Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de marzo de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad debido a una dilación indebida, ya que el juez demandado no fijó audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención domiciliaria, a pesar de haber transcurrido una semana desde la presentación de su petición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de agosto de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por dicho Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49873-2022-100-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 20 de agosto de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yesica Aguada López contra Julio César García Caller, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando.
Por memorial presentado el 18 de agosto de 2022, cursante a fs. 2 y vta., la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo -Código Único de Denuncia (CUD): 901202022100097-, radicado en el “Juzgado Mixto” de El Porvenir del departamento de Pando; es así que el 11 de agosto de 2022, presentó un memorial solicitando la modificación de su detención domiciliaria. No obstante, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no ha recibido una respuesta oportuna por parte de la autoridad judicial demandada, pese a que transcurrió más de siete días desde su presentación. La demora en la resolución de su solicitud vulneraría su derecho a la libertad, ya que toda petición relacionada con este derecho fundamental debería ser atendida de manera pronta y diligente. La falta de respuesta prolonga innecesariamente la restricción de su libertad, manteniéndola bajo una medida restrictiva sin una revisión en un plazo razonable.
La impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad por dilación indebida, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la autoridad jurisdiccional demandada “…señale audiencia dentro de plazo…” (sic).
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 20 de agosto de 2022, según consta en acta cursante a fs. 7, produciéndose los siguientes actuados:
La demandante de tutela, a través de su abogado en audiencia ratificó los términos de la acción de libertad presentada y ampliando los mismos refirió: a) La solicitante de tutela presentó un memorial ante la mencionada autoridad judicial, pidiendo la modificación de su medida de detención domiciliaria y hasta esa fecha, ha transcurrido más de una semana sin que se haya emitido una resolución sobre su petición; b) Se estaría vulnerando su derecho a una respuesta pronta y oportuna, conforme lo establece la SSCC 0011/2014 -no indica la fecha- respecto al derecho a la libertad. Considerando que la accionante requiere dicha modificación para poder trabajar; y, c) Pide se conceda la tutela requerida y se ordene al Juez demandado, señale audiencia para resolver la solicitud pendiente.
Julio César García Caller, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 4.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 20 de agosto de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., concedió “en parte” la tutela solicitada, ordenando que en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación, el Juez demandado señale audiencia dentro del proceso penal con CUD 901202022100097 y se lleve adelante la consideración a la modificación de detención domiciliaria. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La naturaleza jurídica de la acción de libertad ha sido determinado entre otras por la SCP “0959/2914” de 23 de mayo, reconociéndose que el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye la acción de libertad; 2) Toda persona que considere que su vida esté en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada, privada de libertad personal, podría interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal y solicitar que se guarde tutela a su vida cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; 3) También es tutelable el debido proceso, pero solo cuando este se encuentra directamente relacionado con la libertad, bajo dos presupuestos: 3.i) la existencia de un acto lesivo vinculado con la restricción o supresión de la libertad personal; y 3.ii) La situación de absoluta indefensión, es decir, la falta de tratamiento adecuado del recurso por la autoridad de origen; y, 4) Conforme a la doctrina constitucional, la correcta valoración de los elementos de convicción es competencia exclusiva de la justicia ordinaria, en particular de la jurisdicción penal. En este sentido, la Sentencia Constitucional 0281/2012 de 4 de junio, establece que los principios de legalidad e inmediación rigen la actividad de la jurisdicción ordinaria en lo que respecta a la incorporación y ponderación de los elementos de prueba, en función de su pertinencia y oportunidad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado por Yesica Aguada López -ahora accionante- el 11 de agosto de 2022, por el que solicita al “JUEZ MIXTO DE PORVENIR” (sic), la modificación de su detención domiciliaria (fs. 6).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad debido a una dilación indebida, ya que el juez demandado no fijó audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención domiciliaria, a pesar de haber transcurrido una semana desde la presentación de su petición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).
Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0259/2018-S2 de 18 de junio y 0500/2018-S2 de 14 de septiembre -entre otras-, asumieron el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden).
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue 5El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
Como se tiene establecido, la accionante acude a la justicia constitucional denunciando que presentó memorial solicitando a la autoridad judicial -ahora demandada- fije audiencia para considerar la modificación de su detención domiciliaria, sin que dicha autoridad señale audiencia para resolver su situación jurídica. Con carácter previo al análisis de fondo de las cuestiones planteadas, cabe precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, cuando la autoridad demandada no comparece a la audiencia pública de fundamentación de la acción de libertad y tampoco presenta el informe respectivo, a fin de desvirtuar las denuncias efectuadas por la impetrante de tutela, a pesar de haber sido legalmente citadas, tal cual acontece en el presente caso; corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad. Precisado como se encuentra el objeto procesal, en primera instancia corresponde destacar que la demandante de tutela se encuentra sometida a un proceso penal por la supuesta comisión del delito de robo, causa en la que al estar bajo la aplicación de medida cautelar de detención domiciliaria, solicitó audiencia de modificación de su situación jurídica mediante escrito de 11 de agosto de 2022 (Conclusión II.1), donde concretamente impetra “…modificación da detención domiciliaria para lo cual pido fije día y hora de audiencia a fin de fundamentar mi solicitud…” (sic). Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud relacionada con el derecho a la libertad está obligada a tramitarla con la mayor celeridad posible, resolviendo la petición dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. El incumplimiento de esta obligación faculta al afectado a interponer una acción tutelar en la modalidad de pronto despacho, reconocida como un mecanismo constitucional de defensa frente a dilaciones indebidas que obstaculizan o impiden la resolución de la situación jurídica de la persona privada de libertad. En ese marco, la accionante considera que al haber transcurrido más de una semana sin que se atienda su pedido de audiencia para considerar la modificación de su detención domiciliaria, la autoridad judicial se encuentra fuera del plazo razonable; al respecto, conforme al lineamiento jurisprudencial glosado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, se puede establecer que una vez presentada una solicitud de modificación de las medidas cautelares de carácter personal, el memorial debe ser providenciado dentro las veinticuatro horas, y conforme el art. 239 del CPP, cuyo párrafo pertinente señala que:
“Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”; lo que no aconteció en el presente caso, puesto que de los antecedentes que informan el proceso, este Tribunal advierte que presentada que fue la solicitud de audiencia para modificar su detención domiciliaria el 11 de agosto de 2022, la respuesta al mismo no fue atendida hasta el momento de interponer la presente acción tutelar. Por consiguiente, este Tribunal concluye que tal omisión de respuesta en la que incurrió el Juez demandado, a la solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada por la peticionante de tutela, constituye un acto dilatorio que le provoca incertidumbre respecto a su pretensión, y que al encontrarse con detención domiciliaria se halla vinculado a la libertad de locomoción; de manera que, en ese marco de orden fáctico y considerando los entendimientos jurisprudenciales vertidos en este fallo constitucional, corresponde en el caso aplicar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se constituye en el mecanismo procesal idóneo en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, como en efecto se verificó en el presente caso. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder “en parte” la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de agosto de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por dicho Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0067_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6120fbb3f2cb61b682555cfe621ac5580704f8651f175606f22f03c4df24b660
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