Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023
Concede la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso, al derecho a la libertad y al acceso a la justicia, debido a que la autoridad demandada una vez instalada la audiencia de cesación a la detención preventiva, suspendió la misma bajo el fundamento de que, se encontraba en trámite de apelación una anterior resolución de rechazo a medida cautelar; extremo tal, que no impide que la autoridad jurisdiccional demandada resuelva su solicitud. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 230/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos que lo hizo el Tribunal de garantías; y Exhortar a la autoridad demandada, a no incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, cumplir con los plazos legales para la atención de sus causas y con mayor razón las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0041/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44311-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 230/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Álvaro Cocarico Mamani en representación sin mandato de Juana Grissel Pinedo Machicado contra Román Castro Quisbert, Juez de de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de octubre de 2021, cursante a fs. 4 al 6, la accionante; a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por el delito de manipulación informática a instancia del Ministerio Público, el 28 de abril de 2021, mediante Resolución 104/2021 se determinó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario de Obrajes de La Paz. En virtud a lo señalado, el 13 de octubre de igual año, solicitó señalamiento de audiencia para la consideración de cesación a su detención preventiva, la misma que fue fijada violando el procedimiento, para el 19 de octubre de mismo año; sin embargo, la autoridad jurisdiccional –ahora demanda–; alegando que, se encontraba en suplencia legal del Juzgado a cargo del proceso, suspendió la señalada audiencia, bajo el fundamento que no era el Juez titular y que existía una apelación pendiente ante el Tribunal de alzada sobre una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva, llevada a cabo en agosto de 2021; y que por lo mismo, no podía valorar nuevos elementos; y caso de hacerlo, podía recaer en contradicción con la resolución planteada. Consecutivamente; dispuso que, por Secretaria se oficie al Tribunal de alzada para conocer las resultas de la anterior solicitud de cesación a su detención preventiva; sin considerar la jurisprudencia que, establece que sin importar la existencia de apelaciones pendientes de resolución de medidas cautelares, el Juzgado a quo, de igual manera, debe tramitar toda solicitud de cesación a la detención preventiva.
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso y de sus derechos a la libertad y de acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga “la remisión del cuaderno de control jurisdiccional ante su despacho judicial en el plazo determinado por su autoridad cumpliendo las formalidades de ley” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 19 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., presente la accionante a través de su representante legal; y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, señaló lo siguiente: a) De conformidad a lo previsto por el art. 239.I del Código Procesal Civil (CPC), se colectaron nuevos elementos probatorios; en razón a lo cual, se solicitó se fije audiencia para la consideración de la cesación a su detención preventiva; b) De acuerdo a lo desarrollado en la SCP 0182/2013, toda solicitud de cesación a la detención preventiva no requiere de ningún requisito anterior ni posterior; c) Si bien el proceso se encuentra en el Juzgado Décimo Primero, es el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, –ahora demandado–, la autoridad que en suplencia legal, suspendió la audiencia sin ningún fundamento valedero, menos basó su decisión en lo dispuesto en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el que no establece que previamente a resolverse una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, debía resolverse la apelación incidental planteada anteriormente; d) La determinación de cesación a la detención preventiva apelada por su parte se fundamentó en el art. 234.2 del Código Procesal Civil (CPC); es decir, en un solo riesgo procesal; por lo cual, no existía obstáculo alguno para que se tramite la nueva solicitud, cuyo objetivo era obtener su libertad; y, e) La característica de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se encuentra basada en el principio de celeridad procesal, vinculada al derecho a la libertad, que no puede ser vulnerado con ningún ritualismo jurídico como la suspensión de la audiencia.
Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 19 de octubre de 2021, cursante de fs. 10 a 11, manifestó que: 1) La accionante calificó su acción tutelar como traslativa o de pronto despacho; 2) La suspensión de audiencia de 19 de octubre de 2021 se debió a que, con anterioridad, se había emitido un primer Auto Interlocutorio, que fue apelado y se encontraba pendiente de apelación, tal como afirma la propia accionante; 3) A través de un Auto motivado se estableció la imposibilidad de instalar la audiencia, en virtud a la apelación pendiente de resolución de una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva que radicaba en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; misma que, aún no contaba con Resolución, y podía revocar, confirmar o modificar el Auto que dispuso las medidas cautelares; lo que impidió emitir una resolución que podía ser contraria; 4) La impetrante de tutela trató de subsanar aspectos netamente procedimentales haciendo uso y abuso de los recursos constitucionales; puesto que, en audiencia pudo haber planteado el recurso de apelación o mínimamente el recurso de complementación, aclaración o enmienda.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 230/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 14 a 16 vta., concedió la tutela impetrada; disponiendo que, la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva solicitada por la accionante, y sea dentro del plazo establecido por el Código de Procedimiento Penal, con base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la amplia jurisprudencia; ha señalado que, el imputado puede pedir audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva, aun cuando se encuentre pendiente un recurso de apelación sobre el rechazo de una anterior solicitud; debido a que, de por medio se encuentra la libertad y seguridad personal; ii) La actitud de la autoridad jurisdiccional carece de fundamento jurídico procesal penal, porque el hecho de que exista o no una resolución primigenia que haya sido revocada por el Tribunal de alzada o que estuviera pendiente del Auto de Vista a pronunciarse por la Sala Penal Primaria del Tribunal Departamental de Justicia, no constituye un argumento válido como para suspender el acto procesal de consideración de cesación a la detención preventiva; y, iii) La autoridad jurisdiccional ahora demandada tenía la obligación de realizar la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de la imputada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Juana Grissel Pinedo Machicado –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de manipulación informática, cursa memorial de solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva de 13 de octubre de 2021, presentado ante el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, (fs. 3). II.2. Por Decreto de 14 de octubre de 2021, la autoridad jurisdiccional –ahora demanda–, en suplencia legal de su similar Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el día martes 19 de igual mes y año (fs. 2).
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso, al derecho a la libertad y al acceso a la justicia, debido a que la autoridad demandada una vez instalada la audiencia de cesación a la detención preventiva, suspendió la misma bajo el fundamento de que, se encontraba en trámite de apelación una anterior resolución de rechazo a medida cautelar; extremo tal, que no impide que la autoridad jurisdiccional demandada resuelva su solicitud. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus –actualmente acción de libertad– “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, determinó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ‘se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”′ (las negrillas y subrayado nos pertenecen). Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada SC 0465/2010-R, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales”. Bajo este parámetro, en dicho Fundamento Jurídico se agregó a la tipología, el hábeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho: “…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (entendimientos asumidos y reiterados en la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre y la SCP 2511/2012, de 14 de diciembre, entre otras).
Al respecto este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0444/2018-S4 de 27 de agosto, recogiendo los entendimientos de la SC 0767/2004-R de 17 de mayo, entre otras, señaló que: “‘Es criterio uniforme de este Tribunal que la detención preventiva establecida como una medida cautelar de carácter personal por el Código de procedimiento penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas a las que el Estado, por disposición constitucional, les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada (SC 250/2004-R). De ahí que el mismo Código establece la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento, previo el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley la que establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y siguientes del CPP). Conforme a ello, este Tribunal en las SSCC 1107/2000-R, de 22 de noviembre y 708/2003-R, de 27 de mayo, considerando que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, ha establecido que «cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes pertinentes», remisión que sólo será procedente «cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación» (así, SSCC 783/2003-R y 1853/2003-R). De