B.IA.LEGAL

SCP 0062/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
44386-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al principio de celeridad y legalidad en mérito a que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio pronunciado por la autoridad demandada que declaró infundado su incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos, no obstante haber provisto los recaudos de ley para cumplir con dicha remisión, la misma no fue efectivizada en el término correspondiente, siendo observada por el tribunal de alzada por requerirse documentación complementaria para su resolución; asimismo, sin resolverse el citado recurso la Jueza demandada pretende desarrollar la audiencia de consideración de medidas cautelares pese a que la imputación formal se encuentra cuestionado, designándole incluso un abogado de oficio, lo que pone en riesgo su libertad ya que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 24 de noviembre, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada; y, dejando sin efecto la medida cautelar dispuesta por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2023-S4 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44386-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Salomón Galeb Morales Santalla en representación sin mandato de Mario Avendaño Mamani contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 55 a 56 vta.; el accionante a través de su representante sin mandado manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tentativa de asesinato, lesiones gravísimas y amenazas, el 31 de marzo de 2021, el Ministerio Público presentó imputación formal sin contar con indicios suficientes; por lo que, planteó incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos insubsanables, que mediante Auto Interlocutorio 283/2021 de 23 de septiembre la autoridad judicial ahora demandada disputo declararlo infundado sin mayor fundamentación legal, ante lo cual se interpuso recurso de apelación incidental; empero, se dilató la remisión y contrariamente a ello señaló audiencia de medidas cautelares. El recurso de apelación recayó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo observado al no haberse adjuntando en la remisión piezas procesales necesarias para valorar los argumentos de las partes; empero, la Jueza –hoy demandada– creó un estado de incertidumbre sobre su seguridad jurídica, a sabiendas que la citada imputación formal es completamente ilegal que refiere hechos inexistentes, pretende instalar la audiencia de medidas cautelares, situación que amenaza su libertad, al dilatar la tramitación del recurso de apelación, impidiendo que el superior en grado evidencie los agravios contenidos en su resolución; pretendiendo únicamente aplicar medida cautelar, para lo cual incluso se le impuso un abogado de oficio contra su voluntad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso y los principios de celeridad y legalidad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene a la autoridad demandada remita todas las piezas procesales del cuaderno de control jurisdiccional del proceso como ser la imputación formal, acta de audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa y su Auto Interlocutorio 283/2021, la diligencia de notificación, el recurso de apelación, diligencias, nota de remisión al superior en grado y todas las providencias y actas de señalamiento de audiencia de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 65 vta., presente el accionante asistido de su abogado y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, ratificó íntegramente el contenido de su demanda de acción de libertad, además señaló que: a) A todas luces el proceso trata de los delitos de lesiones graves y leves; empero, el Ministerio Público de manera arbitraria además tipifica como tentativa de asesinato; es así que, habiendo recurrido ante la autoridad jurisdiccional el 6 de mayo de 2021, interpuso un incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos, fundamentando los agravios y falencias contenidas en la imputación formal, al calificar hechos que lesionan el debido proceso, convocándose a una audiencia para el 23 de octubre de 2021; b) En el verificativo donde se debía resolver el citado incidente, contrariamente a lo estipulado en el art. 315 del CPP, la autoridad jurisdiccional después de escuchar los alegatos de las partes, dispuso que se pase a su despacho a efecto de resolver; es así que, recién se le notifica con el Auto Interlocutorio 283/2021, el 15 de octubre, habiendo declarado infundado el mismo; ante lo cual, el 20 del mismo mes y año; interpuso recurso de apelación, que mereció decreto de 21 de igual mes y año; c) la autoridad jurisdiccional ahora demandada debió dar tramitación del mismo conforme el art. 405 del CPP, es decir remitir actuados dentro de las veinticuatro horas ante el superior en grado; empero, de la documentación que se a adjunta se advierte que el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, recepcionó dicho recurso el 9 de noviembre de igual año, en total inobservancia del principio de celeridad en la remisión del citado recurso, mediante providencia de 10 de noviembre del citado año, se observó la falta de remisión de piezas procesales ante el Tribunal de alzada, donde además se solicitó informe respecto a que si el Auto Interlocutorio 283/2021 fue pronunciado de manera oral o en audiencia de forma posterior; d) La referida dilación es atribuida a la autoridad judicial; toda vez que, si se hubiese actuado con la debida diligencia se contaría ya con la respectiva resolución; considerando los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 283/2021; se hubiera revocado el mismo por ser arbitraria y se hubiese dejado sin efecto la imputación formal que pide la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en su contra; empero, no se hizo de dicha manera, lesionado el principio de celeridad y legalidad por ende el debido proceso, vinculados con el derecho a la libertad; toda vez que, al no resolverse el citado recurso, lo que constituye una amenaza a su libertad ante una posible aplicación de medida cautelar, correspondiendo aplicar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, por la abismal dilación en la remisión del recurso de apelación; por lo que, se solicita: 1) Se ordene la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de apelación; 2) Se emita el informe que solicita la autoridad “ad quem” (sic); y, 3) Tomando en cuenta que en el memorial de apelación, en el otrosí correspondiente se ofreció en calidad de prueba la integridad del cuaderno de investigaciones “256/2020” y lo manifestado por la autoridad “ad quem” en su decreto de observación que señala que la autoridad ahora recurrida, debe remitir las piezas procesales correspondientes para hacer la valoración de los argumentos de las partes y piezas que se encuentran en el cuaderno de investigación, porque la documental fue producida en audiencia de consideración del incidente por actividad procesal defectuosa y la misma fue ofrecida en el recurso de apelación, siendo necesario que se cuente con dicha documentación para que el fallo a emitirse sea objetivo; 4) Con relación a las audiencias de medidas cautelares que la autoridad ahora demandada viene programando; el 23 de noviembre de 2021, instaló el citado acto procesal, donde asistió sin abogado; y pese a que el mismo justificó su inasistencia porque se encontraba atendiendo un juicio oral en La Paz y no sería posible su traslado a Caranavi por la distancia, la autoridad ahora demandada dispuso la designación de abogado de oficio; y, 5) En consecuencia se pide la aplicación de una medida cautelar como es la suspensión de cualquier convocatoria de audiencia contra el impetrante de tutela, en tanto no se resuelva el recurso de apelación incidental por parte de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en virtud al derecho a la libertad, conforme el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE). A la solicitud de aclaración por el Juez de garantías refirió que: i) La observación realizada por el Tribunal de alzada se puso a conocimiento del Oficial de Diligencias del Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, vía llamada WhatsApp, ante la solicitud del mismo se envió fotografía del decreto el 22 de noviembre de 2021; ii) Con la finalidad de la remisión respectiva del recurso de apelación y sus antecedentes, se proporcionó las copias según lo informado por el asistente de Caranavi, el 22 de octubre de 2021; y, iii) Desde el día de la audiencia que fue el 23 de septiembre de 2021, el expediente no estuvo a la vista en Secretaría, hasta que fueron notificados el 15 de octubre de igual año, con el Auto Interlocutorio impugnado, extremo que es de conocimiento de las partes procesales.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia alegó que: a) Extraña la deslealtad de David Alcón Mamani, abogado defensor, ya que estuvo presente en todos los actos procesales de esta causa contra el accionante y no hizo uso de las vías legales, sino el de apelación incidental contra la Resolución pronunciada ante un incidente de actividad procesal defectuosa; manifiesta que se provocó retardo procesal y no resolvió en tiempo oportuno; empero, dentro del cuaderno de investigación no cursa ningún reclamo por la defensa del impetrante de tutela; por lo que, se emitió la resolución conforme a procedimiento, contra la cual se interpuso recurso de apelación el 20 de octubre de 2021, disponiéndose la remisión al Tribunal de alzada; no existiendo ningún reclamo respecto algún retraso, ahora reclamado en esta acción de libertad; ya que, se debe considerar que existe jurisprudencia que manifiesta que los juzgados que se encuentran a una distancia prudente, tienen un plazo de tres días hábiles a efectos de remitir y hacer llegar a la apelación incidental a los tribunales de apelación tomando en cuenta que se encuentran en provincia; b) Con relación a la observación de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no tiene conocimiento; ya que, no fue devuelto al Juzgado de origen; empero, conforme a procedimiento corresponde que la autoridad judicial y el personal de apoyo jurisdiccional devuelvan el legajo al Juzgado de origen; toda vez que, no es obligación acudir a recoger los legajos observados; no obstante, la secretaria del Juzgado realizó un viaje la anterior semana, el 18 de noviembre de 2021, quien de manera personal recorrió todas “las salas penales 1ra., 2da., 3era., y 4ta.” (sic), la Sala Penal Primera refirió tener tres cuadernos para devolver a su Juzgado, los que fueron recogidos, mandando fotografía del oficio que manifiesta dicha devolución, teniendo el sello de la Secretaria del recojo de los expedientes que sería el 18 de noviembre del citado año; c) La audiencia de medidas cautelares fue señalada a solicitud de la víctima para el 10 de noviembre de igual año, siendo debidamente notificado el impetrante de tutela, ante lo cual no presentó recurso de reposición alegando alguna lesión de derechos; por lo que, se llevó adelante dicho verificativo, donde tampoco asistió el abogado defensor, por encontrarse con COVID 19; empero, no presentó ningún justificativo; se ha diferido dicho acto procesal para el 23 de igual mes y año, al que tampoco asistió el prenombrado y presentó memorial justificativo, en el cual no menciona lesión alguna, o que se le estaría dejando en indefensión, tampoco que previamente se resuelva el incidente de actividad procesal defectuosa y actuando de manera desleal, no hace mención que existe respuesta a dicho memorial y que hubiera sido observado por el Tribunal de alzada; es así que atendiendo dicha solicitud se suspendió dicho acto procesal para el 25 del citado mes y año de manera presencial, donde además se designó abogado de oficio; d) Con relación al pedido del impetrante de tutela, de suspensión de audiencias de medidas cautelares, es de considerar los arts. 403 a 406 del CPP, que no refieren que las apelaciones incidentales sean en efecto suspensivo, lo que significaría la transgresión del principio de celeridad, acceso a la justicia; ya que, se tendría que paralizar todos los procesos penales que se encuentren con apelación hasta obtener una respuesta del superior en grado; asimismo, el accionante no realizó los reclamos de manera oportuna como tampoco hizo uso de los medios legales a su alcance como es el recurso de reposición; sino de manera desleal ahora alega la trasgresión de derechos. Ante las preguntas del Juez de garantías refirió que: 1) El Auto Interlocutorio 283/2021 no fue emitido en la misma audiencia, se pasó a despacho para dictar la citada Resolución en el mismo día; toda vez que, se tenía que revisar el cuaderno de control jurisdiccional y cumplir otras actividades jurisdiccionales, al encontrarse en suplencia legal en el Juzgado del Municipio “Palos Blancos” y se puso en conocimiento de las partes procesales, las cuales tampoco se opusieron ni se interpuso recurso alguno en audiencia o el de reposición, solicitando se dicte la resolución en audiencia; 2) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional “a fs. 83” cursa notificación al impetrante de tutela por el Oficial de Diligencias Rodolfo Porco Chaparro, por formato PDF, y al abogado David Alcón Mamani, el 15 de octubre de 2021; 3) Se tiene funciones específicas conforme a la Ley del Órgano Judicial, en las cuales no está el de notificar a las partes procesales, desconociendo cual es el motivo por que el Oficial de Diligencias realizó la notificación en la indicada fecha; en la parte final de la resolución se dispone se ponga a conocimiento de las partes conforme el art. 160 del CPP, y que pueden hacer uso del recurso de apelación conforme al art. 251 del mismo Código; 4) Sí se ejerció el control jurisdiccional respectivo, ya que cursa las notificaciones y fueron respondidos todos los memoriales presentados por el imputado; no existiendo un memorial de reclamo con relación a la falta de notificación o tardanza en la notificación; 5) Si bien el recurso de apelación incidental fue interpuesto el 21 de octubre de 2021; empero, se debía poner a conocimiento de las partes; además cursa un memorial de 26 de octubre de igual año; los abogados de la defensa también están facultados para hacer los reclamos correspondientes y poner a su conocimiento quejas o retardos del personal de apoyo jurisdiccional a efecto de reconducir las actividades de los funcionarios judiciales; 6) Cursa un decreto de 21 de octubre de 2021, en cuya última parte se indica que la parte debe proporcionar las fotocopias pertinentes a la Secretaria del Juzgado a efecto de su cumplimiento bajo responsabilidad del mismo; la apelación fue remitida una vez que se proporcionaron dichas fotocopias de las fojas pertinentes; 7) “…acabo de tomar conocimiento a horas 12 de medio día aproximadamente…” (sic) del 24 de noviembre de 2021, siendo notificado por el Oficial de Diligencias con el decreto de observación pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 8) Sí tuvo conocimiento de todos los actuados y documental remitida ante el Tribunal de alzada; toda vez que, es quien emite el oficio correspondiente; habiéndosele notificado; advirtiéndose que, existe un solo punto observado, cual es la solicitud de informe por Secretaria respecto a que si la Resolución emitida fue en audiencia de manera oral o escrita.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

“…tanto la exposición de la parte accionante como la parte accionada conforme el informe presentada en forma verbal, así como las aclaraciones, el suscrito va a requerir que en base a los fundamentos expuestos por las partes se pueda resolver la presente Acción de Libertad lo que en derecho corresponda, es en cuanto solicito a su autoridad…”(sic).

I.2.4. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz. Constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2021 de 24 de noviembre, cursante de fs. 66 a 69 vta., denegó la tutela impetrada; asimismo en aplicación a lo previsto por el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispuso la aplicación de medidas cautelares dentro de la presente causa a los fines únicamente de evitar mayores vulneraciones que puedan generarse dentro de la tramitación de la misma; disponiendo que en el día, la autoridad demandada subsane las observaciones realizadas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la finalidad que pueda resolver el recurso de apelación; cumplido ello y existiendo resolución firme respecto al incidente, recién se convoque a la audiencia que corresponda; recomendando a la autoridad demandada ejercer mayor control de los actos que son de su conocimiento así como del personal de apoyo jurisdiccional a su cargo. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Se debe tener en claro que si bien es evidente que existe dilaciones en el trámite, lo que generaría incertidumbre a la parte accionante, siendo atribuible a la autoridad ahora demandada y la actitud del personal de apoyo jurisdiccional; pese a ello, el planteamiento de incidentes sobre la imputación formal no suspende el curso normal del proceso, por cuanto el determinar la procedencia de esa situación no generaría certidumbre jurídica al respecto a la inmediatez de los trámites otorgados de cualquier proceso, por cuanto ello resulta evidente como una regla general dentro de los proceso; y, ii) Sin embargo, dentro de la tramitación de la presente causa, más allá de dichos extremos se dieron actos dilatorios que no pueden quedar sin ser tutelados, de tal forma que no genere lineamientos específicos que deben ser respetados por las partes, lo cual tampoco implica una contraposición a la línea de la jurisprudencia constitucional, por ello, existiendo evidencia de los agravios observados, que por línea jurisprudencial no puede ser acogidos de manera genérica para todas las causas, se debe otorgar atención al trámite especifico de la causa, para que estos aspectos observados no puedan generar mayores lesiones en lo posterior; por lo que, en esa medida corresponde denegar la tutela; sin embargo, se debe otorgar las garantías necesarias para que el proceso se reconduzca conforme a procedimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución la Imputación Formal 11/2021 presentado de 1 de abril de 2021, por Freddy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, contra Mario Avendaño Mamani –ahora accionante– en la cual se solicita la aplicación de medida cautelar de detención preventiva (fs. 8 a 17); que mereció decreto de 5 de igual mes y año, teniéndose presente la Resolución de Imputación Formal, disponiendo la notificación correspondiente a las partes procesales (fs. 7). II.2. El 6 de mayo de 2021, el impetrante de tutela formuló incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos insubsanables, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, solicitando se disponga la nulidad de la Resolución de Imputación Formal 11/2021, declarando procedente el referido incidente, disponiendo que el Ministerio Público adecue su proceder a lo establecido en la norma legal (fs. 22 a 31). II.3. Cursa Acta de Audiencia Presencial de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa, llevada a cabo el 23 de septiembre de 2021, estando presente el Ministerio Público, la parte Víctima acompañada de su abogado, y el ahora impetrante de tutela a su abogado defensor; acto procesal que concluye con lo manifestado por el Juez “Se tiene presente lo manifestado por el abogado de la defensa, se pasa obrados a despacho para dictar la resolución” (sic [fs. 33 a 43]). II.4. Se tiene el Auto Interlocutorio 283/2021 de 23 de septiembre, pronunciado por Sandy Madeline Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz –autoridad ahora demandada– que dispuso declarar infundado el incidente de actividad procesal defectuosa; además de la notificación a las partes procesales con dicha resolución (fs. 44 a 49). II.5. El accionante interpuso recurso de apelación incidental el 20 de octubre de 2021, contra el Auto Interlocutorio 283/2021, en el cual también refiere que debe ser considerado por el Tribunal de Alzada; ya que la referida resolución no fue pronunciada de manera oral en audiencia, sino de forma posterior; pero además solicitó que la autoridad superior en grado revoque la resolución apelada (fs. 18 a 21).

II.6. Se tiene el decreto de 10 de noviembre de 2021, pronunciado por el Vocal presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalando que: “De la revisión de antecedentes, el personal de apoyo jurisdiccional del juzgado a que deberá informar si la Resolución 283/2021 fue emitida de manera oral en audiencia o fue emitida de manera posterior a la conclusión de la audiencia”, en consecuencia se dispuso la devolución de obrados al juzgado de origen, exhortando al personal del Juzgado se subsane dicho aspecto y se remita nuevamente ante el Tribunal de alzada junto a los actuados procesales requeridos, además atribuyendo la dilación al Juzgado de origen (fs. 52).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al principio de celeridad y legalidad en mérito a que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio pronunciado por la autoridad demandada que declaró infundado su incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos, no obstante haber provisto los recaudos de ley para cumplir con dicha remisión, la misma no fue efectivizada en el término correspondiente, siendo observada por el tribunal de alzada por requerirse documentación complementaria para su resolución; asimismo, sin resolverse el citado recurso la Jueza demandada pretende desarrollar la audiencia de consideración de medidas cautelares pese a que la imputación formal se encuentra cuestionado, designándole incluso un abogado de oficio, lo que pone en riesgo su libertad ya que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad

La SCP 0399/2018-S4 de 13 de agosto al respecto razonó que: “La SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: '…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad'.

Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: 'Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras'. En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, sostuvo que: 'Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad'” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante mediante su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, a la libertad, al principio de celeridad y legalidad; al considerar que, la autoridad ahora demandada al declarar infundado su incidente de nulidad de imputación formal por defecto absoluto lo hizo sin considerar la normativa legal, ya que no lo emitió en la misma audiencia de manera oral, sino de manera posterior; ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental; empero, dicha autoridad incurrió en dilación y no remitió los antecedentes en el plazo establecido ante el superior jerárquico; poniendo en riesgo su libertad ya que fue solicitada su detención preventiva por el Ministerio Público en la imputación formal ahora cuestionada; sin embargo, la Jueza demandada pretende llevar adelante la audiencia de medida cautelar estando pendiente la resolución del recurso de apelación, más cuando el Tribunal de alzada observó el legajo de apelación y el mismo aún no fue subsanado. De obrados se tiene que, Mario Avendaño Mamani –ahora accionante– es procesado penalmente por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de tentativa, lesiones gravísimas y amenazas; dentro del cual, el 1 de abril de 2021 el Ministerio Público presentó Resolución la Imputación Formal 11/2021 ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz – autoridad ahora demandada–, contra el impetrante de tutela, en la cual se solicitó la aplicación de medida cautelar de detención preventiva (Conclusión II.1); por lo que, el 6 de mayo de 2021, el accionante presentó incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos insubsanables ante la autoridad jurisdiccional (Conclusión II.2), llevándose adelante la audiencia de consideración del referido incidente el 23 de septiembre de 2021, donde se expusieron las respectivas fundamentaciones de las partes, concluyendo con lo manifestado por el Juez: “Se tiene presente lo manifestado por el abogado de la defensa, se pasa obrados a despacho para dictar la resolución” (Conclusión II.3). Emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 283/2021 de 23 de septiembre, disponiendo declarar infundado el citado incidente (Conclusión II.4); por lo que, una vez notificado con dicha Resolución, el 20 del citado mes y año interpuso recurso de apelación incidental contra tal determinación, recayendo el caso en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que emitió el decreto de 10 de noviembre de igual año, solicitando por Secretaria se informe si el Auto Interlocutorio 283/2021 cuestionado fue emitido de forma oral en audiencia o de manera posterior; en consecuencia se dispuso la devolución de obrados al juzgado de origen, exhortando al personal del Juzgado se subsane dicho aspecto y se remita nuevamente ante el Tribunal de alzada junto a los actuados procesales requeridos, además atribuyendo la dilación al Juzgado de origen (Conclusión II.5 y II.6). Ahora bien, no obstante que el solicitante de tutela denuncia una serie de irregularidades procedimentales, tales como el rechazo ilegal de su incidente de actividad procesal defectuosa; la dilación en la tramitación del recurso de apelación que formuló en contra dicha determinación; así como la falta de diligencia en la remisión del citado recurso dado que el Tribunal de alzada, dilatando aún más su situación jurídica, devolvió los antecedentes al juzgado de origen por requerir un informe complementario para su resolución, mismo que hasta la interposición de la presente acción aparentemente no habría sido emitido por la autoridad demanda; de la ampliación de la merituada demanda, en específico de la medida cautelar solicitada, se advierte con incontrovertible calidad que la pretensión del accionante con el planteamiento de la presente acción de defensa, es la no realización del verificativo señalado a los fines de considerar la solicitud de detención preventiva requerida en su contra por parte del Ministerio Publico al considerar que, la imputación formal sobre la cual se formuló dicha solicitud sería ilegal; y que, el tribunal de alzada, dada la dilación advertida, no habría tenido oportunidad de pronunciarse sobre los agravios deducidos en contra de ésta; solicitando que este Tribunal en tutela, suspenda cualquier convocatoria de audiencia de medida cautelar, en tanto se resuelva el recurso de apelación incidental por parte de la Sala Penal a cargo de su resolución. Ahora bien, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para que la acción de libertad tutele el debido proceso, frente actos procedimentalmente indebidos u omisiones procesales arbitrarias; éstos tiene que estar relacionados de manera directa con la libertad física o de locomoción de los solicitantes de tutela; para lo cual la jurisprudencia estableció la concurrencia necesaria de dos supuestos, a saber: a) Que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, estén vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Que exista un absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso; o que no existan los mecanismos procesales ordinarios para tal efecto.

En ese marco jurisprudencial, y de la precisión de la problemática determinada precedentemente, resulta evidente que los cuestionamientos deducidos en la presente acción no tienen vinculación directa con el derecho a la libertad del accionante; pues si bien resulta evidente la dilación y falta de diligencia en la tramitación el recurso de apelación que interpuso contra el rechazo de su incidente por defectos absolutos; dicho incidente, según alega el propio accionante, fue formulado para cuestionar la que considera una imputación formal emitida al margen del principio de legalidad; actuado que conforme a la reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, no tiene incidencia directa en el derecho a la libertad, pues si bien en dicha resolución de imputación, – como sería el caso–, podría existir la solicitud de parte del Ministerio Publico para la aplicación de medidas cautelares, como ser la detención preventiva, no obstante la sola solicitud no se constituye en una vulneración del derecho a la libertad del accionante, o un riesgo inminente para su ejercicio; dado que, la aplicación de dicha medida, responde a la compulsa que deberá realizar y fundamentar previamente la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa, pudiendo o no dar curso a la petición del Fiscal de Materia; por lo que, la concurrencia del primer supuesto se encuentra descartada para la tutela del debido proceso vía acción de libertad.

Con relación al segundo presupuesto, en el presente caso analizado, de los antecedentes cursantes en obrados, no resulta evidente que el impetrante de tutela se encuentre en estado absoluto de indefensión en cuanto a la problemática planteada, dado que sus cuestionamientos a la merituada imputación formal, fueron deducidos en el recurso de apelación que, a la fecha de interposición de la presente demanda, se encontraría pendiente de resolución.

Consecuentemente, al no tenerse por cumplido los presupuestos establecidos para la tutela vía acción de libertad cuando se alega indebido procesamiento, impide a este Tribunal ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada; dejando sin efecto la medida cautelar dispuesta por el juez de garantías, quien extralimitó sus atribuciones constitucionales; dado que, dispuso “…que en el día se subsane las observaciones realizadas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y sea por la autoridad recurrida, a los fines de que dicha Sala pueda resolver el presente incidente. Asimismo cumplido ello, y existiendo resolución firme emitida por la Sala de apelación respecto únicamente al presente trámite, recién convóquese a la autoridad que corresponda” (sic).

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar y contrariamente, disponer una medida cautelar de paralización del proceso en favor del impetrante de la tutela, obró de forma incorrecta

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 24 de noviembre, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada; y, dejando sin efecto la medida cautelar dispuesta por el Juez de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0062_2023-S4_id63162.pdf · páginas 1 a 13.

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