Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2025
Concede la tutela
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, a acceder a una justicia pronta y oportuna, y a la libertad, así como al principio de celeridad, debido a que la ex Secretaria accionada, incumpliendo sus obligaciones, no labró el acta de la audiencia de 17 de agosto de 2020, donde se dispuso la cesación de la detención preventiva, dilación indebida que persiste no obstante las dos conminatorias realizadas por el titular del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, razón por la cual no pueden hacer efectivas dichas medidas ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba de ese departamento, donde se encuentra actualmente el proceso y recobrar así su libertad. La accionada, si bien reconoció la omisión denunciada aclaró que se debió a que cuando cumplía la función de Secretaria del citado Juzgado se quemó el disco duro de su computadora, por lo que solicitó asistencia técnica, recuperando la información de manera paulatina, habiendo enviado tanto el acta como la grabación de la audiencia al Juez de la causa en dos oportunidades, y que era responsabilidad de dicha autoridad, imprimir el acta y adjuntar a sus antecedentes; por lo que carecería de legitimación pasiva para ser accionada.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 65 a 70, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y los mismos efectos remisivos al Consejo de la Magistratura dispuestos por la Jueza de garantías. 2º Exhortar, a Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, a cumplir con su labor de control del cumplimiento de funciones de sus funcionarios de apoyo jurisdiccional, y de la materialización y eficacia de sus propias actuaciones y determinaciones, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 precedente; disponiendo al efecto, que por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con el presente fallo constitucional a dicha autoridad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2025-S2 Sucre, 25 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49935-2022-100-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 003/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 65 a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriel Tito Gutiérrez Mérida, abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Mario Méndez Ávalos y Clemente Romero Céspedes contra Lizeth Drianda Vino Salas, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 18 de agosto de 2022, cursante a fs. 1; y, 18 a 23 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido contra sus personas, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, el 17 de agosto de 2020, en etapa preparatoria, dispuso que asuman defensa en libertad previo cumplimiento de las medidas cautelares personales de arraigo y fianza económica de Bs3 000.- (tres mil bolivianos) para cada uno. Posterior a ello, a fin de hacer valer esa determinación ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, dentro del juicio oral, toda vez que reunieron el monto de la fianza con el trabajo realizado dentro del Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del citado departamento, se apersonaron ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba que impuso dichas medidas cautelares, para solicitar fotocopia legalizada del acta de la audiencia de revisión de su situación jurídica que dispuso la cesación de la detención preventiva en su favor, advirtiendo la inexistencia del mismo, omisión que se denunció mediante memorial de 3 de agosto de 2022, ante el Juez del citado Juzgado. Por providencia de igual fecha, el nombrado reconoció la omisión indicando que se debía a que Lizeth Drianda Vino Salas, ex Secretaria de dicho Juzgado -ahora accionada- no transcribió el acta, ni entregó el audio de la audiencia, conminándola a su entrega en el plazo de veinticuatro horas. Por otra parte, Luis Alfredo Montaño Aranibar, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy tercero interesado-, a través de informe puso a conocimiento del Juez del citado Juzgado la inexistencia del acta aclarando que no era la única causa con ausencia de actuados procesales, ya que existía una lista de casos que debían ser subsanados y completados por la ex Secretaria accionada. Mediante decreto de 10 de agosto de 2022, el titular del indicado Juzgado conminó por segunda vez a la prenombrada, a entregar el acta de audiencia faltante; pieza imprescindible para llevar a cabo los trámites pertinentes para que sus personas recuperen su libertad. Pese a ambas conminatorias, la accionada no dio cumplimiento a las órdenes emitidas por la autoridad jurisdiccional, encajando esta circunstancia en el supuesto de “dilaciones indebidas”, establecidas como objeto de reclamo y tutela bajo la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, dado que compromete la efectivización del derecho a la libertad que les asiste en su calidad de detenidos preventivos.
Los impetrantes de tutela, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a acceder a una justicia pronta y oportuna, y a la libertad, así como al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23 y 73 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la accionada que en el plazo de veinticuatro horas cumpla con lo establecido en las providencias de 3 y 10 de agosto de 2022, emitidas por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; entregando el acta de audiencia de revisión de situación jurídica de 17 de agosto de 2020, donde se dispuso el cese de su detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron el contenido del memorial de acción tutelar; y ampliando en audiencia, remarcaron que están detenidos preventivamente desde el 15 de diciembre de 2019, por la supuesta comisión del delito de transporte de sustancias controladas y durante la etapa preparatoria, se dispuso el cese de su detención preventiva, imponiéndoles medidas cautelares alternas a la detención, como el arraigo y la fianza económica de Bs3 000.- para cada uno; haciendo hincapié en que la ex Secretaria ahora accionada, no cumplió con sus obligaciones y con ello generó dilaciones indebidas vinculadas directamente con su libertad.
