Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, debido a que, el Juez demandado, una vez vencido el plazo de la detención preventiva, omitió instalar la audiencia para definir su situación jurídica, manteniéndoles detenidos indebidamente, celebrándose el acto procesal recién quince días después del vencimiento, tras reiterados reclamos; y, en la audiencia finalmente instalada, en lugar de disponer la cesación de su detención preventiva por el vencimiento del plazo, determinó la ampliación de la medida por dos meses adicionales de forma contraria a procedimiento. Por lo cual, solicitaron se conceda tutela y en consecuencia, se ordene su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 7 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por la Jueza de Partido Mixto de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la dilación indebida en la suspensión de la audiencia de control jurisdiccional ante el vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva; en su modalidad innovativa, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Exhortar a Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, hoy demandado, a tramitar con la máxima celeridad posible, las audiencias en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa, es menester que no vuelva a repetir los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3° DENEGAR respecto a la decisión de ampliar el plazo de duración de la detención preventiva, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de esta decisión.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1522/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56830-2023-114-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 7 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pablo Eduardo Stambuk Ferrufino en representación sin mandato de Arnold Moisés Ballesteros Rojas, Juan Carlos Choque Rodríguez y Deysi Molina contra Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 6 de julio de 2023, cursante a fs. 2, los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron que:
Se encuentran con detención preventiva por más de cuatro meses; el día 20 “hacen más de 4 meses” (sic), el Ministerio Público presentó ante la autoridad jurisdiccional una denuncia en su contra por la presunta comisión de un delito de carácter patrimonial. El día 20 de junio -debe entenderse de 2023-, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba, del departamento de Cochabamba omitió instalar la audiencia para considerar la modificación, revisión o reconsideración de las medidas cautelares impuestas, por él mismo señalada. Pese a sus múltiples reclamos y después de quince días, la audiencia fue finalmente instalada el día de ayer, prolongando indebidamente -la privación de- su derecho a la libertad; acto en el cual en lugar de disponer la cesación de la detención preventiva, permitió que el Fiscal de Materia solicitara la ampliación del plazo de la medida por dos meses adicionales.
Los impetrantes denunciaron la vulneración del derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 24 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda tutela impetrada y en consecuencia se ordene, su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2023, según acta cursante de fs. 12 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia pública, ratificaron de forma íntegra los argumentos expuestos en la acción de libertad y ampliando el mismo, señalaron que: en la audiencia realizada, el Fiscal de Materia solicitó la ampliación del plazo de la detención preventiva por dos meses más, cuando el plazo ya se encontraba vencido, lo cual no es correcto procedimentalmente; con esa lógica el 20 de agosto, si la audiencia no realizaría por cualquier situación, el Fiscal de Materia podría solicitar otros dos meses más de detención, la cual se volvería una condena anticipada; y, tornaría la misma “si no es ilegal indebida” (sic); cuando lo que debería cumplirse es lo establecido en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 7 de julio de 2023, cursante a fs. 11 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, y manifestó: a) Es evidente que la audiencia de cesación a la detención preventiva se suspendió en tres oportunidades, lo cual no le es atribuible porque el despacho no contaba con secretario abogado por encontrarse con vacación judicial; no obstante que convocó a los secretarios siguientes en número, estos no se presentaron a las audiencias; hecho que fue puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura y Presidencia; b) Al estar ausente el secretario, no existe quien de fe de las audiencias; y al no contar con otro personal, se encuentra atendiendo labores del personal de apoyo, además de las propias; y, c) El accionante no acreditó ninguno de los presupuestos del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por lo que el caso no se encuentra plenamente fundamentado.
Ramiro Altamirano Sejas, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, en audiencia pública solicitó se deniegue la tutela y manifestó que, en la audiencia donde se dispuso la ampliación de la detención preventiva por un plazo de dos meses más, la defensa no apeló esa decisión; por lo cual no cumplió con las condiciones materiales de acceso a la acción de libertad.
La Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 7 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 18, denegó la tutela solicitada; con base a los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante no realizó ninguna argumentación sobre el triple carácter de la acción de libertad, tampoco formuló una petición entendible, la cual no tiene relación con los hechos; 2) De la revisión de los antecedentes remitidos por la autoridad recurrida, estableció que el 5 de julio de 2023, otorgó la ampliación del plazo establecido en la audiencia de aplicación de medidas cautelares; auto que no fue apelado conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP; y, 3) No es posible recurrir directamente a la jurisdicción constitucional sin haber agotado los recursos en la vía ordinaria; la vía constitucional no es una instancia revisora de resoluciones emitidas en la vía ordinaria, de acuerdo a los presupuestos de activación de la acción de libertad, establecidos en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo.
De la revisión del expediente, no se cuenta con documentación alguna dentro de la presente acción de libertad.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, debido a que, el Juez demandado, una vez vencido el plazo de la detención preventiva, omitió instalar la audiencia para definir su situación jurídica, manteniéndoles detenidos indebidamente, celebrándose el acto procesal recién quince días después del vencimiento, tras reiterados reclamos; y, en la audiencia finalmente instalada, en lugar de disponer la cesación de su detención preventiva por el vencimiento del plazo, determinó la ampliación de la medida por dos meses adicionales de forma contraria a procedimiento. Por lo cual, solicitaron se conceda tutela y en consecuencia, se ordene su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la Ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder. El precedente constitucional citado ha sido glosado en la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, aplicado en otros casos similares.
El Tribunal Constitucional a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
Es así, que la citada SC 0160/2005-R se refirió a los medios de impugnación específicos previstos contra las resoluciones de medidas cautelares, y entendió que el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo; en virtud de ello, concluyó lo siguiente:
[N]o cabe duda que el recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).
De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas. Dicho entendimiento ha sido ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente, así la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, sistematizadora de línea jurisprudencial, recogió el desarrollo jurisprudencial de los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, conforme a lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
5 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 6 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señala que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa, pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo la primera Sentencia confirmadora del precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. (…)».
7 El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 8 El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 9 El FJ III.4, expresa: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de libertad”. 10 El FJ III.3, refiere: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: `De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”.
Los accionantes denuncian que, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de naturaleza patrimonial, el Juez demandado, una vez vencido el plazo de la detención preventiva, omitió instalar la audiencia para definir su situación jurídica, manteniéndoles detenidos indebidamente, celebrándose el acto procesal recién quince días después del vencimiento, tras reiterados reclamos; y, en la audiencia finalmente instalada, en lugar de disponer la cesación de su detención preventiva por el vencimiento del plazo, determinó la ampliación de la medida por dos meses adicionales de forma contraria a procedimiento. De acuerdo a lo reclamado por la parte accionante se tiene que, presentaron dos reclamos, el primero, referido a la dilación injustificada en la realización de la audiencia de control jurisdiccional ante el vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva; y, el segundo, respecto presunta ilegalidad de la resolución que determinó la ampliación de la medida cautelar por dos meses adicionales. Respecto a la primera denuncia, corresponde revisar los antecedentes que hacen a la presente causa; así, del informe presentado por el Juez demandado para la presente acción de libertad, lo informado en la audiencia tutelar y la Resolución de la Jueza de garantías, se corrobora que, la autoridad demandado señaló inicialmente audiencia para la consideración de la situación jurídica de los accionantes, ante el vencimiento de los cuatro meses de la detención preventiva, para el 20 de junio de 2023; actuado que no se realizó y fue suspendido por tres veces, que a decir del accionado, se debió a que el juzgado no contaba con secretario ni los convocados en suplencia se presentaron a las audiencias señaladas; hasta que finalmente se efectivizó el 5 de julio de igual año. Conforme