B.IA.LEGAL

SCP 0089/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
44294-2022-89-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a libertad y al debido proceso vinculado con el principio de celeridad, así como a la defensa y al principio de presunción de inocencia; toda vez que, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, la misma fue rechazada, respecto a lo cual plantea como primer reclamo la falta de fundamentación -se entiende de la determinación del rechazo de la cesación de su detención preventiva- sobre la cual considera que no requiere agotar el principio de subsidiariedad, por cuanto el acto ilegal denunciado atenta contra su derecho a la libertad y al debido proceso de acuerdo a los datos de su apelación interpuesta; emergiendo de ello su segundo reclamo, pues ante el rechazo de su cesación, interpuso recurso de apelación el que conforme establece el art. 251 del CPP, debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, dicho recurso no fue remitido, incumpliéndose el plazo establecido en la norma procesal, impidiéndole que pueda exponer los agravios de su apelación como es la referida falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba de la decisión asumida y que su situación jurídica sea resuelta por el superior en grado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -en suplencia de su similar Segundo-; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al Juez accionado, únicamente respecto a la dilación/omisión de remisión de la apelación planteada, al evidenciarse la vulneración del derecho a la libertad en vinculación con el debido proceso en su vertiente de celeridad, sin disponerse nada al respecto, toda vez que la apelación reclamada ya habría sido remitida al superior en grado conforme fue informado en la presente acción tutelar. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación al Secretario coaccionado; en cuanto al fondo de la Resolución de rechazo de la cesación ahora cuestionada;

y respecto al derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia; todo ello conforme las razones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del recurso la apelación incidental de medidas cautelares: alcance respecto a la subsidiariedad de la acción de libertad; y plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada.
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0089/2023-S3 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44294-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Elena Saucedo Rodas en representación sin mandato de Luighi Dominik Flores Charupas contra Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez; y, Eliceo Ismael Quispe Cruz, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 8 de julio de 2021, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, por el plazo de noventa días, por la concurrencia del riesgo procesal de fuga previsto por el art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que al no contar con un contrato de trabajo no cumpliría con los tres requisitos arraigadores, además que se constituiría en un peligro para la víctima, fijándose audiencia para la consideración de su situación jurídica para el 8 de octubre de igual año, fecha en la cual, a pesar de haber presentado un contrato de trabajo a futuro se rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, observándose dicho contrato debido a que se le pagaría por debajo del salario mínimo nacional, ampliándose de ese modo el plazo de su detención por treinta días más, programándose nueva audiencia para el 8 de noviembre de mismo año. En la referida fecha, encontrándose subsanada la observación al contrato de trabajo presentado, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, se negó a valorarlo sin pronunciarse al respecto, instalando la audiencia para ratificar su detención preventiva, manifestando que de valorar la indicada prueba se vulnerarían los derechos al debido proceso, a la igualdad de partes y a la tutela judicial efectiva; determinación sobre la cual interpuso recurso de apelación incidental, por lo que conforme al primer aspecto de su reclamo constitucional, en aplicación del principio de celeridad denuncia la falta de fundamentación -se entiende de la determinación del rechazo de la cesación de su detención preventiva- sobre la cual considera que no requiere agotar el principio de subsidiariedad, por cuanto el acto ilegal denunciado atenta contra su derecho a la libertad y al debido proceso de acuerdo a los datos de su apelación interpuesta. Como segundo motivo de demanda constitucional denuncia la vulneración del principio de celeridad, puesto que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que resolvió su solicitud de cesación de detención preventiva, apersonándose el mismo día al Juzgado de la causa para entregar los recaudos de ley, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 251 del CPP debió remitirse dentro las veinticuatro horas; sin embargo, “hasta la fecha” -se comprende de la interposición de esta acción tutelar- no se procedió con dicha remisión, mucho menos se cumplió con la elaboración de las actas de 8 de octubre y 8 de noviembre, ambas de 2021, a pesar que una vez entregados los recaudos de ley, en su presencia se realizó el respectivo sorteo de su apelación recayendo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por lo que activa la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a libertad y al debido proceso vinculado con el principio de celeridad, sin que haya citado norma constitucional alguna. En audiencia alegó la afectación de su derecho a la defensa y -se infiere- al principio de presunción de inocencia citando los arts. 116.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, consiguientemente se ordene “EN EL FONDO” se expida mandamiento de libertad, debido a la retardación de la remisión de su apelación, puesto que “a la fecha” se encuentran vencidos los plazos para la elaboración del acta de audiencia de 8 de noviembre de 2021, no habiéndose efectuado la remisión correspondiente.