Lizeth Drianda Vino Salas, por informe cursante de fs. 39 a 45 vta.; y en audiencia señaló que: a) Respecto a la ausencia del acta de audiencia de 17 de agosto de 2020, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, le atribuyó toda la responsabilidad y le otorgó un plazo de veinticuatro horas para remitir el acta, mediante las providencias de 3 y 10 de agosto de 2022, con las que no fue notificada, a pesar de que los funcionarios del Juzgado sabían que actualmente ejerce el cargo de “Juez en Totora”; b) Durante su trabajo como Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto, experimentó un problema cuando el disco duro de su computadora sufrió daño, lo que ocasionó la pérdida de videos de audiencia y la imposibilidad de labrar las actas correspondientes. Ante esa situación, el 10 de noviembre de 2020, solicitó apoyo técnico y logró recuperar la información de forma gradual; c) Una vez recuperada la información relativa al acta de 17 de agosto de 2020, envió la misma vía WhatsApp al número de celular 70761420 y el video de la audiencia por Telegram el 21 de febrero de 2021; estos archivos fueron recibidos correctamente por el referido Juez, como se comprueba de las capturas de pantalla que adjunta; por lo que correspondía a la autoridad judicial imprimir el acta, firmar y arrimar al expediente, pero esto no se llevó a cabo. A través de una conversación por WhatsApp el 18 de agosto de 2022, le recordó al citado Juez, el envío anterior e incluso le reenvió la información, por lo tanto la omisión denunciada no puede atribuirse a su persona, careciendo así de legitimación pasiva; y, d) Al justificar su exclusión, es importante también tener en cuenta que del principio de irradiación de los derechos fundamentales y la protección al derecho a la libertad, se debe analizar el caso en detalle, respecto a los presupuestos jurisprudenciales para la procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y este caso no se ajusta a ninguno de esos supuestos. Además, al considerar la solicitud de los impetrantes de tutela, resulta claro que lo que buscan en este caso es el acceso a la justicia, que evidencia la manifiesta improcedencia de la acción de defensa presentada, la cual debió haberse tramitado a través de una acción de amparo constitucional. Por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 003/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 65 a 70, concedió la tutela traslativa o de pronto despacho impetrada contra la accionada, disponiendo que a los fines que correspondan, dicha Resolución se ponga en conocimiento de la Representante Distrital de Cochabamba del Consejo de la Magistratura; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia la conducta omisiva de la accionada de cumplir su labor de labrar el acta de audiencia de 17 de agosto de 2020, pues desde la celebración de la audiencia cuya acta es extrañada, transcurrieron más de dos años, no siendo justificativo valedero las dificultades técnicas en su equipo de computación, la pérdida de los audios o la falta de coordinación y comunicación con el titular del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento, o el hecho de que ya no cumple las funciones de Secretaria. Tampoco es admisible la afirmación de que no fue legalmente notificada con las providencias conminatorias de 3 y 10 de agosto de 2022, ya que no constituyen un justificativo u óbice para dejar de cumplir sus obligaciones, expresamente descritas en el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, por lo tanto su conducta se ajusta a los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional, al no haber cumplido las obligaciones y funciones atinentes a su cargo, y al no obrar con la debida diligencia y celeridad, generando una dilación indebida en la efectivización de las medidas cautelares personales impuestas a los accionantes; y, 2) El art. 94 de la mencionada Ley establece como una de las obligaciones de las Secretarias y Secretarios el labrar las actas de audiencia y otros documentos, tarea que debe realizarse observando el principio de celeridad, máxime si se encuentra comprendido el derecho a la libertad, y si bien, conforme al informe del tercero interesado, el actuado extrañado le fue remitido el día de hoy cumpliéndose con ello la pretensión de la acción tutelar y desapareciendo el objeto de la misma; sin embargo, ello ocurrió después de que la acción de defensa fuera notificada a la accionada con el señalamiento de la audiencia para su consideración, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada por los peticionantes de tutela, al no haberse observado el principio de celeridad que debe existir en el trámite y desarrollo del proceso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mario Méndez Ávalos y Clemente Romero Céspedes -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió los Mandamientos de Detención Preventiva de 15 de agosto de 2019, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del indicado departamento (fs. 2 y 3). II.2. Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, los peticionantes de tutela solicitaron al referido Juez de Instrucción Penal, informe o certifique por qué no constaba en el legajo procesal el acta de 17 de agosto de 2020, donde se dispuso la cesación de su detención preventiva -bajo las medidas cautelares personales de arraigo y fianza económica-(fs. 5 a 6). Por decreto de la misma fecha, la citada autoridad judicial, reconociendo la omisión, dispuso la notificación a la Encargada de Control y Fiscalización; y, a la Representante Distrital de Cochabamba ambas del Consejo de la Magistratura, para que se asuman las acciones disciplinarias correspondientes; asimismo, conminó a Lizeth Drianda Vino Salas, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del citado departamento -ahora accionada-, a entregar el acta extrañada y la grabación de la audiencia, en el plazo de veinticuatro horas. Por otra parte, ordenó al Secretario del indicado Juzgado, informe sobre lo solicitado por los impetrantes de tutela, en el plazo de veinticuatro horas (fs. 7). II.3. Cursa informe de 4 de agosto de 2022, mediante el cual Luis Alfredo Montaño Aranibar, Secretario del citado Juzgado -hoy tercero interesado-, informó que el acta de audiencia de 17 de agosto de 2020, no constaba en obrados, la cual debió ser labrada por la ex Secretaria accionada, cuando estaba en funciones; y que no era el único proceso en el que faltaban actas y actuados, siendo “bastantes” los casos en los que se habría identificado y que constaban en los informes y listas elaborados; indicando también que esos aspectos fueron puestos a conocimiento del Consejo de la Magistratura y de la Unidad de Control y Fiscalización del mismo el 7 de marzo de 2022 -poco después de asumir funciones- (fs. 12 y vta.). II.4. Por decreto de 10 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, por segunda vez, dispuso la notificación de la Encargada de Control y Fiscalización; y, Representante Distrital de Cochabamba, ambos del Consejo de la Magistratura, a efectos de que se asuman las acciones disciplinarias correspondientes y la conminatoria de la accionada a entregar el acta -ahora extrañada- en el plazo de veinticuatro horas (fs. 13).
II.5. De la documental adjunta al informe presentado el 19 de agosto de 2024, por la accionada dentro de esta acción de defensa, consta: i) Solicitud de Asistencia Técnica de 10 de noviembre de 2020 (fs. 36); ii) Captura de pantalla de la conversación de WhatsApp de 21 de febrero de 2021, entre el titular del número de la celular 70761420 y otra persona, constando el envío del documento “ACTA MP C/ CLEMENTE…” (sic), señalando que el video se enviaría por Telegram; iii) Captura de pantalla de la conversación vía WhatsApp sostenida entre el titular del número de celular 70761420 y otra persona, la última indica que en febrero de 2021 envió el acta del caso “…MP C/ CLEMENTE ROMERO Y OTRO…” (sic), y si lo revisó “…en caso de que no, me hice reenviar y le pase a su correo acta y video lo revisa y lo imprime en las hojas firmadas, me confirma por favor…porque me dijeron que planteran una accion hace unos min.” (sic). La respuesta señala “Dra. revise mi correo de febrero de 2021 y no me mando el acta ni la grabación de Clemente Romero; sin embargo, como me mando hoy, lo acabo de revisar y se lo mando para que lo cargue al sistema” (sic [fs. 37 a 38]); y, II.6. Cursa Informe de 19 de agosto de 2022, a través del cual el tercero interesado informa que “…se pasó a secretaria…” (sic) el Acta de audiencia de 17 de agosto de 2020 -extrañada-, el mismo día del verificativo de la audiencia de consideración de la acción de libertad, procediendo a adjuntarla a sus antecedentes (fs. 60 a 62).
