Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, por parte de la “Sala Penal Tercera” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puesto que hasta a la fecha no se habría labrado la Resolución 309/2021 de 31 de agosto, que resolvió la apelación incidental planteada por su persona, ni le hicieron entrega de una copia, por lo que no puede asumir defensa para lograr su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2021 de 8 de septiembre, cursante de fs. 17 y vta., pronunciada por el Juez del tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0066/2023-S2 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44188-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2021 de 8 de septiembre, cursante a fs. 17 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Guillermo Benavides Arancibia contra la “Sala Penal Tercera” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2021, cursante a fs. 1; y, 4 a 5, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, fue imputado formalmente y sometido a audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que la Jueza Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, le impuso la medida personal de detención preventiva por el lapso de seis meses. Posteriormente, formuló diferentes recursos de apelación incidental para desvirtuar los supuestos riesgos procesales, pronunciándose en ese ínterin, dentro del proceso penal, el Auto Interlocutorio 579/2021 de 30 de julio -no indicó respecto de qué resolvió-; fallo que mereció el planteamiento del recurso de apelación incidental. El 24 de agosto de 2021, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como Tribunal ad quem, señaló audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el 31 de igual mes y año, a horas 15:30, que en efecto, se realizó conforme a lo establecido, pronunciándose la Resolución 309/2021 de igual data -no indica la forma de resolución-, y concluido el acto procesal referido solicitó copia de la misma; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no se elaboró -se entiende en físico- la indicada Resolución, por lo cual, debido a su situación jurídica se encuentra en evidente vulnerabilidad respecto a su derecho a la defensa; toda vez, que dicha pieza documental es necesaria para asumir su defensa y recuperar su libertad.
Señaló como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir la Resolución 309/2021 de 31 de agosto, y entregarle copia del mismo, en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública el 8 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar formulada, destacando lo siguiente: a) Se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en ese sentido, a objeto de solicitar la cesación de su detención preventiva, como el resto de los imputados, en audiencia de consideración de la cesación de su detención -no indica fecha- se percató que faltaba la resolución de apelación de medida cautelar que concedió la cesación a uno de los coimputados -se entiende la Resolución 309/2021-, fallo que le serviría para fundamentar un elemento de prueba trascendental y pedir la modificación de su situación jurídica. Sin embargo, su petición fue rechazada debido a que dicha Resolución no se encontraba transcrita ni firmada en el cuaderno de control jurisdiccional, omisión vinculada directamente a sus intereses, generándole perjuicio esa falta de diligencia; y, b) Su solicitud tiene vinculación estrecha con su libertad debido a que con base en dicho fallo podrá solicitar la modificación de su situación jurídica, en ese sentido activó acción de libertad inicialmente en su modalidad traslativa o de pronto despacho que se convirtió en innovativa al advertir la existencia del fallo; no obstante solicitó se conmine a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuar con la debida diligencia en futuras actuaciones, conforme al principio de celeridad que rige a la administración de justicia, evitando incurrir en dilaciones que generen perjuicio a los litigantes.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante escrito presentado el 8 de septiembre de 2021, cursante de fs. 7 a 8 vta., solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) La acción de libertad incoada denunció en lo principal la falta de transcripción de la Resolución 309/2021 emitida por la referida Sala Penal Tercera, y que no le habrían entregado fotocopias de dicho fallo al accionante; en ese entendido, se prevé que la demanda tutelar se encuentra dirigida contra el personal de apoyo jurisdiccional de la indicada Sala, particularmente el Secretario de Cámara, toda vez que es el encargado de realizar la transcripción de las resoluciones emitidas y de entregar fotocopias simples y legalizadas; por lo cual, no se acreditó su legitimación pasiva, más aún si conforme al art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP) el impetrante de tutela fue notificado con su lectura en audiencia; 2) De acuerdo al informe emitido por Secretaría de Cámara de esa Sala, el accionante no solicitó de forma oral o escrita, se le franquee fotocopias de la Resolución 309/2021; 3) El legajo de apelación fue remitido al Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, conforme consta del oficio de 7 de septiembre de 2021, antes de la interposición de la presente acción de libertad; y, 4) El art. 129 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece que se puede entregar fotocopias simples a solicitud verbal, situación que no sucedió en el caso de análisis, toda vez que el demandante de tutela ni su abogado se apersonaron a requerir lo que hoy reclaman, negligencia que no puede ser suplida por la autoridad de alzada, no siendo suficiente su argumento para plantear acción de libertad, toda vez que, la supuesta falta de entrega de las fotocopias que adujo, no es causal de su privación de libertad ni constituye procesamiento indebido, tampoco se colocó en peligro su vida. Por lo que reiteró la denegatoria adjuntando a su informe la Resolución 309/2021 extrañada.
