B.IA.LEGAL

SCP 0102/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47723-2022-96-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad procesal como parte del debido proceso, debido a que: 1) El Juez accionado mediante Auto Interlocutorio 08/2022 determinó la cesación de su detención preventiva, disponiéndose entre otras medidas su detención domiciliaria; empero, como un acto dilatorio en el “numeral 5” dispuso la presentación de certificaciones “y/o” informes correspondientes con “FECHA ACTUAL” como condición “…potestativa y no imperativa…” (sic), sin considerar que a tiempo de la modificación de la referida medida cautelar de carácter personal, se presentó el certificado de verificación policial domiciliaria que aún se encontraba en vigencia, y pese a que se presentó un nuevo certificado domiciliario, habiéndose constituido un funcionario policíal en el lugar, por providencia de 4 de mayo de 2022, no emitió el correspondiente “mandamiento de libertad”, lo que considera una dilación indebida, ya que habría cumplido con el arraigo y la fianza económica impuesta y que cuenta con un certificado domiciliario emitido en dos oportunidades; y, 2) El 6 de igual mes y año, presentó ante el Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policia Boliviana, coaccionado, el oficio por el cual se le solicitó informe sobre la existencia del inmueble en el cual cumplirá su detención domiciliaria; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no obtuvo respuesta alguna, habiendo transcurrido aproximadamente un mes desde el pronunciamiento del Auto …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo, Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana por infracción del principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; con la aclaración que no corresponde el pago de daños, perjuicios y costas, dada la concesión parcial de la tutela y el alcance y dimensión de concesión de la misma; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a Walter Elías Chincheros Leniz, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el cumplimiento de medidas cautelares personales a la detención preventiva como condicionante para librar el mandamiento respectivo
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0102/2024-S2 Sucre, 9 de abril de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47723-2022-96-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 002/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Trigo Valencia en representación sin mandato de Tomás Pérez Flores contra Walter Elías Chincheros Leniz, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca; y, Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo, Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 9 a 13 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas, el 14 de agosto de 2021 se dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Padilla del departamento de Chuquisaca, siendo beneficiado con la cesación de dicha medida de última ratio mediante Auto Interlocutorio 08/2022 de 18 de abril, pronunciado por el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del citado departamento -ahora accionado-, quien determinó, entre otros, su detención domiciliaria, debiendo señalarse el domicilio en el que se cumpliría la misma, y en el numeral 5 dispuso la presentación de certificaciones y/o informes correspondientes.

