B.IA.LEGAL

SCP 0066/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47743-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia y a la defensa; toda vez que, la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- fijó audiencia de cesación a la detención preventiva de forma presencial sin considerar que carece de recursos económicos para su traslado -junto a su custodio y defensa técnica- desde el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz a la localidad de Puerto Suárez; por ello, el 26 de abril de 2022 al amparo del art. 239.2 del CPP solicitó nuevamente se señale audiencia con la misma finalidad pero de forma virtual, sin que hasta la presentación de la presente acción tutelar se haya dado respuesta a su petición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por la vulneración en su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia pronta y oportuna; vinculado al derecho a la libertad, todo conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Erik Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, en el plazo de 24 horas señale audiencia virtual para considerar la cesación a las medidas cautelares personales del accionante, impetrada mediante memoriales de 20 y 26 de abril de 2022, sea siempre y cuando no se hayan considerado sus solicitudes con anterioridad y sólo si la situación procesal del ahora demandante de tutela no fue modificada; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada, en relación al derecho a la defensa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0066/2024-S1 Sucre, 22 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47743-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Ronald Condori Sarco y Justina Salazar en representación sin mandato de Cristhian Enrique Salazar Cobo contra Erik Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante a fs. 3 y vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de asesinato y robo agravado, mediante memorial presentado el 26 de abril de 2022, solicitó se fije audiencia de cesación de las medidas cautelares personales de acuerdo a lo previsto por el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, su petición no fue atendida con el señalamiento de la audiencia virtual correspondiente y un pronunciamiento judicial que resuelva su situación jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia y a la defensa;

citando al efecto los arts. 115, 116, 125 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se fije audiencia de cesación a la detención preventiva dentro el plazo de cuarenta y ocho horas en previsión a lo determinado por el art. 239.2 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Efectuada la audiencia pública virtual el 30 de abril de 2022, según acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato ratificó in extenso su demanda tutelar y ampliando sus argumentos señaló: a) Lo que se está pidiendo es que se conteste al memorial ingresado el 26 de abril de 2022, de solicitud de audiencia de cesación a las medidas cautelares personales de acuerdo a lo determinado por el art. 239.2 del CPP, que hasta la fecha no ha sido respondido incumpliéndose el plazo establecido en la citada Norma Adjetiva Penal; b) Por Auto Interlocutorio de 21 de abril de 2022, se señaló audiencia presencial para el jueves 28 de similar mes y año desconociéndose la emergencia sanitaria que se atraviesa, se suspendió la misma; motivo por el cual, se pidió realizar la audiencia de manera virtual tomando en cuenta que nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz y la localidad de Puerto Suárez está a más de quinientos kilómetros; y, c) Por ello, solicitó el 26 de abril de 2022 una nueva audiencia para el mismo fin, pero de forma virtual porque no se puede solventar económicamente el traslado suyo, del abogado y custodio máxime si la Constitución Política del Estado establece que la justicia es gratuita y está de por medio una emergencia sanitaria.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Erik Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito cursante de fs. 26 a 28, señalando que: 1) El 20 de abril de 2022, el imputado -ahora accionante- presentó un memorial donde solicita la cesación a la detención preventiva bajo el fundamento de lo previsto en el art. 239.1 del CPP, que por proveído de 21 de similar mes y año se señaló audiencia para el 28 del mismo mes y año; sin embargo, dos días antes de la audiencia -26 del referido mes y año-, presentó otro memorial que fue respondido por providencia de 27 de igual mes y año, disponiéndose que la petición invocada se consideraría en la audiencia programada; y, 2) La audiencia de 28 de abril de 2022, fue suspendida por inasistencia de las partes y en la misma se estableció que no se podía realizar la audiencia virtual impetrada porque se trata de un delito de asesinato donde existen siete imputados, donde se acumuló una serie de elementos probatorios y evidencias que están en el cuaderno de investigaciones que cuenta con más de cinco cuerpos sumado a que su defensa técnica no adjuntó las fotocopias pertinentes para que su autoridad pueda revisar y haga una valoración integral de estas; por lo que, en ese marco señaló nueva audiencia presencial de cesación a la detención preventiva para el 4 de mayo del precitado año a horas 10:00, sin que por esto se haya vulnerado algún derecho.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 37 a 39 vta. denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No se evidencia una dilación indebida; toda vez que, la autoridad demandada dio respuesta oportuna a su pedido en el decreto de 27 de abril de 2022; ii) La acción de libertad de pronto despacho es para brindar celeridad en los actuados vinculados a la libertad, no se puede solicitar que a través de dicha acción se señale una audiencia de manera presencial o virtual a las partes, en virtud a que es una atribución facultativa del juez; iii) Que además se tiene señalada ya una audiencia para el 4 de mayo del referido año, en la cual se resolverá su situación jurídica; y, iv) El establecimiento de una audiencia que sea de manera presencial o virtual no está en las causales de procedencia del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, no corresponde conceder la tutela