El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 19/2021 de 8 de septiembre, cursante a fs. 17 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante planteó esta acción de defensa contra la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin individualizar de manera específica contra que autoridad se dirige, pues la Sala se encuentra constituida por dos Vocales y el personal de apoyo jurisdiccional; ii) La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda, estableciéndose en el caso de autos, que quien desarrolla la labor de transcripción de la resolución es el Secretario abogado, quien tiene legitimación pasiva y al no haberse interpuesto contra dicha persona se asume la falta de legitimación, y, iii) Se asume por el Informe del Secretario, quien informó al Vocal de la citada Sala que la acción fue remitida al Juzgado de origen antes que conozca la acción de libertad, además de ello, el impetrante de tutela no formuló recurso alguno, ni siquiera se apersonó para reclamar lo alegado en esta demanda, no constando ningún escrito en ese sentido, aspecto que hace ver que el impetrante de tutela contaba con medios idóneos e inmediatos para reclamar su pretensión, pues no se puede pretender que el Tribunal de garantías se convierta en un tribunal paralelo o subsidiario para reclamar actos, más aún si se reclama la falta de remisión, lo cual “…afecta un indebido procesamiento…” (sic); empero, el mismo tiene que estar ligado a la libertad, aspecto que no está demostrado; por lo que, no corresponde ser tramitada la presente controversia.
Al no existir consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 309/2021 de 31 de agosto, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, resolviendo la apelación incidental planteada por Diego Guillermo Benavides Arancibia -hoy accionante- contra la Resolución 579/2021 de 30 de julio, dictada por el Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital de dicho departamento, que en su parte resolutiva declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas; en consecuencia, confirmó la Resolución impugnada; y, de conformidad al art. 160 del CPP, las partes quedaron legalmente notificadas con ese acto procesal (fs. 10 a 13 vta.). II.2. Mediante Nota de 6 de septiembre de 2021, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, procedió a la devolución de los actuados del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otros, al Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del citado departamento (fs. 14).
II.3. A través del Informe de 8 de septiembre de 2021, Hernán Kiffer Aranda, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la citada Sala -hoy demandado-, que el ahora accionante, a través de su abogado no se apersonó a ese despacho judicial a efectos de solicitar copia del Auto de Vista 309/2021 de 31 de agosto, ya sea de forma verbal o mediante memorial; asimismo, en audiencia de apelación incidental tampoco solicitó copia del mencionado Auto de Vista (fs. 9).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, por parte de la “Sala Penal Tercera” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puesto que hasta a la fecha no se habría labrado la Resolución 309/2021 de 31 de agosto, que resolvió la apelación incidental planteada por su persona, ni le hicieron entrega de una copia, por lo que no puede asumir defensa para lograr su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación al alcance de la acción de libertad respecto al debido proceso, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0011/2010-R de 6 de abril, señaló que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. La acción de libertad se constituye en un medio de defensa oportuno e inmediato, estableciendo el alcance que brinda esta acción tutelar, mediante la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, que reiteró el entendimiento previsto por la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que refirió lo siguiente: “No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida”. El ámbito de protección de esta acción tutelar, en cuanto al debido proceso, a través de la SC 0699/2010 -R de 26 de julio, se señaló que la protección que brinda la acción de libertad: “‘«…no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes». (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 0111/2002-R, 0940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R)’. En ese entendido, sólo podrá otorgarse la tutela cuando sea evidente que el derecho a la libertad fue restringido, suprimido o amenazado, o cuando se constate que la inobservancia al debido proceso es la causa directa para restringir, suprimir o amenazar dicho derecho”. Conforme los entendimientos señalados, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1030/2010-R de 23 de agosto, manifestó que: “…en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, (…): ‘… a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…’” (las negrillas nos corresponden). Así también, la SC 0638/2010-R de 19 de julio, señaló que: “…a través del recurso de habeas corpus ahora acción de libertad, sólo se puede tutelar la garantía del debido proceso cuando el acto lesivo sea la causa directa para la restricción del derecho a la libertad y exista estado absoluto de indefensión; debiendo las demás infracciones de la garantía del debido proceso ser reparadas por los mismos órganos que conocen la causa y una vez agotados los recursos e instancias ordinarias, recién se podrá acudir a la justicia constitucional, correspondiendo dicha tutela a la acción de amparo constitucional instituido en el art. 128 de la CPE” (las negrillas fueron agregadas). De lo precedentemente señalado se establece que la vía idónea para impugnar denuncias referidas a las lesiones al debido proceso es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los precitados derechos, previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a esta acción tutelar.
En la presente acción de defensa el accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, por parte de la “Sala Penal Tercera” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puesto que hasta a la fecha no se habría labrado la Resolución 309/2021 de 31 de agosto, que resolvió la apelación incidental planteada por su persona, ni le hicieron entrega de una copia, por lo que no puede asumir defensa para lograr su libertad. De acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente se establece que dentro el proceso seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, este se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro a raíz de la medida cautelar impuesta por el Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; determinación que fue objeto de la interposición del recurso de apelación incidental por parte del accionante, pronunciando la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento la Resolución 309/2021 de 31 de agosto, resolviendo en el por tanto declarar la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas, en consecuencia CONFIRMAR la Resolución 579/2021 de 30 de julio, impugnada, y de conformidad al art. 160 del CPP las partes quedaron legalmente notificadas con ese acto procesal. Así también se tiene la Nota de 6 de septiembre de 2021, por el cual el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hizo la devolución de los actuados del proceso penal al Juzgado de origen vale decir al Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital, mismo que tiene cargo de recepción el 7 de igual mes y año. Finalmente se observa el Informe de 8 de septiembre de 2021, presentado por Hernán Kiffer Aranda, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual dio a conocer al Vocal de la citada Sala que la parte imputada Diego Guillermo Benavides Arancibia, a través de su abogado no se habría apersonado a ese despacho judicial a efectos de solicitar copia de la Resolución 309/2021, ya sea de forma verbal, como tampoco mediante memorial escrito; asimismo, en audiencia de apelación incidental tampoco solicitó copia del citado Auto. En el caso concreto, se advierte que la génesis de la problemática radica -según el accionante- en la falta de entrega de una copia de la Resolución 309/2021 dictada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz, por el cual se resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el peticionante de tutela; en tal sentido, se observa de las documentales adjuntas al expediente y el informe proporcionado por el Vocal Henry Sánchez Camacho, que una vez culminada la audiencia de apelación se dio por notificado a las partes conforme establece el art. 160 del CPP; así también, el Informe emitido por el Secretario de Cámara dio a conocer al Vocal que no se habrían apersonado los abogados patrocinantes del demandado, ni mucho menos presentaron memorial solicitando la francatura de fotocopias de la Resolución extrañada. En ese orden de cosas, se puede advertir la existencia de la Resolución 309/2021 que fue adjuntada por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Nota de devolución del expediente al Juzgado de origen de 6 de septiembre de 2021 con fecha de recepción 7 de similar mes y año; en tal sentido, como se observa el impetrante de tutela no pudo demostrar con prueba fehaciente que haya solicitado se le expida la Resolución extrañada, más al contrario cuando planteó la presente acción de defensa ya se habría devuelto el expediente al Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, la falta de entrega de dicho actuado procesal no es la causa directa ni está vinculada con su privación de libertad, pues éste cumple con detención preventiva por orden de autoridad judicial competente, no está perseguido o procesado ilegalmente, no se encuentra en peligro su vida ni se evidencia estado de indefensión, ya que la medida cautelar impuesta puede ser modificada en cualquier momento del proceso penal; en tal circunstancia, no concurren los presupuestos para activar la presente acción de libertad conforme determina la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, correspondiendo en el caso presente denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2021 de 8 de septiembre, cursante de fs. 17 y vta., pronunciada por el Juez del tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada, MSc. Brigida Celia Vargas Barañado es de Voto Disidente.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0066_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 46a932a482d3ae92974ffca3050a9de7579e44fcdc0d5a74d9b9af7b0cfcc58a
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