Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la celeridad; por cuanto, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la Resolución 101/2022 de 26 de agosto, que rechazó el incidente de beneficio de redención, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitieron los antecedentes de su apelación al Tribunal de alzada; por lo que solicitó se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada remita en el plazo de veinticuatro horas la apelación al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR a Resolución 08/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 31 vta., a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo dispuesto por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2025-S3 Sucre, 18 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50270-2022-101-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 08/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 31 vta. a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Ángelo Zabaleta en representación sin mandato de Carlos Gualberto Aramayo Gonzales contra María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el 26 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de beneficio de redención, en la cual la autoridad demandada emitió el Auto Definitivo 101/2022, determinando el rechazo de lo solicitado; por lo que, en el mismo acto procesal interpuso recurso de apelación incidental de manera oral; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la prenombrada autoridad, no remitió antecedentes ante el Tribunal de alzada.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y a la celeridad, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, disponga que la autoridad demandada, remita el testimonio de apelación al Tribunal de alzada, dentro de las veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) En el proceso, se tomó la previsión de notificar a la víctima mediante edictos, con los incidentes de 8 de junio, decreto de 28 de junio, actuados de las audiencias de 30 de junio, 7 de julio y 11 de julio, todos del año 2022, dentro de los incidentes de redención planteados, por lo que, al no haber asistido al verificativo de consideración del beneficio señalado la víctima generó su propia indefensión; b) Si la autoridad demandada pretendió notificar a la víctima debió hacerlo inmediatamente y no después de dos semanas, retrotrayendo indebidamente el estado de la causa, al existir sorteo de la misma al Tribunal de alzada, pese a que la normativa establece que no es necesaria la notificación a las partes; c) La Jueza demandada no cumplió con lo establecido en el art. 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que desde el día de la audiencia de consideración del beneficio de redención -26 de agosto de 2022-, hasta la audiencia de consideración de acción tutelar -7 de septiembre de 2022-, trascurrieron más de diez días sin haberse efectivizado la remisión de los actuados procesales al Tribunal de Alzada; y, d) Se ha presentado la acción de libertad de pronto despacho para que se remita los actuados en el plazo de veinticuatro horas a la autoridad superior en grado.
María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 14 y 16 vta., manifestó que: 1) En mérito a la apelación incidental efectuada en audiencia, contra la Resolución de 26 de agosto de igual año, que rechazó la solicitud de beneficio de redención, se dispuso que por secretaría se remitan los actuados pertinentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; 2) Mediante representación emitida por el Secretario del Juzgado, tomó conocimiento que la víctima no fue notificada con la Resolución dictada el 26 de agosto de 2022; razón por la cual, emitió el Auto complementario a efectos de cumplir lo establecido en el art. 429 bis parágrafo I, incorporado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- y los arts. 11, 76 y 77 del CPP; y, 3) Fueron tres las audiencias suspendidas por causas atribuibles al accionante; por ello, no podría alegar restricción a su derecho a la libertad, cuando el mismo en reiteradas oportunidades se puso en dicha situación. José Marcelo Guevara Salas, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Potosí, si bien no fue demandado; empero, por informe escrito de 6 de septiembre de 2022, cursante a fs. 15, manifestó, que: i) La Jueza del citado Juzgado, mediante Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, rechazó el incidente de redención interpuesto por el ahora accionante el cual, fue apelado por éste, disponiendo la autoridad jurisdiccional la remisión en alzada a la Sala Penal; ii) Elaboró el acta y la resolución dictada, una vez concluida la transcripción, el 1 de septiembre del indicado año, procedió al reparto y/o sorteo por el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), recayendo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento; sin embargo, antes de la remisión de los antecedentes de la apelación se percató que no se dispuso la notificación a la víctima del proceso conforme lo establecido en el art. 429 bis del CPP, incorporado por la Ley 1443, omisión que fue subsanada por la autoridad judicial demandada mediante Auto de 5 de septiembre de 2022, disponiendo la notificación a la víctima mediante edictos; y, iii) Se demoró en la elaboración del acta y resolución debido a la carga procesal que tenía su Juzgado, ocasionada por la acumulación de audiencias y la acefalía existente en el despacho durante cinco meses, razón por la que, elaboró las actas de manera cronológica a fines de su registro.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 08/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 31 vta. a 38 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del citado departamento previo sorteo remita en el plazo de veinticuatro horas el legajo de apelación del incidente de redención resuelto el 26 de agosto de 2022, ante las salas penales del mencionado Tribunal. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Existe vulneración al derecho a la libertad, relacionado con el principio de celeridad, considerando que pese a transcurrir más de doce días de haberse interpuesto la apelación incidental la Jueza demandada no efectivizó la remisión de los antecedentes a la autoridad superior en grado, provocando de esta manera una dilación indebida y; b) La víctima ha sido notificada mediante edictos conforme cursa en obrados y al no haber asistido a la audiencia de consideración de beneficio de redención provocó su propia indefensión, aspecto que precisamente conlleva a la aplicación del art. 404 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros por la comisión del delito de abuso sexual, previa notificación a las partes intervinientes en el proceso penal -la víctima fue notificada mediante edictos en el Buzón Electrónico-, el 26 de agosto de 2022, se desarrolló la audiencia de consideración del beneficio de redención presentada por el accionante, en la cual se pronunció el Auto Definitivo de 101/2022 de 26 de igual mes y año, que declaró su rechazó, interponiendo el impetrante de tutela de forma oral apelación incidental, ordenando en consecuencia la autoridad demandada en el mismo actuado procesal -26 de agosto de 2022-la remisión del testimonio de apelación al Tribunal de alzada (fs. 17 a 19 vta.). II.2. Mediante representación emitida por José Marcelo Guevara Salas, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del Departamento de Potosí, de 2 de septiembre de 2012, se hizo conocer a la autoridad demandada que dentro del proceso signado con NUREJ: 5036358, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación contra la Resolución 101/20222 de 26 de agosto, disponiendo la autoridad demandada la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno, haciendo notar a la autoridad jurisdiccional que la resolución dictada no fue notificada a la víctima del proceso, habiéndose remitido el proceso previo reparto, quedando pendiente la notificación (fs. 20). II.3. Por Auto complementario 999/2022 de 5 de septiembre, la autoridad demandada dispuso la notificación a la víctima con la Resolución dictada en audiencia de 26 de agosto de 2022, para que en el plazo de tres días de su legal notificación pueda hacer valer su derecho a recurrir, ordenando que una vez vencido el plazo para apelar se proceda por secretaria a la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de turno (fs. 21). II.4. Cursa edicto de notificación a Carlota Aguilar Lopez, víctima, con el Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto de 2022 y Auto de 5 de septiembre de igual año, librado a los seis días del mismo mes y año (fs. 22 a 25).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la celeridad; por cuanto, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la Resolución 101/2022 de 26 de agosto, que rechazó el incidente de beneficio de redención, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitieron los antecedentes de su apelación al Tribunal de alzada; por lo que solicitó se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada remita en el plazo de veinticuatro horas la apelación al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.
Sobre el particular, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento sobre el alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando:
[Al] respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. En ese mismo sentido los votos fundamentados desarrollados por esta Relatoría en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0147/2024-S2, 0153/2024-S2 y 0155/2024-S2” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta:
[Acorde] a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada. (El resaltado es nuestro).
Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia. (Las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, puesto que habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Definitivo 101/2022, que rechazó su solicitud de beneficio de redención, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad demandada no remitió el testimonio al Tribunal de alzada, incurriendo el demandado en dilaciones injustificadas e indebidas, sin considerar que se encuentra privado de libertad. En ese contexto de la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusiones II.1, II.2 y II.3, del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Gualberto Aramayo Gonzales, accionante, por la comisión del delito de abuso sexual, el 26 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su solicitud de beneficio de redención, emitiendo la autoridad demandada el Auto Definitivo 101/2022, por la que rechazó la solicitud de beneficio de redención.
Contra dicha determinación, en el mismo actuado procesal, es decir, el 26 de igual mes y año, el accionante formuló recurso de apelación incidental, disponiendo la autoridad demanda la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada. Asimismo, conforme la Conclusión II.2 se constata que el Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del Departamental de Potosí, Marcelo Guevara Salas mediante informe de 2 de septiembre de 2022, dirigido a la autoridad demandada hizo conocer la ausencia de disposición de notificación a la víctima con la Resolución 101/2022, así como con la apelación efectuada; arguyendo que el testimonio ya fue sorteado por sistema, quedando únicamente pendiente la notificación.
En tal sentido, por un lado, se advierte que dicho informe fue emitido siete días después de haberse llevado a cabo la audiencia y de haberse ordenado la remisión de apelación efectuada por el impetrante de tutela. Por otro lado, se tiene que emergente del informe emitido por el Secretario del Juzgado, la autoridad demandada mediante Resolución 999/2022, de 5 de septiembre, dispuso que ante la falta de notificación a la víctima con la Resolución de 26 de agosto de 2022, en aplicación del art. 429 bis de la Ley 2298 modificada por la Ley 1443, se notifique a la víctima con la Resolución de 26 de agosto de 2022, para que pueda hacer valer su derecho a recurrir conforme lo dispuesto por el art. 404 del CPP, debiendo remitirse la apelación una vez vencido dicho plazo.
Por lo que, en cumplimiento a lo determinado mediante la Resolución de 5 de septiembre de 2022, se notificó a la víctima Carlota Aguilar López con las Resoluciones 101/2022 y 999/2022, el 6 de septiembre de 2022, mediante edicto.
