Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026
Concede la tutela
La accionante a través de la presente acción de defensa, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y, en audiencia de su situación jurídica de 24 de abril de 2023, se dispuso ampliar su detención preventiva por cuarenta días, a través de su defensa interpuso recurso de apelación; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa -10 de mayo del citado año- dicha remisión no se hizo efectiva ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 38/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión de la apelación por ya haberse producido la misma. 2º Se llama la atención a la autoridad demandada, por la dilación en la que ha incurrido, con la advertencia de que en caso de reiterarse esta conducta se remitirá antecedentes ante el escalafón judicial.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2026-S3 Sucre, 03 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56120-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 38/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Robles Calderon en representación sin mandato de Nieves Marina Cuentas Gonzáles contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal, Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 2 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, señaló lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión del delito de trata de personas, el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el 19 de octubre de 2022, emitió el Auto Interlocutorio 387/2022; mediante el cual, dispuso su detención preventiva por el plazo de cinco meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, y fijó audiencia de control de su situación jurídica para el 19 de marzo de 2023; dicha audiencia no se llevó a cabo en la fecha señalada debido a que fue suspendida en más de tres oportunidades por inasistencia del Ministerio Público. Finalmente, el 24 de abril de 2023, se llevó a cabo la audiencia de control de su situación jurídica; en la cual, se emitió un nuevo Auto Interlocutorio que amplió su detención preventiva por cuarenta días, Resolución que fue apelada; sin embargo, –se entiende que a la fecha de interposición de la presente acción de defensa– no se tiene antecedentes de la remisión del cuaderno procesal al superior en grado.
Si bien no señaló derecho vulnerado, del memorial de interposición de la presente acción de defensa se tiene que es el derecho a la libertad.
Solicitó la tutela impetrada por sus derechos vulnerados; y, en consecuencia, se ordene la remisión de la apelación presentada en audiencia de 24 de abril de 2023, al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El abogado de la accionante no se conectó a la audiencia virtual de acción de libertad; y la impetrante de tutela por su parte tuvo dificultad en la conexión a la audiencia virtual, pues no prendió su cámara ni se identificó como Nieves Marina Cuentas Gonzales, no habiendo certeza de quien ingresó a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa.
Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 15 y vta., manifestó lo siguiente: a) La acción de libertad interpuesta se basó en la falta de remisión de la apelación interpuesta por la parte accionante; asimismo, indicó que es de responsabilidad exclusiva del Secretario Abogado del despacho judicial; quien al ser consultado, de forma verbal informó que la parte recurrente no cumplió con los recaudos de ley para la conformación del legajo de apelación; y, b) No obstante, al presente, se cumplió con la remisión del legajo de apelación de la ahora accionante ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en fecha 11 de mayo de 2023 conforme se puede evidenciar en las copias legalizadas del oficio de remisión.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 38/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 17 a 20, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0168/2019-S1 de 26 de abril, haciendo referencia a la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, estableció que, cuando los hechos denunciados cesaron y desaparecieron los supuestos que motivaron la acción, torna innecesario un pronunciamiento sobre el fondo; correspondiendo, denegar la tutela solicitada; toda vez que, el petitorio como pretensión deviene en insubsistente por sustracción del objeto procesal; y, 2) La accionante a través de la presente acción de defensa, denunció que por Auto Interlocutorio 176/2023 de 24 de abril se amplió su detención preventiva por cuarenta días; frente a lo cual, interpuso recurso de apelación, sin que la misma haya sido remitida ante el Tribunal de alzada; la autoridad demandada por su parte, refirió que, la apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio antes mencionado, ya fue remitido al Tribunal ad quem, el 11 de mayo de 2023 a horas 12:00, lo cual se puede corroborar en el cuaderno de control jurisdiccional, aspecto que hace ver que los actos alegados como lesivos han desaparecido, configurándose la sustracción de materia conforme a lo que establece la SCP 0168/2019-S1.
Mediante acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Así mismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergentes de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. La Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 176/2023 de 24 de abril, dispuso ampliar la detención preventiva de la ahora accionante por el plazo de cuarenta días; decisión que fue apelada en la misma audiencia por la defensa de la solicitante de tutela; por lo que, la Jueza de la causa dispuso la remisión de antecedentes ante el superior en grado (fs. 13 a 14). II.2. Consta nota de remisión de expediente, de 11 de mayo de 2023, elaborada por el Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, dirigida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual cuenta con sello de recepción de igual fecha a horas 12:00 (fs. 7 y vta.). II.3. Cursa notificación con la presente acción de tutela a la Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, hoy demandada, efectuada a horas. 12:04 del 10 de mayo del 2023 (fs. 04).
La accionante a través de la presente acción de defensa, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y, en audiencia de su situación jurídica de 24 de abril de 2023, se dispuso ampliar su detención preventiva por cuarenta días, a través de su defensa interpuso recurso de apelación; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa -10 de mayo del citado año- dicha remisión no se hizo efectiva ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El rol del juez en cualquier proceso judicial es fundamental para la administración de justicia, su función se centra en garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera justa, eficiente y conforme a la ley, al respecto la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, refiriéndose al principio de dirección del proceso, concluyó lo siguiente:
[Al] respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso.