En audiencia pidió que se “…instruya al juez que motive que esta sentencia es una tutela para ambas partes que no se una tutela en el sentido de que si es cierto que en este caso es una menor de edad la que está buscando de cierta manera se le resuelva una situación, no significa de que la persona sea culpable la presunción de inocencia es constitucional…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 41, presentes la representante sin mandato del peticionante de tutela, así como la parte accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia manifestó que: a) Los arts. 130 y 135 del CPP estipulan que los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria; b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro el caso Ricardo Canese vs. Paraguay estableció que el acusado no debe demostrar que no cometió el delito que se le atribuye, pues la carga de la prueba incumbe al actor, lo cual también se encuentra establecido por los arts. 116.I de la CPE; y, 6 del adjetivo penal respecto a la presunción de inocencia. Asimismo, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, determina que la falta de negocio o trabajo y la concurrencia de los peligros procesales no se podrán fundamentar en meras presunciones abstractas, sino que deben surgir de la información confiable y circunstancial que den razonabilidad suficiente y permitan concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia, por lo que la detención preventiva fundada en meras suposiciones no satisface la exigencia de una debida motivación, tomando en cuenta las características de instrumentalidad y temporalidad de las medidas cautelares; c); El art. 7.5 de la CADH garantiza el derecho de toda persona detenida a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, debiéndose limitar la libertad del imputado con otra medida menos lesiva que asegure su comparecencia al juicio, lo que impone a su vez la obligación judicial de tramitar con mayor diligencia aquellos procesos en los que el imputado se encuentre con privación de libertad; d) El Juez accionado se niega a efectuar la valoración de una prueba que fue presentada con anterioridad, alegando que no se corrió traslado a las partes desconociendo el art. 170 del CPP; e) En cuanto a que no se habrían dejado los recaudos de ley, el art. 180.I de la CPE establece la gratuidad de la justicia; y, f) El trasfondo de esta acción de libertad se dirige a que no se cumplió con la remisión de la apelación dentro del plazo establecidos por ley, por lo que pide que se “…instruya al juez que motive que esta sentencia es una tutela para ambas partes que no se una tutela en el sentido de que si es cierto que en este caso es una menor de edad la que está buscando de cierta manera se le resuelva una situación, no significa de que la persona sea culpable la presunción de inocencia es constitucional…” (sic), debiendo realizarse una valoración objetiva e integral sin dilaciones, y al no remitirse la apelación se afectó su derecho a la defensa, pues se pretende llegar con detención preventiva a un juicio en el cual se desconoce si se emitirá sentencia “…eso es la motivación y fundamentación señor juez, a objeto de que valore la situación de privación de libertad porque nos sentimos al ser esta una segunda acción de libertad verdaderamente agraviado con este juzgado…” (sic), solicitando en consecuencia se expida el mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito, cursante de fs. 27 a 33 y en audiencia manifestó que: 1) El 8 de julio de 2021, se presentó imputación formal contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de abuso sexual, siendo la víctima una menor de cinco años, habiéndose dispuesto su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio “522/21” por el plazo de noventa días por la concurrencia de los arts. 233 numerales 1, 2 y 3, 234 numerales 1, 2 y 7; y, 235.2, todos del CPP, determinación que en apelación fue confirmada mediante “…Auto de Vista 269/21, de fecha 3 de agosto…” (sic); 2) Ante la solicitud de cesación de detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 819/21 de 8 de octubre, se resolvió ampliar la detención preventiva del mismo por el plazo de treinta días con el objeto de llevar a cabo audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba, siendo que respecto a la documentación presentada por la parte peticionante de tutela, de conformidad a lo previsto por el art. 173 del adjetivo penal únicamente se valoró la concerniente a la actividad lícita, ya que tanto los elementos de domicilio y familia fueron acreditados, así como el peligro efectivo para la víctima, realizándose las observaciones al contrato de trabajo a futuro, siendo insuficientes los nuevo elementos presentados, fallo que no fue objeto de apelación incidental señalándose audiencia para la consideración de su situación jurídica para el 8 de noviembre de 2021; 3) El 5 de noviembre de 2021, la parte accionante mediante memorial adjuntó documentación exclusivamente referida al elemento de trabajo a futuro, la que mereció providencia de 8 de igual mes y año -es decir, la misma fecha de la audiencia programada con anterioridad-, por la cual se corrió traslado a los demás sujetos procesales y por ende no se pudo notificar con dicha prueba. Por otro lado en la misma fecha -5 de noviembre de 2021- la representante del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal conclusivo de acusación formal en contra del impetrante de tutela; 4) No obstante, en la fecha programada se llevó a cabo la audiencia de consideración de la situación jurídica del prenombrado, disponiéndose mediante Auto Interlocutorio 852/21 de 8 de noviembre de 2021, el rechazo de su detención preventiva y como consecuencia de la acusación formal presentada, la remisión de la causa ante el juzgado de sentencia llamado por ley; asimismo, siendo dicho fallo objeto de apelación en la misma