Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de mayo de 2024
Concede la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, debido proceso y a la salud; toda vez que, el Juez ahora demandado en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no resolvió hasta el presente la solicitud de modificación o cesación a la detención domiciliaria ni otorgó salida judicial para su atención médica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; c) La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad; d) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; y, e) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi en suplencia legal de su similar de Caranavi; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi, todos del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo lo siguiente:
1) El Juez demandado o la autoridad jurisdiccional que ejerza el cargo de Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas señale día y hora para resolver la solicitud de cesación o modificación de la medida cautelar presentada por el accionante, siempre y cuando a la fecha aún no se haya resuelto dicha petición, obteniendo copias legalizadas del cuaderno remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Caranavi del referido departamento, para que una vez emitida la resolución que correspondiere, sean acumulados ante la autoridad jurisdiccional donde se encuentra radicada la causa; y,
2) La señalada autoridad jurisdiccional, en el plazo de veinticuatro horas inmediatamente de haber sido notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ordene se oficie la salida médica del demandante de tutela, así como la valoración de su estado de salud en la Clínica solicitada; siempre y cuando por el transcurso del tiempo esta atención no se hubiese realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2024-S1 Sucre, 2 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47807-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martha Magdalena Argote en representación sin mandato de Nelson Cauna Mamani contra Gregorio Merlo Chura, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi, ambos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, se encuentra con detención domiciliaria; toda vez que, mediante “Auto Interlocutorio 376/2020-P de 28 de octubre de 2021” (sic), emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, se dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria que fue agravada por Auto Interlocutorio 54/2022-P de 4 de febrero, al fijarse una fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) que es de imposible cumplimiento y que en audiencia celebrada el 12 de abril del mismo año no pudo ser modificada.
Debido a que el proceso penal no fue radicado aún por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; no obstante, la presentación de la acusación fiscal; el 18 de abril de 2022 dio a conocer su memorial de retiro del recurso de apelación incidental interpuesto, y pidió la modificación de las medidas cautelares impuestas, además de salida judicial a los fines de que sea atendido por la especialidad de psiquiatría ante el Juez hoy demandado en suplencia legal; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de libertad no se pronunció al respecto vulnerando sus derechos e incumpliendo el principio de celeridad. Asimismo, se debe considerar que el informe psicológico es categórico al señalar que no se encuentra con la capacidad mental y actitudinal plena; en consecuencia, carece de idoneidad para tomar decisiones; por otra parte, la certificación de psiquiatría demuestra el grado de discapacidad del impetrante de tutela, por lo que la falta de atención y resolución de la solicitud de modificación de medidas cautelares y salida médica, agrava la situación de salud en la que se encuentra.
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos a la vida, a la libertad, debido proceso y a la salud; citando al efecto los arts. 13.I, 15, 18, 22, 23.I, 37 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga se resuelva inmediatamente su petición de salida médica y modificación de medidas cautelares.
Celebrada la audiencia el 22 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 18 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su defensa técnica, ratificó el contenido de su demanda tutelar, y ampliándola manifestó: a) De manera virtual se envió un memorial adjuntando un certificado médico que señala que el accionante tiene un diagnóstico de “'trastorno de personalidad a DC' 'Síndrome depresivo a DC' 'impétigo' tiene una afección dermatológica que es una enfermedad infecto contagiosa, que necesita una atención especializada y con medicamentos” (sic), documentos que no fueron considerados por la autoridad ahora demandada quien conoció el memorial de 18 de abril de 2022; b) Minutos antes de acceder a la audiencia tutelar se enteró del decreto de 19 de igual mes y año emitido por el Juez demandado, en el que se evidencia que se le concedió la salida médica; por lo que se da por retirado el recurso de apelación incidental, pero no se notificó con la disposición de señalamiento de día y hora de medidas cautelares, lo que vulnera el debido proceso; y, c) Mientras no curse la radicatoria del proceso penal dispuesta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, el Juez de control jurisdiccional es el competente para conocer y resolver la petición invocada en la presente acción de libertad; razón por la que pide se conceda la tutela en su modalidad de pronto despacho para que se fije día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares. Ante la solicitud de aclaración efectuada por el Tribunal de garantías, el impetrante de tutela refirió que con la providencia de 19 de abril de 2022 se le notificó minutos antes de ingresar a la audiencia tutelar; concretamente el viernes 22 del referido mes y año, en la cual se autoriza el retiro del recurso de apelación incidental interpuesto y la salida médica impetrada, de lo cual se entiende que aún tiene competencia la autoridad jurisdiccional para resolver su situación jurídica.
