Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de abril de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad y al principio de celeridad; toda vez que, la autoridad demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió al Tribunal de alzada, los antecedentes correspondientes al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio207/2021, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, incurriendo en dilaciones indebidas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo del Departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0101/2023-S4 Sucre, 10 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44656-2022-90-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 10/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Castro Guarayo en representación sin mandato de Roberto Carlos Vargas Vargas contra Nicanor Fredy Yucra Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del Tribunal departamental de Oruro en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e instrucción Cautelar Segundo del citado departamento.
Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, cursante de fs.1; y, 2 a 4, el accionante, a través de su representante sin mandato; manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por el delito de tenencia y porte y portación ilícita, en fecha “26 de diciembre de 2021” –siendo lo correcto 26 de noviembre–, se llevó la audiencia de cesación a la detención preventiva, resolución a la que apeló; sin embargo, la autoridad demandada, conociendo que su persona se encontraba con detención preventiva, no remitió los antecedentes al Tribunal de alzada. Señaló que, a la fecha de la presentación de la acción tutelar, transcurrieron dos días inhábiles y cinco hábiles, violando su derecho a la libertad.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, ordene al Juez de Instrucción Penal y Cautelar Segundo del departamento de Oruro, la remisión inmediata del cuaderno procesal al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2021, conforme consta en el acta cursante a fs. 15 y vta., presente la parte impetrante de tutela; y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad; además, de señalar se le conceda la tutela impetrada pese a que la autoridad demandada hubiese remitido el testimonio procesal en función a la acción de libertad interpuesta.
Nicanor Fredy Yucra Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del Tribunal Departamental de Oruro en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e instrucción Cautelar Segundo del citado departamento; por informe escrito presentado el 4 de diciembre de 2021, cursante a fs. 14, manifestó que: a) Por proveído de 5 de noviembre de 2021, fue nombrado suplente del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del citado departamento, b) El titular de ese Juzgado ya había señalado audiencia de cesación de detención preventiva en el caso del ahora impetrante de tutela para el viernes 26 de noviembre de 2021; en la cual, posterior a la audiencia se emitió resolución a la cual el solicitante de tutela apeló, y fue concedida en el mismo acto, disponiendo que el Secretario faccione el testimonio y remita a la Sala Penal de Turno, c) Conforme a oficio el testimonio de apelación ya habría sido remitido el 3 de diciembre de ese año; así como, siendo sorteado el mismo día a horas 14:18 p.m., actuación realizada antes de haber sido notificado con la acción tutelar; y, d) Cuando se realiza la suplencia, se establece un plazo de tres días para remitir el recurso de apelación, además de considerarse un plazo razonable para la remisión del testimonio de apelación; y, que se debe considerar que estos Juzgados públicos cuentan con una considerable carga procesal, citando al efecto la Sentencia Constitucional 0098/2018-S3 de 9 de abril.
El Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 10/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, señalando que; Al haber informado el hoy demandado, sobre la remisión del testimonio el día de la presentación de acción tutelar, permitió establecer que existe un incumplimiento a los plazos procesales por parte de dicha autoridad y con ello una restricción a la posibilidad del accionante de que su situación legal pudiera haber sido revisada por un Tribunal superior, lo que eventualmente pudo devenir en una afectación indirecta de su derecho a la libertad, concluyendo que se generó una dilación innecesaria por parte del Juez demandado en la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota de 3 de diciembre de 2021; por la que, Nicanor Freddy Yucra Ticona –autoridad demandada– remitió Testimonio de Apelación, en cumplimiento a lo dispuesto en Auto Interlocutorio 207/2021 de fecha 26 de noviembre del mismo año (fs. 11).
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad y al principio de celeridad; toda vez que, la autoridad demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió al Tribunal de alzada, los antecedentes correspondientes al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio207/2021, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, incurriendo en dilaciones indebidas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La doctrina y la jurisprudencia, han determinado una clasificación de los tipos de acción de libertad según su finalidad, entre éstas, la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero). La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad y al principio de celeridad; toda vez que, la autoridad demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió al tribunal de alzada, antecedentes correspondientes al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio207/2021, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, incurriendo en dilaciones indebidas; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando en el día la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada. En ese entendido, de acuerdo a los antecedentes y Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, mediante nota de 3 de diciembre de 2021, la autoridad demandada, remitió Testimonio de Apelación, al Tribunal de alzada, ello en cumplimiento a lo dispuesto en Auto Interlocutorio 207/2021 (Conclusión I.1). Conforme a lo señalado precedentemente, previamente corresponde señalar que, si bien el acto lesivo al presente desapareció al haberse remitido el legajo procesal de apelación al Tribunal de alzada (Conclusión II.1); de los antecedente y en cumplimiento al desarrollo jurisprudencial efectuado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad innovativa; que establece que, aún el acto lesivo se haya extinguido como sucede en la presente causa, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada y verificar si resulta evidente la denuncia de dilación alegada por el impetrante de tutela; y, de advertirse la misma, evitar que se incurran en futuras dilaciones de esta naturaleza, que transgreden el orden constitucional y vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, protegidos por la acción de libertad que se revisa. En ese contexto, se concluye que frente al recurso de apelación incidental formulado por el impetrante de tutela en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva realizada el 26 de noviembre de 2021, si bien la autoridad demandada dispuso que el Secretario de ese despacho, faccione el testimonio de apelación y su remisión ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ya que esta orden no fue ejecutada de manera inmediata; vale decir que, el legajo procesal no fue remitido en el plazo de veinticuatro horas, conforme lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar –3 de diciembre de 2021–, transcurrieron siete días de dilación. Conforme a lo reclamado por el solicitante de tutela ante el Tribunal de Sentencia nombrado, esta remisión se encontraba vinculada a la posibilidad de que la indicada autoridad competente pueda considerar y resolver su situación jurídica relativa a una cesación a la detención preventiva; aspecto que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, apertura el ámbito de tutela de la acción de libertad, al tratarse de dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada; bajo la modalidad innovativa, la autoridad demandada, al haber subsanado la demora advertida, mediante nota de 3 de diciembre de 2021; viabilizando de esta manera, el proceso y para que la autoridad competente pueda resolver la situación jurídica del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo del Departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0101_2023-S4.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): f470811a386752249e6a3ba06ec6cf0c1e85a6b95cebe68157c0070c8e46e896
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