audiencia pública virtual se ordenó en el mismo acto procesal la remisión del cuaderno de apelación conminando a la parte apelante -hoy peticionante de tutela- a proporcionar los recaudos a objeto de estructurar dicho cuaderno procesal; 5) El Secretario coaccionado y su autoridad no vulneraron ningún derecho ni garantía constitucional, siendo que el proceso ya se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz y la apelación incidental interpuesta se encuentra en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 6) La dilación en la remisión es absolutamente atribuible a la parte apelante -ahora accionante-, quien por inercia, irresponsabilidad y negligencia no proporcionó las copias, siendo que el Juzgado tuvo que obtener fotocopias de todo el expediente con sus propios recursos, considerando además que su Juzgado al ser desconcentrado no interoperabiliza con la Oficina Gestora de Procesos, tampoco cuenta con oficial de diligencias y la considerable distancia que existe desde su jurisdicción, sumado a ello el paro multisectorial indefinido. Eliceo Ismael Quispe Cruz, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito y encontrándose presente en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa no participó.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -en suplencia legal de su similar Segundo-, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., denegó la tutela solicitada; sin embargo, “…a los efectos de la complementación…” (sic) ordenó se notifique con dicha Resolución al Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del referido departamento, a objeto que tenga presente los principios de celeridad y de justicia pronta y oportuna establecida por el art. 12 del CPP que les asiste tanto a la víctima como a la parte imputada dentro el proceso principal caso FELCV 502/2021 signado con el código 20062100985/21, el cual “a la fecha” se encuentra con la medida de detención preventiva; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión exhaustiva de todos los elementos procesales, cursan los oficios de remisión del expediente procesal ante la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del mencionado departamento con cargo de recepción de dicho Juzgado el 16 de noviembre de 2021, a horas 12:00, es decir que el expediente ya no se encontraría bajo el control jurisdiccional de la autoridad accionada considerando que la presente acción tutelar fue presentada en la misma fecha a horas 14:31; ii) Asimismo, se tiene que la remisión de las piezas principales en fotocopias legalizadas ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en virtud al Auto Interlocutorio 852/21, toda vez que existía el recurso de apelación incidental pendiente de resolverse por la referida Sala Penal; iii) El impetrante de tutela en calidad de imputado dentro el proceso penal de referencia guarda la medida extrema de detención preventiva; sin embargo, se establece que dicha causa ya no se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez accionado, habiéndose remitido la misma con fecha anterior a la presentación de esta acción de libertad, por lo que acontece la improcedencia de la misma en su modalidad traslativa o de pronto despacho, tomando en cuenta que bajo esos parámetros y la remisión de las actuaciones ante la citada Sala Penal, ya habría cesado los aspectos reclamados; y, iv) Con relación al fondo del proceso penal y en mérito a la solicitud de cesación de detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP, dicha situación corresponde ser resuelta ante el control jurisdiccional del señalado Juzgado de Sentencia Penal, cumpliendo con el deber de motivación y fundamentación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio 1594/2021 de 16 de noviembre, de remisión de cuaderno procesal (en original) respecto al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luighi Dominik Flores Charupas -ahora peticionante de tutela-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual signado con el Número de Registro judicial (NUREJ) 701102062100985 Caso FELCV-502/2021, con cargo de recepción de la misma fecha a horas 12:00 por el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 34). II.2. Consta Oficio 1593/2021 de 15 de noviembre, de remisión de antecedentes de recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 852/21 de 8 de noviembre de 2021, interpuesto por el ahora accionante, con constancia de recepción de 17 de igual mes y año por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a libertad y al debido proceso vinculado con el principio de celeridad, así como a la defensa y al principio de presunción de inocencia; toda vez que, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, la misma fue rechazada, respecto a lo cual plantea como primer reclamo la falta de fundamentación -se entiende de la determinación del rechazo de la cesación de su detención preventiva- sobre la cual considera que no requiere agotar el principio de subsidiariedad, por cuanto el acto ilegal denunciado atenta contra su derecho a la libertad y al debido proceso de acuerdo a los datos de su apelación interpuesta; emergiendo de ello su segundo reclamo, pues ante el rechazo de su cesación, interpuso recurso de apelación el que conforme establece el art. 251 del CPP, debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, dicho recurso no fue remitido, incumpliéndose el plazo establecido en la norma procesal, impidiéndole que pueda exponer los agravios de su apelación como es la referida falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba de la decisión asumida y que su situación jurídica sea resuelta por el superior en grado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Del recurso la apelación incidental de medidas cautelares: alcance respecto a la subsidiariedad de la acción de libertad; y plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada.

