Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 24 de febrero de 2025
Concede la tutela
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la educación, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, habiendo solicitado modificación de las medidas socio-educativas interpuestas en su contra; se señaló audiencia para tal efecto para el 1 de octubre de 2024; actuado procesal que fue suspendido por la autoridad jurisdiccional a cargo por no haberse remitido completa la documentación pertinente para considerar la aplicación de la medida solicitada; no obstante, de haberse ordenado al SEDEGES la remisión del informe psicológico del accionante, por negligencia y errores en el procesamiento interno de la indicada entidad, no se cumplió lo dispuesto por la autoridad judicial hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, lo cual ocasiona que no pueda ser beneficiado con una sanción menos gravosa que la restricción de su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 32/2024 de 27 de noviembre, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en su totalidad la tutela impetrada, recomendando que en otras situaciones similares se actúe con la celeridad que el caso amerita.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2025-S4 Sucre, 24 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 70382-2025-141-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2024 de 27 de noviembre, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Victoria Porco en representación sin mandato de su hijo Raúl Guachalla Porco contra Beatriz Churata Mamani, Directora; y, la Responsable del Área Jurídica ambas del Servicio de Gestión Social de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2024, cursante de fs. 17 a 23 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
En cumplimiento de la sentencia pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 10 de febrero de 2023, ingresó al Centro de Reintegración Social Varones, para cumplir la pena restrictiva de libertad de tres años por la comisión del delito de abuso sexual. Encontrándose con una permanencia de un año, nueve meses y quince días, durante el cual cumplió a cabalidad la medida interpuesta y toda vez que ya cumplió más de la mitad de su condena, al amparo de la previsión contenida en el art. 347 del Código Nina, Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014–, solicitó modificación de la medida interpuesta en su contra. En audiencia de 1 de octubre de 2024, el Juez del Juzgado de Sentencia, Anticorrupción, de Violencia contra la Mujer Décimo Primero del departamento de La Paz, observó el Informe PIEM-Plan Individual de Medidas con cite: GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UDAC/CRSV/ADMINIF/PSI-TS/NEXT 065/2024, debido a que carecía de informe psicológico, por lo que mediante oficio 193/2024 de 14 de octubre, se ordenó al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) completar los informes psicológicos del impetrante de tutela. Dicho oficio 193/2024, fue recibido el 14 de octubre del mismo año, en las oficinas de SEDEGES, haciendo seguimiento del mismo el 17 y el 28 de octubre de 2024; sin embargo, no tenían información al respecto. El 6 de noviembre de similar año, se presentó nota dirigida al SEDEGES, formulando reclamación por la falta de respuesta y el 13 de noviembre de 2024, se recibió la llamada vía WhatsApp, de una persona que señaló ser funcionaria de dicha entidad, quien señaló ser la Trabajadora Social y que por error, se mandó el oficio del adolescente R.G.P. al área de orientación porque supusieron que se encontraba en libertad. Como se puede advertir desde el 14 de octubre al 25 de noviembre de 2024, el SEDEGES no remitió el informe psicológico solicitado, causando un grave perjuicio, pues a consecuencia de ello el accionante continúa privado de su libertad sin la posibilidad de acceder a la modificación de su medida socio-educativa.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, consideró lesionado su derecho a la libertad, a la educación, a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 119.II, 125, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene a las autoridades demandadas remitan en el día el informe psicológico requerido para efectivizar la modificación de medidas socio-educativas; y, b) Se remitan antecedentes ante el Ministerio Público ante el flagrante incumplimiento de funciones y retardación de justicia por parte de los demandados, debiendo emitirse las sanciones correspondientes.
Celebrada la audiencia pública el 27 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 60 a 65, en presencia tanto de la parte solicitante de tutela como de la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliándolos, refirió que: 1) Se encuentra en un Centro de Integración Social con una pena privativa de libertad de tres años en régimen cerrado por el delito de abuso sexual, en estos casos el procedimiento especial en la justicia penal juvenil determina que a la mitad de la condena –como un beneficio penitenciario– pueden optar por la medida de régimen domiciliario; 2) Para que dicha medida se haga efectiva, es necesario cumplir ciertos requisitos, tales como que el PIEM debe dar un resultado con un riesgo bajo; 3) En la actualidad el accionante no tiene resoluciones de castigo en la institución en la que se encuentra; 4) Con dichos antecedentes solicitó modificación de medidas socio-educativas, lo cual fue observado por el Juez de la causa, alegando que el informe remitido el 30 de agosto de 2024, no contaba con el informe psicológico del impetrante de tutela; procediendo a suspender dicho acto procesal, ordenando al SEDEGES que remita el informe psicológico faltante; 5) Oficio que si bien fue recepcionado por dicha entidad el 14 de octubre del citado año, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no se cumplió lo ordenado por la autoridad judicial; 6) Si bien el área jurídica está destinada a hacer prevalecer los derechos de los adolescentes privados de libertad, éstos emiten los informes del PIEM incluso después de tres semanas; 7) Es preciso señalar que la acción de libertad innovativa procede aun cuando las vulneraciones a los derechos a la vida y la integridad personal hayan cesado o desaparecido; y, 8) En el caso de Autos estamos ante un caso en el que el solicitante de tutela puede optar por una medida diferente a la privación de libertad, siendo esta la domiciliaria.
