Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso; esto debido a que la autoridad demandada, pese a estar notificada, no elaboró ni remitió el PIEM, incumpliendo lo dispuesto en la Sentencia 041/2025, y el decreto de 9 de enero de 2026, ambos emitidos por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro; lo cual, impide que pueda recuperar su libertad y cumplir con la medida socioeducativa impuesta respecto a su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2026 de 30 de enero, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 81379-2026-163-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2026 de 30 de enero, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Luis Flores Beltrán en representación sin mandato de Grover Álvaro López Gutiérrez contra Guadalupe Ramírez Angulo, Directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (GADO).
Por memorial presentado el 29 de enero de 2026, cursante de fs. 12 a 13, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
El 12 de enero de 2026 se notificó a la autoridad demandada con la providencia de 9 de igual mes y año, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro, ordenando que la instancia técnica del Centro de Reinserción Social Varones “Renacer” elabore el Plan Individual de Ejecución de Medidas (PIEM), dando cumplimiento a la brevedad posible a la parte dispositiva de la Sentencia 041/2025 de 6 de noviembre, emitida por el mismo Juez. Sin embargo, la autoridad ahora demandada no cumplió con lo ordenado imposibilitando que pueda recuperar su libertad y cumplir con la medida socio educativa, conforme al art. 322 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); lo cual, implicó una vulneración de su derecho a la libertad, vinculado a la debida diligencia y al debido proceso, motivando la interposición de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que en el plazo de veinticuatro horas se presente el PIEM, con costas.
Celebrada la audiencia pública el 30 de enero de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela por intermedio de su representante, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de la presente acción de defensa y ampliándolo, manifestó que cuando la autoridad demandada no asiste y no presenta informe, se da por verdaderos los fundamentos de la acción de libertad, además que la problemática está vinculada con el derecho a la libertad; ya que, con el informe extrañado podrá solicitar poder cumplir las medidas socioeducativas en un régimen domiciliario, dada su buena conducta, estando a la fecha incluso inscrito en la carrera de Derecho al ser mayor de edad y que el derecho a la educación está protegido por el Estado.
Guadalupe Ramírez Angulo, Directora del SEDEGES del GADO, no presentó informe escrito alguno, y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 16.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2026 de 30 de enero, cursante de fs. 24 a 26, declaro “HA LUGAR” la acción de libertad y dispuso que en plazo de veinticuatro horas de su notificación, la autoridad demandada presente el informe y el PIEM al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro; esto con base en los siguientes motivos y fundamentos: a) Se trata de un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por el delito de violación con agravante; en el cual, se emitió la Resolución correspondiente en la que, al margen de la penalidad, se dispuso la ejecución de una medida socioeducativa, correspondiendo la elaboración de un PIEM por parte del equipo interdisciplinario del SEDEGES del GADO, con plena participación del entonces adolescente y su familia; y, b) Ante la falta de elaboración del PIEM pese a la notificación realizada y el reclamo realizado por el impetrante de tutela, se dispuso nuevamente una notificación al SEDEGES del GADO, que fue realizada el 12 de enero de 2026; sin embargo, la autoridad demandada hasta la fecha no hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, siendo que todo adolescente privado de libertad debe recibir atención preferente conforme al art. 23 de la CPE.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Sentencia 041/2025 de 6 de noviembre, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro; mediante la cual, y en lo principal: 1) Se declaró a Grover Álvaro López Gutiérrez -ahora accionante y entonces menor de edad- autor del delito de violación con agravante, aplicando responsabilidad penal atenuada de la medida socio educativa bajo el régimen de internamiento por un máximo de dos años y dos meses, a cumplirse en el Centro de Reinserción Social Varones “Renacer”; 2) La ejecución de la medida socioeducativa “PIEM” se realizará mediante la elaboración de un plan individual diferenciado para el adolescente a elaborarse por el equipo interdisciplinario del SEDEGES del GADO, y el referido Centro, con plena participación del adolescente y su familia, a cuyo efecto notifíquese a la instancia técnica con las formalidades de rigor; 3) Que el adolescente se someta a la supervisión, asistencia y orientación de personas técnicas, debidamente capacitadas, durante el tiempo que dure la sanción, y que amerita su inclusión en un programa desarrollado para este fin por la instancia técnica departamental de política social del SEDEGES del GADO; y, 4) Sea con responsabilidad civil y costas, averiguables en ejecución de sentencia (fs. 4 a 11 vta.). II.2. Consta el decreto de 9 de enero de 2026, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro, señalando que pese al tiempo transcurrido no se tiene el PIEM del accionante; motivo por el cual, dispuso la notificación al SEDEGES del GADO, a objeto de que cumpla con las disposiciones emanadas a la brevedad posible (fs. 2). II.3. Cursa diligencia de notificación al SEDEGES del GADO, con el decreto de 9 de enero de 2026, realizada el 12 de enero del mismo año (fs. 3).