Jurisprudencia reiterada

Al respecto, y partiendo de la finalidad y alcance de este medio recursivo y su trámite sumario en directa vinculación con el derecho a la libertad, la SCP 1021/2022-S3 de 9 de agosto, citando la SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, que reitera los fundamentos de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: «“La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares”. La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días). De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas”. En ese sentido, los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, convergen en establecer que precisamente por la particularidad y características de este medio recursivo, es que los plazos para su tramitación son breves, debido a que en el mismo se discute y resuelve la situación jurídica de una persona sometida a medidas cautelares personales, muchas de las veces privada de libertad; por ello, el legislador otorgando la importancia necesaria a dicho recurso, implementó medidas para agilizar y dinamizar los trámites relativos a la apelación de las medidas cautelares, así la Ley 1173, modificó la disposición contenida en el art. 251 del CPP, en los siguientes términos: “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”. Asimismo, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberán notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad

Al respecto, la SCP 0795/2020-S3 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que a su vez contextualiza los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional sobre este particular, precisó que: «”La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele’”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). (…)” Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”… De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)…”» (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, alega que, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, la misma fue rechazada, respecto a lo cual plantea como primer reclamo la falta de fundamentación -se entiende de la determinación del rechazo de la cesación de su detención preventiva- sobre la cual considera que no requiere agotar el principio de subsidiariedad, por cuanto el acto ilegal denunciado atenta contra su derecho a la libertad y al debido proceso de acuerdo a los datos de su apelación interpuesta; emergiendo de ello su segundo reclamo, pues ante el rechazo de su cesación, interpuso recurso de apelación incidental el que conforme establece el art. 251 del CPP, debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, dicho recurso no fue remitido, incumpliéndose el plazo establecido en la norma procesal, impidiéndole que pueda exponer los agravios de su apelación como es la referida falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba de la decisión asumida y que su situación jurídica sea resuelta por el superior en grado. Al respecto, corresponde señalar de manera previa que, en función a los reclamos formulados por la parte accionante en su demanda constitucional, si bien hace referencia a la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba en la que se habría incurrido en la Resolución que resolvió rechazar su solicitud de detención preventiva; sin embargo, en audiencia de consideración de esta acción de defensa aclaró que dichos argumentos “…tal vez no lo teme en cuenta en el trasfondo ya que tengo entendido de que la acción de libertad va más que todo en el sentido de que no se cumplió los plazos a la hora de remitir los actuados…” (sic). En ese sentido, aún de esa confusa aclaración realizada, compele a este Tribunal referir que el citado primer reclamo constitucional establecido en la demanda constitucional, de todas formas no sería viable en su conocimiento y resolución en el fondo, pues de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, ante cuestionamientos a la fundamentación, valoración probatoria, motivación, entre otros aspectos del debido proceso, de la resolución que resuelve solicitudes, modificaciones o aplicación de medidas cautelares, corresponde activar el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, que es el medio idóneo y eficaz para conocer ello, por lo que en aplicación de la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, y al versar este punto de alegación en el fondo de lo que vaya a resolverse en la apelación interpuesta -sobre la cual la parte impetrante de tutela reclama a su vez dilación en su trámite, lo cual será resuelto a continuación-, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto al segundo punto de reclamo identificado, a fin de resolver la problemática planteada, compele realizar la contextualización de los actuados suscitados dentro del caso en revisión. Al efecto, conforme lo alegado por las partes procesales se advierte que en el caso en examen, dentro la causa penal seguida por el Ministerio Público en contra del peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de abuso sexual signado con el NUREJ 701102062100985 Caso FELCV-502/2021, el 8 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva solicitada por la parte accionante, actuación procesal en la que la autoridad accionada mediante Auto Interlocutorio 852/21 de 8 de noviembre de 2021, rechazó dicha pretensión, dando lugar a que la defensa del impetrante de tutela de manera verbal apele la Resolución, ante lo cual conforme refiere dicha autoridad judicial ordenó que por Secretaría se proceda con la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada, conminando -según manifiesta- a la parte apelante -hoy peticionante de tutela,-a proveer los recaudos a objeto de estructurar el cuaderno procesal de apelación; sin embargo, conforme se denuncia por la parte accionante el recurso de apelación incidental no fue enviado al superior en grado dentro el plazo previsto por el art. 251 del CPP, ocasionando la interposición de la presente acción tutelar el 16 de igual mes y año.