Beatriz Churata Mamani, Directora; y, Juana Lequipe Huarani, representante a.i. del Área Jurídica ambas del SEDEGES, mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2024, cursante de fs. 58 a 59 vta., y en audiencia manifestaron lo siguiente: i) Es evidente que el Juzgado a cargo del proceso instaurado contra el accionante el 14 de octubre de igual año, les remitió un oficio, el cual inmediatamente fue remitido al Programa de Orientación, error debido a que en el acta de suspensión del actuado procesal no se especificó si el impetrante de tutela se encontraba en el Centro de Integración de Varones o en el indicado Programa de Orientación; ii) El 13 de igual mes y año, se apersonó el Procurador a la Dirección Técnica y a la Unidad Jurídica realizando el seguimiento correspondiente, y tras la revisión de los libros diarios se evidenció que el Oficio CITE 193/2024 de 14 de octubre, fue remitido al Programa de Orientación el 15 del citado mes de 2024, y al no haberse realizado el informe respectivo se llamó severamente la atención a la funcionaria a cargo mediante Memorándum GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/MLLA-0013/2024 de 13 de noviembre, a partir de ello se dio celeridad al caso; ii) El 13 del citado mes y año, se remitió el caso a la Unidad de Administración de Centros, que a su vez remitió el mismo al Centro de Reintegración Social de Varones el 14 de igual mes y año, unidad que dio pronta respuesta remitiendo los Informes Psicosociales actualizados de acuerdo a lo solicitado en el Oficio; iii) Dicho informe fue remitido a la Dirección Técnica el 19 del citado mes y año, y el 21 del referido mes y año, fue remitido a la Unidad Jurídica, y dicha Unidad a su vez presentó dicho informe ante Plataforma del juzgado el 22 de igual mes y año; con lo cual se puede evidenciar que no hubo tal retardación como indica la parte accionante; iv) Que de acuerdo a los Instructivos emitidos por su persona, se ordenó dar estricta prioridad y cumplimiento a los diferentes requerimientos y oficios emitidos por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y, v) Pone en conocimiento que se emitió de forma pronta y oportuna el Informe de Seguimiento del PIEM, mismo que ya fue presentado en estrados judiciales.
La Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 32/2024 de 27 de noviembre, cursante de fs. 66 a 68, concedió en parte la tutela solicitada, exhortando bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, que los actos incurridos en dilación y de retardación que lesionaron el derecho a la libertad del ahora impetrante de tutela no vuelvan a repetirse en futuras solicitudes de la misma naturaleza, y que los informes evacuados deben ser emitidos de forma oportuna resguardando la efectivización de los derechos en estrados judiciales de los adolescentes con responsabilidad penal que se encuentren con restricción de su libertad, bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal Constitucional moduló las diferentes modalidades de la acción de defensa; entre las cuales, se encuentra la acción de libertad innovativa, la cual procede cuando las acciones u omisiones que lesionaron el derecho a la vida o la libertad hubieran cesado o dejaron que amenazar tales derechos, con el objetivo de evitar su repetición y establecer una sanción ejemplificadora con el fin de que dichas acciones no vuelvan a lesionar el derecho de las personas; b) De los antecedentes del caso, se tiene que dentro del proceso penal instaurado contra el solicitante de tutela, éste habría sido sentenciado a tres años de restricción de libertad por el delito de abuso sexual; habiendo cumplido más de la mitad de la sentencia, la defensa del accionante solicitó la modificación de la sanción; ante lo cual, la autoridad jurisdiccional en audiencia programada para tal efecto exigió un informe psicológico para considerar dicha solicitud; c) De acuerdo a lo manifestado por la parte accionante se tiene que, la solicitud de informe psicológico fue recibida en el SEDEGES el 14 de octubre de 2024; sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la parte demandada, dicha solicitud por error fue derivada hacia otra unidad administrativa que pertenece al programa de orientación de adolescentes con responsabilidad penal debido a que no se tenía conocimiento si el ahora solicitante de tutela estaba o no restringido de su libertad, aspecto el cual provocó una demora considerable; d) Dicho aspecto hace ver la negligencia de los funcionarios de dicha entidad, pues si bien el trámite fue corregido en su tramitación el 14 de noviembre de 2024; es decir, un mes después de haber sido presentado el mismo; habiéndose emitido el informe final el 21 de igual mes y año, y presentado al juzgado mediante memorial de 22 del citado mes y año, aspecto que hizo que el Juez de la causa señale audiencia para el 2 de diciembre del referido año a las 8:30; e) Si bien ya se cuenta con la audiencia programada para la consideración de las modificaciones solicitadas por la parte accionante; empero, se advierte una considerable dilación en la emisión del informe solicitado, el cual abarca un mes y medio aproximadamente desde la presentación del oficio de solicitud al SEDEGES, tiempo que no se “encuadra ni se enmarca”