Aclara que, a tiempo de solicitar la modificación de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva, presentó ante la referida autoridad judicial el certificado de verificación policial domiciliaria que aún se encontraba en vigencia; empero, como acto dilatorio, se le solicitó nuevamente el mismo certificado domiciliario con “FECHA ACTUAL”, encontrándose por ello pendiente el cumplimiento del indicado numeral 5 “…como condición potestativa y no imperativa…” (sic); sin embargo, una vez que se dio cumplimiento “a todo” el Juez accionado emitió el decreto de 4 de mayo de 2022, por el cual se le negó la expedicion del mandamiento de libertad sin dar “valor positivo” a la propia documental “(CERTIFICADO DOMICILIARIO)”, que se le exigió, señalando textualmente que ‘“A LOS EFECTOS DE TENER CERTEZA SOBRE LA EXISTENCIA DEL INMUEBLE CONSTITUIDO EN DOMICILIO…”’ (sic), lo que provocó que “a la fecha” -se entiende de la interposición de la presente acción tutelar-, después de aproximadamente veintiocho días continúe privado de su libertad, imponiéndole “otra obligación” por no considerar el tantas veces nombrado certificado domiciliario. Por otro lado, a través de su abogado, el 6 de mayo de 2022, entregó al Comando Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, el oficio -se comprende por el cual se solicitó la verificación domiciliaria-, pero no obtuvo respuesta oportuna alguna, “…es más manifiestan que se ha remitido a la FELCC de BASTO…” (sic), sin dar cumplimiento al plazo de cuarenta y ocho horas dispuesto por decreto de 4 de mayo de 2022. En consecuencia, no se dio cumplimiento al art. 245 del Codigo de Procedimiento Penal (CPP), pues no se extendió “mandamiento de libertad”, precepto legal que “…no contiene ninguna exigencia MAS de orden legal, es decir que no establece la obligatoriedad de presentar el recurso de manera fundamentada…” (sic), pese a que se prestó la fianza, y considerando que los demás requisitos son trámites administrativos que incluso con custodio policial su persona puede concluir los mismos, por lo que su detención preventiva se torna en ilegal, ante la demora injustificada provocada por las autoridades accionadas “…AL NO EMITIR A LA FECHA ORDEN O INFORME ALGUNO” (sic), por lo que activa la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, citando a ese efecto la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato alega la lesión de su derecho a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad procesal como parte del debido proceso vinculado a su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 13.IV y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, disponga: a) Se expida “mandamiento de libertad” a su favor de manera inmediata; y, b) Se establezca la responsabilidad de los funcionarios accionados por el tiempo que se afectó su derecho a la libertad, sea con costas y reparación de daños civiles.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de mayo 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados y representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el memorial de acción de libertad y ampliando los términos del mismo manifestó que: 1) El 18 de abril de 2022, por Auto Interlocutorio 08/2022 el Juez accionado otorgó la cesación de su detención preventiva, estableciendo entre una de las condiciones, en el numeral 5, la presentación del certificado policial domiciliario “y/o” informe, es decir como una posibilidad potestativa y no coercitiva u obligatoria; 2) En la referida audiencia de cesación de la detención preventiva, presentó el certificado domiciliario que se encontraba vigente, solicitando por ello se dé por cumplida de manera parcial esa medida; sin embargo, se le respondió de forma negativa exigiéndole la presentación del mismo con fecha actualizada; empero, a pesar de haber tramitado y presentado un nuevo certificado domiciliario, habiéndose constituido un funcionario policíal en el lugar, el Juez accionado no emitió el correspondiente “mandamiento de libertad”, señalando por decreto de 4 de mayo de 2022 que no cumplió con la presentación del informe del Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policia Boliviana o la autoridad policial, a fin de tener certeza sobre la existencia del inmueble constituido en su domicilio, lo que se constituye en una dilación indebida, ya que se cumplió con el arraigo y la fianza económica, sin considerar que cuenta con un certificado domiciliario emitido en dos oportunidades; 3) El 6 del mismo mes y año, se presentó por Secretaría del indicado Comando Departamental, el oficio emitido por el Juez accionado, pidiendo se informe sobre dicha solicitud a fin de dar certeza sobre la existencia del inmueble, pero no obtuvo ninguna respuesta; y, 4) Desde el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 08/2022 el 18 de abril de 2022 hasta el 18 de mayo de igual año, transcurrió aproximadamente un mes, y debido a dichas dilaciones administrativas continúa en la Carceleta de Padilla de citado departamento.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Walter Elías Chincheros Leniz, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada señaló que: i) Por Auto Interlocutorio 08/2022, modificó la detención preventiva del ahora accionante, estableciéndose específicamente en el “punto 5”, el plazo de siete días para que se presente la certificación “a esos” informes respectivos, sobre el domicilio en el que se cumplirá la detención domiciliaria; ii) Mediante memorial el ahora accionante presentó un certificado domiciliario y la boleta de depósito de la fianza económica, ante lo cual, tomando en cuenta la certificación de 20 de abril -de 2022- emitida por el Sargento Gabriel Olguín, a efectos de poder establecer si el domicilio señalado por el imputado, será habitado por el mismo una vez que salga del recinto penitenciario, y que reúne las condiciones mínimas de seguridad para el cumplimiento efectivo de la detención domiciliaria, con base en el art. 54 del CPP mediante providencia ordenó se oficie al Comando Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, a objeto que se realice la verificación policial domiciliaria; y, iii) El