Gregorio Merlo Chura, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi, ambos del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 14, señalando que: 1) En el ejercicio de suplencia legal del citado Juzgado, sucedido desde el 18 al 20 de abril de 2022, resolvió todos los memoriales presentados en esos tres días; además de la celebración de dos audiencias de consideración de medidas cautelares, precisándose que el 21 del mismo mes y año se apersonó al dicho Juzgado a decretar los que faltaban; y, 2) No se le enviaron los antecedentes de la presente acción tutelar; empero, durante la suplencia legal cumplió con todos los actuados que ingresaron al referido despacho judicial.
Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria Abogada del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 9 vta. Eduardo Aramayo Maguiña, Secretario Abogado del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Caranavi del departamento de La Paz, informó en la audiencia tutelar que la causa penal seguida contra el hoy accionante se encuentra remitida en “…el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar de Caranavi…” (sic).
El Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar de Caranavi, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 30, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el pedido de modificación de medidas cautelares sea atendida por la autoridad demandada de forma oportuna, debiendo señalarse audiencia conforme al art. 239 del CPP de acuerdo a lo impetrado en el memorial de 21 de abril de 2021 por el accionante; asimismo, que antes de la remisión de los antecedentes del “Tribunal de Sentencia” (sic), deberá atenderse todas las solicitudes realizadas con anterioridad a la acción de libertad y las emergentes; y denegó la tutela impetrada, respecto a la salida judicial médica para los días 19 y 20 del precitado mes y año por haberse ya ordenado, con la aclaración que la misma no fue notificada oportunamente, bajo los siguientes fundamentos: i) De las pruebas arrimadas a la acción de libertad, se tiene el oficio de 19 de abril de 2022, por el cual se remitió el cuaderno de control jurisdiccional en originales a fs. 642 del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la referida localidad y departamento, siendo recepcionado el 21 del mismo mes y año a horas 09:00; ii) Es evidente que el impetrante de tutela retiró el recurso de apelación incidental formulado y pidió modificación de las medidas cautelares así como salida médica; por su parte, la autoridad demandada informó que su suplencia legal fue del 18 al 20 de abril de 2022; por lo que la solicitud de modificación a las medidas cautelares precisamente ingresó el 18 del mismo mes y año, siendo esa autoridad quien debió haber dado respuesta a dicho memorial de forma inmediata y oportuna; iii) Por diligencia de notificación realizada el día de hoy a las 08:46, recién se pone en conocimiento del accionante la providencia de 19 de abril de 2022, en la que se otorga la salida judicial, dándose así una respuesta extemporánea; iv) Con relación al pedido de modificación de medidas cautelares, en el decreto de 19 del referido mes y año, no se compulsó adecuadamente el mismo; toda vez que del informe vertido en audiencia de la presente acción de libertad por el Secretario Abogado en suplencia legal del precitado Tribunal de Caranavi, se tiene que el proceso no llegó a radicarse en dicho Tribunal, y en consecuencia se encuentra en el “Juzgado de Instrucción Penal” (sic) de la mencionada localidad; razón por la que se advierte falta de pronunciamiento en cuanto a esta petición; y, v) Se deniega respecto a la salida judicial; toda vez que por decreto de 19 de similar mes y año se otorgó las mismas para los días 19 y 20 de abril al policonsultorio Los Ángeles, a objeto de realizar los tratamientos médicos que se requieran; sin embargo, esta no fue notificada oportunamente por el personal subalterno a quienes se llama la atención.
