Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de febrero de 2025
Concede la tutela
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso, así como, el principio de seguridad jurídica; puesto que, al encontrarse con detención preventiva, solicitó su cesación el 15 de agosto de 2022; empero, hasta la fecha de la interposición de esta acción de defensa no fue respondida por la autoridad demandada. Por su parte, el Juez demandado señaló que, el expediente de la causa ingresó a su despacho el 16 de agosto de 2022, a efectos de expedirse el Auto de apertura de juicio oral, emitiéndose el mismo el 17 de igual mes y año, y devuelto a Secretaría del Juzgado; y que, el memorial reclamado no ingresó a su despacho en esa oportunidad; empero, conforme el “sistema”, el 26 de ese mes y año reingresó con el memorial de cesación de la detención preventiva presentado por el impetrante de tutela, habiendo señalado audiencia para el 29 del citado mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada a cumplir con el plazo estipulado en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2025-S2 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50053-2022-101-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zarate en representación sin mandato de William Oliveira Silva contra Román Justo Guaqui Condori, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, estando detenido preventivamente, el 15 de agosto de 2022, solicitó ante Román Justo Guaqui Condori, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando -ahora demandado-, la cesación de su detención, habiendo transcurrido más de diez días hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, sin que el ahora demandado haya señalado audiencia, cuando la norma indica que ésta debe realizarse dentro las cuarenta y ocho horas, incurriendo así en mora procesal, situación que transgrede sus derechos.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y se disponga: a) Ordenar al Juez demandado señale día y hora de audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva; b) Remitir antecedentes ante el juez disciplinario y el Ministerio Público; y, c) Pago de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 38 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliándolos indicó que, fue recién a causa de esta acción de libertad que el Juez demandado señaló audiencia de cesación y “…se nos ha notificado esta mañana…” (sic).
Román Justo Guaqui Condori, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, mediante informe, cursante a fs. 35 y vta., expresó que: 1) El expediente de la causa ingresó a despacho el 16 de agosto de 2022, y se decretó el 17 de ese mes y año, remitiéndolo a Secretaría con el Auto de apertura de juicio oral señalado para el 11 de noviembre del citado año; y, 2) “…Nos extraña el memorial de cesación presentado en la fecha referida ya que el memorial referido (…) no ingreso a despacho, sin embargo hoy 26 de agosto en horas de la mañana me hace ingresar nuevamente el expediente conforme se evidencia en el sistema (…) la cual en el día se señalado audiencia de cesación programado para el lunes 29 de agosto de 2022…” (sic). Solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 39 a 40 vta., concedió la tutela solicitada, conminando a optimizar de forma inmediata los mecanismos de control en la gestión de su despacho a efectos de eliminar cualquier “descoordinación administrativa” que pueda afectar los derechos de las partes, sin remisión de antecedentes ni pagos de daños y perjuicios, con base en los siguientes fundamentos: i) El memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva, no fue providenciado por el Juez demandado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, de recepcionada la solicitud, conforme a lo dispuesto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, ii) No hubo dolo en el accionar de la autoridad demandada, siendo un descuido involuntario la no emisión del decreto correspondiente; por lo que, no corresponde la remisión de antecedentes al órgano disciplinario, ni el pago de daños o perjuicios.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 15 de agosto de 2022, ante Román Justo Guaqui Condori, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando -ahora demandado- por William Oliveira Silva -hoy accionante- mediante el cual solicitó la cesación de su detención preventiva (fs. 34). II.2. Cursa decreto de 26 de agosto de 2022, emitido por la autoridad demandada, por el que, respecto a la solicitud de cesación señalada, fijó día y hora de audiencia de consideración para el 29 del citado mes y año (fs. 36).
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso, así como, el principio de seguridad jurídica; puesto que, al encontrarse con detención preventiva, solicitó su cesación el 15 de agosto de 2022; empero, hasta la fecha de la interposición de esta acción de defensa no fue respondida por la autoridad demandada. Por su parte, el Juez demandado señaló que, el expediente de la causa ingresó a su despacho el 16 de agosto de 2022, a efectos de expedirse el Auto de apertura de juicio oral, emitiéndose el mismo el 17 de igual mes y año, y devuelto a Secretaría del Juzgado; y que, el memorial reclamado no ingresó a su despacho en esa oportunidad; empero, conforme el “sistema”, el 26 de ese mes y año reingresó con el memorial de cesación de la detención preventiva presentado por el impetrante de tutela, habiendo señalado audiencia para el 29 del citado mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado.
Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras).
Así, en lo concerniente a la presente problemática es relevante considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que toda autoridad que conozca de una solicitud de trámite en la que se encuentre involucrada la libertad física de una persona tiene el deber de tramitarla con la celeridad debida y dentro del plazo razonable; y, además, para lograr dicho objetivo el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece: “…los Estados partes se comprometen a adoptar (…) las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” aspecto que alcanza a los jueces respecto a la organización de sus despachos.
En el caso de autos, el Juez demandado refirió desconocer el memorial de solicitud de cesación de detención preventiva presentado por el accionante y que se constituye en la base de la presente acción de libertad, indicando que, el mismo no habría ingresado a su despacho, pues el 16 de agosto de 2022, la causa habría ingresado al mismo, y el 17 de igual mes y año, fue decretado con Auto de apertura de juicio oral; aspecto que, no acredita con documental alguna, y que tampoco desvirtúa el memorial de cesación que presentó el impetrante de tutela el 15 del señalado mes y año, en cuyo descargo consta el sello del juzgado que preside la autoridad demandada, además del sello de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y de la Secretaria de su despacho (Conclusión II.1.); por lo que, el prenombrado no podría alegar que dicho escrito no ingresó a su despacho en esa fecha. Ahora bien, el Juez demandado refirió que la causa reingresó por “sistema” el 26 de agosto de ese año a horas 9:18, con el memorial de cesación reclamado -fs. 37-; por lo que, mediante decreto de igual fecha, señaló audiencia para la consideración de cesación de la detención preventiva, pero sin que consten las notificaciones correspondientes con dicho decreto a las partes (Conclusión II.2), actuado que además realizó el mismo día de notificado con la presente acción de libertad. Así la autoridad demandada no presentó justificativo valedero que desvirtúe la denuncia del accionante respecto a la falta de señalamiento de audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva por más de diez días, ni presentó documental alguna respecto al no ingreso a su despacho de la referida solicitud, no pudiendo alegar desorganización del mismo para incumplir los plazos en una solicitud vinculada a su libertad, incumpliendo de esa manera los plazos procesales descritos en el art. 239 del CPP, para la celebración de la audiencia respectiva, manteniendo indebida e innecesariamente en suspenso la consideración de la situación jurídica del impetrante de tutela, cuando en su condición de Juez de control jurisdiccional debió dar cumplimiento al referido plazo y realizar las gestiones correspondientes que hacen a su labor; extremos que, no pueden ser validados por este Tribunal, al tratarse de una audiencia para revisar una medida cautelar impuesta; por lo que, estando detenido preventivamente el peticionante de tutela, correspondía dar celeridad a su trámite. En ese sentido, es viable activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al concurrir una demora indebida en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada a cumplir con el plazo estipulado en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0082_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5939bd8eaec136e1c8cac3b4cfff2e1933535591d9afc2d98cb437d228944ed7
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