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SCP 0095/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50161-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto -601/22 de 22 de agosto de 2022-, en el plazo de veinticuatro horas previsto por ley, manifestando que existiría un mandamiento de aprehensión en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10 de 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa. 2º Se exhorta a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en futuras situaciones similares actúe de forma diligente, evitando incurrir en dilaciones indebidas, sea en cumplimiento de la jurisprudencia y los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El recurso de apelación incidental
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50161-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10 de 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Quiroga Bonilla en representación sin mandato de Richard Velásquez León contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2022, cursante a fs. 4 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), el 23 de agosto de 2022, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto -601/22 de 22 de dicho mes y año- que rechazó la excepción por defectos absolutos; sin embargo, hasta el 29 de igual mes y año, dicho recurso no salió del Despacho de la Jueza ahora accionada, extremo que fue verificado en el Libro Diario; situación que “perjudica” su derecho al debido proceso; puesto que al estar investigado por la presunta comisión del indicado delito cuenta con un mandamiento de aprehensión en su contra, no obstante el certificado médico forense señala que no se produjo tal violación; motivo por el cual presenta esta acción de defensa en su modalidad de pronto despacho.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerado

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se declare la procedencia del recurso de apelación para su remisión ante el “Vocal” de turno y sea resuelto; y, b) En audiencia de consideración de esta acción de defensa, solicitó que se llame la atención a la Jueza ahora accionada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mencionó que el recurso de apelación incidental planteado ya fue remitido; sin embargo, dicha remisión fue a causa de la acción de libertad interpuesta; puesto que, el cuaderno procesal fue remitido el 29 de agosto de 2022, a las 17:09 horas; empero, llegó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia el 30 de ese mes y año. Bajo esos antecedentes formuló la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho al existir un “indebido proceso”; ya que, el delito por el cual es investigado es violación de infante, niña, niño o adolescente; no obstante, existe un certificado médico forense en el que se indica que no hay violación; 2) El 28 de junio de igual año, el Ministerio Público solicitó el anticipo de prueba referente a la Cámara Gesell; sin embargo, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la acción de defensa- no obtuvo respuesta; por lo que, presentó un memorial pidiendo el anticipo de prueba, señalándose audiencia para el 21 de octubre del referido año, a las 11:00 horas, sin tomar en cuenta que se trata de la presunta comisión de un delito donde se encuentra involucrada una menor de edad; empero, no es víctima la persona que primero denuncia sino aquella que se demuestra su inocencia en la etapa investigativa; y, 3) Ante la existencia de un proceso familiar por la guarda de la menor de edad -víctima-, la mamá de la misma pretende apartarlo mediante la acción penal, logrando tener una guarda total; por consiguiente, en búsqueda de la verdad solicitan que se “declare procedente” la acción de libertad y sea con una llamada de atención a la Jueza ahora accionada.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni presentó informe alguno, pese a su citación cursante de fs. 7 a 8.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10 de 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso se argumentó que la Jueza ahora accionada incumplió los plazos procesales para remitir el recurso de apelación correspondiente, lo cual vulnera los derechos del accionante; por lo que, presentó esta acción de defensa en su modalidad de pronto despacho con la finalidad de que dicha remisión sea cumplida; ii) De la revisión de obrados, es evidente que existe el Auto -601/22 de 22 de igual mes y año-, mediante la cual la Jueza hoy accionada rechazó in limine un incidente de actividad procesal defectuosa; en consecuencia, el accionante formuló recurso de apelación el 23 del citado mes y año, el cual se encuentra ya sorteado a la respectiva Sala Penal; por lo que, al incumplirse con la remisión se vulneró el derecho al debido proceso relacionado con el derecho a la libertad, más aún si aparentemente se encontraría con mandamiento de aprehensión; iii) Se constata que ante la presentación del recurso de apelación incidental la Jueza ahora accionada lo decretó el mismo día; sin embargo, no fue remitido en el plazo de veinticuatro horas previsto por ley. En ese sentido, la SCP 0463/2018-S2 de 27 de agosto, estableció una flexibilización en el cumplimiento del plazo de remisión en casos de apelación de medidas cautelares, considerando la verdad material, la carga procesal del juzgado, si se encuentra en suplencia legal, vacaciones o cualquier otro aspecto que justifique una demora razonable que impida cumplir ese plazo procesal; y, iv) En aplicación de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la demora en la remisión del recurso de apelación fue de cuatro días, descontando sábado y domingo; sin embargo, la remisión ya fue efectuada; en consecuencia, que la demora se encuentra dentro de un término razonable tomando en cuenta la carga procesal del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; por consiguiente, no se produjo una vulneración evidente al derecho a la libertad, más aun tomando en cuenta que el accionante no se encuentra detenido preventivamente, si no que aparentemente existiría un mandamiento de aprehensión, que revisados los datos del proceso no se advierte el mismo ni tampoco fue adjuntado por el accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, ante María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, Richard Velásquez León -hoy accionante- formuló recurso de apelación incidental contra el Auto -601/22 de 22 de igual mes y año-, por el que se rechazó in limine el incidente de excepción por defectos absolutos (fs. 11 y vta.); mereciendo en respuesta el decreto de 23 de dicho mes y año, mediante el cual la Jueza ahora accionada dispuso que se remitan copias legalizadas de las actuaciones a la Sala Penal de turno para resolver el recurso interpuesto (fs. 12). II.2. Cursa oficio 4008/2022 de 30 de agosto, mediante el cual la Jueza ahora accionada remitió el cuaderno procesal en original, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante, correspondiente al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto -601/22 de 22 de igual mes de 2022- (fs. 22), constando el sello de recepción de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de 30 del indicado mes y año, a las 09:30 horas (fs. 22 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto -601/22 de 22 de agosto de 2022-, en el plazo de veinticuatro horas previsto por ley, manifestando que existiría un mandamiento de aprehensión en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El recurso de apelación incidental