memorial presentado por el impetrante de tutela de “fs. 450”, fue providenciado el 12 de mayo -de 2022- por “su colega” debido a que se encontraba con licencia; asimismo, recién el día de “hoy” 17 de igual mes y año, a horas 15:10, el referido Comando Departamental, remitió de forma digital a la Oficial de Diligencias de dicho Juzgado, el informe sobre la verificación domiciliaria, el cual no fue ingresado a despacho, por lo que se procederá a resolver lo que en derecho corresponda de forma inmediata, “...toda vez que ya existe un informe del Comandante José Luis Arancibia Morales, del Sargento Mirko Jairo López Loayza, en relación a la verificación domiciliaria en cumplimiento al Cite Nº 145/2022, cabe aclarar de que este informe recién me acabo de percatar es en relación al ciudadano Rodrigo Gonzales Arancibia al otro co-imputado, no se ha remitido ningún otro informe u oficio o se ha puesto en conocimiento del suscrito juzgador, en relación lo dispuesto en providencia de fecha 4 de mayo del 2022” (sic), debiéndose tomar en cuenta que en el ilícito que se investiga una persona perdió la vida por inmediaciones del Comando Policial del municipio de Villa Charcas; por lo que, una vez que se remita el informe respectivo en relación al accionante, se imprimirá el trámite inmediato a los efectos de poder disponer lo que en derecho corresponda. Ante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, el Juez accionado refirió que: a) Cumplió con la emisión del oficio correspondiente el 6 de mayo -de 2022-“…ahorita me acaba de pasar la Oficial de Diligencias, ya que este juzgado no cuenta con Secretario, me indica que se ha presentado efectivamente un informe del Comandante Departamental Marco Antonio Gutiérrez en el cual si efectivamente existe un informe con relación al accionante Tomas Pérez Flores” (sic); b) En cuanto a la existencia de una segunda certificación, tomando en cuenta que se adjuntó una verificación domiciliaria con “seria A-174196” de 16 de febrero de 2022, existe una certificación que cursa a “fs. 432”, siendo la última certificación por la que pide se emita el “mandamiento de libertad”; y, c) Con relación a la razón por la que solicitó un nuevo informe por providencia de 4 de mayo del citado año, el criterio que asumió se sustentó en la verificación policial domiciliaria sobre el domicilio que se ofrecía por el ahora accionante a objeto que se pueda cumplir la detención domiciliaria y el mismo cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, no siendo suficiente presentar un certificado domiciliario, el cual obviamente no se desconoce porque está emitido por autoridad competente, pero resulta necesario a los efectos legales establecidos por el art. 233 del CPP, en relación a las medidas cautelares previstas por los arts. 221 y 231 del mismo cuerpo legal, como es asegurar la presencia del imputado durante el el desarrollo del proceso y una eventual aplicación de la ley. Marco Antonio Gutierrez Delgadillo, Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana a través de su abogado, en audiencia, solicitando se deniegue la tutela impetrada, manifestó que: 1) La presente acción de libertad emerge a raíz del Auto Interlocutorio 08/2022 de 18 de abril, que dispuso la modificación de la detención preventiva a detención domiciliaria del imputado; sin embargo, impone una serie de medidas, entre ellas, en el numeral 5 concede siete días para que presente las certificaciones o informes respectivos del domicilio en el que se cumplirá la detención domiciliaria, la cual se puso a su conocimiento el 6 de mayo -de 2022-; sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional (SCP 0306/2019-S4 de 29 de mayo), no se dio cumplimiento al “principio” de subsidiariedad, porque no se agotaron los medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad fisica personal o de locomoción, solicitando en caso de demora a la autoridad judicial se conmine a la instancia correspondiente para que se pueda certificar de manera pronta y oportuna; 2) Vía WhatsApp remitió los informes de los coimputados, incluido del accionante; 3) El impetrante de tutela denuncia la indebida privación de su libertad personal; empero, por Auto Interlocutorio 08/2022, la autoridad jurisdiccional dispuso una serie de medidas a efecto de modificar la detención preventiva que le fue impuesta, por detención domiciliaria, siendo uno de los requisitos, que en el plazo de siete días presente las certificaciones e informes respectivos del domicilio en el cual cumplirá la detención domiciliaria, lo que resulta coherente, tomando en cuenta que la autoridad jurisdiccional debe tomar todas las previsiones necesarias a efectos de garantizar la seguridad en el cumplimiento de dicha detención domiciliaria; por lo tanto, no se trata de una disposición emitida por su persona; y, 4) Una vez recepcionada la solicitud de certificación de verificación policial domiciliaria, se remitió ante la instancia competente, en este caso, a la Fuerza Especial Lucha Contra el Crimen (FELCC), debiéndose considerar que dicha instancia, de acuerdo a la certificación de 17 de mayo de 2022, solamente cuenta con un efectivo policial (Sargento Mirko Jairo López Loayza); en ese sentido, “…se remite el día de hoy a conocimiento de la autoridad jurisdiccional que ha dispuesto la certificación del registro domiciliario del ciudadano Tomás Pérez Flores…” (sic), por lo que su persona no privó de su libertad al accionante, ni emitió una resolución en ese sentido, sino que cumplió con el tracto administrativo como cualquier entidad pública remitiendo a la instancia correspondiente, dando cumplimiento a lo ordenado. Ante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, señaló que, si bien se refirió que el único servidor público policial para emitir certificaciones domiciliarias es el Sargento “Mirko Loayza”, no solamente habría firmado un funcionario “…si no son tres…” (sic); habiendo sido los anteriores funcionarios reemplazados, pues conforme la certificación presentada el mencionado “actualmente” funge como acreditado para el registro domiciliario.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

“Enrique Montaño”, en audiencia señaló que: i) Considera extraño que el privado de libertad se encuentre en el municipio de Padilla, situación que no es de competencia del “Juez de Incahuasi”; ii) Se concedió la cesación de la detención preventiva al ahora accionante, imponiéndosele condiciones y con toda razón el Juez contralor de garantías observó el domicilio indicado, ya que la detención domiciliaria debe contar con vigilancia policial, siendo necesario tener la certeza de que existe un domicilio correcto, por ello se habría solicitado se emita una certificación actualizada y con todas las reglas que debe contener ese tipo de certificaciones; y, iii) A partir de ello, no se advierte que se haya afectado la libertad del accionante, pues si no estaba de acuerdo con la situación podía haber hecho uso del recurso de apelación incidental, pero no lo hizo; sin embargo, del informe emitido por el Comandante Departamental coaccionado se tiene que -el informe extrañado- ya se hubiera remitido ante el Juez de la causa, quien efectuando una valoración correcta aplicará lo que corresponda en derecho, por lo que la presente acción de libertad no tiene asidero legal, debiendo denegarse en relación a ambas autoridades accionadas.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda -con convocatoria del Vocal de su similar Primera- del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 002/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 37 a 40 vta., concedió en parte la tutela solicitada, respecto al Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana -ahora coaccionado-, “…sin embargo, se Dimensiona los efectos del presente fallo en atención a la situación especial ocurrida; por cuanto, habiéndose presentado la documentación requerida, no corresponde disponer la entrega del mismo, ya que se tiene acreditado la remisión de dicho Informe - aun cuando fue posterior-...” (sic); correspondiendo exhortar a dicha autoridad a actuar con la debida diligencia y prontitud conforme exige la realización del derecho a la libertad, en los casos en los que se encuentre comprometida su materialización; y, denegó la tutela solicitada, en cuanto al Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del referido departamento, pero de igual manera se le exhortó a ser más preciso en sus fallos y no generar inseguridad en cuanto a las determinaciones que emite, a efectos de que no se produzcan situaciones de demora en la materialización de las disposiciones como es la cesación a la detención preventiva; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) En cuanto al Juez accionado, el accionante considera ilegal la determinación adoptada a través del Auto Interlocutorio 08/2022, por el cual habiéndose dispuesto la cesación de su detención preventiva, en su númeral 5, le otorgó el plazo de siete días para que presente las certificaciones y/o informes respecto del domicilio en el que cumplirá la detención domiciliaria, pese a haberse presentado lo requerido el mismo día de la audiencia; asimismo, por no haber dado curso a la emisión del “mandamiento de libertad” a través de la providencia de 4 de mayo de 2022, ocasionando una dilación indebida; es decir, que no obstante que la presente es una acción de libertad de pronto despacho, se pretende cuestionar las determinaciones jurisdiccionales, por un lado, la disposición de “…no asignar el valor…” (sic) mediante el referido fallo, situación que no está “vinculado directamente” y no puede ser considerada como una dilación injustificada, y en todo caso, de constituirse en una omisión de valoración racional, correspondía hacer uso de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico; b) En tal sentido, por decreto de 4 de mayo de 2022, se asumió una determinación para tener certeza sobre la existencia del inmueble donde se pretende constituir domicilio, y disponiéndose que previamente se oficie al Comando Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana para que un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas realice una verificación domiciliaria, además que la razón para la no emisión del “mandamiento de libertad” no solamente estriba en ello, sino que también en no haberse presentado el certificado de arraigo, por lo que si el accionante consideraba dicha determinación judicial indebida e ilegal, debió hacer uso de los medios de impugnación previstos en el ordenamiento normativo procesal penal, lo cual no ocurrió, por consiguiente “esos temas”, no corresponde sean tratados como una cuestión traslativa o de pronto despacho, por lo que no se evidencia elemento alguno que pueda sustentar la denuncia de demora injustificada; c) Con relación al Comandante Departamental coaccionado, si bien la parte accionante también pudo solicitar a la autoridad judicial se conmine para la emisión de la certificación o informe requerido; empero, dicho mecanismo no se considera idóneo para hacer efectiva una medida cautelar alternativa a la detención preventiva; d) Conforme la documental adjunta por la parte accionante y el reconocimiento expreso de la parte accionada en audiencia, se advierte que la autoridad coaccionada no asumió las medidas oportunas, para atender lo requerido por el Juez de la causa mediante decreto de 4 de mayo de 2022, relativo a la realización de la verificación domiciliaria en el plazo de cuarenta y ocho horas, puesto que desde el 6 de igual mes y año, transcurrieron “al presente” más de diez días sin que se hayan emitido los informes respectivos sino hasta después de haber sido notificados con la presente acción de libertad a horas 13:48 -conforme consta en la diligencia sentada por el Oficial de Diligencias de dicha Sala Constitucional-, es decir, de manera posterior y como efecto del planteamiento de la presente acción de defensa, existiendo en efecto una demora prolongada en la respuesta a la solicitud referida a objeto de hacer efectiva la cesación de la detención preventiva y la concreción de una medida alternativa como es la detención domiciliaria, pues ello dependía de la emisión de dicho informe, incidiendo en la prolongación de la detención preventiva; sin embargo, no corresponde disponer que se emita la anotada certificación o informe, por cuanto ya fue remitida la misma, ameritando exhortar al Comandante Departamental coaccionado a no incurrir en este tipo de demoras cuando el caso está vinculado con el derecho a la libertad y su materialización depende de los informes requeridos; y, e) Se exhorta también al Juez accionado a ser más preciso en sus determinaciones a fin de no generar inseguridad, por cuanto en el Auto Interlocutorio 08/2022, en su numeral 5 señaló: “‘…Presenten las certificaciones y/o informes respectos del domicilio en el que cumplirían la detención domiciliaria”’ (sic) , y en el decreto de 4 de mayo -de 2022- manifestó: ‘“...para que en el plazo no mayor de 48 horas, realice la verificación domiciliaria e informe a este juzgado las condiciones mínimas de seguridad del domicilio sin denominación…”’ (sic); es decir, solicitando una nueva verificación docimiliaria, lo que provoca cierta inseguridad y que derivó “de alguna manera” en la prolongación de dicha detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta certificación de Verificación Policial Domiciliaria de 16 de febrero de 2022, correspondiente a Tomás Pérez Flores -ahora impetrante de tutela-, sobre el domicilio ubicado en la calle “SIN DENOMINACIÓN (…) S/N”, zona Lechuguillas, Barrio Villa Santiago de la ciudad de Sucre, provincia Oropeza, realizado por “…SGTO. 2DO DAVID E. FLORES MAMANI (…) Válido para Trámite: *JUDICIAL* Caduca el 16 de MAYO del 22” (sic [fs. 2]). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otro, por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas, por Auto Interlocutorio 08/2022 de 18 de abril, Walter Elías Chincheros Leniz, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca -ahora accionado-, dispuso la cesación de la detención preventiva del prenombrado, determinándose como medidas de carácter personal: “…1.-se dispone el arraigo nacional y departamental de los imputados (…) al efecto se concede el plazo de 7 días 2.- se dispone fianza económica de 20.000 Bs. (veinte mil bolivianos 00/100) para cada imputado, monto de dinero que será depositado en la cuenta bancaria habilitada al efecto. 3.- se dispone la detención domiciliaria de los imputados (…) con custodio policial las 24 hrs. 4.- se concede el plazo de 7 dias a los imputados (…) para que señalen el domicilio en el que cumplirán la detención domiciliaria. 5.- se concede el plazo de 7 dias a los imputados (…) para que presenten las certificaciones y/o informes respectivos del domicilio en el que cumplirán la detención domiciliaria. 6.- los imputados (…) tienen la prohibición de acercarse o comunicarse con la victima, familiares de la victima y testigos del hecho que se investiga 7.- los coimputados (…) tienen la prohibición de cominicarse entre si. 8.- los imputados (…) tienen la prohibición de cominicarse con la coimputada (…) REGISTRESE.-

LIC.WILDER CASTILLO.- solicitamos el plazo de 15 dias para la presentación del certificado domiciliario. JUEZ.- Se tiene presente como se pide LIC. JUAN CARLOS TRIGO.- Solicito se tenga por parcialmente cumplida la certificación domiciliaria JUEZ.- presentese un certificado domiciliario actualizado…” (sic [fs. 3 a 5 vta.]). II.3. Por memorial de 26 de abril de 2022, al Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca, el accionante señaló presentar certificado de verificación policial domiciliaria de 20 del mismo mes y año, realizado por el Sargento Gabriel Olguín, en el inmueble ubicado en “…calle “Zona Lechuguillas, Barrio Villa Santiago de la ciudad de Sucre….” (sic), así también informó que se hizo efectivo el pago de la fianza económica dispuesta, solicitando tener por cumplidas las condiciones impuestas (fs. 6). Escrito que mereció decreto de 4 de mayo de ese año, por el cual la autoridad judicial accionada señaló: “…por adjuntado el Certificado de Verificación Policial Domiciliaria de fecha 20 de abril de 2022 realizado por el Sgto. Gabriel Olguín.

A efectos de tener certeza sobre la existencia del inmueble constituido en domiciio, el cual es entendido como morada o vivienda familiar y/o individual, propia o ajena y que el imputado (…) habitará en el mismo, por secretaría en el día ofíciese al Comandante Departamental de la Policia Boliviana de Chuquisaca para que en el plazo no mayor de 48 horas realice la verificación domiciliaria e informe a este juzgado las condiciones mínimas de seguridad del domicilio sin denominación, Nro. S/N, Zona Lechuguillas, Bario Villa Santiago de la Ciudad de Sucre, Provincia Oropeza, al efecto adjúntese copia del certificado domiciliario presentado por el imputado (…). …NO HA LUGAR el cumplimiento de las condiciones impuestas, debiendo la parte presentar el certificado de Arraigo. Cumplidas las observaciones, las condiciones impuestas se procederá conforme a derecho…” (sic [ fs. 7]). II.4. Mediante Nota Cite Of. 145/2022 de 5 de mayo, dirigido al Comandante Departamental de Chuquisaca de la Polícia Boliviana, la autoridad judicial accionada, en cumplimiento del decreto de 4 de igual mes y año, puso a conocimiento del mismo la orden de verificación policial domiciliaria del impetrante de tutela en el plazo de cuarenta y ocho horas e informe de las condiciones mínimas de seguridad del domicilio presentado por el prenombrado (fs. 26).

II.5. Consta providencia de 12 de mayo de 2022, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Culpina del departamento de Chuquisaca, por el cual se determina que: “Previamente infórmese sobre la respuesta del oficio que consta a fs. 437 de obrados, luego se dispondrá conforme corresponda. Arrímese a los antecedentes del proceso la constancia del arraigo” (sic [fs. 8]). II.6. Cursa certificación de 17 de mayo de 2022, emitida por Victor Alarcón Lagos, Director Departamental de Chuquisaca de la FELC-C “(S.L)”, por la cual señala que el Sargento Mirko Jairo López Loayza, es el único servidor público policial que realiza las certificciones domiciliarias de conformidad al Manual de Procedimientos de la División de Registros, previa programación en cumplimiento a requerimientos fiscales, jurisiccionales y solicitudes por personas particulares, y en el caso se dio cumplimiento con la verificación del domicilio el día sábado 14 del mismo mes y año, atribuyéndose la demora a la existencia de muchas solicitudes de certificación domiciliaria “…es decir no se abastece” (sic [fs. 22]). II.7. Mediante Nota SECRETARIA GRAL. CITE: 324/2022 de 17 de mayo, Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo, Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana -ahora coaccionado-, puso a conocimiento del Juez hoy accionado “RESPUESTA A REQUERIMIENTO”, remitiendo Nota Cite Of. 145/2022, emitido por José Luis Arancibia Morales, Director Departamental de la FELCC del citado departamento e Informe de 16 del señalado mes y año, expedido por Mirko Jairo López Loayza, Encargado de División de Registros y Archivos de dicha Dirección, por el cual se informó que el 14 de mayo de 2022, se constituyó en el domicilio señalado por el ahora accionante, el cual es de propiedad del progenitor del mismo, concluyendo que “…El imueble que fue objeto de verificación, reúne condiciones para detención domiciliaria del Sgto. Tomas Pérez Flores, ya que permite el contacto visual entre el detenido y escolta policial, asimismo el inmueble cuenta con luz, agua y alcantarillado…” (sic), adjuntando croquis y muestrario fotográfico (fs. 23 a 25), con cargo de recepción de 17 de mayo de 2022, a horas 15:10 por el Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca (fs. 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad procesal como parte del debido proceso, debido a que: 1) El Juez accionado mediante Auto Interlocutorio 08/2022 determinó la cesación de su detención preventiva, disponiéndose entre otras medidas su detención domiciliaria; empero, como un acto dilatorio en el “numeral 5” dispuso la presentación de certificaciones “y/o” informes correspondientes con “FECHA ACTUAL” como condición “…potestativa y no imperativa…” (sic), sin considerar que a tiempo de la modificación de la referida medida cautelar de carácter personal, se presentó el certificado de verificación policial domiciliaria que aún se encontraba en vigencia, y pese a que se presentó un nuevo certificado domiciliario, habiéndose constituido un funcionario policíal en el lugar, por providencia de 4 de mayo de 2022, no emitió el correspondiente “mandamiento de libertad”, lo que considera una dilación indebida, ya que habría cumplido con el arraigo y la fianza económica impuesta y que cuenta con un certificado domiciliario emitido en dos oportunidades; y, 2) El 6 de igual mes y año, presentó ante el Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policia Boliviana, coaccionado, el oficio por el cual se le solicitó informe sobre la existencia del inmueble en el cual cumplirá su detención domiciliaria; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no obtuvo respuesta alguna, habiendo transcurrido aproximadamente un mes desde el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 08/2022, siendo que por dicha dilación administrativa continúa privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el cumplimiento de medidas cautelares personales a la detención preventiva como condicionante para librar el mandamiento respectivo

Respecto a esta temática procesal con connotación constitucional, la SCP 0067/2020-S3 de 16 de marzo, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurispurdencia constitucional sobre el particular, sostuvo que: «La jurisprudencia constitucional en relación a la efectivización de la libertad, cuando se ha dispuesto la cesación de la detención preventiva, a través de la SCP 0388/2012 de 22 de junio, citando a la SCP 1194/2011-R de 6 de septiembre, precisó que: “Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas [actualmente medidas cautelares personales] impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: '...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva' (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre). En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”’ (Entendimiento reiterado en las SSCCPP 0181/2018-S1 y 0888/2018-S3, entre otras)».