II.1. Consta memorial presentado el 18 de abril de 2022 por Nelson Cauna Mamani -hoy accionante- y otro; por el cual retiran el recurso de apelación incidental, y solicitan señalamiento de día y hora de audiencia para modificación de medidas cautelares y en el Otrosí pide autorización para salida médica los días 19 y 20 del mismo mes y año (fs. 11 a 12). II.2. Cursa proveído de 19 de abril de 2022, emitido por la autoridad jurisdiccional -ahora demandada-, que refiere: “Téngase por retirada la apelación a la Resolución 22/2022-P de fecha 12 de abril de 2022, el mismo póngase a conocimiento de las partes. Asimismo, de la lectura del memorial solicitada modificación de medidas cautelares, del informe verbal de la secretaria de despacho judicial la misma indica que los cuadernos fueron remitidos al tribunal de Sentencia la misma deberá hacer considerado por la autoridad que tiene los antecedentes de dicha causa. AL OTROSI 1.- Se concede la salida médica para los días 19 y 20 de abril de 2022 al policonsultorio Los Ángeles, ubicado en la calle Belisario Salinas N° 294, de la ciudad de La Paz, a objeto de realizar tratamientos médicos que requiera…” (sic [fs. 13]).
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, debido proceso y a la salud; toda vez que, el Juez ahora demandado en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no resolvió hasta el presente la solicitud de modificación o cesación a la detención domiciliaria ni otorgó salida judicial para su atención médica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; c) La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad; d) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; y, e) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0176/2018-S2 de 14 de mayo, 0206/2019-S2 de 9 de mayo y 0075/2020-S1 de 17 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-
“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo 1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.
Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 reiterada por la SCP 0705/2021- S1 de 24 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento:
La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el 3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”. 4El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”. 5El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”. 6El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”. 7El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)
….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”. 8El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:
·Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.
Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”. 9El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.
De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”.
los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-Ra lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros].
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y 10El FJ III.2, señala: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.
oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien el art. 239 del CPP vigente dispone cuarenta y ocho horas como plazo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse hasta el último momento para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0006/2019-S2 de 19 de febrero, asumió la sistematización de la línea jurisprudencial siguiente: El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino, que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: i) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente. El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo; empero, también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: a) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; b) Tratándose del derecho a la vida, el solicitante de tutela es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, c) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las Sentencias Constitucionales 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0302/2018-S2 de 28 de junio, consignó la siguiente sistematización de la línea jurisprudencial: La SCP 0257/2012 de 29 de mayo establece que las autoridades judiciales, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, adoptan la posición de garante respecto a la materialización de las condiciones para la salvaguarda de los derechos a la vida y a la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad. En similar sentido, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que de acuerdo al art. 23.I de la CPE, las personas privadas de libertad, si bien sufren temporalmente las limitaciones de la ley; empero, no se convierten en seres sin derechos; en ese marco, gozan del derecho a la salud; el cual, debe ser materializado en los recintos penitenciarios:
Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal.
Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo (la negrillas son añadidas).
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, debido proceso y a la salud; toda vez que, el Juez ahora demandado en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no resolvió hasta el presente su petición de modificación de medidas cautelares ni de salida judicial para su atención médica. Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe referir que si bien de la compulsa del expediente en revisión, se advierte que en obrados cursa la providencia de 19 de abril de 2022 emitida por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, que resuelve las solicitudes impetradas por el hoy accionante, señalando: “Téngase por retirada la apelación a la Resolución 22/2022-P de fecha 12 de abril de 2022, el mismo póngase a conocimiento de las partes. Asimismo, de la lectura del memorial solicitada modificación de medidas cautelares, del informe verbal de la secretaria de despacho judicial la misma indica que los cuadernos fueron remitidos al tribunal de Sentencia la misma deberá hacer considerado por la autoridad que tiene los antecedentes de dicha causa. AL OTROSI 1.- Se concede la salida médica para los días 19 y 20 de abril de 2022 al policonsultorio Los Ángeles, ubicado en la calle Belisario Salinas N° 294, de la ciudad de La Paz, a objeto de realizar tratamientos médicos que requiera…” (sic [Conclusión II.2]). Ahora bien, conocido el contexto ordinario procesal penal del cual deviene esta acción de defensa y en función al alcance de las denuncias constitucionales formuladas, en contraste con lo extraído en la Resolución dictada en la presente acción tutelar, donde el Tribunal de garantías verificó en audiencia que los cuadernos remitidos al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi fueron devueltos mediante providencia de 21 de abril de 2022 al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de la precitada localidad, en el cual ejercía suplencia legal la autoridad jurisdiccional demandada, lo cual demuestra que al momento de la presentación de la solicitud de modificación de medidas cautelares, todavía no se emitió la providencia de radicatoria del proceso penal en el referido Tribunal de Sentencia Penal.