Así, en cuanto a la actuación del Juez accionado, el mismo informó que en la misma audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, como consecuencia de la acusación formal presentada -el 5 de noviembre de 2021-, por la representante del Ministerio Público en contra del impetrante de tutela se dispuso también la remisión del expediente original ante el juzgado de sentencia de turno, encontrándose radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme consta del Oficio 1594/2021 de 16 de noviembre, con cargo de recepción por dicho Juzgado en la misma fecha a horas 12:00 (Conclusión II.1).

No obstante, con relación a la remisión de la apelación incidental, se advierte que, pese a que en su informe escrito del Juez accionado se limitó a señalar que se dio cumplimiento a la remisión de los antecedentes concernientes al referido recurso de apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, omite considerar que la efectivización de la remisión de este recurso fue realizada recién el 17 de noviembre de 2021 a horas 12:58, es decir, de forma posterior a la presentación y citación con la presente acción de libertad, conforme se tiene de la constancia de recepción por la Sala Penal Primera del citado Tribunal en el Oficio 1593/2021 de 15 de noviembre (Conclusión II.2) y de la diligencia de citación cursante a fs. 12 y vta.; atribuyendo la autoridad accionada la dilación en dicha remisión a la parte apelante -peticionante de tutela-, por no haber proporcionado las copias necesarias, indicando que el Juzgado tuvo que obtener fotocopias de todo el expediente con sus propios recursos; haciendo referencia por otro lado a que al ser desconcentrado dicho Juzgado no interoperabiliza con la Oficina Gestora de Procesos y tampoco cuenta con oficial de diligencias, sumando a ello la considerable distancia que existiría desde su jurisdicción y el paro multisectorial indefinido. De lo que se concluye que en observancia al trámite y los plazos establecidos en el art. 251 del CPP y las subreglas desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, con relación a la apelación incidental de la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares una vez interpuesta la misma, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad, por lo que el Juez accionado inobservó dicha normativa; pues una vez formulada la apelación incidental de las medidas cautelares en la audiencia de 8 de noviembre de 2021, correspondía a esta autoridad, efectivizar la remisión del recurso en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, la misma se materializó recién el 17 de igual mes y año, es decir, el séptimo día hábil de su interposición, -cuando la acción de libertad traslativa ya había sido interpuesta y estar en conocimiento de ello la autoridad accionada-, dilación que incidió en la lesión al derecho a la libertad del accionante, pues con ello se generó una incertidumbre sobre situación jurídica y por ende se resuelva la misma a través de un Tribunal de alzada. En esa línea de análisis, es pertinente aclarar sobre el justificativo alegado por el Juez accionado vinculado a la falta de personal respecto al oficial de diligencias y la considerable distancia que existe desde su jurisdicción, así como la declaración de paro multisectorial indefinido en la ciudad de Santa Cruz, que si bien es posible de manera excepcional que el plazo de veinticuatro horas para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación sea flexibilizado a tres días, dicha permisibilidad excepcional se aplica en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada y que no se exceda del referido plazo; circunstancia que no se advierte en el caso concreto, pues dicha remisión se la efectuó después de siete días hábiles, a lo cual se suma el antecedentes fáctico procesal que -conforme lo aludido por la propia autoridad accionada-, se condicionó la remisión de actuados a la provisión de “recaudos”, es más atribuyendo el Juez accionado la dilación de la misma al privado de libertad, cuando conforme el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia no se puede condicionar la remisión del recurso de apelación incidental en el plazo