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Con relación a esta temática, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, citando la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, estableció que: [Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: «…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…). La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”»] (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

Precisado como se encuentra el objeto procesal de esta acción tutelar, en el apartado Fundamentos Jurídicos del Fallo, dentro de ese alcance de reclamación constitucional corresponde realizar un análisis individual de la actuación tanto de la nombrada autoridad judicial, como del Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, a fin de determinar si resulta evidente lo reclamado y si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. Así: En cuanto al Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca El accionante denuncia que dicha autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio 08/2022 de 18 de abril, determinó la cesación de su detención preventiva, disponiéndose su detención domiciliaria; empero como un acto dilatorio en el “numeral 5” dispuso como una condición “…potestativa y no imperativa…” (sic), la presentación de certificaciones “y/o” informes correspondientes con “FECHA ACTUAL”, sin considerar que a tiempo de la modificación de la referida medida cautelar de carácter personal, presentó el certificado de verificación policial domiciliaria que aún se encontraba en vigencia, y pese a que se presentó un nuevo certificado domiciliario, habiéndose constituido un funcionario policíal en el lugar, por providencia de 4 de mayo de 2022, no emitió el correspondiente “mandamiento de libertad”, lo que considera una dilación indebida, ya que habría cumplido con la presentación del arraigo y la fianza económica impuesta y que cuenta con un certificado domiciliario emitido en dos oportunidades.

A objeto de resolver la problemática planteada, es preciso contextualizar los antecedentes fáctico procesales que motivaron la misma; en ese entendido, de la compulsa de antecedentes aparejados al expediente constitucional, se tiene como elemento central que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela y otro, por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas, en audiencia de control de la detención preventiva, Walter Elías Chincheros Leniz, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca -ahora accionado-, por Auto Interlocutorio 08/2022, rechazó la solicitud de amplicación de dicha medida de carácter personal efectuada por el representante del Ministerio Público, determinando la cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela y otro, aplicándoles las siguientes medidas cautelares: “…1.- se dispone el arraigo nacional y departamental de los imputados (…) al efecto se concede el plazo de 7 días

2.- se dispone fianza económica de 20.000 Bs. (veinte mil bolivianos 00/100) para cada imputado, monto de dinero que será depositado en la cuenta bancaria habilitada al efecto. 3.- se dispone la detención domiciliaria de los imputados (…) con custodio policial las 24 hrs. 4.- se concede el plazo de 7 dias a los imputados (…) para que señalen el domicilio en el que cumplirán la detención domiciliaria. 5.- se concede el plazo de 7 dias a los imputados (…) para que presenten las certificaciones y/o informes respectivos del domicilio en el que cumplirán la detención domiciliaria. 6.- los imputados (…) tienen la prohibición de acercarse o comunicarse con la victima, familiares de la victima y testigos del hecho que se investiga 7.- los coimputados (…) tienen la prohibición de cominicarse entre si. 8.- los imputados (…) tienen la prohibición de cominicarse con la coimputada (…) REGISTRESE.- LIC.WILDER CASTILLO.- solicitamos el plazo de 15 días para la presentación del certificado domiciliario. JUEZ.- Se tiene presente como se pide LIC. JUAN CARLOS TRIGO.- Solicito se tenga por parcialmente cumplida la certificación domiciliaria JUEZ.- presentese un certificado domiciliario actualizado…” (sic - el subrayado es nuestro [Conclusión II.2]). Asimismo, consta certificación de Verificación Policial Domiciliaria de 16 de febrero de 2022, correspondiente al impetrante de tutela, en el domicilio ubicado en la calle “SIN DENOMINACIÓN (…) S/N”, zona Lechuguillas, Barrio Villa Santiago de la ciudad de Sucre, provincia Oropeza, realizado por “SGTO. 2DO DAVID E. FLORES MAMANI (…) Válido para Trámite: *JUDICIAL* Caduca el 16 de MAYO del 22” (sic [Conclusión II.1]). Posteriormente, se tiene que por memorial de 26 de abril de 2022, el accionante presentó certificado de verificación policial domiciliaria de 20 del mismo mes y año, realizado por el Sargento “Gabriel Olguín”, así también informó que se hizo efectivo el pago de la fianza económica dispuesta, solicitando tener por cumplidas las condiciones impuestas. Escrito que mereció decreto de 4 de mayo de ese año, por el cual la autoridad judicial accionada señaló: “…por adjuntado el Certificado de Verificación Policial Domiciliaria de fecha 20 de abril de 2022 realizado por el Sgto. Gabriel Olguín.

A efectos de tener certeza sobre la existencia del inmueble constituido en domicilio, el cual es entendido como morada o vivienda familiar y/o individual, propia o ajena y que el imputado (…) habitará en el mismo, por secretaría en el día ofíciese al Comandante Departamental de la Policia Boliviana de Chuquisaca para que en el plazo no mayor de 48 horas realice la verificación domiciliaria e informe a este juzgado las condiciones mínimas de seguridad del domicilio sin denominación, Nro. S/N, Zona Lechuguillas, Bario Villa Santiago de la Ciudad de Sucre, Provincia Oropeza, al efecto adjúntese copia del certificado domiciliario presentado por el imputado (…) …NO HA LUGAR el cumplimiento de las condiciones impuestas, debiendo la parte presentar el certificado de Arraigo. Cumplidas las observaciones, las condiciones impuestas se procederá conforme a derecho…” (sic [Conclusión II.3]). Determinación que fue puesta a conocimiento del señalado Comandante Departamental mediante Nota Cite Of. 145/2022 de 5 de mayo (Coclusión II.4).

