la Resolución 76/2022 de 1 de abril sobre consideración de cesación a la detención preventiva disponiendo: i) Detención domiciliaria; ii) Realizar el trámite de arraigo; iii) Prohibición de acercamiento al lugar donde se suscitó el hecho; iv) Prohibición de acercamiento a la víctima; v) Presentación ante el representante del Ministerio Público mediante registro biométrico de manera semanal los martes en horario de la tarde; vi) Anotación preventiva de un inmueble que tienda a cubrir en torno a una probable reparación o costas que determine la autoridad judicial si corresponde; y, vii) Presentación de cuatro garantes solventes que en caso de incomparecencia del -accionante-deberán cancelar la multa de Bs15.000.- (quince mil bolivianos [fs. 2 a 5]). Asimismo, consta Auto Complementario de 5 de mayo de 2022, que enmendó el Auto de Vista “306/2022”, dejando sin efecto el custodio, debiendo cumplir el nombrado con la detención domiciliaria (fs. 5 vta.).
II.2. Consta fotocopia del Libro de Altas y Bajas de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que indica la devolución de antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz el 16 de mayo de 2022 a las 12:08 horas, y la posterior remisión del memorial complementario el 17 de igual mes y año, a las 12:17 horas (fs. 24). Cursa asimismo fotocopia del Libro Diario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento, en cuyo número 7 bajo Código 20323380 consta la devolución de obrados pasados a Despacho el 16 de ese mes y año, y no se advierte registro de decreto alguno con el que saliera de despacho; además ingresaron a Despacho el 17 del mismo mes y año, la “remisión de memorial”, “ofrece inmueble” y “pide fotocopia” (fs. 16).
II.3. Cursa memorial presentado el 17 de mayo de 2022, con la suma
“OFRECE INMUEBLE QUE INDICA PARA ANOTACIÓN PREVENTIVA” (sic [fs. 18 y vta.]), habiendo emitido Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz -hoy coaccionada- el Auto de 18 de mayo de 2022, en el que dispuso que por Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de La Paz se proceda al registro del gravamen de la anotación preventiva sobre acciones y derechos del bien inmueble del accionante, ordenando que por Secretaría de Juzgado se expidan las ejecutoriales de ley (fs. 19), librándose el correspondiente Testimonio de Anotación Preventiva (fs. 17 vta.).
II.4. Consta Mandamiento de arraigo expedido por la Jueza hoy coaccionada, en suplencia legal de su similar Primero (fs. 16 vta.), recibido por la esposa del accionante el 20 de mayo de 2022, a las 12:17 horas. Asimismo, cursan cuatro Actas de compromiso de garante solvente (fianza personal) suscritas el 19 de igual mes y año (fs. 15 y vta., 20 vta., 21 y vta.; y, 22 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; puesto que, se encuentra ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 3 de mayo de 2022, a pesar de que los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispusieron el cese de su detención preventiva mediante Auto de Vista “306/2022” de la misma fecha. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
La SCP 0559/2012 de 20 de julio, estableció que: “En nuestro sistema procesal penal, el legislador ha creado para el Juzgador y el Ministerio Público, un conjunto de medidas para someter al imputado al proceso, mismas que deberán ser aplicadas, justamente cuando no proceda la aplicación de la medida cautelar de carácter personal”. Asimismo, dicha Sentencia sostuvo que: “…no resulta lesión ni vulneración a ningún derecho, el hecho de que el Juzgador en su momento pida o exija el cumplimiento de lo ordenado, entre estos, el certificado que acredite el arraigo; momento en el cual, bajo el principio de celeridad y legalidad, deberá expedir el mandamiento de libertad correspondiente de forma inmediata, siempre y cuando y de igual manera, se hayan cumplido otras medidas impuestas a la vez” (las negrillas y subrayado son nuestras).
Judicial
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; puesto que, se encuentra ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 3 de mayo de 2022, a pesar de que los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispusieron el cese de su detención preventiva mediante Auto de Vista “306/2022” de la misma fecha.