La SCP 0348/2024-S1 de 22 de julio, estableció que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2021-S1 de 18 de agosto, retirada por la SCP 1128/2023-S1 de 20 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento:

La apelación incidental, se concibe como un recurso para resolver incidentes, por ello, tienen un trámite sumario, pronto y efectivo, lo que conlleva a que interpuesto y admitido este recurso, se abra la competencia del Tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo.

En ese ámbito, es el Código de Procedimiento Penal que en sus arts. 403 al 406, regula la apelación incidental, inicialmente en el art. 403 se establece un catálogo de las resoluciones apelables y en el art. 404 se determina la oportunidad y forma de interposición del recurso de la siguiente manera: Artículo 404. (Interposición). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente.

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.

En la interpretación de esta norma se debe tener presente que el derecho a recurrir admite el disenso con los fallos y permite a una autoridad de jerarquía superior evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada por la autoridad competente de menor jerarquía, con el fin de garantizar un acceso irrestricto a la justicia. De la lectura del artículo referido podemos advertir que la norma genera dos supuestos en la impugnación: a) Cuando la resolución se dicta en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral, lo que implica que por esa inmediatez el recurso debe interponerse en el misma audiencia, y debe existir una continuidad entre la emisión del fallo y la interposición del recurso debido a que las partes son notificadas con la propia emisión de la resolución; entendiendo que en este supuesto predomina la oralidad e inmediación, la fundamentación la podrá realizar en la audiencia de apelación incidental en la cual incluso podrá ofrecer prueba; y, b) En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente; se trata de un trámite distinto en el que se requiere que el planteamiento de la apelación sea debidamente fundamentado. La interpretación descrita, no es una interpretación aislada, sino que ha sido asumida por todas las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional así podemos hacer referencia a la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, SCP 1184/2022-S3 de 15 de septiembre y SCP 0494/2022-S4 de 6 de junio.

El art. 405 del CPP modificado por la Ley 1173 establece cuál la labor del Juez para remitir el expediente al Tribunal superior y señala:

Artículo 405. (Remisión). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva. Observando siempre que el derecho a recurrir, persigue la finalidad de permitir que las resoluciones pronunciadas por el inferior sean revisadas por una autoridad de superior jerarquía al que la emitió, así como proteger el derecho a la defensa, el juez o tribunal que emitió la resolución apelada, tiene la obligación de remitir las actuaciones ante el Tribunal de alzada en el plazo de 24 horas, no pudiendo pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso. El art. 406 de CPP, establece el trámite que se debe seguir por el tribunal de apelación: Artículo 406. (Trámite). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código. Esta normativa ratifica la interpretación efectuada ut supra del art. 404 del CPP al indicar que una vez recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito; es decir de forma literal reconoce los dos supuestos o formas de presentación del recurso de apelación incidental y sus diferencias entre ambos” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto -601/22 de 22 de agosto de 2022-, en el plazo de veinticuatro horas previsto por ley, manifestando que existiría un mandamiento de aprehensión en su contra.