La impetrante de tutela, denuncia que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 176/2023 que dispuso ampliar su detención preventiva por cuarenta días más; hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad demandada no remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de alzada. Antes de ingresar al examen de fondo, cabe precisar que de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, la notificación a la jueza demandada con la presente acción de tutela, se produjo a horas. 18:04 del 10 de mayo del 2023 (Conclusión II.3); y, asimismo, la remisión del testimonio de apelación se materializó a horas. 12:00 del 11 de mayo del 2023 (Concusión II.2); es decir la remisión extrañada, se ha cumplido después de la notificación con esta acción de libertad, razón por la cual no es posible aplicar el entendimiento jurisprudencial relativo a la pérdida de objeto o sustracción de materia a la que se refiere la SCPA 0004/2026 de 3La citada Sentencia en su fundamentación jurídica establece que “Mediante el principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (Bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora). Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una autoridad dinámica y no en un simple ‘convidado de piedra’’. Recogiendo este postulado, la Constitución Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8, referido a las garantías judiciales, dispone: ‘1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...’. Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: ‘…el juez o tribunal, de oficio a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando está de por medio la libertad.
25 de febrero, que establece que “…procede la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en acción de libertad, antes de consolidarse el contradictorio constitucional o frente al desistimiento y/o retiro de la acción constitucional; y, una eventual tutela será ineficaz que se presenta cuando: - La lesión al derecho y/o garantía cesó antes de la notificación con el Auto de Admisión de la acción de libertad.” (el resaltado es añadido). Consecuentemente, corresponde ingresar al examen de fondo. Ahora bien, de lo manifestado por las partes y los antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la ahora accionante por la presunta comisión del delito de trata de personas, el 19 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, actuado procesal en el cual el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 387/2022, a través del cual dispuso su detención preventiva por el plazo de cinco meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Más adelante, el 24 de abril de 2023, se llevó a cabo la audiencia de control de la situación jurídica de la impetrante de tutela; actuado procesal en el cual la Jueza de la causa mediante Auto Interlocutorio 176/2023, dispuso ampliar su detención preventiva por cuarenta días; resolución que fue apelada en la misma audiencia, frente a lo cual la autoridad demandada dispuso la remisión de antecedentes ante el superior en grado (Conclusión II.1). Asimismo, se tiene la nota de remisión del cuaderno procesal efectuada el 11 de mayo de 2023 a horas 12:00, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tal cual consta en el sello de recepción (Conclusión II.2). Conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos legales establecidos, pues no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; así el recurso de apelación contra la resolución que disponga la aplicación, modificación o rechazo de una medida cautelar, debe ser tramitado en observancia de lo dispuesto por el art. 251 del Código Procesal Penal; por lo que, su remisión ante el Tribunal de alzada debe efectivizarse en el plazo de veinticuatro horas de interpuesto el recurso, y una vez recibida la misma, debe ser resuelta sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.
En base a lo antes mencionado, se evidencia que si bien se tiene que a tiempo de celebrarse la audiencia de consideración de la presente acción tutelar –11 de mayo de 2023 a horas 17:40–, ya se había efectivizado la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada en igual fecha a horas 12:00; ello no impide que este Tribunal se pronuncie respecto a lo obrado por la Jueza demandada, quien dilató el envío de la apelación incidental, desconociendo su obligación de efectivizar la remisión con la mayor celeridad posible; toda vez que, de antecedentes se tiene que dicho recurso fue interpuesto por la defensa de la accionante el 24 de abril del citado año; sin embargo, la remisión de obrados ante Tribunal de alzada se hizo efectiva recién el 11 de mayo de igual año; es decir, a más de quince días después de haber sido interpuesto el mismo, demora indebida que vulneró el derecho a la libertad de la impetrante de tutela, en el entendido que la ampliación de la detención preventiva de la accionante, dependía de la ponderación que efectúe el Tribunal de alzada de los antecedentes de la apelación incidental para disponer su revocatoria o confirmación.
Por otra parte, con relación a lo sostenido por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, en sentido de que la remisión de la apelación era de exclusiva y entera responsabilidad del Secretario Abogado del Juzgado, es preciso recordar que conforme lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, dicha autoridad jurisdiccional, en su calidad de director del proceso tiene a su cargo, el control sobre el personal subalterno; y por lo mismo, le correspondía controlar que la remisión del recurso de apelación incidental hubiera sido materializado; y en el caso presente, no se evidencia ninguna llamada de atención que hubiese emitido contra el citado funcionario más aun considerando que la remisión de la apelación se hizo más de quince días después de haber sido interpuesto el mismo. En consecuencia, corresponde conceder la tutela, sin disponer la remisión, en razón de haberse producido la misma como efecto de la activación de esta acción de tutela; empero con llamada de atención. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 38/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión de la apelación por ya haberse producido la misma. 2º Se llama la atención a la autoridad demandada, por la dilación en la que ha incurrido, con la advertencia de que en caso de reiterarse esta conducta se remitirá antecedentes ante el escalafón judicial. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
2 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): fbfb939436fc185f0efd2e7067f17641ec9f39c3d2a229d4ea9d1f48edabc754
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