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 20 de abril de 2022 por Cristhian Enrique Salazar Cobo -ahora accionante-, por el cual solicita se señale audiencia de cesación de medidas cautelares personales al amparo del art. 239.1 del CPP pidiendo audiencia virtual; ante esta petición el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez -hoy demandado-, mediante proveído de 21 del mismo mes y año, fijó audiencia para el jueves 28 de similar mes y año a horas 10:00, a realizarse de forma presencial bajo el fundamento que se ofrecerá y producirá prueba que requiere de la debida y necesaria fundamentación al respecto (fs. 20 a 22). II.2. Mediante memorial de 26 de abril de 2022, el demandante de tutela reclama que el señalamiento de audiencia para el 28 de similar mes y año de forma presencial, es de imposible cumplimiento ya que su persona no cuenta con recursos económicos para correr con los gastos de transporte y otros; por lo tanto, solicita nueva fecha para el mismo propósito al amparo del art. “29 numeral 2” del CPP; en respuesta la autoridad jurisdiccional mediante providencia de 27 de abril de 2022, dispuso: “…Se tiene presente los argumentos vertidos por el impetrante mismos que se considerarán en audiencia programada…” (sic [fs. 23 y vta.]).

II.3. Consta Acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de Cristhian Enrique Salazar Cobo de 28 de abril de 2022, en la cual por Secretaría se informó la falta de notificación a todos los sujetos procesales; razón por la cual, dispuso la suspensión de la audiencia y en relación al escrito presentado el 26 de similar mes y año por el accionante, refiere que no se adjuntó el cuaderno de investigaciones a efecto de evidenciar los actos investigativos realizados; por lo que, no podría hacer una valoración integral de las pruebas existentes; en ese marco, señala nueva audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva para el 4 de mayo de 2022 a horas 10:00 de manera presencial (fs. 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia y a la defensa; toda vez que, la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- fijó audiencia de cesación a la detención preventiva de forma presencial sin considerar que carece de recursos económicos para su traslado -junto a su custodio y defensa técnica- desde el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz a la localidad de Puerto Suárez; por ello, el 26 de abril de 2022 al amparo del art. 239.2 del CPP solicitó nuevamente se señale audiencia con la misma finalidad pero de forma virtual, sin que hasta la presentación de la presente acción tutelar se haya dado respuesta a su petición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.

Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.

Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de 3La detención preventiva cesará:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 3. meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 4El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso objeto de análisis, el accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia y a la defensa; toda vez que guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; por lo que, solicitó se fije audiencia virtual de cesación a la detención preventiva; empero, el Juez ahora demandado señaló audiencia presencial con el argumento de que se ofreció prueba a ser producida mediante la fundamentación oral correspondiente, sin considerar que carece de recursos económicos para el traslado de su persona, del custodio y de su defensa técnica; por ello, el 26 de abril de 2022 pidió se señale nueva audiencia con la misma finalidad pero amparado en el art. 239.2 del CPP, sin que hasta la formulación de la demanda tutelar se haya fijado la audiencia peticionada.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados y Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que mediante memorial presentado el 20 de abril de 2022, Cristhian Enrique Salazar Cobo -ahora impetrante de tutela- solicitó se señale audiencia de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, pidiendo en mérito a los principios de celeridad y gratuidad que la audiencia sea de forma virtual al encontrarse detenido en la ciudad de Santa Cruz. A tal efecto, el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez -hoy demandado- mediante providencia de 21 de abril de 2022, señaló audiencia para el jueves 28 del mismo mes y año a horas 10:00; empero, presencialmente bajo el fundamento de la necesidad de producir los elementos probatorios y su valoración en ese orden, máxime si ya no existirían restricciones por la pandemia del COVID-19 y que en esa localidad -Puerto Suárez- no se tiene reporte de contagio con dicha enfermedad (Conclusión II.1).

Al considerar de imposible cumplimiento la audiencia señalada de forma presencial, el demandante de tutela por memorial de 26 de abril de 2022, argumentando que no cuenta con recursos económicos para correr con los gastos de transporte de su persona, el custodio y su defensa técnica pidió nuevamente se fije nuevo día y hora para realizar la audiencia de cesación de las medidas cautelares personales, al amparo del artículo “29 numeral 2” del CPP. En cuya respuesta, la autoridad jurisdiccional mediante proveído de 27 de igual mes y año, dispuso: “Se tiene presente los argumentos vertidos por el impetrante mismos que se considerarán en audiencia programada” (sic [Conclusión II.2]).

Posteriormente, en la audiencia de 28 de abril de 2022 -actuado procesal que se suspendió por falta de notificaciones a las partes-, señaló que al memorial de 26 de similar mes y año no se adjuntó el cuaderno de investigaciones para el contraste integral de los actos investigativos realizados, fijando nuevamente audiencia presencial para el 4 de mayo de 2022 a horas 10:00 (Conclusión II.3).