(sic) dentro de la normativa y manual de funciones aprobada bajo resolución administrativa interna –de cinco días–, según informó la responsable jurídica, más aun considerando que los informes PIEM para los procesos penales de adolescente con responsabilidad penal ameritan mayor celeridad al tratarse de adolescentes privados de libertad; y, f) La demora en la emisión del informe superó los plazos razonables, lo que provocó lesión a los derechos del accionante; concretamente a su derecho a la libertad; puesto que, la modificación de la medida restrictiva en su contra no pudo ser considerada hasta el 2 de diciembre de 2024, fecha que se estableció para llevarse a cabo dicho actuado procesal, aspecto que hace procedente la concesión de tutela impetrada aunque el acto vulneratorio haya cesado con el informe solicitado por la autoridad jurisdiccional; sin embargo, dichos aspectos no pueden volver a repetirse bajo ningún punto de vista por los funcionarios del SEDEGES, pese a que la Directora demandada haya sancionado al funcionario responsable con una llamada de atención.
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 71 a 76, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. El 1 de octubre de 2024, la audiencia de consideración de modificación de medidas socio-educativas, fue suspendida porque no se había remitido a conocimiento del Juez de Ejecución penal el informe psicológico del accionante, por lo que se conminó a la Instancia Técnica Departamental para que remita los informes de evaluación psicosocial del mismo (fs. 12 y vta.). II.2. Por memorial presentado el 6 de noviembre de 2024, el impetrante de tutela junto a otras personas hicieron conocer a la Directora del SEDEGES, los casos en los que dicha entidad está causando retrasos debido a la falta de remisión de los informes vinculados a las solicitudes de modificación o cesación de las medidas impuestas (fs. 14 a 16). II.3. Cursa Memorándum GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/MLLA-0013/2024 de 13 de noviembre, a través del cual la Directora del SEDEGES llamo severamente la atención a la Coordinadora del Programa de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad Penal en el departamento de La Paz; toda vez que, ésta no habría dado respuesta al Oficio CITE 193/2024 respecto al proceso seguido contra el solicitante de tutela (fs. 30).
II.4. Beatriz Churata Mamani, Directora del SEDEGES, por memorial presentado el 22 de noviembre de 2024, remitió al Juez de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz informe psicosocial actualizado del ahora accionante (fs. 45 y 55).
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la educación, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, habiendo solicitado modificación de las medidas socio-educativas interpuestas en su contra; se señaló audiencia para tal efecto para el 1 de octubre de 2024; actuado procesal que fue suspendido por la autoridad jurisdiccional a cargo por no haberse remitido completa la documentación pertinente para considerar la aplicación de la medida solicitada; no obstante, de haberse ordenado al SEDEGES la remisión del informe psicológico del accionante, por negligencia y errores en el procesamiento interno de la indicada entidad, no se cumplió lo dispuesto por la autoridad judicial hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, lo cual ocasiona que no pueda ser beneficiado con una sanción menos gravosa que la restricción de su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de libertad se encuentra consagrada en la Primera Parte, Título IV, Capítulo II, Sección I de nuestra Constitución Política del Estado, estipulando en su art. 125, que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer esta acción de defensa y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; en ese marco, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han determinado una clasificación de los diferentes tipos de acción de libertad instituidas para su aplicación efectiva, según la finalidad que se persigue, entre las que se encuentra la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero).
La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos corresponden).