En ese marco, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional se tiene que cuando se presenta una solicitud de consideración de la situación jurídica de un detenido preventivo, es posible que el juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha petición aún cuando se haya presentado la acusación formal, siempre y cuando no radique la causa en un determinado juzgado o tribunal de sentencia penal. De lo señalado, se concluye que el Juez demandado no consideró que al momento de presentación del referido memorial -18 de abril de 2022- tenía el control jurisdiccional de la causa, debiendo este conocer y resolver la solicitud de modificación de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal; siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal; lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este entendido, es importante remarcar que toda autoridad judicial que conozca una solicitud efectuada por un privado de libertad, debe atenderla de forma pronta y oportuna; o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Bajo ese marco, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional correspondía que la autoridad jurisdiccional demandada, recabe una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva y luego señale día y hora de audiencia de modificación de medida cautelar dentro el plazo establecido por el art. 239 del CPP; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas a fin de desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, y una vez concluido el acto procesal remitir todos los actuados producidos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente; un razonamiento en sentido contrario, supondría someter al privado de libertad a dilaciones que afecten las garantías procesales que le asisten y la vulneración de sus derechos.
En ese orden, conforme a lo señalado en párrafos precedentes, sobre este punto se debe conceder la tutela solicitada. Sobre las salidas médicas impetradas; tal como ya se refirió, se evidencia que por el mismo proveído de 19 de abril de 2022 se autorizó las mismas para el 19 y 20 del mismo mes y año; sin embargo, la notificación al accionante con la precitada providencia recién se efectúo el 22 de similar mes y año, lo que demuestra que el Juez demandado en su calidad de director del proceso no controló ni supervisó adecuadamente la labor del personal de apoyo jurisdiccional a los fines que se haga efectiva su orden judicial, lo que implica que la dilación identificada vinculada a las salidas médicas dispuestas por la autoridad judicial, en los hechos provocó que el impetrante de tutela no pueda ser sometido a ningún examen médico respecto a su salud mental de la cual depende el tipo de atención que tendrá que recibir; por lo que la dilación injustificada que se causó respecto a la revisión médica generó una amenaza indebida e innecesaria sobre ese derecho conforme al criterio jurisprudencial desarrollado en los Fundamentos III.3 y III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; consecuentemente, corresponderá concederse la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada; obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi en suplencia legal de su similar de Caranavi; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi, todos del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo lo siguiente:
1) El Juez demandado o la autoridad jurisdiccional que ejerza el cargo de Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas señale día y hora para resolver la solicitud de cesación o modificación de la medida cautelar presentada por el accionante, siempre y cuando a la fecha aún no se haya resuelto dicha petición, obteniendo copias legalizadas del cuaderno remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Caranavi del referido departamento, para que una vez emitida la resolución que correspondiere, sean acumulados ante la autoridad jurisdiccional donde se encuentra radicada la causa; y,
2) La señalada autoridad jurisdiccional, en el plazo de veinticuatro horas inmediatamente de haber sido notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ordene se oficie la salida médica del demandante de tutela, así como la valoración de su estado de salud en la Clínica solicitada; siempre y cuando por el transcurso del tiempo esta atención no se hubiese realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
11 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 12Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 13La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 14La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 15Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 16Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 17Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 18La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de
20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción.
19 El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción onstitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 03ca090d330d86a55d736e77cd7b0449b6baa98cb796fe22c9565647e10472f3
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