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, a acceder a una justicia pronta y oportuna, y a la libertad, así como al principio de celeridad, debido a que la ex Secretaria accionada, incumpliendo sus obligaciones, no labró el acta de la audiencia de 17 de agosto de 2020, donde se dispuso la cesación de la detención preventiva, dilación indebida que persiste no obstante las dos conminatorias realizadas por el titular del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, razón por la cual no pueden hacer efectivas dichas medidas ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba de ese departamento, donde se encuentra actualmente el proceso y recobrar así su libertad. La accionada, si bien reconoció la omisión denunciada aclaró que se debió a que cuando cumplía la función de Secretaria del citado Juzgado se quemó el disco duro de su computadora, por lo que solicitó asistencia técnica, recuperando la información de manera paulatina, habiendo enviado tanto el acta como la grabación de la audiencia al Juez de la causa en dos oportunidades, y que era responsabilidad de dicha autoridad, imprimir el acta y adjuntar a sus antecedentes; por lo que carecería de legitimación pasiva para ser accionada.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0310/2023-S3 de 24 de abril, reiteradora de la jurisprudencia constitucional establecida al respecto, señaló: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”» (las negrillas fueron agregadas).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, sostuvo que: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
Con la finalidad de lograr una comprensión efectiva en la resolución del problema jurídico planteado, es necesario efectuar previamente una sucinta descripción y verificación de los antecedentes procesales de los cuales deviene el mismo. Según los antecedentes del caso, se sustancia un proceso penal contra los accionantes por la supuesta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, donde pretenden hacer efectiva la cesación de la detención preventiva dispuesta en su favor en etapa preparatoria por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento, debido a que recién lograron reunir la suma de la fianza económica que les fue impuesta. Para ese fin se apersonaron ante dicho Juzgado, a objeto de obtener una fotocopia legalizada del acta de audiencia de 17 de agosto de 2020, actuado donde se dispuso la cesación de su detención preventiva y las medidas cautelares sustitutivas de arraigo y fianza de Bs3 000.- a cada uno, pero no la pudieron obtener porque el actuado no constaba en obrados. Así, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2022, solicitaron al Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, informe o certifique el por qué no constaba en el legajo procesal dicho actuado. Por decreto de la misma fecha, la autoridad judicial reconociendo la omisión, conminó a la ex Secretaria ahora accionada, a entregar el acta y la grabación de la audiencia, en el plazo de veinticuatro horas; realizando una segunda conminatoria, por decreto de 10 de igual mes y año, ante el informe del Secretario -tercero interesado- del mismo Juzgado, que ratificó la ausencia del acta y que señaló además que no era el único caso en el que faltaban actuados, siendo estos “bastantes” por lo que se informó de esa situación al Consejo de la Magistratura; señalando asimismo que la responsable de la elaboración del acta era la hoy accionada.
Dichos antecedentes son ratificados a su vez por la ahora accionada en el informe presentado dentro de esta acción de defensa, reconociendo que el acta extrañada de 17 de agosto de 2020, no se encontraba en el legajo procesal, justificando la omisión en el hecho de que cuando ejercía las funciones de Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, se quemó el disco duro de su computadora, logrando recuperar la información de manera paulatina con asistencia técnica, habiendo enviado el acta así como la grabación de la audiencia al Juez de la causa en dos oportunidades, la primera, el 21 de febrero de 2021 y la segunda en otra fecha no especificada, siendo responsabilidad de la autoridad judicial imprimir, firmar el acta y adjuntarla a sus antecedentes, refiriendo al efecto que no tendría legitimación pasiva para ser parte accionada en esta acción tutelar. A partir de ese contexto fáctico procesal, se evidencia que en efecto la ahora accionada, incumplió con las funciones y deberes que le señala el art. 94.I.4 de la LOJ, al no haber labrado el acta de la audiencia de 17 de agosto de 2020 en forma oportuna; sin que sea un motivo de justificación el hecho de que su disco duro se hubiera dañado, dado que por una parte y como la propia accionada lo señala en su informe, solicitó asistencia técnica ante dicho percance, el 10 de noviembre del citado año, lo que demuestra que el acta de 17 de agosto de ese año, no había sido transcrita y adjuntada al cuaderno procesal de forma oportuna e inmediata como correspondía, más aún al tratarse de medidas cautelares que involucraban la libertad de los procesados, y de otro lado, la entonces funcionaria judicial no consideró que, ante la situación técnica presentada era su obligación proceder con la debida responsabilidad y diligencia, para subsanar esa situación dentro de un plazo razonable, sin necesidad de conminatorias ni órdenes adicionales, pues incluso en la eventualidad, no admitida por el Juez de la causa y más bien contradicha, de que hubiese cumplido con la remisión del acta faltante el 21 de febrero de 2021 vía WhatsApp, no se evidencia que hubiese tenido el mínimo cuidado de verificar su recepción por el citado Juez, para la subsanación correspondiente del cuaderno; en consecuencia menos aún podría endilgar dicha negligencia de no impresión al Juez cautelar y señalar que su persona carecería de legitimación pasiva.
