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SCP 0108/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
44389-2022-89-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que trascurrieron más de cuarenta días sin que la autoridad judicial ahora accionada remita los antecedentes y la fotocopia legalizada de la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre, a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, hecho que le impide solicitar el beneficio de libertad condicional por tener hijos menores de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/21 de 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo la determinación del Tribunal de garantías respecto a la notificación con la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre, a las víctimas faltantes. 2º Se exhorta a Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en virtud al principio de impulso procesal de oficio y de dirección del proceso, realice el seguimiento de las causas a su cargo, a fin de velar el cumplimiento de las diligencias y plazos procesales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2023-S3 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44389-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 19/21 de 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesto por Isidro Rodolfo Asistiri Calle en representación sin mandato de Escarleth Mamani Almanza contra Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 19 de octubre de 2021, cursante a fs. 2 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción.

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por los arts. 203, 335 y 337 del Código Penal (CP) mediante salida alternativa del proceso el 6 de septiembre de 2021 fue condenada a cuatro años y seis meses de presidio a cumplirse en el “…Centro de Rehabilitación de la ciudad de Santa Cruz…” (sic), Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre que a la “fecha” se encuentra plenamente ejecutoriada; sin embargo, la Jueza ahora accionada pese haber trascurrido cuarenta y tres días no remitió copias autenticadas de dicha Sentencia condenatoria al Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, incumpliendo el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP), demora que vulnera su derecho a la libertad, imposibilitándola a acceder al beneficio de la libertad condicional por tener hijos menores de edad; por lo que interpuso la presente acción de libertad de pronto despacho, solicitando que la autoridad judicial hoy accionada en el plazo de veinticuatro horas remita a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del citado departamento, la mencionada Sentencia condenatoria, certificado de ejecutoria y mandamiento de condena.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la remisión de la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre, auto de ejecutoria y mandamiento de condena a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, sea con la imposición de costas, calificación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de octubre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 14 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 10.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz en audiencia manifestó que: a) El 6 de septiembre de 2021 dictó Sentencia condenatoria 16/2021 contra la accionante, misma que no se encuentra ejecutoriada; toda vez que, del informe emitido por la Secretaria y Auxiliar del referido Juzgado se tiene que en el proceso penal de autos hay dos víctimas -“…Libia Reynoso Mealla y Olga Campos Zárate…” (sic)- no se encuentran legalmente notificadas con dicha Sentencia; por lo que no puede ejecutoriarse la misma, entre tanto no se notifiquen a todas las víctimas; b) El citado Juzgado a su cargo se encuentra en la “casa judicial” de Pampa de La Isla en el Distrito Municipal 6 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y no tiene Oficial de Diligencias, pues este fue cesado para implementar la Oficina Gestora de Procesos conforme la “Ley 1173”; no obstante dicha Oficina aún no fue implementada; por lo que carecen de personal que realice las notificaciones hace más de un año y tampoco cuentan con transporte para efectuar las mismas; c) El abogado de la accionante no se apersonó al indicado Juzgado a objeto de proveer el transporte para la notificación de las referidas víctimas, quienes tienen domicilios muy alejados; y, d) Ante la falta de Oficial de Diligencias, la obligación de realizar las notificaciones es compartida entre la Secretaria y la Auxiliar del citado Juzgado, en consecuencia, al no ser parte de sus funciones jurisdiccionales, no podría haber vulnerado los derechos ahora denunciados por la accionante en la presente acción tutelar, careciendo de legitimación pasiva; por lo tanto, corresponde se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 19/21 de 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 16 a 17 vta., denegó la tutela solicitada, pues no correspondía que la misma sea interpuesta contra la autoridad judicial ahora accionada, sin embargo, en cumplimiento al buen diligenciamiento y el principio de gratuidad ordenó al personal subalterno que en el plazo de veinticuatro horas se realicen las gestiones respectivas para la notificación de todas las víctimas, y se remita la ejecutoria a un Juzgado de Ejecución Penal de turno del citado departamento, para que ejerza el control jurisdiccional correspondiente; todo ello, bajo los siguientes fundamentos; 1) Si bien es una realidad material que algunos juzgados que no fueron desconcentrados no cuentan con personal, fotocopiadoras o transporte; sin embargo, no es menos evidente que es función de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, agotar los medios necesarios para lograr que las sentencias sean notificadas, pues no se puede dejar en indefensión a un procesado, ante la falta de medios técnicos o transporte para notificar una sentencia y que adquiera calidad de cosa juzgada; 2) Resulta evidente que no se realizaron todas las diligencias; por lo tanto, tampoco se remitieron los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del referido departamento; y, 3) Las notificaciones no son funciones de la Jueza ahora accionada; por lo que no corresponde conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad; no obstante, es su responsabilidad ordenar al personal subalterno la realización de las respectivas diligencias, no siendo excusa el no existir medios técnicos ni de transporte, pues tiene a su alcance no solo las notificaciones al buzón electrónico, correo, sino también poder acudir a instituciones del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) para cumplir con dicho fin, velando por el principio de gratuidad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente

II.1. Cursa Informe de 20 de octubre de 2021, emitido por Fabiola Ninoska Copa Medrano, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde manifestó que las víctimas “…Libia Beatriz Reynoso Mealla y la Sra. Ólga Campos Zarate…”(sic) no fueron notificadas con la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre; puesto que no cuentan con medios técnicos y de trasporte para efectuar dicha notificación; en consecuencia, la referida Sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada, no siendo posible realizar el sorteo y remitir dicha copia a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del citado departamento, información que fue refrendada por Delia Mamani Orellana, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del indicado departamento, mediante Informe de 20 de octubre de igual año (fs. 12 a 13 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que trascurrieron más de cuarenta días sin que la autoridad judicial ahora accionada remita los antecedentes y la fotocopia legalizada de la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre, a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, hecho que le impide solicitar el beneficio de libertad condicional por tener hijos menores de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que trascurrieron más de cuarenta días sin que la autoridad judicial ahora accionada remita los antecedentes y la fotocopia legalizada de la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre, a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, hecho que le impide solicitar el beneficio de libertad condicional por tener hijos menores de edad. Identificado el problema jurídico, se tiene que en lo esencial la accionante interpone esta acción de libertad en su modalidad de pronto despacho reclamando una supuesta dilación indebida generada por la autoridad judicial ahora accionada ante la falta de remisión de los antecedentes y la Sentencia condenatoria 16/2021 -que a decir de la accionante se encontraría ejecutoriada- a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, actuaciones omisivas que le imposibilitarían acogerse al beneficio de libertad condicional, vulnerando su derecho al debido proceso -se entiende en su elemento de celeridad- y a la libertad.

Por su parte, la Jueza ahora accionada en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, haciendo referencia a los informes emitidos por la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz a su cargo (Conclusión II.1.), manifestó que la Sentencia condenatoria 16/2021 aún no se encuentra ejecutoria; puesto que no se notificó a todas las víctimas del proceso penal, debido a la falta de personal y transporte, para llegar a lugares alejados, como en el presente caso, el domicilio de “…Libia Beatriz Reynoso Mealla y la Sra. Ólga Campos Zarate…”(sic) -victimas- se encontraría a una larga distancia; por lo que no se puede determinar la ejecutoria de la citada Sentencia condenatoria y la remisión de las documentaciones pertinentes a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del citado departamento, mientras no se cumpla con todas las diligencias previas. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad; en el caso en análisis, conforme los Informes emitidos por la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1.),ratificados por la Jueza hoy accionada no se efectuaron las notificaciones a dos víctimas del proceso penal con la Sentencia condenatoria 16/2021; por lo que se entiende que la referida Sentencia condenatoria aún no se encuentra ejecutoriada, no pudiendo cumplirse con lo señalado en el art. 430 del CPP, que indica “Ejecutoriada la sentencia condenatoria se remitirán copias auténticas de los autos al juez de ejecución penal para que proceda según este Código…”; por lo tanto, al no cumplirse con uno de los requisitos exigidos; es decir, contar con una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, no puede existir dilación indebida en la remisión de una copia legalizada de dicha Sentencia condenatoria y los autos de ejecutoria y mandamiento de condena a un Juzgado de Ejecución Penal de turno de la Capital del citado departamento, conforme denuncia la accionante en la presente acción de libertad, y tampoco se limita su derecho de acogerse a los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- como ser la libertad condicional de la pena; en consecuencia, no se advierte la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculados a su derecho a la libertad.

Otras consideraciones

No obstante lo señalado, conforme los antecedentes del proceso se puede evidenciar que desde la emisión de la Sentencia condenatoria 16/2021 hasta la presentación de esta acción tutelar transcurrieron más de cuarenta días, sin que la misma se haya notificado a todas las víctimas, omisión que no puede justificarse en la falta de personal, transporte o recarga laboral, más aún, si dichas limitaciones eran de conocimiento de la autoridad judicial ahora accionada quien al ser la directora del proceso tenía la responsabilidad de efectuar los trámites necesarios destinados a lograr la efectivización de las notificaciones, en aplicación del principio de celeridad e impulso procesal de oficio; puesto que, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no solo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas, dado que de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho.

Finalmente, respecto a la imposición de costas, calificación de daños y perjuicios no corresponde por ser excusable. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/21 de 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo la determinación del Tribunal de garantías respecto a la notificación con la Sentencia condenatoria 16/2021 de 6 de septiembre, a las víctimas faltantes. 2º Se exhorta a Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en virtud al principio de impulso procesal de oficio y de dirección del proceso, realice el seguimiento de las causas a su cargo, a fin de velar el cumplimiento de las diligencias y plazos procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0108_2023-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 97fdce64a24538c7f5ee50bf8b3d34582f2c41971a13063f3591942285cd0290

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