Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de marzo de 2025
Concede la tutela
Los accionantes consideran lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, la autoridad demandada no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada dentro del plazo legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° CONFIRMAR la Resolución 235/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Sala Constitucional; y, 2° Llamar la atención a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a objeto que en futuros casos observe y adecue sus actuaciones conforme a procedimiento para evitar dilaciones injustificadas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0091/2025-S3 Sucre, 18 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50308-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 235/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Simonina Elvira Huallpara Aquino y Eulogio Huallpara Aquino contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 4 a 6, los accionantes manifestaron que:
El 23 de agosto de 2022, se llevó adelante la audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa en contra de la Imputación Formal 03/2022 de 31 de marzo, que formuló Juana Fidela Gómez Nolasco, Fiscal de Materia; donde el Juez demandado resolvió rechazar el referido incidente, resolución que fue apelado en audiencia en el marco del art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada y encontrándose aún en su despacho; y, ante la consulta realizada a la Secretaria abogada, manifestó que no se daría curso por que no hubieran provisto recaudos para fotocopias; hecho que consideraron violatorio a sus derechos constitucionales, por ello plantearon acción de libertad traslativa o de pronto despacho, porque sus libertades están en riesgo ante señalamiento de audiencia de medidas cautelares.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I, 24 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado en el plazo de veinticuatro horas, remita el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia pública el 31 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogada, en audiencia de garantías ratificaron los argumentos expuestos en su demanda tutelar; y ampliándola señalaron que: a) Solicitó incorporar a la presente acción de libertad a Eulogio Huallpara Aquino; b) En su defensa ambos hermanos -hoy impetrantes de tutela-presentaron incidente de actividad procesal defectuosa ante la autoridad demandada; y, tras varias suspensiones de audiencias, el 23 de agosto de 2022, se desarrolló la referida audiencia, donde resolvió denegar el referido incidente; c) Conforme a los arts. 403.2 concordante con el 404 del CPP., modificado por la Ley 1173, plantearon recurso de apelación, asentado el acta de audiencia y respecto a la apelación plateada, se dispuso cumplir con el art. 102 del CPP, normativa inaplicable que no corresponde a la tramitación del incidente; y, d) El Juez demandado habiendo transcurrido cinco días desde la audiencia de 23 de agosto, no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, violentando los plazos procesales y poniendo en riesgo sus libertades debido a que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva como medida cautelar.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de garantías; ni presento informe escrito alguno, pese a su legal notificación, cursante a fs. 8 y 9; asimismo, no remitió el cuaderno de control jurisdiccional.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 235/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 13 a 16, concedió la tutela solicitada, disponiendo remitir los antecedentes del recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas con base en los siguientes fundamentos: 1) La tipología de la acción de libertad de pronto despacho, se aplican al planteamiento de incidente hasta una modificación de medida cautelar, siendo que los mismos incumben al derecho a la libertad, y su amenaza o restricción; las autoridades judiciales deberían atender con prontitud y en los plazos que señala la norma procesal penal, citó la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre; 2) El Juez -ahora demandado-, en audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa desarrollado el 23 de agosto de 2022, luego de considerar los fundamentos resolvió denegar el referido incidente; 3) Los accionantes luego de realizar su fundamentación de agravios interpusieron recurso de apelación ante la autoridad demandada, conforme a los arts. 403.2 concordantes con el 404 del CPP, modificado por la Ley 1173; y, 4) El Juez demandado, debió remitir el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, tomando en cuenta la carga procesal, a efectos de no perder el control jurisdiccional que exige el art. 279 del CPP, cuando de por medio se encuentra en riesgo la activación de una medida cautelar o la posible amenaza de restricción a la libertad de los accionantes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Disco Compacto (CD) de grabación de la audiencia de 23 de agosto de 2022, donde los accionantes conforme a los arts. 403.2 concordantes con el 404 del CPP, modificado por la Ley 1173, interpusieron recurso de apelación ante la autoridad demandada, disponiendo el cumplimiento del art. 102 del citado Código (fs. 3).
Los accionantes consideran lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, la autoridad demandada no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada dentro del plazo legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre la temática, la SCP 0578/2024-S2 de 10 septiembre, señalo que: […la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que: «El art. 180.I de la CPE señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Asimismo, el art. 178.I de la Ley Fundamental, sostuvo que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. El art. 115.II de la citada Norma Suprema determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; con relación a ello, la SCP 0098/2021-S2 de 7 de mayo, concluyó que: “…la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, toda vez que las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La jurisprudencia constitucional, a través de las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras, refiriéndose al principio de celeridad, con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente ’”»] (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0760/2024-S3 de 4 de septiembre, estableció que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, estableció que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas son nuestras).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Juez demandado no remitió al Tribunal de alzada el cuaderno de apelación; asimismo manifestaron que sus libertades están en riesgo ante señalamiento de audiencia de medidas cautelares. De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; el principio de celeridad impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata; en este caso si bien el Juez demandado, sustento que la apelación planteada cumpla con el art. 102 del CPP, esta normativa es impertinente dado que regula el número de defensores que pueden asistir en la defensa técnica del imputado, además no le faculta a dilatar injustificadamente la tramitación del recurso de apelación, más aún cuando el cuaderno de control jurisdiccional aún se encontraba en su despacho; habiendo transcurrido cinco días desde la audiencia de 23 de agosto de 2022, sin que haya remitido el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada en los plazos previstos del art. 404 del CPP, modificado por la Ley 1173; la dilación del referido trámite de apelación es inadmisible máxime cuando el mismo está relacionado con la eventual restricción de la libertad de los accionantes ante la solicitud de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva por parte del Ministerio Público. En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir cuando exista dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° CONFIRMAR la Resolución 235/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Sala Constitucional; y, 2° Llamar la atención a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a objeto que en futuros casos observe y adecue sus actuaciones conforme a procedimiento para evitar dilaciones injustificadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0091_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4518433db3b0c869ef6a72a946944927a9fbe72367c9461095d697a254f2f3d8
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