De la revisión y compulsa de los antecedentes procesales, resulta evidente que el accionante cumplía tres años de medida de restricción de su libertad, en el Centro de Reintegración Social Varones; y, al haber cumplido más de la mitad de la pena interpuesta, solicitó modificación de las medidas socio-educativas interpuestas en su contra. De esa forma, la autoridad judicial, señaló audiencia para tal efecto, la cual fue realizada el 1 de octubre de 2024; sin embargo, fue suspendida debido a que el SEDEGES, al remitir el Informe PIEM-Plan Individual de Medidas con cite: GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UDAC/ CRSV/ADMINIF/PSI-TS/NEXT 065/2024, omitió incluir el informe psicológico. Por ese motivo, mediante oficio 193/2024 de 14 de octubre, se ordenó al SEDEGES remitir dicho informe psicológico del impetrante de tutela, comunicación que fue recibida en dicha entidad, en la misma fecha. No obstante, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad –26 de noviembre de 2024–, no fue cumplido lo ordenado. De acuerdo al informe presentado por las servidoras públicas del SEDEGES, en la audiencia, el oficio 193/2024 de 14 de octubre, fue erróneamente remitido el 15 del mismo mes y año, al Programa de Orientación y no al Centro de Integración de Varones porque “no se indicó si el adolescente se encontraba cumpliendo medida privativa de libertad”; a lo que se añade que, la responsable del Programa de Orientación, para advertir que el hoy impetrante de tutela no se encontraba en sus registros, se tomó hasta el 13 de noviembre de 2024, previa llamada de atención expuesta en el Memorándum GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/MLLA-0013/2024 de 13 de noviembre, derivándose el citado Oficio 193/2024, primero a la Unidad de Administración de Centros, que a su vez remitió el mismo al Centro de Reintegración Social de Varones el 14 de noviembre de 2024, unidad que dio pronta respuesta remitiendo los Informes Psicosociales actualizados de acuerdo a lo dispuesto por el Juez del proceso, los cuales fueron entregados a la Dirección Técnica el 19 del citado mes y año, que los remitió a la Unidad Jurídica el 21 del referido mes y año, para finalmente, dicha unidad, presentarlos en plataforma del Juzgado, el 22 de noviembre de 2024; en consecuencia, para cumplir lo dispuesto por la autoridad judicial, el SEDEGES demoró casi un mes y medio (14 de octubre al 22 de noviembre). En ese contexto, el Juez señaló audiencia para el 2 de diciembre del referido año a las 8:30. Conforme lo anterior y a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la libertad cuando éste hubiera sido lesionado como consecuencia de una tramitación procesal dilatoria injustificada, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones o agravios causados por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el precitado derecho, en tal situación, el agraviado puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional interponiendo la acción de libertad, para que la vía constitucional resuelva conforme a la normativa y jurisprudencia vigentes; asimismo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser obligatoriamente observada. No obstante y conforme se analizó precedentemente, la autoridad demandada, que tiene a su cargo el Servicio de Gestión Social de La Paz, incumplió su deber de actuar con celeridad al demorar en remitir el informe psicológico del accionante durante casi un mes y medio, sin que exista un justificativo para la indicada demora, puesto que primero, aparentemente, no cuenta con información centralizada que permita verificar por nombre del adolescente en conflicto con la Ley, el lugar, programa u otra medida que le hubiese sido impuesta, de manera que algo tan simple como remitir un informe solicitado por el Juez, pueda ser realizado en plazo muy breve, teniendo en cuenta que los derechos de los adolescentes infractores a cargo de autoridades judiciales de ejecución penal permiten inferir que se trata de situaciones que involucran el derecho a la libertad física; por otra parte, igualmente, llama la atención que al remitir los planes individuales de medidas, no se verifique que contengan la documentación necesaria y completa. No obstante, si bien es evidente que el SEDEGES, luego de un largo trámite, finalmente, remitió al Juez del proceso la información requerida, de manera que el acto lesivo desapareció, se debe considerar que el informe psicológico realizado por el SEDEGES no fue realizado con la debida celeridad; aspecto el cual, provocó una dilación indebida respecto a la situación jurídica de ahora accionante. En tal sentido, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional referida a la acción de libertad innovativa, cuya naturaleza jurídica implica, que aunque el acto lesivo haya desaparecido como ocurre en el caso de Autos, corresponde conceder la tutela solicitada, esto con el fin de evitar futuras conductas de esa naturaleza que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo expuesto precedentemente, corresponde en el presente caso conceder la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque sin especificar la denegatoria obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 32/2024 de 27 de noviembre, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en su totalidad la tutela impetrada, recomendando que en otras situaciones similares se actúe con la celeridad que el caso amerita. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0009_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2115bf69484e3547ce9df42711a0be1181d145523b9efd252279784709d0fe92
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →