Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de abril de 2024
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, el Director Departamental de migración de la ciudad de Santa Cruz demandado incurrió en las siguientes ilegalidades) Incumplió lo dispuesto por Auto Interlocutorio 133/22 de 15 de febrero de 2022; por el que se compelió a la entidad que representa -Dirección Departamental de Migración-, realice el proceso administrativo de su salida obligatoria, determinación que fue notificada el 2 de marzo del mismo año; sin embargo, habiendo transcurrido treinta días, dicha orden no fue cumplida, pese a que ya existen los respetivos mandamientos de libertad desde el veinticuatro de febrero de 2022; ii) Habiéndose emitido conminatoria y notificada la misma el 23 de marzo de 2022, se ordenó que dentro el término de veinticuatro horas de su legal notificación se dé cumplimiento a las medidas impuestas, a contrario del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 24/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 49 a 53, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de celeridad y seguridad jurídica, en relación a la primera y segunda problemática conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la autoridad demandada inicie el correspondiente procedimiento administrativo de salida obligatoria del territorio nacional de los ciudadanos Edwin Estiven Antolinez Montenegro y Sebastián García Burgos, ello con la finalidad de efectivizar los mandamientos de libertad emitidos por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz. 3° DENEGAR la tutela respecto a la tercera problemática.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2024-S1 Sucre, 22 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47770-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 24/2022 de 22 de abril, cursante de fs.49 a 53, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Elia Ivette Morales Villegas en representación sin mandato de Edwin Estiven Antolinez Montenegro y Sebastián García Burgos contra Ramber Gómez Claros, Director Departamental de Migración de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 42 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público en su contra, por la comisión de los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves, se dispuso la detención preventiva de ambos en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, en mérito al Auto Interlocutorio de 30 de mayo de 2021; dicho proceso concluyó con la aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado, emitiéndose la Sentencia 13/22 de 15 de febrero de 2022, y por Auto de Vista 133/22 de la misma fecha, se resolvió el incidente de suspensión condicional de la pena por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien concedió dicho beneficio en virtud a que concurren los requisitos formales previstos en el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, se ordenó su salida obligatoria del territorio nacional; toda vez que, son de nacionalidad colombiana, “COMPELIENDO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE MIGRACIÓN A REALIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE SALIDA OBLIGATORIA DEBIENDO COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA INTERPOL…” (sic), librándose en su favor los correspondientes mandamientos de libertad, determinación debidamente notificada a la autoridad demandada el 2 de marzo del mismo año, transcurriendo más de treinta días sin que se cumpla lo ordenado; por lo que, el 23 de marzo de 2022 nuevamente se notificó a la autoridad accionada con el proveído de 16 del mismo mes y año, que “CONMINA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE MIGRACIÓN PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 24 HORAS DE SU LEGAL NOTIFICACIÓN SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DISPUESTAS…” (sic); sin embargo, el Director demandado no se pronunció al respecto, habida cuenta que el art. 37.II de la Ley de Migración -Ley 370 de 8 de mayo de 2013-, prevé que la salida obligatoria del territorio nacional debe ser realizada dentro de los quince días de notificados con la resolución de salida, plazo que se encuentra superabundantemente vencido, pese a que existe una conminatoria para el cumplimiento del Auto Interlocutorio 133/22 no se procedió a su liberación; por lo que, se encuentran indebidamente privados de libertad por cuestiones netamente técnico-administrativas; asimismo, no cursa en el cuaderno procesal informe emanado por el Director accionado en el cual manifieste y/o justifique las razones del incumplimiento a la orden de la Jueza de la causa.
Denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de seguridad jurídica y celeridad, citando al efecto los arts.115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia se: “…declare procedente la presente ACCIÓN DE LIBERTAD TRASLATIVA O DE PRONTO DESPACHO, restituyendo nuestra libertad en el plazo establecido por el Tribunal de Garantías Constitucionales, conminando a las autoridades aludidas a dar cumplimiento al Auto de Vista No. 133/2022, toda vez que únicamente faltaría para que nuestras personas recobren su libertad, es que se dé cumplimiento a la salida obligatoria del territorio nacional, procediendo por ende las autoridades llamadas por ley a poner a nuestras personas en los límites fronterizos con el país de Perú y sea previa las formalidades…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 22 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato ratificaron íntegramente los argumentos expuestos en su acción de libertad.
Ramber Gómez Claros, Director Departamental de Migración de Santa Cruz, en audiencia virtual manifestó lo siguiente: a) La presente acción jamás debió haberse interpuesto contra la institución a la que representa; toda vez que, sus competencias son exclusivamente administrativas; por lo que, no se está privando de libertad absolutamente a nadie ya que, es la Policía Boliviana la que debe cumplir con la disposición emanada de la autoridad judicial, es decir, que una vez los accionantes hayan recobrado su libertad, se emitirá la salida obligatoria siempre y cuando estén libres, y se apersonen de manera personal en las oficinas de migración; por lo que, corresponde que la defensa haga las tramitaciones correspondientes, para que se dé cumplimiento a los mandamientos de libertad, y una vez efectivizados, el régimen penitenciario llama a la INTERPOL a efecto que se pueda verificar su situación judicial o penal a nivel internacional, cumplido dicho extremo, la INTERPOL procede a realizar los antecedentes de los extranjeros, para luego trasladarlos a oficinas de migración, donde se procederá a otorgar la salida obligatoria; y, b) Se reitera que “…la defensa pública debe gestionar en gobernación de palmasola para estos cumplan la orden del juez en darle la libertad a estos extranjeros interpol los recoge a los extranjeros hace su trabajo interpol lo propio y nosotros migración vamos hacer nuestro trabajo por un lado eso señora juez debe verificar que estos extranjeros no tienen documentos al no tener documento nosotros no podemos hacer nada al respecto el 30 de marzo se sostuvo una reunión de coordinación entre varias instituciones el suscrito director departamental de migración, interpol estuvo la señora juez estuvo la defensa pública que hoy están accionando estuvo la cancillería y en dicha reunión como conclusión se había quedado de que la defensa publica tenía que hacer las gestiones tenía que solicitar un memorial una situaciones para que se pueda viabilizar y cumplir lo que ha ordenado la juez aspectos no conocemos si han cumplido o no pero en dicha reunión habíamos quedado que las oficinas de la cancillería tenían que gestionar con el consulado de Colombia a efectos de que este consular pueda hacer las gestiones correspondientes con el ciudadano que le puedan otorgar su documentación y así puedan salir del territorio nacional…” (sic).
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 24/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 49 a 53, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Ante la ejecutoria de la Sentencia 13/22 que condenó a los accionantes, a su vez se emitió la resolución que concede la suspensión condicional de la pena, ordenando su salida obligatoria del territorio nacional, compeliendo a la Dirección Departamental de Migración de Santa Cruz a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los accionantes en coordinación con la INTERPOL y Dirección general de migración al país de Colombia; y, 2) La autoridad demandada emitió respuesta el 6 de abril de 2022, que refiere “…finalmente me permito manifestar que en fecha 30/03/2022 en el despacho de autoridad quien emite la resolución se sostuvo una reunión de coordinación con los representantes de la INTERPOL de defensa pública cancillería y el suscrito servido público con el objeto de dar cumplimiento a disposición de salida obligatoria del país de origen con relación a los extranjeros Edwin Estiven Antolinez Montenegro y Sebastián García Burgos ambos de nacionalidad colombiana quedando establecido en dicha reunión que el consulado de Colombia deberá otorgar el salvo conducto y pasajes a los ciudadanos así de esa manera una vez los extranjeros sean conducidos a la dirección distrital de migración se emitirán las salidas obligatorias correspondientes” (sic); en ese sentido, se advierte que una vez puesto a conocimiento de la autoridad demandada el Auto Interlocutorio 133/22, la misma dio respuesta a la conminatoria, explicando el procedimiento para la salida obligatoria de los accionantes, a efecto de concretarse el cumplimiento de lo ordenado; por lo que, no existe una negativa o dilación por parte de la autoridad demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 13/22 de 15 de febrero de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró autores y culpables a Edwin Estiven Antolinez Montenegro y Sebastián García Burgos -ahora accionantes-, del delito de robo, condenándolos a cumplir la pena de tres años de reclusión de libertad (fs. 2 a 4 vta.) II.2. Ante la renuncia del recurso de apelación por parte del Ministerio Público y de la defensa, se emitió el Certificado de Ejecutoria de 15 de febrero de 2022 (fs. 7), y los correspondientes Mandamientos de Condena de los impetrantes de tutela (fs. 8 y 9); por lo que, interpusieron incidente de suspensión condicional de la pena, mereciendo el Auto Interlocutorio 133/22 de 15 de febrero de 2022, que resolvió:
…otorgar a favor de los condenados EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS el beneficio de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, concedido que ha sido el beneficio de suspensión condicional de la pena se ordena la salida obligatoria de los condenados EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS de acuerdo a lo establecido por el articulo 37 y 38 inc. i) 19, 2), 4), 5) y 6) de la Ley N° 370 en concordancia con el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal.
Quedando compelida la Dirección departamental de Migración a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los ciudadanos antes mencionado, con la finalidad de coordinar por intermedio de la INTERPOL y la DIGEMIG al país Colombia de los condenados (sic [fs. 5 a 6 vta.]). II.3. A través de Oficio 234/2022 de 24 de febrero, la Jueza de la causa solicitó al Director Departamental de Migración Santa Cruz -ahora autoridad demandada- emita la resolución u orden de salida obligatoria del país de los peticionantes de tutela, señalando lo siguiente:
...la Dirección Departamental de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno en merito a las atribuciones conferidas en el Art. 38 inc. 1), 2), y 5) de la Ley N° 370, EMITIR RESOLUCIÓN U ORDEN DE SALIDA OBLIGATORIA DEL PAÍS de los ciudadanos extranjeros: EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO (…) Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS (…), debiendo procederse al TRASLADO A LA FRONTERA del vecino País de COLOMBIA de los nombrados y sea en coordinación con la dirección de la organización Internacional de Policía… (sic). Determinación notificada a la autoridad demandada el 2 de marzo de 2022 (fs. 16). II.4. Mediante decreto de 16 de marzo de 2022, la autoridad judicial, conminó a la autoridad demandada y a la INTERPOL a dar cumplimiento al Auto Interlocutorio 133/22, señalando que:
A tal efecto, toda vez que se emitió Oficio No 234/2022 (Fs. 221) dirigido a Migración recepcionado en fecha 02 de marzo de 2022, del cual no se encuentra cumplido ni se a otorgado respuesta alguna. Así mismo de acuerdo se evidencia que se realizó notificación a INTERPOL, la mimas que fue representada por la Oficina Gestora de Procesos, de acuerdo al informe de 25 de febrero de 2022. Por lo cual, se conmina a dar cumplimiento a las medidas dispuestas por la suscrita, debiendo MIGRACIÓN e INTERPOL a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los ciudadanos antes mencionados al país de COLOMBIA. DEBIENDO EMITIR RESPUESTA A ESTE DESPACHO JUDICIAL, EN EL TÉRMINO DE 24 HRS DE SU LEGAL NOTIFICACIÓN, Y BAJO ESTRICTA RESPONSABILIDAD, QUE EN CASO DE SU INCUMPLIMIENTO REMITIR ANTECEDENTES AL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DIRECCIONES DE CADA ENTIDAD (sic [fs. 21]). II.5. Por Oficio 307/2022 de 22 de marzo, la autoridad judicial, reiteró al Director demandado, emita la resolución u orden de salida obligatoria del territorio de los demandantes de tutela, el cual fue notificado el 23 de marzo de2022 (fs. 23 a 24).
II.6. A través de Oficio 309/2022 de 22 de marzo, la Jueza de la causa, solicitó al Director Departamental de Régimen Penitenciario Santa Cruz, la salida obligatoria del país de los peticionantes de tutela, sea en coordinación con la Dirección Departamental de Migración e INTERPOL (fs. 26), motivo por el cual, la autoridad de régimen penitenciario mediante Nota 0480/2022 de 23 de marzo, puso a conocimiento del Director Departamental de la INTERPOL los mandamientos de libertad con salida obligatoria y solicitó dar cumplimiento a los mismos (fs. 31), mereciendo Nota 0368/2022 de 25 de marzo, por la cual, el Director Departamental de INTERPOL respondió señalando que:
…al respecto, requiero a usted que previamente la autoridad judicial ordene a la Dirección General de Migración para que en observación de la ley 370 resuelva la salida obligatoria de los antes nombrados y ejecute dicha resolución administrativa mediante su brazo operativo UPCOM dependiente de la Policía Boliviana y en caso de no tener personal, solicite apoyo de la fuerza pública (Comando departamental de Policía Santa Cruz) en consideración a que la presente acción se debe ejecutar en territorio boliviano; se aclara, que INTERPOL BOLIVIA se encuentra a cargo de traslados internacionales cuando existe un proceso de extradición activa y disposición legal expresa, en la vía precautoria se verifico los nombre de Sebastián García Burgos (…) (datos contenidos en el mandamiento de libertad) y Edwin Estiven Antolinez Montenegro (…) en el sistema I-24/7 a cargo del Sr. Sgto. Zenón Choquehuanca Osco, cuyo resultado es que contra los mismos no cursa Notificación Internacional alguna (sic [fs. 32]). II.7. Mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, el Director demandado, hizo conocer a la Jueza de la causa lo siguiente:
…habiéndose recepcionado en estas oficinas de Migración-Santa Cruz en fecha 23 de marzo del 2022, el oficio 307/2022 de fecha 22 de marzo del año en curso, en la misma su autoridad en cumplimiento a la Sentencia Condenatoria 13/22 de fecha 15 de febrero del 2022, ordena a esta dirección distrital de migración se proceda emitir resolución u orden de salida obligatoria del país de los ciudadanos extranjeros: EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO (…) Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS (…) debiendo procederse al TRASLADO A FRONTERA CON EL VECINO PAÍS DE PERÚ de los nombrados y sea en coordinación con el director de Interpol. Al respecto debo manifestar que dentro de las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 370 y Decreto Supremo 1923 y demás disposiciones emanadas por la dirección General de Migración, esta instancia Distrital de Migración tiene a bien indicar como lo establece los arts. 37 y 38 de la Ley 370, estamos facultados para emitir las SALIDAS OBLIGATORIAS a toda persona extranjera que haiga ingresado a o permanecido de manera irregular en nuestro territorio nacional. Previo emisión de las salidas obligatorias de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el penal de Palmasola con detención preventiva y habiendo una resolución por la autoridad competente en la cual ordena su libertad, estos deberá ser remitidos o conducidos por la (INTERPOL) ante las oficinas de administración departamental de migración ubicado en la calle sucre y Quijarro edificio “Guapay”, a efectos de poder notificar de manera personal con la resolución Administrativa de Salida obligatoria tal como lo ordena su probidad.
Finalmente me permito manifestar, que en fecha 30 de marzo del año en curso en su digno despacho se sostuvo una reunión de coordinación con los representantes de Interpol, Defensa Pública, Cancillería y el suscrito Servidor Público con el objetivo de poder dar cumplimiento a su disposición (salida obligatoria al país de origen) con relación a los extranjeros EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS ambos de nacionalidad colombiana. Quedándose establecido en dicha reunión que el Consulado de Colombia deberá otorgar el salvo conducto y pasajes a sus conciudadanos, así de esa manera una vez los extranjeros sean conducidos a la Dirección Distrital de Migración le emitiremos las salidas obligatorias correspondientes (sic [fs. 37 y vta.]).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, el Director Departamental de migración de la ciudad de Santa Cruz demandado incurrió en las siguientes ilegalidades) Incumplió lo dispuesto por Auto Interlocutorio 133/22 de 15 de febrero de 2022; por el que se compelió a la entidad que representa -Dirección Departamental de Migración-, realice el proceso administrativo de su salida obligatoria, determinación que fue notificada el 2 de marzo del mismo año; sin embargo, habiendo transcurrido treinta días, dicha orden no fue cumplida, pese a que ya existen los respetivos mandamientos de libertad desde el veinticuatro de febrero de 2022; ii) Habiéndose emitido conminatoria y notificada la misma el 23 de marzo de 2022, se ordenó que dentro el término de veinticuatro horas de su legal notificación se dé cumplimiento a las medidas impuestas, a contrario del art. 37.II de la Ley de Migración, que prevé que la salida obligatoria debe ser realizada dentro de los quince días, hasta la interposición de la presente acción de libertad, no se procedió a su liberación por cuestiones netamente técnico-administrativas; y, iii) No cursa en el cuaderno procesal informe por el que manifieste y/o justifique las razones del incumplimiento a la orden de la Jueza de la causa. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; b) Marco normativo aplicable respecto al procedimiento administrativo de salida obligatoria; y, c) Análisis del caso concreto.
Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así:
III.1.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad.
o de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: a) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; b) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; c) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; d) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; y, e) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad.
2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” 3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:
Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de veinte y cuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y cuatro horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal(CPP); esta disposición debe ser 5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” 6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad. Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.
En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas .
La Ley de Migración -Ley 370 de 8 de mayo de 2013- en su Título VI referente a la Salida Obligatoria y Prohibición de Reingreso, en su Capítulo Único denominado Salida Obligatoria, estable lo siguiente:
ARTÍCULO 37. (SALIDA OBLIGATORIA). I. La Dirección General de Migración, previa sustanciación de un proceso administrativo, resolverá la expulsión de la persona migrante extranjera del territorio nacional. II. La salida obligatoria determina que la persona migrante extranjera abandone el territorio nacional en el plazo de quince (15) días hábiles a partir de su legal notificación… III. La salida obligatoria se efectivizará cuando la resolución se encuentre ejecutoriada, al efecto, la Dirección General de Migración dispondrá el traslado de la persona migrante extranjera al país de origen, o a un tercer país que lo admita. En ningún caso la persona migrante extranjera será obligada a salir del territorio del Estado a un país, en el que por razones fundadas exista peligro o riesgo sobre su vida e integridad. IV. Si como efecto de la salida obligatoria se afectaré derechos de las niñas, niños, y adolescentes, la Dirección General de Migración deberá comunicar inmediatamente el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la representación consular del país de origen en los casos que correspondan.
7 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”
V. Si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente en el exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración remitirá a ésta a la autoridad competente. VI. En caso que la persona migrante extranjera incurra en actos que alteren el orden público, en tanto no se haya ejecutoriado la resolución de salida obligatoria, la Dirección General de Migración pondrá en conocimiento de la autoridad competente.(el subrayado nos corresponde)
Consiguientemente, a través del Decreto Supremo (DS) 1923 de 13 de marzo de 2014, se aprobó el Reglamento de la Ley de Migración, que en concordancia con la normativa precedentemente desarrollada, en su art. 32 se estableció el procedimiento administrativo de salida obligatoria, estableciendo que:
I. La Dirección General de Migración iniciará proceso administrativo para determinar la salida obligatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a. Notificar a la persona extranjera con la Resolución Administrativa debidamente fundamentada, que disponga la conminatoria de salida obligatoria; b. La persona extranjera, mediante recurso de revocatoria, tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para impugnar la Resolución Administrativa de conminatoria de salida obligatoria ante la autoridad que la emitió;
c. La autoridad recurrida, para confirmar, revocar o desestimar el recurso de revocatoria, tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas;
d. La autoridad recurrida, notificará a la persona extranjera con la Resolución del Recurso de Revocatoria en el domicilio señalado o por vía electrónica, veinticuatro (24) horas posteriores a la emisión de la misma;
e. La persona extranjera tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para interponer el Recurso Jerárquico ante la misma autoridad administrativa que resolvió el Recurso de Revocatoria;
f. La autoridad recurrida, en un plazo de veinticuatro (24) horas de recibido el Recurso, remitirá el mismo a la autoridad jerárquica superior;
g. La autoridad jerárquica superior, tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para confirmar o rechazar la Resolución Administrativa impugnada;
h. La autoridad jerárquica superior remitirá a la Dirección General de Migración en el plazo de veinticuatro (24) horas la Resolución Administrativa impugnada que confirme, desestime o rechace la impugnación interpuesta;
i. La Dirección General de Migración en el plazo de veinticuatro (24) horas de recibida la Resolución Administrativa impugnada, notificará a la persona extranjera en el domicilio señalado o por vía electrónica;
j. En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la autoridad jerárquica superior rechace la Resolución Administrativa de impugnación de salida obligatoria, de manera inmediata la persona extranjera deberá iniciar su regularización migratoria;
k. En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la autoridad jerárquica superior confirme la Resolución Administrativa de Impugnación de salida obligatoria, la Dirección General de Migración deberá ejecutarla.
II. En caso de incumplimiento a la Resolución de Salida Obligatoria, la Dirección General de Migración iniciará las acciones legales que correspondan.(el subrayado fue añadido)
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, el Director demandado incurrió en las siguientes ilegalidades: i) Incumplió lo dispuesto por Auto Interlocutorio 133/22 de 15 de febrero de 2022; por el que se compelió a la entidad que representa -Dirección Departamental de Migración-, realice el proceso administrativo de su salida obligatoria, determinación que fue notificada el 2 de marzo del mismo año; sin embargo, habiendo transcurrido treinta días, dicha orden no fue cumplida, pese a que ya existen los respetivos mandamientos de libertad desde el 24 de febrero de 2022; ii) Habiéndose emitido conminatoria y notificada la misma el 23 de marzo de 2022, se ordenó que dentro el termino de 24 horas de su legal notificación se dé cumplimiento a las medidas impuestas, a contrario del art. 37.II de la Ley de Migración, que prevé que la salida obligatoria debe ser realizada dentro de los quince días, hasta la interposición de la presente acción de libertas, no se procedió a su liberación por cuestiones netamente técnico-administrativas; y, iii) No cursa en el cuaderno procesal informe por el que manifieste y/o justifique las razones del incumplimiento a la orden de la Jueza de la causa.
Identificadas las problemáticas traídas en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emergen las mismas; en tal sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que por Sentencia 13/22 de 15 de febrero de 2022, la Jueza de la causa del juzgado declaró autores y culpables a los impetrantes de tutela del delito de robo, condenándolos a cumplir la pena de tres años de privacion de libertad (Conclusión II.1); ante la renuncia del recurso de apelación por parte del Ministerio Publico y de la defensa, se emitió el Certificado de Ejecutoria de 15 de febrero de 2022, y los correspondientes Mandamientos de Condena; por lo que, los peticionantes de tutela interpusieron incidente de suspensión condicional de la pena, mereciendo el Auto Interlocutorio 133/22 de 15 de febrero de 2022, que resolvió conceder dicho beneficio, ordenando su salida obligatoria del territorio nacional, “Quedando compelida la Dirección Departamental de Migración a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los ciudadanos antes mencionado, con la finalidad de coordinar por intermedio de la INTERPOL y la DIGEMIG al país Colombia de los condenados” (sic [Conclusión II.2]); por lo que, mediante Oficio 234/2022 de 24 de febrero, la autoridad judicial solicitó al Director demandado, emita la resolución u orden de salida obligatoria del país de los peticionante de tutela, señalando lo siguiente: “...la Dirección Departamental de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno en merito a las atribuciones conferidas por el Art. 38 inc. 1), 2), y 5) de la Ley N° 370, EMITIR RESOLUCIÓN U ORDEN DE SALIDA OBLIGATORIA DEL PAÍS de los ciudadanos extranjeros: EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO (…) Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS (…), debiendo procederse al TRASLADO A LA FRONTERA del vecino País de COLOMBIA de los nombrados y sea en coordinación con la dirección de la organización Internacional de Policía…” (sic), determinación notificada a la autoridad demandada el 2 de marzo de 2022 (Conclusión II.3); posteriormente, a través de decreto de 16 de marzo de 2022, se conminó a la autoridad demandada y a la INTERPOL a dar cumplimiento al Auto Interlocutorio 133/22 en el plazo de 24 horas (Conclusión II.4); y por Oficio 307/2022 de 22 de marzo, se reiteró al Director demandado, emita la resolución u orden de salida obligatoria del territorio de los demandantes de tutela, el cual fue notificado el 23 de igual mes y año (Conclusión II.5); posteriormente, a través de Oficio 309/2022 de 22 de marzo, la Jueza de la causa, solicitó al Director Departamental de Régimen Penitenciario Santa Cruz, la salida obligatoria del país de los solicitantes de tutela, sea en coordinación con la Dirección Departamental de Migración e INTERPOL, motivo por el cual, la autoridad de régimen penitenciario mediante Nota 0480/2022 de 23 de marzo, puso a conocimiento del Director Departamental de la INTERPOL los mandamientos de libertad con salida obligatoria y solicitó dar cumplimiento a los mismos, mereciendo la Nota 0368/2022 de 25 de marzo; por la cual, el Director Departamental de INTERPOL respondió señalando que: “…al respecto, requiero a usted que previamente la autoridad judicial ordene a la Dirección General de Migración para que en observación de la Ley de migración 370 resuelva la salida obligatoria de los antes nombrados y ejecute dicha resolución administrativa mediante su brazo operativo UPCOM dependiente de la Policía Boliviana y en caso de no tener personal, solicite apoyo de la fuerza pública (Comando Departamental de Policía Santa Cruz) en consideración a que la presente acción se debe ejecutar en territorio boliviano; se aclara, que INTERPOL – BOLIVIA se encuentra a cargo de traslados internacionales cuando existe un proceso de extradición activa y disposición legal expresa, en la vía precautoria se verifico los nombres de Sebastián García Burgos (…) y Edwin Estiven Antolinez Montenegro (…) (datos contenidos en el mandamiento de libertad) en el sistema I-24/7 a cargo del Sr. Sgto. Zenón Choquehuanca Osco, cuyo resultado es que contra los mismos no cursa Notificación Internacional alguna (sic [Conclusión II.6]); finamente, por memorial presentado el 6 de abril de 2022, el Director demandado, hizo conocer a la autoridad judicial lo siguiente: “Al respecto debo manifestar que dentro de las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 370 y Decreto Supremo N° 1923 y demás disposiciones emanadas por la dirección General de Migración, esta instancia Distrital de Migración tiene a bien indicar como lo establece los arts. 37 y 38 de la Ley 370, estamos facultados para emitir las SALIDAS OBLIGATORIAS a toda persona extranjera que haiga ingresado a o permanecido de manera irregular en nuestro territorio nacional. Previo emisión de las salidas obligatorias de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el penal de Palmasola con detención preventiva y habiendo una resolución por la autoridad competente en la cual ordena su libertad, estos deberá ser remitidos o conducidos por la (INTERPOL) ante las oficinas de administración departamental de migración ubicado en la calle sucre y Quijarro edificio ‘Guapay’, a efectos de poder notificar de manera personal con la resolución Administrativa de Salida obligatoria tal como lo ordena su probidad. Finalmente me permito manifestar, que en fecha 30 de marzo del año en curso en su digno despacho se sostuvo una reunión de coordinación con los representantes de Interpol, Defensa Pública, Cancillería y el suscrito Servidor Público con el objetivo de poder dar cumplimiento a su disposición (salida obligatoria al país de origen) con relación a los extranjeros EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS ambos de nacionalidad colombiana. Quedándose establecido en dicha reunión que el Consulado de Colombia deberá otorgar el salvo conducto y pasajes a sus conciudadanos, así de esa manera una vez los extranjeros sean conducidos a la Dirección Distrital de Migración le emitiremos las salidas obligatorias correspondientes” (sic [Conclusión II.7]). En ese marco, se advierte que la primera y segunda problemática están referidas a que el Director demandado incumplió lo ordenado por la autoridad judicial; por lo que, por pedagogía constitucional, se analizara las mismas de forma conjunta, considerando la relación existente entre estas resoluciones respecto a las vulneraciones alegadas; toda vez que, a través del Auto Interlocutorio 133/2022, el Director demandado fue compelido a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los accionantes, debiendo coordinar con la Dirección Departamental de la INTERPOL, determinación notificada el 2 de marzo de 2022, y mediante proveído de 16 de igual mes y año; se le conminó al cumplimiento de lo dispuesto en el referido Auto Interlocutorio, siendo notificado el 23 del mismo mes y año; por lo que, ante el incumplimiento de las determinaciones judiciales, los accionantes se encuentran indebidamente privados de libertad por cuestiones netamente técnico-administrativas.
Ahora bien, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, constituyéndose en el medio idóneo para los casos donde existe vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, puesto que los administradores de justicia deben observar dicho principio en la tramitación del proceso, con mayor prioridad, cuando los trámites o solicitudes estén vinculadas con la libertad de las personas que tienen restringido ese derecho, debiendo atender los mismos en un plazo razonable; lo contrario, implicaría incurrir en actos dilatorios sobre los derechos del detenido afectando su libertad, que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en la que se encuentra. En ese sentido, se advierte que la autoridad judicial, por Auto Interlocutorio 133/22 de 15 de febrero de 2022, resolvió:
…otorgar a favor de los condenados EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS el beneficio de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, concedido que ha sido el beneficio de suspensión condicional de la penal se ordena la salida obligatoria de los condenados EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS de acuerdo a lo establecido por el articulo 37 y 38 inc. i) 19, 2), 4), 5) y 6) de la Ley N° 370 en concordancia con el artículo 136 del Código de procedimiento Penal. Quedando compelida la Dirección Departamental de Migración a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los ciudadanos antes mencionado, con la finalidad de coordinar por intermedio de la INTERPOL y la DIGEMIG al país Colombia de los condenados (sic [fs. 5 a 6 vta.]).
Por lo que, en cumplimiento a dicho Auto Interlocutorio, mediante Oficio 234/2022 de 24 de febrero, la Jueza de la causa solicitó al Director demandado, emita la resolución u orden de salida obligatoria del país de los peticionantes de tutela, siendo notificada la autoridad demandada el 2 de marzo de 2022; en ese sentido, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, es atribución de migración iniciar el proceso administrativo para determinar la salida obligatoria, ello de acuerdo a procedimiento regulado en el art. 32 del Reglamento a la Ley de Migración; sin embargo, no consta pronunciamiento alguno por parte del Director demandado; máxime, -se reitera- si fue notificado con dicha determinación el 2 de marzo de 2022; por lo que, el incumplimiento a lo ordenado, se constituye en una dilación indebida respecto a la efectivisacion del derecho a la libertad de los accionantes, quienes cuentan con mandamientos de libertad emitidos por autoridad competente; en ese sentido, ante el incumplimiento de lo ordenado en el aludido Auto Interlocutorio respecto al inicio del proceso administrativo de salida obligatoria, la autoridad judicial, mediante decreto de 16 de marzo de 2022, conminó al Director demandado a dar cumplimiento al Auto Interlocutorio 133/22, señalando que:
A tal efecto, toda vez que se emitió Oficio No 234/2022 (Fs. 221) dirigido a Migración recepcionado en fecha 02 de marzo de 2022, del cual no se encuentra cumplido ni se a otorgado respuesta alguna. Así mismo de acuerdo se evidencia que se realizó notificación a INTERPOL, la mimas que fue representada por la Oficina Gestora de Procesos, de acuerdo al informe de 25 de febrero de 2022. Por lo cual, se conmina a dar cumplimiento a las medidas dispuestas por la suscrita, debiendo MIGRACIÓN e INTERPOL a realizar el proceso administrativo de salida obligatoria de los ciudadanos antes mencionados al país de COLOMBIA. DEBIENDO EMITIR RESPUESTA A ESTE DESPACHO JUDICIAL, EN EL TÉRMINO DE 24 HRS DE SU LEGAL NOTIFICACIÓN, Y BAJO ESTRICTA RESPONSABILIDAD, QUE EN CASO DE SU INCUMPLIMIENTO REMITIR ANTECEDENTES AL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DIRECCIONES DE CADA ENTIDAD (sic [fs. 21]).
Determinación puesta a conocimiento del Director demandado mediante Oficio 307/2022 de 22 de marzo, para que emita la resolución u orden de salida obligatoria del territorio de los impetrantes de tutela, la cual fue notificada el 23 de marzo de 2022, evidenciándose así que desde la notificación con el Auto Interlocutorio 133/22 y primer Oficio 234/2022 -2 de marzo de 2022- a la notificación con el decreto de conminatoria y el segundo Oficio 307/2022 -23 de marzo de 2022-, transcurrieron veintiún días de dilación indebida respecto al cumplimiento del inicio del proceso administrativo de salida obligatoria en instancias de migración. Posteriormente, mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, el Director demandado, recién hizo conocer a la Jueza de la causa lo siguiente:
…habiéndose recepcionado en estas oficinas de Migración-Santa Cruz en fecha 23 de marzo del 2022, el oficio M° 307/2022 de fecha 22 de marzo del año en curso, en la misma su autoridad en cumplimiento a la Sentencia Condenatoria N° 13/22 de fecha 15 de febrero del 2022, ordena a esta dirección distrital de migración se proceda emitir resolución u orden de salida obligatoria del país de los ciudadanos extranjeros: EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO (…) Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS (…) debiendo procederse al TRASLADO A FRONTERA CON EL VECINO PAÍS DE PERÚ de los nombrados y sea en coordinación con el director de Interpol. Al respecto debo manifestar que dentro de las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 370 y Decreto Supremo N° 1923 y demás disposiciones emanadas por la dirección General de Migración, esta instancia Distrital de Migración tiene a bien indicar como lo establece los arts. 37 y 38 de la Ley 370, estamos facultados para emitir las SALIDAS OBLIGATORIAS a toda persona extranjera que haiga ingresado a o permanecido de manera irregular en nuestro territorio nacional. Previo emisión de las salidas obligatorias de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el penal de Palmasola con detención preventiva y habiendo una resolución por la autoridad competente en la cual ordena su libertad, estos deberá ser remitidos o conducidos por la (INTERPOL) ante las oficinas de administración departamental de migración ubicado en la calle sucre y Quijarro edificio “Guapay”, a efectos de poder notificar de manera personal con la resolución Administrativa de Salida obligatoria tal como lo ordena su probidad. Finalmente me permito manifestar, que en fecha 30 de marzo del año en curso en su digno despacho se sostuvo una reunión de coordinación con los representantes de Interpol, Defensa Pública, Cancillería y el suscrito Servidor Público con el objetivo de poder dar cumplimiento a su disposición (salida obligatoria al país de origen) con relación a los extranjeros EDWIN ESTIVEN ANTOLINEZ MONTENEGRO Y SEBASTIÁN GARCÍA BURGOS ambos de nacionalidad colombiana. Quedándose establecido en dicha reunión que el Consulado de Colombia deberá otorgar el salvo conducto y pasajes a sus conciudadanos, así de esa manera una vez los extranjeros sean conducidos a la Dirección Distrital de Migración le emitiremos las salidas obligatorias correspondientes (sic). De lo glosado se evidencia que la autoridad demandada admitió que fue notificado el 23 de marzo de 2022, con el Oficio 307/2022 y la consiguiente conminatoria; sin embargo, corresponde precisar que conforme la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, el Director demandado fue notificado el 2 de marzo de 2022 con el Oficio 234/2022 y Auto Interlocutorio 133/22 que ordeno la salida obligatoria del territorio nacional de los demandantes de tutela, determinación que debió ser atendida o cumplida de forma inmediata el 2 de marzo de 2022 o en un plazo razonable; toda vez que, dicha orden se encuentra vinculada a la libertad de los accionantes; por lo que, ante su incumplimiento fue conminado; sin embargo, la autoridad demandada recién por memorial presentado el 6 de abril 2022, pretendió justificar que previo a la emisión de la resolución de salida obligatoria de los ciudadanos extranjeros que se encuentran con detención preventiva, estos deberán ser remitidos o conducidos por la INTERPOL ante las oficinas de migración, a efectos de su notificación de manera personal con la resolución administrativa de salida obligatoria tal como lo ordeno la autoridad judicial, advirtiéndose que de la revisión de la Ley de Migración y su Reglamento no se establece tal procedimiento; sin embargo, corresponde precisar que de acuerdo a lo previsto en el art. 37.V de la Ley de Migración, se establece que: “Si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente en el exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración remitirá a ésta a la autoridad competente”, es decir, ante la INTERPOL, desvirtuando así lo manifestado por el Director demandado, extremo corroborado también por Nota 0368/2022 de 25 de marzo, mediante la cual, el Director Departamental de INTERPOL respondió señalando que: “…al respecto, requiero a usted que previamente la autoridad judicial ordene a la Dirección General de Migración para que en observación de la ley 370 resuelva la salida obligatoria de los antes nombrados y ejecute dicha resolución administrativa mediante su brazo operativo UPCOM dependiente de la Policía Boliviana y en caso de no tener personal, solicite apoyo de la fuerza pública (Comando departamental de Policía Santa Cruz) en consideración a que la presente acción se debe ejecutar en territorio boliviano; se aclara, que INTERPOL – BOLIVIA se encuentra a cargo de traslados internacionales cuando existe un proceso de extradición activa y disposición legal expresa, en la vía precautoria se verifico los nombre de Sebastián García Burgos (…) (datos contenidos en el mandamiento de libertad) y Edwin Estiven Antolinez Montenegro (…) en el sistema I-24/7 a cargo del Sr. Sgto. Zenón Choquehuanca Osco, cuyo resultado es que contra los mismos no cursa Notificación Internacional alguna” (sic). Advirtiéndose que el Director demandado condicionó el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial a la conducción o traslado de los accionantes a las oficinas de Migración por parte de la INTERPOL, inobservando que conforme lo determinado por el art. 136 del CPP, la autoridad judicial tiene la facultad de recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia, ante lo cual, las autoridades requeridas deben tramitar sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo pena de ser sancionadas conforme a ley; sin embargo, el Director accionado incumplió las resoluciones judiciales respecto al inicio del proceso administrativo de salida obligatoria; por lo que, se advierte que desde el 2 de marzo de 2022 hasta el 6 de abril de igual año, transcurrieron un mes y dos días, sin que se dé curso a lo ordenado por autoridad judicial competente; toda vez que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y administrativas deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla de manera pronta y oportuna con la debida celeridad, puesto que se busca el cumplimiento de los actuados de mero trámite en los procesos penales, los cuales para el privado de libertad tiene gran significancia ya que su finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones; correspondiendo conceder la tutela al respecto, ante la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado a la celeridad y seguridad jurídica. En cuanto a la tercera problemática, los accionantes denuncian que el Director demandado no emitió informe por el que manifieste y/o justifique las razones del incumplimiento a la orden de la Jueza de la causa.
Al respecto, corresponde aclarar que mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, el Director demandado puso a conocimiento de la Jueza de la causa las razones por las cuales pretendió justificar la determinación arbitraria referente al incumplimiento del proceso administrativo de salida obligatoria, advirtiéndose pronunciamiento al respecto, que como se señaló precedentemente no justifica el actuar dilatorio y lesivo de derecho por parte de la autoridad demandada, correspondiendo denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parciamente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 24/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 49 a 53, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de celeridad y seguridad jurídica, en relación a la primera y segunda problemática conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la autoridad demandada inicie el correspondiente procedimiento administrativo de salida obligatoria del territorio nacional de los ciudadanos Edwin Estiven Antolinez Montenegro y Sebastián García Burgos, ello con la finalidad de efectivizar los mandamientos de libertad emitidos por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz. 3° DENEGAR la tutela respecto a la tercera problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…) …el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).
8 Artículo 136.- (Cooperación directa). Cuando sea necesario los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar información de manera directa cuando ésta se vincule al proceso. Las autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo pena de ser sancionadas conforme a ley.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0065_2024-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): ccae9a7e632e3e816ec60146fe3f5435a80bf25f226cecb458ee11eb0754b7a9
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