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SCP 0047/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
21 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
44228-2022-89-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y a la “tutela judicial” pronta, oportuna y efectiva; toda vez que, cumplió su condena de forma efectiva y total, obteniendo su libertad; sin embargo, al seguir consignada en el REJAP las medidas jurisdiccionales dispuestas por la autoridad judicial, ese derecho continua restringido; pese a que presentó memorial ante la Jueza demandada a efecto de su cancelación, no se emite la resolución respectiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/21 de 15 de octubre de 2021, cursante de fs. 12 vta. a 14, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2023-S2 Sucre, 21 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44228-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/21 de 15 de octubre de 2021, cursante de fs. 12 vta. a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis René Alejandro Sauciri Urrelo, Angélica Pilar Apodaca Piuca, Johnny Fernando de la Cruz Sanjinéz Medina y Ana María Taoada Vásquez en representación sin mandato de Jhonni Suárez Carvallo contra María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de octubre de 2021, cursante a fs. 5 y vta., el accionante a través de sus representantes, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo cumplido su condena de forma efectiva y total, y obtenida su libertad; empero, ese derecho continuaba siendo restringido debido a las medidas “jurisdiccionales” dispuestas por la autoridad judicial en el proceso penal de origen al consignarse anotación en el sistema de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), y pese a requerirse con urgencia se emita oficio para su cancelación por “motivos laborales”, no se pronunció una resolución de manera fundamentada para su respectiva anulación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y a la “tutela judicial” pronta, oportuna y efectiva, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se dicte resolución fundamentada, disponiendo la cancelación de antecedentes penales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de octubre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 11 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido de la demanda de acción de libertad, y ampliándolo argumentó que: a) Se activó el presente mecanismo de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con la finalidad de que la Jueza demandada emita un fallo e instruya al personal del despacho a su cargo actuar con diligencia, a objeto de notificarse con la respectiva decisión; b) Los arts. 130 y 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen plazos fatales e improrrogables en cuanto a la emisión de una resolución; por otro lado, el art. 160 del citado Código, sostiene que todas las decisiones deberán notificarse en un plazo no mayor a veinticuatro horas; de modo que, cualquier determinación que se dicte con fecha posterior, vulnera el principio de celeridad; y, c) El informe de la aludida Jueza sería confuso; en vista de que, su libertad no se efectuó a través de algún beneficio penitenciario, al contrario, cumplió una condena privativa de libertad por una autoridad jurisdiccional; la cual, no podía extender su registro en el REJAP más allá de la pena impuesta.

I.2.2. Informe de la demandada

María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 15 de octubre de 2021, cursante a fs. 10 y vta., manifestó que: 1) Del proceso penal seguido al peticionante de tutela radicado en el despacho a su cargo, se evidenció que este fue condenado a tres años de presidio a través de la Sentencia 61/2018 de 4 de julio, por la comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa; asimismo, el aludido planteó incidente de cancelación de antecedentes penales; notificándose a ese efecto al Ministerio Público el 1 de octubre de 2021, y que al no existir respuesta, la causa ingresó a despacho el 7 de igual mes y año, para emitir la resolución correspondiente; 2) El fallo que dictó del referido incidente lo efectuó conforme el art. 441 inc. 1) del CPP en concordancia con el art. 132.2 del mismo Código -que establece cinco días para resolver el mismo-; 3) No se lesionó el derecho a la libertad ni se vulneró el debido proceso; toda vez que, el mencionado incidente se dilucido según la norma procesal penal; y, 4) La acción de libertad únicamente procede contra actos de personas particulares o autoridades que pongan en peligro los derechos a la vida y a la libertad; situación que, no advirtió en la presente causa.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 22/21 de 15 de octubre de 2021, cursante de fs. 12 vta. a 14, denegó la tutela impetrada, al haberse providenciado la resolución de cancelación de antecedentes penales; asimismo, dispuso la notificación con la misma a los sujetos procesales, haciéndoles conocer que tienen tres días para presentar apelación; con base en el siguiente fundamento: conforme a la remisión del expediente procesal, el solicitante de tutela pidió la cancelación de antecedentes, mereciendo el decreto de 22 de septiembre de igual año, puesto a conocimiento del Ministerio Público; por otro lado, mediante memorial presentado el 10 de octubre del referido año, requirió la emisión del fallo respecto a la indicada cancelación; a ese efecto, la Jueza demandada pronunció dentro de término la determinación respectiva de dicha pretensión.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memoriales presentados el 2 de agosto y 20 de septiembre de 2021, a la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Santa Cruz, Jhonni Suárez Carvallo -accionante- solicitó la cancelación de antecedentes penales, adjuntando el certificado de REJAP; autoridad que emitió los decretos de 3 de agosto y 22 de septiembre de igual año, este último dispuso la notificación al Ministerio Público con el citado incidente más la prueba presentada (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Mediante escrito presentado el 8 de octubre de 2021, ante la Jueza demandada, el peticionante de tutela impetró resolución respecto a su solicitud de cancelación de antecedentes penales (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y a la “tutela judicial” pronta, oportuna y efectiva; toda vez que, cumplió su condena de forma efectiva y total, obteniendo su libertad; sin embargo, al seguir consignada en el REJAP las medidas jurisdiccionales dispuestas por la autoridad judicial, ese derecho continua restringido; pese a que presentó memorial ante la Jueza demandada a efecto de su cancelación, no se emite la resolución respectiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, sostuvo que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). A su vez, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, estableció que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado nos corresponde). Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido).

Asimismo, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esa modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas son agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes y las Conclusiones arribadas al presente fallo constitucional se tiene que, el accionante al haber cumplido su condena de manera efectiva y total, obtuvo su libertad; empero, ese derecho se encuentra restringido al seguir consignado antecedentes en el REJAP; para ello, presentó memoriales el 2 de agosto y 20 de septiembre de 2021, ante la Jueza demandada solicitando la respectiva cancelación de los mismos, mereciendo por dicha autoridad los decretos de 3 de agosto y 22 de septiembre de igual año, este último puso a conocimiento del Ministerio Público dicha pretensión (Conclusión II.1); asimismo, por escrito de 8 de octubre del referido año, requirió a la aludida Jueza emita resolución respecto a la mencionada solicitud (Conclusión II.2). En ese orden, el solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y a la “tutela judicial” pronta, oportuna y efectiva; alegando que, al haber cumplido su condena su derecho a la libertad esta siendo restringido; debido a que, en el REJAP todavía se consignan las medidas jurisdiccionales dispuestas por la autoridad judicial, pese a que mediante memorial solicitó su cancelación no se dictó la resolución respectiva.

Ahora bien, de lo señalado se debe traer a colación lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que cualquier autoridad judicial o administrativa que conozca una petición vinculada directamente al derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor premura, y ante una demora innecesaria, la jurisdicción constitucional ha previsto la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos. En el presente mecanismo de defensa venido en revisión, el impetrante de tutela alega que, al cumplir su condena de forma efectiva y total, obtuvo su libertad; empero, ese derecho es restringido al estar consignado antecedentes en el REJAP; ante esa situación, por memoriales presentados el 2 de agosto y 20 de septiembre de 2021, solicitó su cancelación ante la Jueza demandada; al respeto, de acuerdo al acta de la audiencia de garantías -15 de octubre del mismo año-dicha autoridad presentó su informe, que fue leído en el indicado acto procesal, alegando que: “…el hoy accionante plantea un incidente de Cancelación de Antecedentes Judiciales, habiendo sido notificado al Ministerio público, en fecha 01 de octubre de 2021, y al no existir ninguna respuesta se ingresó a despacho para resolución, en fecha 07 de octubre de 2021, teniendo la suscrita 5 días para resolver el incidente, es decir hasta el 14 de Octubre de 2021, tal como consta en el cuaderno de ejecución se resolvió de acuerdo a lo que establece el Art. 441 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal y dentro de los plazos establecidos…” (sic [énfasis añadido]), bajo ese contexto, este Tribunal advierte que la Jueza demandada se pronunció el 14 de octubre de 2021, es decir, resolvió la pretensión del peticionante de tutela dentro del plazo razonable que establece el Código de Procedimiento Penal -un día antes de la interposición de esta acción tutelar (15 del mes y año indicados)-; en tal sentido, se concluye que en el caso en estudio, no existe apartamiento de la referida normativa; consecuentemente, no se presenta dilación indebida; por lo que, el accionar de la aludida autoridad no lesionó los derechos a la libertad de locomoción y a la “tutela judicial” pronta, oportuna y efectiva del peticionante de tutela; por el contrario, se adecúa al marco jurisprudencial sostenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; y por ende, no constituye vulneración a los derechos mencionados; correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/21 de 15 de octubre de 2021, cursante de fs. 12 vta. a 14, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0047_2023-S2_id62082.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9be7c210c0cf55d3490a79f5b1549aacfa969bb997fa777af03769e747a847c7

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