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SCP 0069/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
44440-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad y gratuidad; toda vez que, habiendo emitido el Vocal demandado el Auto de Vista 566/2021 de 14 de octubre, este ni el personal de apoyo -Secretario y Auxiliar Dactilógrafa-, devolvieron los antecedentes de dicho recurso al Juzgado de origen; impidiendo de esa manera que el proceso continúe y pueda efectuar una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal; y, Juan Victor Gonzales Amaru, Secretario, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a quienes se llama severamente la atención por la demora en la remisión del legajo procesal y Auto de Vista 566/2021 de 4 octubre al Juzgado de origen; y, 2º DENEGAR la tutela respecto a Ruth Noemí Murga Vargas, Auxiliar Dactilógrafa de la referida Sala Penal, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial
  3. III.3. De la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2023-S2 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44440-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Paz Paz contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal; Juan Víctor Gonzales Amaru, Secretario; y, Ruth Noemí Murga Vargas, Auxiliar Dactilógrafa, todos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 4, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitó cesación de la detención preventiva, la cual fue rechazada; por ello, formuló recurso de apelación incidental; impugnación remitida el 14 de octubre de 2021, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiendo transcurrido casi un mes sin haberse devuelto los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del referido departamento, e incluso el Auto de Vista 566/2021 de igual fecha, no fue transcrito por la Auxiliar Dactilógrafa de la referida Sala -hoy codemandada- “…arguyendo que el vocal ahora accionado no ejercería sus funciones en la sala siendo que el mismo llevaría sus audiencias desde su domicilio…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad y gratuidad, citando al efecto los arts. 8.I, 22, 23, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) “En el día” se proceda con la devolución del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, b) Se llame severamente la atención por la dilación incurrida.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante a fs. 25, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante asistió a la audiencia de garantías; sin embargo, se encontraba sin abogado; por ello, no hizo uso de la palabra.

I.2.2. Informe de los demandados

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 12 de noviembre de 2021, cursante a fs. 8, expresó su sorpresa de que el accionante fuese aconsejado por la Auxiliar Dactilógrafa de la Sala que compone, quien estaría prohibida de asesorar a las partes; ya que, tendría otras funciones; por su parte, observó el cumplimiento de la ley y los plazos previstos en procedimiento; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Juan Victor Gonzales Amaru, Secretario de la mencionada Sala Penal, por informe escrito remitido el 12 de noviembre de 2021, cursante de fs. 21 a 22 vta., refirió que: 1) El impetrante de tutela no precisó a qué numeral del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se acogió para la procedencia del presente mecanismo de defensa; 2) El prenombrado denunció una presunta vulneración a sus derechos sin fundamentar ni identificar la conducta de cada uno de los demandados, tampoco mencionó la relevancia constitucional; 3) Se indicó retraso en la devolución de antecedentes, sin especificar norma jurídica alguna al respecto; además, el solicitante de tutela alegó que no podía presentar solicitud de cesación de la detención preventiva en tanto no retorne su recurso de impugnación; empero, aquello era una presunción; ya que, nada le impedía formalizar tal pedido; 4) El despacho del cual es parte, tenía una multiplicidad de audiencias de apelación incidental y restringida, no siendo el caso del aludido el único; y, 5) El proceso ya fue devuelto al Juzgado de origen; inclusive, de forma anterior a la notificación con esta acción tutelar, adjuntándose al efecto fotocopias del libro de bajas y el oficio de devolución; en virtud a ello, sería aplicable lo determinado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1069/2017-S2 de 9 de octubre y 0246/2017-S3 de 27 de marzo, respecto a la sustracción de materia. Ruth Noemí Murga Vargas, Auxiliar Dactilógrafa de la citada Sala, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 6.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 18/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 26 a 28, concedió la tutela impetrada, respecto al Secretario codemandado, llamándole la atención y recomendándole que obre con celeridad en casos con detenidos; y, denegó en lo concerniente al Vocal y Auxiliar Dactilógrafa demandados; con base en los siguientes fundamentos: i) Dicha autoridad pronunció el Auto de Vista 566/2021; sin embargo, el aludido Secretario realizó el oficio de remisión el 11 de noviembre de igual año; y, ii) La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene como premisa acelerar trámites judiciales o administrativos cuando se produce dilación indebida en los mismos, demorándose resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, así lo estableció la SC 0044/2010-R de 20 de abril.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota de devolución de obrados con sello de recepción de 11 de noviembre de 2021, suscrita por Juan Victor Gonzales Amaru, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandado-, dirigida al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del referido departamento, con el objeto de remitir el Auto de Vista 566/2021 de 14 de octubre y el proceso correspondiente (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad y gratuidad; toda vez que, habiendo emitido el Vocal demandado el Auto de Vista 566/2021 de 14 de octubre, este ni el personal de apoyo -Secretario y Auxiliar Dactilógrafa-, devolvieron los antecedentes de dicho recurso al Juzgado de origen; impidiendo de esa manera que el proceso continúe y pueda efectuar una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus –ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