Por lo descrito y la aclaración realizada en la audiencia tutelar por el accionante, en sentido que lo que se demanda en la presente acción de defensa, se focaliza en la falta de respuesta a la solicitud de audiencia virtual de cesación a la detención preventiva incoada mediante escrito presentado el 26 de abril de 2022. Esto en razón a que al amparo de los principios de celeridad y gratuidad, el traslado a la localidad de Puerto Suárez con su escolta y abogado defensor, le generaría un gasto económico que carece para solventar; así la autoridad jurisdiccional demandada, mediante providencia de 27 del referido mes y año, dispuso que dichos argumentos serían considerados en audiencia programada para el 28 de similar mes y año, acto procesal que fue suspendido por la falta de notificación a los sujetos procesales, fijándose nueva fecha para el 4 de mayo de 2022 y de forma presencial. Efectuado este necesario desarrollo de lo acontecido en las distintas solicitudes de cesación a la detención preventiva, a partir del sustento argumentativo expuesto por el accionante y dentro de la delimitación del objeto procesal supra efectuada, se advierte que la determinación de celebrar dicho actuado procesal de forma presencial, asumida como consecuencia de la posición expresada por la autoridad judicial -ahora demandada-, de rechazar el conocimiento y resolución de la petición invocada de forma virtual, que en lo sustancial contiene como respaldo la imposibilidad de traslado del mencionado peticionante de tutela ante la carencia de recursos económicos desde la ciudad de Santa Cruz a la localidad de Puerto Suárez, la naturaleza de la cesación de la detención preventiva, la suspensión reiterada de audiencias por la dificultad de su traslado, y la consideración de los principios de economía procesal y celeridad; evidencian que el Juez hoy demandado limitó suposición en que el ofrecimiento y producción de la prueba requería una fundamentación y valoración bajo el principio de inmediación; argumentos que de ninguna forma se hallan compatibles con la naturaleza de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que incorpora el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). En ese marco, se autorizó en primera instancia el uso de la plataforma virtual BLACKBOARD y posteriormente la de Cisco Webex, con el fin de que se puedan desarrollar audiencias de forma virtual, incluso presentar la documentación digitalizada para la valoración de la misma; por lo que, la solicitud del demandante de tutela ante la distancia del Centro Penitenciario Palmasola en el que guarda detención preventiva con el Juzgado resulta razonable, donde en caso necesario sería posible ordenar se remita físicamente la documentación requerida hasta antes del inicio de la audiencia de cesación a la detención preventiva impetrada. En ese contexto, el reproche constitucional que se efectúa a la autoridad jurisdiccional demandada, converge no solo en cuestionar si respondió o no la petición de cesación a la detención preventiva dentro el plazo legal, sino más bien que se dejó al imputado -ahora impetrante de tutela- en incertidumbre sobre la forma de superar la situación descrita y cumplir con las exigencias procesales para que se materializa la audiencia de cesación de la detención preventiva promovida, que convergía esencialmente en la imposibilidad material de asistir a la misma por razones económicas, todo ello en directa vinculación al objeto principal del actuado que era la consideración y definición de la situación jurídica del encausado, pues además de lo mencionado, el Juez demandado, tampoco expresó una imposibilidad material de su traslado -como autoridad de control jurisdiccional- hasta el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a fin de que este acto procesal se lleve a cabo de la manera más oportuna a efectos de evitar dilaciones innecesarias, extremo que tampoco ocurrió; generando con todas esas actuaciones un estado de indefinición e incertidumbre en la situación jurídica del accionante.

Consiguientemente, dentro de los alcances explicados ut supra, el Juez demandado en la resolución de ambas solicitudes de modificación a la cesación de medidas cautelares personales impetradas por el peticionante de tutela, ocasionó dilación causándole con ello vulneración en su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia pronta y oportuna; vinculado al derecho a la libertad, apartándose de la jurisprudencia constitucional señalada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional; por lo que corresponde conceder la tutela.

Respecto a la lesión al derecho a la defensa, el accionante no efectuó mayor fundamentación en la forma en que este hubiera sido conculcado a efectos del análisis respectivo, correspondiendo denegar la tutela en relación a dicho derecho. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por la vulneración en su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y el acceso a la justicia pronta y oportuna; vinculado al derecho a la libertad, todo conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Erik Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, en el plazo de 24 horas señale audiencia virtual para considerar la cesación a las medidas cautelares personales del accionante, impetrada mediante memoriales de 20 y 26 de abril de 2022, sea siempre y cuando no se hayan considerado sus solicitudes con anterioridad y sólo si la situación procesal del ahora demandante de tutela no fue modificada; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada, en relación al derecho a la defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

5 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0066_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 114197db07776f52c5786d6ab35ae1373e6131320242436959ebbf05b220259d

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