Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de marzo de 2023
Concede la tutela
El demandante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, defensa y libertad, toda vez el Juez demandado en suplencia legal de su similar de Sica Sica no celebró la audiencia programada para el 11 de noviembre de 2021 para la consideración y resolución de su petición de cesación a la detención preventiva, menos reprogramó la audiencia fijada hasta la presentación de esta demanda tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs., 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0091/2023-S1 Sucre, 27 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44292-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 41/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Avelino Muriel Orellana contra José Luis Choque Navía, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica, ambos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante, expuso los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos relacionados con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008) -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2021 solicitó cesación a la detención preventiva ante lo cual, el Juez ahora demandado fijo audiencia para el 11 del mismo mes y año; a horas 11:30 a.m.; sin embargo, esta fue suspendida porque la autoridad jurisdiccional demandada no convocó para la realización del acto procesal fijado menos reprogramó la audiencia fijada, causando retardación de justicia, sin tomar en cuenta que se encuentra con detención preventiva.
Alega como vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa y libertad; citando al efecto, los arts. 8, 115.I, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga que la autoridad jurisdiccional demandada en el día señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva conforme lo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y sea dentro del plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad el 16 de noviembre de 2021, conforme consta en el acta de audiencia cursante a fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante por intermedio de su abogado refirió lo siguiente: a) Guarda detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, como consecuencia de la Resolución 0136/2021 de 13 de agosto, considerando la naturaleza revisable de las medidas cautelares presentó “el 3 de noviembre de 2021 a horas 14:00” (sic) una solicitud de cesación a su detención preventiva esto amparado en el art. 239. 1. 2 y 5 del CPP, señalándose audiencia para el 8 de noviembre del mismo año a horas 16:00 vía virtual; sin embargo, no se instaló la audiencia hasta el momento de presentar la presente acción de libertad ni cuenta con la reprogramación de fecha para su celebración; y, b) No es justificativo válido que la referida autoridad se encuentra en suplencia legal y el desconocimiento de los antecedentes.
José Luis Choque Navía, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica, ambos del departamento de La Paz. mediante informe escrito cursante a fs. 12 señala: 1) La presente demanda tutelar se interpuso en su contra en su condición de Juez suplente de su similar de Sica Sica, cuando recién fue designado en suplencia legal el 11 de noviembre de 2021 a horas 8:55; es decir, en la misma fecha de la audiencia suspendida por lo que desconoce las incidencias del proceso penal iniciado contra el hoy accionante; asimismo, le fue materialmente imposible asistir a la audiencia fijada por lo que instruyó a la Secretaria que comunique a las partes dicha circunstancia; y, 2) No es evidente la vulneración de los derechos alegados por el accionante, a quien no conoce y menos su expediente por lo que pide se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 41/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs., 15 a 16, concedió la tutela solicitada, y dispuso que el Juez hoy demandado dentro el plazo de veinticuatro horas señale y celebre indefectiblemente la audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva de Avelino Muriel Orellana ahora demandante de tutela bajo los siguientes fundamentos: i) El informe resulta incriminatorio para el demandado debido a que señala que no le dio tratamiento debido y prioritario a un privado de libertad, lo cual afectó los derechos invocados en la presente acción de libertad; y, ii) La autoridad jurisdiccional debe habilitar horas extraordinarias con la finalidad de cumplir el plazo de cuarenta y ocho horas que señala la Ley 1173 para resolver la solicitud de cesación la detención preventiva.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado por Avelino Muriel Orellana –hoy accionante- el 3 de noviembre de 2021 a horas 14:00 por el que solicitó al Juez de Instrucción Penal de la localidad de Sica Sica, señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva (fs. 2). II.2 Mediante providencia de 4 de noviembre de 2021, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal de Sica Sica, señaló audiencia para el día lunes 8 de noviembre de 2021 a horas 16:00 para consideración de cesación a la detención preventiva solicitada (fs. 3).
El demandante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, defensa y libertad, toda vez el Juez demandado en suplencia legal de su similar de Sica Sica no celebró la audiencia programada para el 11 de noviembre de 2021 para la consideración y resolución de su petición de cesación a la detención preventiva, menos reprogramó la audiencia fijada hasta la presentación de esta demanda tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0816/2019-S2 de 11 de septiembre recopiló los entendimientos jurisprudenciales sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las demoras injustificadas en los trámites de los privados de libertad, señalando que:
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud.
En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho 1El FJ III.1, establece: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. 2El FJ III.2, refiere: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”. 3El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
-ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad.
Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas.
Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ); pues, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.
La problemática traída en revisión por el ahora accionante refiere a que el Juez hoy accionado si bien señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 11 de noviembre de 2021, esta fue suspendida sin previa convocatoria a las partes ni fue objeto de reprogramación de audiencia hasta la presentación de esta acción de libertad. De los antecedentes del proceso descritos en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que previa solicitud del impetrante de tutela, se señaló audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, para el 8 de noviembre de 2021 a horas 16:00 que no se realizó conforme refiere el accionante, por lo que, reiteró su petición el 9 del mismo mes y año, fijándose la celebración de dicho acto procesal para el 11 del mes y año referidos. Ahora bien, de lo señalado por el Juez hoy demandado, fue designado en suplencia legal el mismo 11 de noviembre de 2021, a horas 8:55 poniendo en conocimiento dicho aspecto a la secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica a efecto que la parte impetrante de tutela solicite reprogramación de audiencia de cesación. De los antecedentes descritos se evidencia que los motivos presentados inicialmente justifican la suspensión de audiencia ordenada por qué dicha suplencia legal fue comunicada a la autoridad accionada el mismo día del acto fijado; sin embargo, en dicho marco debió determinar de manera inmediata el nuevo señalamiento dentro el plazo establecido por el art. 239 del CPP -cuarenta y ocho horas-, al no obrar de ese modo el Juez demandado no consideró el principio de celeridad previsto en el art. 178 de la CPE, que se constituye en un principio rector de la administración de justicia. Más aun cuando el hoy accionante se encuentra privado de libertad, caso en el cual se debe tomar en cuenta los entendimientos señalados en la acción de libertad de pronto despacho y las dilaciones indebidas que fue glosado en el Fundamento Jurídico III. 1 de este fallo constitucional, y que en partes salientes señala que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provoca una restricción indebida del citado derecho; como aconteció en el caso presente, correspondiendo conceder la tutela impetrada. Lo que no implica que necesariamente se deba conceder lo solicitado, ya que eso dependerá de circunstancias y pruebas presentadas por las partes ante la autoridad jurisdiccional; debido a que la lesión del derecho está en la demora de llevar a cabo la audiencia y no resolver lo solicitado en los términos que la ley señala. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta, aunque con otro fundamento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs., 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
4 El FJ III.3, establece: “Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados es posible concluir, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”.
5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0091_2023-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): cd960ac28946f51080c3c8598d9061895b46925c9e54efd8f7bc90649eb406ce
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