III.2. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial

La SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto, entendió que: «La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional”. En consecuencia, de la Sentencia Constitucional Plurinacional precitada, se tiene claramente establecido que la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial emergente de la presunta lesión de derechos tutelados por esta acción y opera en dos situaciones: 1) Producto del incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de la inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en el ejercicio de sus funciones» (las negrillas nos corresponden).

III.3. De la acción de libertad innovativa

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, precisó que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) ‘…la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (…)

De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades’. Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en esta acción de defensa se tiene que, por nota de devolución de obrados con sello de recepción de 11 de noviembre de 2021, suscrita por el Secretario codemandado dirigida al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del referido departamento, se remitió el Auto de Vista 566/2021 de 14 de octubre y el legajo procesal correspondiente (Conclusión II.1). Ahora bien, la problemática planteada radica en la demora de devolución del cuaderno de la apelación al Juzgado de origen, impidiendo de esa manera que el peticionante de tutela solicite cesación de la detención preventiva; alegando por ello, que se hubiera lesionado sus derechos a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad y gratuidad. Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se precisa que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad, y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. Bajo ese contexto, se advierte que el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 566/2021 el 14 de octubre, así se colige de la nota de remisión de 11 de noviembre de 2021; en la que, el Secretario codemandado refiere “…dando estricto cumplimiento a la Resolución No. 566/2021 de fecha 14 de octubre de 2021…” (sic); razón por la cual, si bien la autoridad demandada pronunció su decisión en un tiempo óptimo; empero, se remitió el proceso a fojas ochocientos veinte seis y la referida determinación al Juzgado de origen, luego de transcurrido casi un mes; consiguientemente, se advierte que un trámite relacionado al derecho a la libertad del solicitante de tutela no fue atendido de manera diligente, cuya falta es atribuible: a) Al Vocal demandado; en el entendido que pese a pronunciar el respectivo fallo y disponer la remisión de antecedentes al Juzgado correspondiente, no realizó el control pertinente sobre su personal de apoyo y las órdenes impartidas; y, b) Al Secretario codemandado; a quien se encomendó la devolución del legajo procesal al despacho inferior, con la cual se daría continuidad a la causa penal estando facultado el peticionante de tutela a solicitar se modifique su situación jurídica, a partir de la recepción de dichos antecedentes; aspecto que quedó en suspenso, permitiéndole activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al existir una dilación por más de treinta días; en tal sentido, corresponde conceder la tutela impetrada respecto al Vocal demandado y al mencionado Secretario, quien conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional cuenta con legitimación pasiva en su condición de funcionario de apoyo judicial, que se configura cuando se presentan dos escenarios: 1) Incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en el ejercicio de sus funciones. Configurándose en la causa que nos atañe la primera condicionante. Ahora bien, respecto a la Auxiliar Dactilógrafa no cursa en antecedentes elementos que permitan establecer que el Vocal demandado emitió instrucciones explícitas a la nombrada en relación a la remisión del recurso de apelación del accionante; en ese entendido, al no configurarse los señalados supuestos, no es posible atribuirle responsabilidad en el hecho lesivo, correspondiendo denegar la tutela. Finalmente, si bien la acción u omisión cometida por el servidor de apoyo codemandado que provocó detrimento a los aludidos derechos del peticionante de tutela ya cesó, o fue superada por haberse remitido el legajo de apelación incidental al Juzgado de origen; este Tribunal, siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, advertido el retardo injustificado, no puede convalidar la señalada lesión, más aun cuando se encuentra involucrada la libertad física; por cuanto, el objeto de la presente acción tutelar, no es solamente la de determinar la finalización del hecho lesivo, sino también disponer que los servidores públicos y la colectividad en su conjunto se inhiban de asumir conductas de esa naturaleza que contravienen el orden constitucional y por consiguiente, son susceptibles de sanción; por lo cual, corresponde conceder la tutela de la acción de libertad en su modalidad innovativa. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal; y, Juan Victor Gonzales Amaru, Secretario, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a quienes se llama severamente la atención por la demora en la remisión del legajo procesal y Auto de Vista 566/2021 de 4 octubre al Juzgado de origen; y, 2º DENEGAR la tutela respecto a Ruth Noemí Murga Vargas, Auxiliar Dactilógrafa de la referida Sala Penal, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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