El accionante denuncia la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso; esto debido a que la autoridad demandada, pese a estar notificada, no elaboró ni remitió el PIEM, incumpliendo lo dispuesto en la Sentencia 041/2025, y el decreto de 9 de enero de 2026, ambos emitidos por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro; lo cual, impide que pueda recuperar su libertad y cumplir con la medida socioeducativa impuesta respecto a su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Ahora bien, resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular; debido a que, no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia. Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caso Angulo Losada vs. Bolivia, en el que realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del artículo 19 de la citada CADH.
El accionante denuncia que la autoridad demandada, pese a estar notificada, no elaboró ni remitió el PIEM, incumpliendo lo dispuesto en la Sentencia 041/2025, y el decreto de 9 de enero de 2026, ambos emitidos por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro; lo cual, impide que pueda recuperar su libertad y cumplir con la medida socioeducativa impuesta respecto a su persona; por lo que, se habrían lesionado sus derechos a la libertad y al debido proceso. Ahora bien, corresponde aclarar que a pesar de que el impetrante de tutela indico en audiencia que a la fecha de interposición de la presente acción de defensa ya era mayor de edad, no debe dejarse de lado que la lesión denunciada emerge de la tramitación de un proceso penal seguido contra el mismo cuando era adolescente, estando privado de libertad y pendiente a la ejecución de la medida socioeducativa dispuesta en la Sentencia 041/2025, que solicitara sea con régimen domiciliario, al estar cursando estudios superiores; por lo que, corresponde aplicar los estándares de protección a los adolescentes en conflicto con la Ley, entre ellos la abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; ya que, conforme establece la SCP 0488/2015-S2 de 7 de mayo en relación a los casos relacionados con grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes no es posible aplicar la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; razón por la cual, corresponde ingresar al examen de fondo. Ingresando al examen de fondo, de los documentos cursantes en el expediente se advierte que mediante Sentencia 041/2025, pronunciado por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del Departamento de Oruro, se declaró a Grover Álvaro López Gutiérrez -ahora accionante- autor del delito de violación con agravante, aplicando responsabilidad penal atenuada de la medida socio educativa bajo el régimen de internamiento por un máximo de dos años y dos meses, a cumplirse en el Centro de Reinserción Social Varones “Renacer”; y que la ejecución de la medida socioeducativa
“PIEM” se realizará mediante la elaboración de un plan individual diferenciado para el adolescente a elaborarse por el equipo interdisciplinario del SEDEGES del GADO, y el referido Centro, con plena participación del adolescente y su familia; a cuyo efecto, se dispuso la notificación a la instancia técnica con las formalidades de rigor; y asimismo, que el adolescente se someta a la supervisión, asistencia y orientación de personas técnicas, debidamente capacitadas, durante el tiempo que dure la sanción, y que amerita su inclusión en un programa desarrollado para este fin por la instancia técnica departamental de política social del SEDEGES del GADO (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante decreto de 9 de enero de 2026, la referida autoridad judicial, dispuso que se notifique al SEDEGES del GADO, a objeto de que cumpla con las disposiciones; toda vez que, no se contaba con el plan, pese al tiempo trascurrido (Conclusión II.2); habiéndose procedido a la notificación con dicho decreto el 12 de enero de 2026 (Conclusión II.3). De lo relacionado precedentemente se advierte que la funcionaria pública demandada, al no haber cumplido con la elaboración del PIEM dispuesta en la Sentencia 041/2025, hasta la interposición de esta acción tutelar, que data del 29 de enero de 2026, resulta evidente que ha incurrido en dilación indebida; puesto que, no obstante de haber trascurrido un tiempo razonable para el cumplimiento de lo ordenado en sentencia; tal es así, que la autoridad judicial por el referido decreto de 9 de enero de 2026, tuvo que reiterar la orden de cumplimiento de su determinación, no cumplió con la elaboración del PIEM, dicho comportamiento resulta incompatible con el principio de celeridad como componente del derecho al debido proceso y que lesiona también el derecho a libertad personal del entonces adolescente; toda vez que, se prolonga indebidamente la definición de la pretensión del solicitante de tutela que pretende que el cumplimiento de la medida socioeducativa que se le impuso sea con régimen domiciliario para recobrar su libertad; razón por la cual, la acción de libertad de pronto despacho resulta idónea para acelerar dicho trámite, conforme el entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Consiguientemente, siendo evidente las vulneraciones denunciadas, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2026 de 30 de enero, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo.Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue
reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
4 Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 127.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0067_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 06aeb63878e0d4158bb1824f4c39e70504cbb3c59036590a3b187a29b4098f93
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