a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el deber que tiene toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, de tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho, que es posible tutelar a través de la acción de libertad de pronto despacho. En el presente caso, la audiencia programada para resolver la situación jurídica de las personas detenidas preventivamente; cobra alta relevancia toda vez que, constituye el momento procesal oportuno para determinar la continuidad de la medida, su cese o la imposición de otras medidas cautelares personales; sin embargo, al ser suspendida injustificadamente por quince días, hasta el 5 de julio de 2023, dejó en incertidumbre a los accionantes, cuando este acto se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la libertad, y su incumplimiento decanta en la vulneración del derecho citado; es por ello, que compelía al Juez demandado, en su rol de director del proceso, asumir medidas de dirección de gestión de despacho si el juzgado carecía de secretario, por encontrarse de por medio la libertad de los detenidos; por cuanto al no resolverse la situación jurídica de los cautelados que responde al tercer requisito de la aplicación de detención preventiva, no sólo se lesiona flagrantemente el derecho a la libertad, sino, el juez deja de ejercer el control del plazo de duración, lo cual conlleva a que el Ministerio Público incumpla sus funciones y atribuciones, generando una disfunción procesal. Es de esa omisión que, se corrobora que el juez demandado incurrió en dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad de los accionantes, contraviniendo además el principio de celeridad dispuesto por el art. 178.I de la CPE. Ahora bien, si bien el acto lesivo cesó con la celebración de la audiencia el 5 de julio de 2023, motivo por el cual correspondería denegar la tutela impetrada toda vez que, el acto lesivo ya desapareció. Sin embargo, debe tomarse en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal, puesto que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, como aconteció en el caso presente; por consecuencia, siendo evidente la lesión del derecho a la libertad de los accionantes por la dilación indebida, que provocó mantener su detención preventiva más allá del plazo de duración establecido; al advertirse que finalmente el actuado proceso se realizó después de quince días, corresponde conceder la tutela solicitada bajo el alcance de la acción de libertad innovativa. En relación a la segunda denuncia; de los antecedentes y actuados contendidos en el expediente se evidencia que, en la audiencia de 5 de julio de igual año, la autoridad demandada, resolvió la ampliación del plazo de duración de la detención preventiva a solicitud del Ministerio Público; decisión que en criterio de los accionantes no correspondía porque esa solicitud operó después del vencimiento del plazo. Sobre el particular; es pertinente resaltar que, de conformidad con los Fundamentos Jurídicos III.3 de este fallo constitucional, el criterio jurisprudencial sobre la subsidiaridad excepcional en la acción de libertad, ha establecido que sólo puede ser presentada una vez agotados los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé. En el caso de las medidas cautelares, el recurso de apelación incidental es el medio idóneo, rápido y sencillo, para cuestionar toda resolución que imponga o modifique las mismas. En el presente caso, se evidencia que los accionantes al considerar que la decisión de ampliación del plazo de duración de detención preventiva era contraria a procedimiento, debieron interponer el recurso de apelación incidental, activando el mecanismo de impugnación en la vía incidental, siendo este recurso el medio idóneo de corregir los actos ilegales u omisiones indebidas en la que pudieran incurrir los jueces, antes de activar esta acción de libertad. Por consecuencia, la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad no puede ser activada sin antes los accionantes agoten los medios y recursos procesales ordinarios destinados a la reparación de las lesiones denunciadas; ante ello, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo; por lo que, corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa y denegar la tutela solicitada sobre este motivo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 7 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por la Jueza de Partido Mixto de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la dilación indebida en la suspensión de la audiencia de control jurisdiccional ante el vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva; en su modalidad innovativa, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Exhortar a Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, hoy demandado, a tramitar con la máxima celeridad posible, las audiencias en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa, es menester que no vuelva a repetir los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3° DENEGAR respecto a la decisión de ampliar el plazo de duración de la detención preventiva, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de esta decisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1522_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): e0617a390decee849aae2e78285f84098036e9ca78a9b062226bccc1f99a48c0
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