Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de abril de 2024
Concede la tutela
Los peticionantes de tutela alegan la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en mérito a que dentro del proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fueron sometidos a medidas cautelares el 1 de abril de 2022, habiendo el Juez demandado señalado entre otros fundamentos, audiencia para considerar su situación jurídica el 7 de junio del referido año, resolución que al ser apelada por los impetrantes de tutela, fue revocada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, modificando la fecha de la mencionada audiencia para el 2 de mayo del mismo año, pero al ser feriado por el día del trabajador, solicitaron al Juez demandado modifique la fecha de la audiencia, sin merecer pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares en el proceso penal; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 418/2022 de 2 de mayo, cursante de fs. 7 a 8, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2024-S1 Sucre, 17 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47735-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 418/2022 de 2 de mayo, cursante de fs. 7 a 8, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Francy Illacutipa Ancachi, Elmer Gabriel Quenta Chambilla y Freddy Salamanca Pérez contra Erick Ganner Espinoza Peralta, Juez Público Civil y Comercial Mixto de Instrucción Penal Primero de la Localidad de Coro Coro del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 30 de abril de 2022, cursante a fs. 2 y vta., los accionantes, señalan los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares el 1 de abril de 2022, señalando audiencia de situación jurídica para el 7 de junio del referido año, misma que al ser apelada fue revocada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y “en una de las partes más principales señala Audiencia de situación jurídica para fecha 2 de mayo a horas 14:00” (sic), fecha que era feriado por el día del trabajador, solicitando su abogado al juzgado de control jurisdiccional, modifique dicho señalamiento mediante memorial de “26 de abril”, mismo que a la fecha no mereció pronunciamiento alguno, no obstante que la autoridad superior señaló la audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo, mediante Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril, con la finalidad de que no se vulnere el debido proceso.
Los impetrantes de tutela señalan como vulnerado sus derechos a la libertad y debido proceso, citando al efecto los arts. 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada y se ordene a la autoridad demandada que dé cumplimiento a lo dispuesto por su superior jerárquico, convocando a audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo a horas 14:00.
Realizada la audiencia pública el 2 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 5 a 6 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, ampliando los argumentos expresados en su demanda constitucional, señalaron que: a) Fueron imputados por la presunta comisión de un supuesto delito de tráfico de sustancias controladas, sometidos a audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal el 1 de abril del 2022, fijando el Juez audiencia de situación jurídica para el 1 de junio del referido año, apelada dicha resolución, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto, algunos de los riesgos procesales que estableció el Juez a quo; argumentando además que al tratarse de un delito en flagrancia, era excesivo el tiempo de detención preventiva, por lo que, se dispuso se convoque a audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo -se entiende de 2022- a las 14:00 pm, modificando la fecha señalada por el Juez inferior de 1 de junio del mencionado año; b) De acuerdo a la comunicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en sentido, que el feriado del primero de mayo se iba a pasar al día lunes 2 de mayo, se solicitó al Juez de control jurisdiccional -ahora demandado- señale audiencia de situación jurídica para el 3 del mismo mes y año, sin obtener respuesta, ni pronunciamiento alguno, dejándoles en un absoluto estado de indefensión, privándoles de su libertad de forma ilegal; y, c) A la fecha no se ha presentado ninguna ampliación de detención preventiva.
El demandado Erick Ganner Espinoza Peralta, Juez Público Civil y Comercial Mixto de Instrucción Penal Primero de la Localidad de Coro Coro del departamento de La Paz, pese a su legal citación con la presente acción de defensa cursante a fs. 4, no presentó ningún informe.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 418/2022 de 2 de mayo, cursante de fs. 7 a 8, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado en el plazo de veinticuatro horas, convoque a audiencia de consideración de situación jurídica, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia que la autoridad demandada primigeniamente señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 1 de junio del referido año, criterio que fue apelado y resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que mediante Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril, modificó la determinación inicial, señalando audiencia de situación jurídica para el “día de hoy” 2 de mayo del respectivo año, la cual, debe cumplirse de acuerdo a la línea jurisprudencial, lo establecido en el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y 2) En caso de incumplimiento se estaría contribuyendo a que se genere una dilación indebida, ya que a pesar de la solicitud del abogado de los accionantes de que se reprograme la audiencia, la misma no tuvo una respuesta oportuna.
De la revisión del expediente constitucional, se observa que no existen antecedentes que cursen en obrados.
Los peticionantes de tutela alegan la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en mérito a que dentro del proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fueron sometidos a medidas cautelares el 1 de abril de 2022, habiendo el Juez demandado señalado entre otros fundamentos, audiencia para considerar su situación jurídica el 7 de junio del referido año, resolución que al ser apelada por los impetrantes de tutela, fue revocada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, modificando la fecha de la mencionada audiencia para el 2 de mayo del mismo año, pero al ser feriado por el día del trabajador, solicitaron al Juez demandado modifique la fecha de la audiencia, sin merecer pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares en el proceso penal; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0077/2019-S2 de 3 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal de las personas; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud. En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora 1El FJ III.1, establece: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
2El FJ III.2, refiere: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”.
3El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas. Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras.
Con relación a éste principio la SCP 0755/2018-S2 de 8 de noviembre señaló: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la Constitución Política el Estado (CPE), señala que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al Juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el Juez o Tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.
El problema jurídico central radica en el hecho que dentro del proceso penal que se les sigue a los accionantes por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, después de ser sometidos a medidas cautelares, el Juez demandado señaló audiencia para considerar su situación jurídica para el 7 de junio de 2022, resolución que al ser apelada, fue revocada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, modificando dicha fecha, para el 2 de mayo del referido año, pero al ser feriado por el día del trabajador, solicitaron al Juez demandado que modifique la fecha de la audiencia, sin merecer pronunciamiento alguno, vulnerando su derecho a la libertad y debido proceso. No obstante, que no cursan en antecedentes elementos probatorios que los sujetos procesales hubiesen ofrecido dentro de la presente acción de libertad, por lo que, en aplicación al principio de informalismo este fallo constitucional se basará en los argumentos expuestos por las partes y los fundamentos inmersos en la Resolución dictada por el Juez de garantías quien tuvo acceso al cuaderno procesal. Bajo ese entendido, se tiene que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales en contra de los hoy demandantes de tutela, al margen de conocer y resolver dichas medidas, el Juez accionando señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 1 de junio de 2022. Pronunciamiento que en apelación, dio lugar a que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril, modifique la fecha de la mencionada audiencia, determinando nueva audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de 2022; sin embargo, al percatarse los accionantes que dicha fecha era feriado nacional por el día del trabajo, por memorial de 26 de abril del referido año, solicitaron a la autoridad judicial demandada que señale audiencia para el 3 de mayo del citado año. En ese contexto, es evidente que el Juez accionado no se pronunció sobre la solicitud de los impetrantes de modificar la fecha de audiencia para considerar su situación jurídica, apartándose de esta forma de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, soslayando que toda autoridad judicial debe realizar las diligencias judiciales con toda prontitud, máxime si se trata de personas cuya libertad se encuentra restringida por una medida cautelar, incurriendo el Juez demandado en dilación indebida al no dar respuesta oportuna a la solicitud de los accionantes y lo dispuesto por el Tribunal de alzada cuando tenía el deber de señalar inmediatamente fecha de audiencia a efecto de resolver la situación jurídica de los ahora solicitantes de tutela, inclusive de oficio ante el feriado por el día del trabajo. Bajo ese marco, la autoridad jurisdiccional demandada asumió una conducta pasiva al no pronunciarse sobre el pedido de los accionantes, lesionando el debido proceso, comportamiento que es replicado por dicha autoridad al no presentar ningún informe sobre la problemática planteada, lo cual decanta por la presunción de la veracidad de los hechos o actos denunciados por los impetrantes de tutela, en ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0698/2021-S1 de 23 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento:
“… la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.” Por consiguiente, en mérito a lo fundamentado precedentemente corresponde conceder la tutela solicitada de la acción de libertad por pronto despacho, al haberse lesionado el debido proceso en su elemento de celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 418/2022 de 2 de mayo, cursante de fs. 7 a 8, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 4El FJ III.3, establece: “Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados es posible concluir, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”.
4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0058_2024-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 00375488f8a5abeccad1a327ff5dea9b29bac2af2a086a85cf0fdf956b89e1ff
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