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SCP 0075/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
44130-2021-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso; toda vez que encontrándose aun privado de libertad debido a que la fianza que le impusieron es de imposible cumplimiento, solicitó la modificación de medidas cautelares y una vez instalada la audiencia, pese a que se informó el cumplimiento de las formalidades, se suspendió por ausencia de la víctima; por lo que pide se declare ilegal la suspensión de la audiencia de modificación de medidas cautelares de 2 de noviembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2021 de 3 de noviembre, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos que el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0075/2023-S1 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44130-2021-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2021 de 3 de noviembre, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Willy de Jesús Murillo Cortez en representación sin mandato de Melvin Hugo Marza Corcus contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 4, el accionante, a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido contra Melvin Hugo Marza Corcus, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, le impuso una fianza económica que considera de imposible cumplimiento, porque el procesado no cuenta con apoyo económico familiar y se encuentra privado de libertad, en ese marco solicitó la modificación de medidas cautelares, señalándose audiencia para el 2 de noviembre de 2021; y cuando se instaló la audiencia, pese al cumplimento de las formalidades la autoridad demandada la suspendió alegando la inasistencia de la víctima.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso citando al efecto los arts. 23, 109, 110, 113.I, 125, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, se declare ilegal la suspensión de la audiencia de modificación de medidas cautelares de 2 de noviembre de 2021.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 3 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 7 a 8 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante en audiencia a través de su abogado, procedió a ratificar el contenido de la acción presentada y de manera oral indicó: ¡) Que en el proceso que se le sigue, se hubiera emitido una resolución de sobreseimiento no impugnado; y, ii) Que la SCP 0128/2018-S2 de 16 abril hubiera establecido que la ausencia del Ministerio Público y la víctima no son causales de suspensión si estaban legalmente notificados para la audiencia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento en la audiencia solicitó se deniegue la tutela e informó que: a) El proceso es por la presunta comisión del delito de Estupro contra una menor de quince años; b) El Auto que concede la cesación a la detención preventiva e impone la fianza económica, fue apelado y confirmado; c) Que evidentemente se solicitó la modificación de medidas cautelares, mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2021, en la Oficina Gestora de Procesos se señaló audiencia para el 3 de noviembre del citado considerando que de por medio se encontraba un fin de semana y el feriado de Todos Santos; d) Que en la audiencia se encontraba presente el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el imputado y su abogado pero no así la víctima por lo que considerando la Recomendación 33 de la CEDAW respecto a la debida diligencia, suspendió la audiencia para el 5 de noviembre del mismo año, es decir dentro las cuarenta y ocho horas; y, e) Que la jurisprudencia a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo estableció que incluso en la acción constitucional se debe considerar los derechos no sólo de la parte imputada si no de la parte víctima y que además el sobreseimiento que se hubiera emitido a favor del imputado no está ejecutoriado.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 24/2021 de 3 de noviembre, cursante de fs. 9 a 10, concedió la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) Conforme a la SCP 0873/2017-S2 de 21 de agosto, no es causal de suspensión de audiencia de modificación de medidas cautelares la ausencia de la víctima; y, 2) Si bien es evidente que se debe resguardar los derechos de las víctimas, en este caso ya estaba notificada para el actuado por lo que no había motivo de suspensión, porque no había ningún justificativo de la ausencia de la parte víctima.

II. CONCLUSIONES

Las partes no presentaron ningún documento vinculado a sus petitorios, tomándose en cuenta esencialmente en la presente resolución: II.1. Acta de audiencia de acción de libertad en la cual la autoridad demandada reconoce “…por otra parte es evidente que se ha cumplido con las formalidades y que en la Presente se encontraba presente el Ministerio Público, la parte imputada asistido de su abogado, la NNA…” sic. (fs. 7 a 8 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso; toda vez que encontrándose aun privado de libertad debido a que la fianza que le impusieron es de imposible cumplimiento, solicitó la modificación de medidas cautelares y una vez instalada la audiencia, pese a que se informó el cumplimiento de las formalidades, se suspendió por ausencia de la víctima; por lo que pide se declare ilegal la suspensión de la audiencia de modificación de medidas cautelares de 2 de noviembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0837/2018-S2 de 20 de diciembre y la SCP 0736/2021-S1 de 30 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: La SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento reiterado en la SCP 0112/2012 de 27 de abril. Con relación a la demora en la efectivización del mandamiento de 1El FJ III.1, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.2.1, indica: “Del mismo modo, el Tribunal Constitucional Transitorio, contrastó este problema jurídico con la Constitución vigente, en algunas sentencias constitucionales, siendo la más relevante la siguiente: La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en un caso en el que constató que la demora en la que incurrió el juez de la causa fue tanto en el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, como en la tramitación de la misma debido a suspensiones injustificadas; el Tribunal Constitucional, contrastando el problema jurídico planteado con las normas constitucionales-principios de la Constitución vigente: el derecho fundamental a la libertad personal, el valor dignidad, el principio de celeridad, otorgó la tutela, generando la siguientes reglas procesales penales construidas jurisprudencialmente, a partir de la comprensión de qué implica un acto dilatorio respecto a las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP…”.

libertad, en los casos que se dispuso la cesación de la detención preventiva con la consiguiente aplicación de medidas sustitutivas, la SC 0862/2005-R de 27 de julioseñaló que sus solicitudes deben tener un trámite acelerado y oportuno; puesto que, si existe demora indebida, ya sea en su tramitación, consideración o cuando se entorpezca o impida que el beneficio concedido pueda ejecutarse de inmediato, se restringe el derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 0028/2010-R de 16 de abrilpuntualiza que la celeridad procesal como principio ético-moral de la sociedad plural, no solo tiene que imprimirse en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas al derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización; entendimiento confirmado por la SCP 1853/2012 de 12 de octubre, la que indica que, si bien debe acreditarse que se cumplieron con las medidas sustitutivas impuestas; empero, la materialización de la libertad del imputado o procesado, debe obedecer al principio de celeridad, cuya actuación contraria provoca dilación indebida; razonamiento reiterado en la SCP 0182/2014 de 30 de enero, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, refiere:

…No siendo razonable ni lógico, que una vez determinada la cesación de la detención preventiva, el procesado no pueda efectivizar su derecho, por causas dilatorias atribuibles al juez cautelar, por actitudes de desidia o negligencia que provoquen la persistencia de la medida restrictiva de libertad. De la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, se concluye que entre las modalidades de acción de libertad se encuentra la denominada traslativa o de pronto despacho; a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que 3El FJ III.2, refiere: “Consiguientemente, se concluye que el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado”. 4El FJ III.4, manifiesta: “La celeridad procesal señalada precedentemente no solo tiene que imprimirse en su tramitación y consideración sino también en su efectivización, pues el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado”.

se encuentra privada de libertad; asimismo, que la autoridad judicial no solo está compelida a imprimir esa celeridad procesal en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas al derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización, ya que una actitud contraria constituye una dilación indebida que vulnera este derecho.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso; por cuanto si bien se le concedió la cesación a la detención preventiva no se efectivizó la misma porque le impusieron una fianza económica de imposible cumplimiento, por lo que solicitó la modificación de medidas cautelares, señalándose audiencia para el 2 de noviembre de 2021 y la autoridad accionada hubiera dispuesto la suspensión de dicha audiencia por ausencia de la víctima, pese a que estaban cumplidas las formalidades. Por ello, solicita se declare ilegal la suspensión de la audiencia de modificación de medidas cautelares referida. Conforme lo citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció distintos supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho entre las que se encuentra la suspensión de la audiencia por motivos injustificables como ser la inasistencia del Ministerio Publico o de la parte victima cuando fueron notificados legalmente. De la conclusión y los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se advierte que en el proceso penal seguido contra el accionante, se le hubo concedido la cesación a la detención preventiva y entre las medidas cautelares impuestas se encuentra la de fianza económica, que no ha podido cumplir, solicitando por ello la modificación de medidas cautelares; al efecto la autoridad demandada hubo señalado audiencia para el 2 de noviembre de 2021, y habiéndose cumplido las formalidades, se encontraban presente el Ministerio Publico, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el imputado y su abogado (Conclusión II.1). Ahora bien en el caso en análisis, cursa una aceptación por parte de la autoridad accionada en el sentido de que se habían cumplido las formalidades, es decir todos los sujetos procesales se encontraban notificados para el actuado, por lo que definitivamente no estaba justificada la suspensión de la audiencia, aunque la haya reprogramado dentro de los plazos establecidos; si bien la autoridad demandada, alega que lo hizo en protección de una víctima vulnerable, resulta que la misma autoridad reconoce que en el actuado estuvieron presentes el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sujetos procesales que tienen el deber de precautelar los intereses de la víctima; con ello era su deber resolver en esa oportunidad conforme en derecho, resaltando que en conformidad y armonía a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de libertad de pronto despacho busca acelerar el trámite para resolver la situación jurídica, evitando dilaciones indebidas, lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que ello dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en el caso. Por lo expuesto se denota la existencia de dilación indebida, vinculada al derecho a la libertad y la garantía del debido proceso correspondiendo conceder la tutela conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2021 de 3 de noviembre, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos que el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0075_2023-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7f3d7eeb4bff184fcea306ea11176b2b29d93689a5e489bad5fe31d1dc458487

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