En ese sentido, en este caso no existió esa debida diligencia de cumplir sus obligaciones de forma inmediata a la conclusión del acto procesal al cual correspondía el acta, y tampoco de subsanar de forma diligente esa ausencia; e inclusive tampoco de forma posterior, pues ante el reclamo de la parte accionante de la inexistencia del acta extrañada, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba conminó a la ex Secretaria accionada, en dos oportunidades para que transcriba el acta faltante en el plazo de veinticuatro horas, sin que hubiera dado cumplimiento a esas conminatorias, incurriendo con esta omisión en una dilación indebida que afectó de manera directa al debido proceso en su elemento celeridad en relación al derecho a la libertad de los accionantes, quienes precisaban de esa pieza procesal para tramitar y hacer efectiva la cesación de su detención preventiva, evidentemente demostrando y cumpliendo las medidas cautelares personales impuestas, siendo precisamente esa ausencia del actuado procesal lo que les impidió hacerlo. Al respecto, se debe aclarar a su vez que tampoco resulta aceptable la excusa de que no hubiera sido notificada con las providencias conminatorias de 3 y 10 de agosto de 2022, cuando no es posible condicionar el acatamiento de sus propias obligaciones a que se le notifique con la conminatoria de cumplimiento de las mismas relacionadas a la omisión de actuados procesales que eran inherentes a sus funciones cuando ejercía como Secretaria del mencionado Juzgado, no existiendo entonces justificativo alguno para dicha omisión y dilación indebida, que se verifica con la entrega extemporánea del acta al señalado Juzgado, el 19 del señalado mes y año; es decir, casi dos años después, justo el mismo día de la audiencia para considerar la presente acción de defensa y después de haber sido notificada con la misma. Este grave incumplimiento de las obligaciones de la ex Secretaria accionada, establecidas en el art. 94.I.4 de la LOJ, generó una evidente e ilegal dilación, que repercutió en la presentación de la solicitud de cesación de la detención preventiva de los impetrantes de tutela, y por ende dilación en la materialización de su situación jurídica dispuesta judicialmente, afectando, como se tiene indicado, su derecho a la libertad. Por consiguiente, su accionar se adecua a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues cuando la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva dentro de una acción de libertad; por las razones expuestas, se debe conceder la tutela solicita respecto a la ex Secretaria accionada.
Resuelta como se encuentra la problemática planteada, cabe señalar que llama la atención la pasividad de Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, quien, en forma oportuna debió haber adoptado alguna medida respecto a la omisión en la que incurrió la ex Secretaria de su despacho, dado que de antecedentes se advierte que dicho Juez fue el que celebró la audiencia -cuya acta ahora se extraña- y determinó las medidas cautelares personales a favor de los accionantes, en consecuencia, siendo su responsabilidad controlar y supervisar el trabajo de sus subalternos, desde un inicio debió advertir que existía dilación en la elaboración de un actuado procesal que él mismo había precisado y en el cual asumió una determinación, y de otro lado, advertido dos años después de esa situación, si bien emitió las conminatorias respectivas, debió ser más diligente en la subsanación rápida y efectiva de lo extrañado, pero no lo hizo, apartándose de los principios informadores de la administración de justicia, previstos en el art. 3 de la LOJ, como ser: la celeridad, respeto a los derechos, entre otros; por lo que este Tribunal ve la necesidad de exhortar a la referida autoridad a cumplir con su deber de controlar el trabajo de sus subalternos con mayor eficiencia y oportunidad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 65 a 70, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y los mismos efectos remisivos al Consejo de la Magistratura dispuestos por la Jueza de garantías. 2º Exhortar, a Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, a cumplir con su labor de control del cumplimiento de funciones de sus funcionarios de apoyo jurisdiccional, y de la materialización y eficacia de sus propias actuaciones y determinaciones, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 precedente; disponiendo al efecto, que por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con el presente fallo constitucional a dicha autoridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0049_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5a0daab9df3badca6d0f9f93abcf1d7dce207190163431d74f0efd4d6940a1f3
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