procesal, al previo cumplimiento de la provisión de recaudos de ley aún sean estos por concepto de fotocopias para enviar las piezas pertinentes a este recurso, como ordenó la autoridad accionada. De lo que se tiene que, en el presente caso la omisión/dilación en la remisión extrañada no se efectivizó por dicha formalidad, situación que no puede constituirse en un óbice para dilatar la tramitación y el cumplimiento de plazos procesales y menos paralizar la prosecución de la remisión, postergando con ello su consideración en alzada a objeto de la definición de la situación jurídica del procesado, por lo que corresponde conceder la tutela ante la evidente dilación e incumplimiento del plazo para la remisión del recurso activado por la parte impetrante de tutela, aclarando que dicha concesión responde únicamente al pronto despacho referido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al evidenciarse la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado a la libertad del peticionante de tutela, ante la dilación e inobservancia advertidos, correspondiendo respecto a los agravios denunciados en el fondo y que motivaron la activación del recurso de alzada, resolver al Tribunal de apelación al que se remitió el recurso de apelación, conforme corresponda en derecho.

Ahora bien, con relación al Secretario coaccionado, es preciso referirse a los presupuestos de excepción a la regla sobre la carencia de legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, contextualizando sobre el particular los criterios expuestos por la jurisprudencia constitucional sobre esta temática, así la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla cuando: “…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.

Conforme lo expuesto, se puede establecer que el referido Secretario coaccionado carece de legitimación pasiva para ser accionado en el presente caso, dado que esencialmente, conforme fue analizado precedentemente, fue el Juez accionado quien supeditó la remisión de la apelación a la provisión de recaudos -como fue informado por él mismo-, por lo que el funcionario de apoyo judicial no tiene competencia para asumir determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos judiciales, no advirtiéndose de lo alegado por las partes la existencia de realización u omisión de algún acto vulnerador de derechos contra el accionante por parte de dicho Secretario conforme se tiene denunciando o que su conducta se haya adecuado a uno de los supuestos de la excepción de legitimación pasiva, pues se limitó a cumplir la orden impartida por el Juez que tiene a cargo la dirección de proceso, por lo mismo, en cuanto al indicado funcionario corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto al derecho a la defensa y al principio de presunción de inocencia, este Tribunal no advierte de qué forma los mismos hubiesen sido afectados en su núcleo esencial y alcance de ejercicio por la dilación e incumplimiento advertidos y que fueron objeto de tutela en función a la lesión de derechos inherentes a ese actuar, conforme se desarrolló precedentemente; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró en parte de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -en suplencia de su similar Segundo-; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al Juez accionado, únicamente respecto a la dilación/omisión de remisión de la apelación planteada, al evidenciarse la vulneración del derecho a la libertad en vinculación con el debido proceso en su vertiente de celeridad, sin disponerse nada al respecto, toda vez que la apelación reclamada ya habría sido remitida al superior en grado conforme fue informado en la presente acción tutelar. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación al Secretario coaccionado; en cuanto al fondo de la Resolución de rechazo de la cesación ahora cuestionada;

y respecto al derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia; todo ello conforme las razones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0089_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 73efdb8e07a54d380d38dfb0e21f1a09fc737a1b764c4faed71f97c3424fc348

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