Dentro ese contexto fáctico, y a partir del reclamo constitucional respecto a la actuación de la autoridad judicial accionada, cabe distinguir dos cuestiones, la primera referida a lo determinado por el Juez accionado en el “numeral 5” del Auto Interlocutorio 08/2022 respecto a la presentación de certificaciones “y/o” informes correspondientes con “FECHA ACTUAL” lo que considera una condición “…potestativa y no imperativa…” (sic), calificándolo como un acto dilatorio, pues manifiesta que no se tomó en cuenta que a tiempo de la modificación de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva, ya contaba con un certificado de verificación policial domiciliaria que aún se encontraba en vigencia, y la segunda relativa a que se le negó y dilató la emisión del mandamiento de detención domiciliaria mediante decreto de 4 de mayo de 2022, pues se ordenó al Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policia Boliviana para que en el plazo no mayor de cuarenta y ocho horas realice la verificación domiciliaria e informe a ese Juzgado ‘“A LOS EFECTOS DE TENER CERTEZA SOBRE LA EXISTENCIA DEL INMUEBLE CONSTITUIDO EN DOMICILIO…”’ (sic). Al respecto, de acuerdo al informe vertido en audiencia por el Juez accionado y del decreto de 4 de mayo de 2022, dentro el marco de cuestionamiento relativo a las exigencias ahora cuestionadas sobre la presentación de certificado actualizado, así como la verificación domiciliaria, se establece que en efecto, dicha autoridad judicial manifiesta que dispuso la presentación de certificado domiciliario actualizado, igualmente ofició al Comandante Departamental coaccionado, a fin de que se pueda establecer si el domicilio señalado por el imputado, será habitado por el mismo una vez que salga del recinto penitenciario, y que reúne las condiciones mínimas de seguridad para el cumplimiento efectivo de la detención domiciliaria, con base en el art. 54 del CPP y a los efectos legales establecidos por el art. 233 del CPP en relación a las medidas cautelares previstas por los arts. 221 y 231 del mismo cuerpo legal, como es asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso y una eventual aplicación de la ley. En ese contexto, en el caso en análisis, respecto al primer reclamo, debe tenerse en cuenta inicialmente que, si bien conforme se encuentra plasmado en el Auto Interlocutorio 08/2022 el abogado de la parte ahora accionante en audiencia de 18 de abril de 2022, solicitó se tenga por “parcialmente” cumplida la certificación domiciliaria, ante lo cual el Juez ahora accionado dispuso la presentación de un certificado domiciliario “actualizado”; sin embargo, no se advierte que dicha condición impuesta como es la presentación de certificaciones “y/o” informes, consignada en el “numeral 5” de dicho Auto Interlocutorio ahora forma parte del motivo de reclamo constitucional, fuera objeto de cuestionamiento en cuanto a la disposición de presentarse el referido certificado domiciliario actualizado, mediante ningún mecanismo de impugnación en dicho acto procesal y asumida que fue esa determinación de forma expresa por la autoridad ahora accionada, y tampoco de forma posterior ante dicha autoridad judicial, pues por el contrario de ello se evidencia que el accionante prosiguió de forma voluntaria con la efectivización de la tramitación requerida, habiendo incluso obtenido dicho certificado actualizado el 20 de abril de 2022, y presentado ante el Juez accionado por memorial de 26 del citado mes y año, lo cual implica que en los hechos, el ahora impetrante de tutela consintió la obtención del referido certificado que ahora reclama de un requisito indebido, siendo que incluso el mismo ya fue obtenido y presentado, lo que deriva en que respecto a este punto deba denegarse la tutela solicitada. En esa misma línea de análisis, en lo que concierne al segundo aspecto cuestionado por el accionante relativo a que aun de haberse presentado un nuevo certificado domiciliario y haberse constituido un funcionario policial en el lugar, por providencia de 4 de mayo de 2022, el Juez accionado no emitió el correspondiente “mandamiento de libertad”, lo que considera una dilación indebida, ya que alega que habría cumplido con el arraigo y la fianza económica impuesta, y cuenta con un certificado domiciliario emitido en dos oportunidades; corresponde señalar que de antecedentes se advierte que el Juez accionado, verificando la documentación presentada por el hoy accionante mediante escrito de 26 de abril del mismo año, entre ellas el certificado de verificación policial domiciliaria de 20 de igual mes y año, consideró necesario constatar además el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad del “…domicilio sin denominación, Nro. S/N, Zona Lechuguillas, Bario Villa Santiago de la Ciudad de Sucre, Provincia Oropeza, al efecto adjúntese copia del certificado domiciliario presentado por el imputado…” (sic), estableciendo por otro lado que no se dio cumplimiento a todas las condiciones impuestas -se entiende para la efectivización de la detención domiciliaria-, ordenándose la presentación del certificado de arraigo señalándose textualmente que: “Cumplidas las observaciones, las condiciones impuestas se procederá conforme a derecho…” (sic).

En ese sentido, no resulta posible asumirse como una conducta dilatoria la imposición de dicha condición o requisito requerido por la mencionada autoridad judicial, pues se entiende que la misma dentro el marco de sus facultades y atribuciones, tiene la obligación de compulsar la documentación aparejada y verificar el cumplimiento de las formalidades legales a fin de tener certeza del domicilio donde se cumplirá la detención domiciliaria y si el mismo cumple con las condiciones mínimas de seguridad.

En ese mismo orden, constituyendo el cuestionamiento principal en sede constitucional por la falta de efectivización de la cesación de la detención preventiva del accionante mediante la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, si bien dicha medida cautelar personal como una medida alternativa a la detención preventiva no debe ser demorada en su efectivización, en el caso en análisis, conforme la documentación que cursa en obrados y contrariamente a lo expuesto por el accionante, no se evidencia que a tiempo de la emisión de dicha providencia -4 de mayo de 2022- se hayan tenido por cumplidas las medidas impuestas mediante el Auto Interlocutorio 08/2022, por cuanto del referido decreto se tiene que el Juez accionado señaló “…NO HA LUGAR el cumplimiento de las condiciones impuestas, debiendo la parte presentar el certificado de Arraigo…” (sic [el subrayado es nuestro]). Consiguientemente, no se advierte conducta dilatoria que pueda ser atribuida a la mencionada autoridad judicial, pues conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional estableció que la efectivización de la libertad de la persona detenida preventivamente, en los casos en que se dispone la cesación de dicha medida cautelar personal, solo depende del cumplimiento de las medidas cautelares personales -antes llamadas sustitutivas- (se comprende de las materialmente posibles antes de la efectivización del cese de la detención preventiva) como son la fianza económica y el arraigo, así como la verificación domiciliaria; de ahí que la sola presentación de la documentación referente a estos aspectos, no puede importar el automático libramiento del mandamiento de detención domiciliaria, de forma llana y simple, pues corresponde al Juez de la causa compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva, como se advierte fue analizado y realizado por el Juez accionado en la presente causa, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada respecto a dicha autoridad judicial.