Conforme a la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En el presente caso conforme consta en la Conclusión II.1. del presente fallo constitucional, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinaron medidas cautelares personales al accionante como ser: a) Detención domiciliaria; b) Realizar el trámite de arraigo; c) Prohibición de acercamiento al lugar donde se suscitó el hecho; d) Prohibición de acercamiento a la víctima; e) Presentación ante el representante del Ministerio Público mediante registro biométrico de manera semanal los martes en horario de la tarde; f) Anotación preventiva de un inmueble que tienda a cubrir en torno a una probable reparación o costas que determine autoridad judicial si corresponde; y, g) Presentación de cuatro garantes solventes que en caso de incomparecencia del accionante deberán cancelar la multa de Bs15 000.-, asimismo dejándose sin efecto el custodio por Auto Complementario de 5 de mayo de 2022. Habiéndose remitido los antecedentes el 16 de ese mes y año, a las 12:08 horas, al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.2.). Ahora bien, respecto al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz ahora accionado, conforme se establece del informe presentado (Punto I.2.2.), aseguró encontrarse con permiso desde el 17 de mayo de 2022, debiendo reincorporarse laboralmente el 23 de ese mes y año. En ese orden, del Libro Diario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz se establece que la devolución de antecedentes bajo el Código 20323380, pasó a Despacho del Juez hoy accionando el 16 de mayo de 2022; y, si bien no consta ningún decreto ni providencia alguna; no obstante, la denuncia del accionante radica principalmente en que no se expidió el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria. Al respecto, conforme determina la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, antes de ser emitido el referido mandamiento, el accionante debió haber cumplido con las otras medidas impuestas a la vez; aspecto que; sin embargo, no ocurrió; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna a derechos constitucionales por parte del Juez ahora accionado. Además, los memoriales del accionante fueron presentados e ingresaron a Despacho del referido Juzgado el 17 de mayo de 2022, tal como consta en el Libro Diario (Conclusión II.2.); es decir, cuando la nombrada autoridad judicial ya se encontraba con permiso; por lo que, ya no estaba a cargo del control jurisdiccional de la causa. En cuanto a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz -hoy coaccionada-, en su informe (Punto I.2.2.) refirió que previamente a conocer el legajo del recurso de apelación incidental que se encontraba bajo llave en el Despacho de su similar Primero -ahora accionado-, emitió el mandamiento de arraigo y ordenó que se verifique la existencia de cuatro garantes, lo cual resulta evidente en la Conclusión II.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, consta que el memorial de 17 de mayo de 2022, con la suma “OFRECE INMUEBLE QUE INDICA PARA ANOTACIÓN PREVENTIVA” (sic), fue atendido por la referida autoridad judicial en suplencia legal de su similar Primero -hoy accionado- emitiendo el Auto de 18 del indicado mes y año, en el que dispuso que por Oficina de DD.RR., del departamento de La Paz se proceda al registro del gravamen de la anotación preventiva sobre acciones y derechos del bien inmueble del accionante, ordenando que por Secretaría del Juzgado se expidan las ejecutoriales de ley (Conclusión II.3.). De lo anterior, se advierte que la Jueza ahora coaccionada, no incurrió en ninguna dilación, más al contrario, resulta evidente lo aseverado por esta misma autoridad en sentido que el accionante debe efectuar la anotación preventiva para que el Juez titular -en este caso el Juez hoy accionado- pueda expedir el mandamiento de detención domiciliaria; por consiguiente, tampoco la Jueza ahora coaccionada incurrió en dilación alguna en la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, tal como se establece de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En cuanto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy coaccionada-, conforme al Libro Diario de ese Juzgado se advierte que ingresó a despacho el legajo del recurso de apelación incidental el mismo día de su remisión el 16 de mayo de 2022; suscribió las Actas de compromiso de garante solvente de 19 de ese mes y año; elaboró el Testimonio de Anotación Preventiva conforme ordenó la Jueza ahora coaccionada mediante Auto de 18 del indicado mes y año; y, libró el mandamiento de arraigo que fue recepcionado por la esposa del accionante el 20 del mismo mes y año; por lo que, no se encuentra dentro de las subreglas de la excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; ya que, no se demostró que actuara negligentemente incumpliendo sus deberes, contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial o haya vulnerado derechos (Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional). Por consiguiente, no se advierte dilación en la actuación de las autoridades accionadas ni de la funcionaria de apoyo jurisdiccional, debiendo denegarse la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a los derechos a la salud y a la vida del accionante, no debe dejarse de lado que se otorgaron medidas cautelares personales a su favor en observancia del art. 239.5 del CPP; es decir, por su delicado estado de salud; por lo cual, debe ordenarse que una vez que se proceda con la anotación preventiva dispuesta por el Auto de Vista “306/2022”, en el plazo de veinticuatro horas posteriores, se expida el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria por parte del Juez que conoce la causa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 43/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer en razón a los derechos a la salud y a la vida del accionante, que una vez que se proceda con la anotación preventiva dispuesta por el Auto de Vista “306/2022” de 3 de mayo, en el plazo de veinticuatro horas posteriores, se expida el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria por parte del Juez que conoce la causa.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0115_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad5875601aa0b09e489ee1890a37b90de616803f7ed40d0bc3b8620d86bbe6dd
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