Lo relacionado, permite concluir que evidentemente la Jueza demandada, condicionó la remisión de la apelación contra la Resolución 101/2022 de 26 de agosto, a que con carácter previo se notifique a la víctima con dicha resolución, empero dicha determinación fue asumida doce días posteriores a la emisión de la resolución apelada por el impetrante de tutela, determinación que inobservó el contenido normativo del art. 404 y 405 del CPP, que señala que una vez interpuesto el recurso de apelación, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de apelación en el término de veinticuatro horas, que resulta ser en el caso concreto a la Sala Penal de turno del departamento de Potosí.
En este contexto, de los datos consignados, se tiene que desde la fecha de la celebración de la audiencia de consideración de la solicitud de beneficio de redención, es decir, desde el 26 de agosto de 2022, hasta la fecha de celebración de la audiencia de acción tutelar, transcurrieron doce días sin que la apelación sea emitida, incurriendo en una dilación indebida en el trámite del incidente de redención de la pena, que amerita el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa, conforme se ha establecido en el FJ.III.1 de este fallo constitucional, debido a que, en aplicación del art. 429 bis del CPP incorporado por la Ley 1443 la autoridad demandada pretendió enmendar el trámite de remisión de la apelación; sin embargo la norma en la que se amparó hace alusión a la participación del Ministerio Público y de la víctima en ejecución de sentencia, indicando que todos los incidentes suscitados durante la ejecución de sentencia deben ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la víctima, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para su pronunciamiento. En tal sentido conforme se desglosó en las Conclusiones II.1 de esta Sentencia Constitucional se tiene que la víctima fue debidamente notificada mediante edictos con el incidente de beneficio de redención, por lo que al no haber asistido a la audiencia celebrada el 26 de agosto de 2022, generó su propia indefensión; no existiendo en consecuencia obstáculo alguno para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el art. 405 del CPP, toda vez al haberse planteado el recurso de apelación en audiencia, este debió haber sido remitido dentro las veinticuatro horas, conforme lo dispuesto por el art. 404 y 405 del CPP, motivo por el cual no correspondía condicionar la remisión de los antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior a una previa notificación a la víctima con la resolución que denegó la solicitud de redención del accionante, otorgando una tramitación irregular al procedimiento establecido en la normativa señalada; por lo que al tratarse de una causa relacionada con la libertad del accionante, aun en etapa de ejecución de sentencia, corresponde otorgar la tutela conforme entiende el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, que ha establecido que todas las situaciones que involucre un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, al tener vinculación con el derecho a la libertad, se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa.
Al respecto conforme se ha establecido en el Fundamentos Jurídico III.2 de esta esta Sentencia Constitucional Plurinacional, interpuesto el recurso de apelación de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, sin ningún condicionamiento, puesto que lo que se busca es acelerar los trámites judiciales para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privadas de libertad por cuanto, la finalidad de los incidentes en ejecución de sentencia es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado.
En la causa en análisis, si bien la autoridad judicial pretendió poner en conocimiento de la víctima la resolución pronunciada en la audiencia de consideración de la solicitud de redención presentada por el accionante, así como la interposición del recurso de apelación que formuló el peticionante de tutela, con la finalidad –se entiende- de materializar su intervención dentro del proceso, no es menos evidente que de conformidad a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3, la modificaciones realizadas al procedimiento de los recursos de apelación aseguran que será el Tribunal de apelación el que una vez remitidos los antecedentes del recurso de apelación, deberá realizar la respectiva notificación a las partes, entre ellas, la víctima, con el señalamiento de la audiencia para la consideración de la apelación formulada, toda vez que de validar el procedimiento efectuado por la autoridad judicial demandada, de previamente notificar a la víctima con los actuados para que recién remitir los antecedentes de la apelación, provocaría una dilación innecesaria, como ha ocurrido en el caso de autos que conllevó a que la notificación se realice el 6 de septiembre de 2022, y por ende la apelación no haya sido remitida hasta la fecha de celebración de audiencia la consideración de la acción tutelar, vale decir, transcurrieron doce días, sin que dichos antecedentes se remitieran; procedimiento contrario a la normativa procesal penal inserta en los arts. 404 y 405 del CPP, que impele al juzgador a remitir la apelación incidental en el término de veinticuatro horas.
En definitiva, dicha actuación inobservó los principios de celeridad, los cuales se constituyen en elementos primordiales del debido proceso y que, tratándose de la apelación en ejecución de sentencia, tiene directa incidencia sobre el derecho a la libertad personal del accionante.
En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obro de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR a Resolución 08/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 31 vta., a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo dispuesto por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”.
La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0097_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1b3b75f38ab08171bde2bbce8a5b0d9f0aeb7cb8ca2087fa7d0282c719fd93a6
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