Con relación al Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana Al respecto, el impetrante de tutela denuncia que a pesar que el 6 de mayo de 2022, presentó ante dicha autoridad coaccionada, el oficio por el cual se le solicitó informe sobre la existencia del inmueble en el cual cumplirá su detención domiciliaria; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no obtuvo respuesta alguna, habiendo transcurrido aproximadamente un mes desde el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 08/2022, siendo que por dicha dilación administrativa continúa privado de su libertad.

Al respecto, se tiene que a través del informe desarrollado en audiencia de consideración de la presente acción tutelar por la autoridad coaccionada, la misma refiere que el 6 de mayo de 2022, fue notificada con Nota Cite Of. 145/2022 y procedió a la remisión de los informes solicitados relativos a los coimputados incluido del accionante vía WhatsApp ante la autoridad judicial -el 17 de mayo de 2022-, señalando además que una vez recepcionada la solicitud de certificación de verificación policial domiciliaria, se remitió ante la instancia competente, en este caso, a la FELCC, instancia que de acuerdo a la certificación de 17 de mayo de 2022, solamente cuenta con un efectivo policial (Sargento Mirko Jairo López Loayza); en ese sentido, refiere que cumplió con el tracto administrativo como cualquier entidad pública.

En ese contexto, a partir de lo manifestado por la parte coaccionada, así como la documentación que cursa en obrados se establece que, mediante Nota SECRETARIA GRAL. CITE: 324/2022 de 17 de mayo, el Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policia Boliviana ahora coaccionado, puso a conocimiento del Juez accionado “RESPUESTA A REQUERIMIENTO”, remitiendo Nota Cite Of. 145/2022, emitido por José Luis Arancibia Morales, Director Departamental de la FELCC del citado departamento e Informe de 16 del señalado mes y año, expedido por Mirko Jairo López Loayza, Encargado de División de Registros y Archivos de dicha Dirección, por el cual se informó que, el 14 de mayo de 2022, se constituyó en el domicilio señalado por el ahora accionante, el cual es de propiedad del progenitor del mismo, concluyendo que: “…El inmueble que fue objeto de verificación, reúne condiciones para detención domiciliaria del Sgto. Tomas Pérez Flores, ya que permite el contacto visual entre el detenido y escolta policial, asimismo el inmueble cuenta con luz, agua y alcantarillado…” (sic), adjuntando croquis y muestrario fotográfico. Documentación que cuenta con cargo de recepción de 17 de mayo de 2022, a horas 15:10 por el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca (Conlcusión II.7). De lo que se concluye que en efecto, la autoridad coaccionada no actuó con la celeridad que impelía el caso concreto, sin considerar que la actuación reclamada en su efectivización involucraba un elemento requerido por la autoridad judicial a objeto de concretar la detención domiciliaria del ahora accionante, dilación contraria a los entendimientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, en este caso se vió dilatada por la no verificación policial domiciliaria oportuna requerida al Comandante Departamental ahora coaccionado, quien tenía el deber de tomar los recaudos correspondientes para cumplir con lo requerido -en el plazo establecido para ello por el Juez solicitante-, al involucrar ello a un detenido preventivo, evitando demoras innecesarias que dilaten la efectivización del actuado administrativo solicitado, no pudiendo justificarse dicha dilación en causales no atribuibles al imputado, como la alegada falta de personal, ello en el entendido que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado. Consecuentemente, se tiene que la presente acción de libertad fue interpuesta en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, encontrándose dicha pretensión en estricta relación con el debido proceso en su elemento de celeridad, que impele a que dichas solicitudes deben ser atendidas con prontitud por toda autoridad judicial o administrativa. Concluyéndose que la autoridad coaccionada al no efectuar las gestiones necesarias -ya sea en el plazo otorgado al efecto o de la forma más rápida e inmediata posible- para el cumplimiento del decreto de 4 de mayo de 2022, que dispuso la verificación domiciliaria dentro el plazo de cuarenta y ocho horas, incurrió en una omisión indebida, puesto que remitió la información requerida por la autoridad judicial, el 17 de igual mes y año a horas 15:10, siendo que fue notificado con la solicitud de verificación el 6 el citado mes y año, es decir dejando trascurrir más de diez días desde que le fue solicitado tal requerimiento, generando una dilación indebida respecto a la concreción de la situación jurídica del privado de libertad, vulnerando el principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, no siendo los argumentos expuestos por dicha autoridad coaccionada justificativo razonable y suficiente para la dilación identificada. Asimismo, es pertienente aclarar que ante la presentación del extrañado informe previo a la instalación de la consideración de esta acción tutelar, tampoco se puede asumir que se produjo el cese del acto lesivo denunciado como vulnerador de los derechos invocados por el accionante, ya que el mismo fue cumplido de forma posterior a la interposición y notificación con esta esta acción de libertad a la parte accionada, por lo que tampoco podría concurrir una eventual sustracción del objeto procesal sobre este punto de reclamo en específico; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque en parte con distintos argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo, Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana por infracción del principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; con la aclaración que no corresponde el pago de daños, perjuicios y costas, dada la concesión parcial de la tutela y el alcance y dimensión de concesión de la misma; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a Walter Elías Chincheros Leniz, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Incahuasi del departamento de Chuquisaca. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0102_2024-S2.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 345b256e7846642c8b0badc660949dc1baeb2d1ae7e9ec575e67ddffd55e47d4

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