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SCP 0080/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
44583-2022-90-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, el principio de celeridad; toda vez que, habiendo apelado incidentalmente el Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2021, por el que se determinó cumpla la extrema medida de detención preventiva y efectuada la audiencia de apelación el 24 de igual mes y año, la autoridad y funcionario judicial demandados, no remitieron los antecedentes y el cuaderno procesal ante el Juzgado de origen; aspecto que le impide pueda solicitar cesación a la detención preventiva al Juez que tiene el control jurisdiccional. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 019/2021 de 3 de diciembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías. 2º DENEGAR la tutela respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante, frente a la inexistencia de un informe o alegato contrario. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2023-S2 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44583-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 019/2021 de 3 de diciembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Jucumani “Pachajaya” contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera; y, Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción.

Mediante Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2021, el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva; por lo que, de acuerdo al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en la audiencia al efecto, interpuso recurso de apelación incidental a dicha determinación; por ello, fue sorteada a la Sala Penal “Segunda” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se sustanció audiencia de apelación el 24 del mismo mes y año; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitió el legajo procesal al Juzgado de origen; lo cual, imposibilita pueda presentar solicitud de cesación a su detención preventiva, dado que habiendo transcurrido seis días desde la celebración de la audiencia mencionada, el Juez de control jurisdiccional no tiene el Auto de Vista que resolvió su apelación incidental, y pronto se ingresará a vacaciones judiciales, por este motivo le causa perjuicio al encontrarse mal de salud.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 109.I, 115, 116.I, 119, 120 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) En un plazo no superior a las veinticuatro horas “…se recepcione la carpeta de indulto por parte del Dr. Josué Pinto Director Departamental del Servicio de Defensa Pública y este proceda a la remisión ante el Director Departamental del Régimen Penitenciario” (sic); y, b) Que en el día se remita el legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 9, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad a efecto de brindar informe oral, pese a su legal notificación cursante a fs. 5. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 3 de diciembre de 2021, cursante a fs. 7 y vta., indicó que fue designado para la suplencia legal de su similar Primero por el 2 del mes y año señalados; por lo que, desconoce del recurso de apelación citado en la acción de libertad; así también, mencionó que la parte accionante o su abogado se apersonaron ante él para coadyuvar alguna solución, en tal razón solicitó se deniegue la tutela, al no haberse vulnerado ningún derecho.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 019/2021 de 3 de diciembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Sala Penal “Segunda” del Tribunal de Justicia de ese departamento, en el día remita el recurso de apelación de medida cautelar, ante el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del citado departamento, bajo su responsabilidad en caso de mayor dilación, expresando los siguientes fundamentos: 1) Ante el informe brindado por el Secretario de Cámara demandado, se verificó la falta de remisión de los antecedentes del proceso penal; como tampoco se cuenta, con un informe del Vocal demandado, omisión y ausencia de antecedentes, que dan responsabilidad a dicha autoridad, al tenerse como presunción de veracidad todo lo afirmado por el accionante; 2) En ese marco, se tiene que el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento citado, y que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio de 18 de noviembre de 2021 que determinó su detención preventiva, éste hubiera sido resuelto el 24 de noviembre de 2021, sin que ante la interposición de la acción de defensa, fueran devueltos al Juez de primera instancia; 3) Aun aplicando la excepcionalidad señalada por la jurisprudencia de la SCP 0711/2019-S4 de 3 de septiembre, para la ampliación del plazo para resolver la apelación o su remisión, éste venció el “día lunes 29 de noviembre de 2021, solo tomando los días hábiles sin aplicar el art. 130 del CPP que refiere que los plazos en medidas cautelares son días calendarios” (sic); y, 4) Al no haberse devuelto la apelación y los antecedentes al Juez de primera instancia, dentro del plazo establecido por ley, la “autoridad accionada”, incurrió en omisión ilegal que lesionó el principio de celeridad, en vinculación con el derecho a la libertad del peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum 1659/2021 P.-TDJ de 29 de noviembre, pronunciado por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que comunica a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal, que suplirá la Secretaría de la Sala Penal Primera, por el día 2 de diciembre del año señalado, al haberse concedido vacación al funcionario titular (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, el principio de celeridad; toda vez que, habiendo apelado incidentalmente el Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2021, por el que se determinó cumpla la extrema medida de detención preventiva y efectuada la audiencia de apelación el 24 de igual mes y año, la autoridad y funcionario judicial demandados, no remitieron los antecedentes y el cuaderno procesal ante el Juzgado de origen; aspecto que le impide pueda solicitar cesación a la detención preventiva al Juez que tiene el control jurisdiccional. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre el tema, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (el subrayado nos corresponde).

III.2. Presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante, frente a la inexistencia de un informe o alegato contrario. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SC 0478/2011-R de 18 de abril, establece que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señala: 'Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso' y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: '…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso'; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 0020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refiere que: '…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley ’”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, el principio de celeridad; habida cuenta que de haber transcurrido seis días hábiles de la celebración de audiencia de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2021, que determinó aplicarle la medida cautelar de detención preventiva, no se remitió el cuaderno procesal al Juzgado de origen, impidiendo que su situación jurídica pueda mejorar por no poder presentar solicitud de cesación a la detención preventiva. En principio, siendo que en la presente acción se demanda a “Secretaria de Cámara” (sic) y que, Yuri Jesús Gómez Pérez, quien ejerce como Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito indicando que fue designado para la suplencia legal de su similar Primero por el 2 de diciembre de 2021; razón por la cual, no tiene conocimiento del recurso de apelación aludido en la acción de libertad; extremo que es confirmado con el Memorándum 1659/2021 P-TDJ de 29 de noviembre, descrito en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional; en tal razón, resulta menester señalar que respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad, la SCP 1047/2022-S2 de 22 de agosto, refirió lo siguiente: “…a partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables debiendo considerarse; sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del Juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas”; conforme a lo desarrollado se concluye que, Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no cuenta con legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción tutelar, al haberse comprobado que no tuvo participación en el presunto acto ilegal denunciado; toda vez que, la suplencia legal que ejerció en la Sala que se sustanció la audiencia de apelación planteada por el accionante, fue de forma posterior, es más, fue en la fecha de interposición de esta acción de defensa -2 de diciembre de 2021-. Bajo este parámetro, se puede percibir que en el caso de análisis efectivamente, existió una dilación injustificada que causó incertidumbre sobre la situación jurídica del impetrante de tutela, provocando que no pueda peticionar cesación a su detención preventiva a causa de la falta de remisión del cuaderno procesal ante el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; de manera que, este extremo no fue desvirtuado por la autoridad judicial demandada; al contrario, no presentó informe escrito ni se apersonó en audiencia, no obstante a encontrarse legalmente emplazada; por lo que, en virtud a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, concierne presumir la veracidad de los extremos denunciados a través de la acción de libertad; además, al no evidenciar pronunciamiento alguno ni causales previstas normativamente como causa legal de retardación en la remisión extrañada.

En tal sentido, del actuar negligente y dilatorio del Vocal demandado, se evidencia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, el principio de celeridad, del accionante, quien se ve afectado, al no poder mejorar su situación jurídica mediante los mecanismos legales pertinentes, estando en incertidumbre ante la omisión descrita; en tal razón, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 019/2021 de 3 de diciembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías. 2º DENEGAR la tutela respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0080_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 277487f6d5ad3af9c280dfd60e931dcb3a2a1d94afeb67e2681fcde0c1ede898

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