De la revisión de los antecedentes se tiene que a través del memorial presentado el 23 de agosto de 2022, ante la Jueza -ahora accionada-, el accionante formuló recurso de apelación incidental contra el Auto -601/22 de 22 de igual mes y año-, por el que se rechazó in limine el incidente de excepción por defectos absolutos; mereciendo en respuesta el decreto de 23 de dicho mes y año, mediante el cual la Jueza ahora accionada dispuso que se remitan copias legalizadas de las actuaciones a la Sala Penal de turno para resolver el recurso interpuesto (Conclusión II.1.). Posteriormente, mediante oficio 4008/2022 de 30 de agosto, por el cual la Jueza ahora accionada remitió el cuaderno procesal en original, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante, correspondiente al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto -601/22 de 22 de igual mes de 2022-, constando el sello de recepción de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de 30 de agosto de 2022, a las 09:30 horas (Conclusión II.2.). Ahora bien, establecidos los antecedentes procesales, de conformidad con la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el recurso de apelación incidental, previsto en los arts. 403 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), se encuentra configurado como un medio de impugnación destinado a resolver incidentes, motivo por el que presenta un trámite sumario, pronto y efectivo que tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia, así como la protección de los derechos a recurrir, a la defensa y por ende al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, entre otros; en ese sentido, es que el Juez o Tribunal que emitió la resolución impugnada tiene la obligación de remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro (24) horas como se tiene establecido en el art. 405 dicha norma procesal. Bajo ese contexto jurisprudencial se tiene que el accionante a través de su representante legal denuncia que el 23 de agosto de 2022 interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto -601/22 de 22 de igual mes y año- que rechazó in limine el incidente de excepción por defectos absolutos; en consecuencia, la Jueza ahora accionada por decreto de igual fecha dispuso la remisión de obrados (fs. 12); sin embargo, dicha remisión fue efectiva recién el 30 de ese mes y año, incumpliendo de esta manera el plazo de veinticuatro (24) horas previsto por el art. 405 del CPP; por lo tanto, ocasionó una dilación indebida en la tramitación del indicado recurso, vulnerando el derecho del accionante al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, que tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial o administrativo se desarrolle sin dilaciones y se acaten los plazos establecidos en la normativa. Con relación a la flexibilidad del plazo de tres días para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en situaciones justificadas, mencionada por el Tribunal de garantías, se observa que la Jueza ahora accionada remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante fuera de ese plazo, además no presentó su informe, ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa; por lo tanto, se desconocen las razones que motivaron la demora en esa remisión. No obstante lo señalado, es preciso mencionar que el reclamo principal de la presente acción de defensa radica en la falta de remisión de los antecedentes referentes al recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante el 23 de agosto de 2022; sin embargo, como cursa en antecedentes se tiene señalado, la remisión extrañada efectuada recién el 30 de igual mes y año; lo cual conllevaría a entender que se cumplió con la pretensión reclamada en esta acción tutelar y que el objeto de la misma hubiese desaparecido; empero, esa remisión no desvirtúa la existencia de la dilación por parte de la Jueza ahora accionada como se tiene establecido, razón por la que corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial mencionado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho al debido proceso del accionante en su elemento de celeridad. Por último, en cuanto a la denuncia de la existencia de un mandamiento de aprehensión contra el accionante, esta no puede ser verificada. Como señaló correctamente el Tribunal de garantías, dicho documento no figura en los antecedentes; además, el accionante no adjuntó una copia del mismo en esta acción tutelar para respaldar su denuncia; por lo que, no corresponde emitir criterio alguno. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10 de 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa. 2º Se exhorta a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en futuras situaciones similares actúe de forma diligente, evitando incurrir en dilaciones indebidas, sea en cumplimiento de la jurisprudencia y los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0095_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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