lo expresado, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva aun cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente’. Por su parte la SC 0958/2004-R de 18 de junio, emitió el siguiente entendimiento: ‘Respecto a la competencia del juez o tribunal de sentencia para conocer las peticiones sobre medidas cautelares el art. 44 in fine del CPP, establece: «el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas». En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las SSCC 1107/2000-R y 708/2003-R, considerando que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, ha determinado que ‘cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes pertinentes’, remisión que sólo será procedente «cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación» (así, SSCC 783/2003-R y 1853/2003-R). De lo expresado, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva así como otros incidentes sobre medidas cautelares aún después de haber dictado sentencia e incluso cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente. Bajo este mismo entendimiento, la SCP 0071/2017-S3 de 24 de febrero, estableció que: ‘…el hecho no rebatido respecto de que la Sentencia condenatoria no se encontraba ejecutoriada, es decir, que aún puede ser modificada, agrava aún más la negativa de la Jueza demandada de convocar a la audiencia solicitada por la ahora accionante, pues ello implica que su ‘certeza’ de culpabilidad respecto de la procesada no es tal, configurando con ello la vulneración del principio de presunción de inocencia. En ese orden, no existe justificativo razonado ni menos aún normativo, para que la hoy demandada omitiere imprimir el trámite a la solicitud de cesación efectuada por la accionante, y en todo caso, la eventual convicción de la autoridad judicial sobre la necesidad de mantener dicha medida extrema, debe ser expresada a través de una resolución debidamente fundamentada y motivada, y en la que previamente se garantice el derecho de las partes a exponer sus propios argumentos, para en base a ello decidir la autoridad judicial lo que corresponda. Por otro lado, respecto a que el haber emitido sentencia en el caso implicaría la pérdida de competencia de la Jueza hoy demandada, para sustanciar la consideración de la detención preventiva de la accionante, es un aspecto que si bien no quedó del todo claro en la emisión de la providencia de 28 de noviembre de 2016, lo que fácilmente se advierte de la escueta redacción de la misma; independientemente de ello, este Tribunal recuerda que en el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional sentada en la SC 0958/2004-R, que aún de remitirse la causa a la instancia de apelación, y hasta casación, la potestad de considerar y resolver solicitudes relativas a la situación jurídica de un procesado corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, lo que hace de dicho argumento inviable y lesivo de los derechos de la accionante′. De lo señalado se llega a establecer que ‘el conocimiento y tramitación de las solicitudes de detención preventiva, así como otros incidentes sobre medidas cautelares, aún después de haber dictado sentencia e inclusive cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante un Tribunal superior, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, le corresponde al Juez o Tribunal que dictó sentencia en primera instancia o determino la situación jurídica del imputado o procesado, reiterando que la competencia se amplía incluso hasta antes de la ejecutoria de dicho fallo”′.
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso, al derecho a la libertad y al acceso a la justicia; dado que, la autoridad demandada una vez instalada la audiencia de cesación a la detención preventiva, suspendió la misma bajo el fundamento de que, se encontraba en trámite de apelación una anterior resolución de rechazo a medida cautelar; extremo tal, que no impide que la autoridad jurisdiccional demandada resuelva su solicitud. De los antecedentes venidos en revisión; se evidencia que, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra la accionante por la presunta comisión del delito de manipulación informática, por memorial de 13 de octubre de 2021, la precitada solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva ante el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, a cargo de la tramitación del proceso; sin embargo, el Juez en suplencia ahora demandado, fijó audiencia fuera del plazo establecido por ley, para el 19 de igual mes y año. Verificativo oral que una vez instalado, fue suspendido bajo el argumento que una anterior resolución de rechazó a la cesación de medida cautelar interpuesta por la procesada, se encontraba en trámite de apelación, ante el Tribunal de alzada.
Así, previo a revolver la problemática planteada, corresponde referir que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, establece que los Jueces o Tribunales se encuentran facultados para conocer las solicitudes para considerar la cesación a la detención preventiva, a pesar de encontrarse los antecedentes del proceso, en fase apelación; jurisprudencia que, aplicada al caso concreto, desvirtúa el razonamiento efectuado por el Juez demandado, quien sin argumento legal válido, suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por la solicitante de tutela, bajo el argumento de encontrarse pendiente de apelación una anterior Resolución que rechazó una solicitud de cesación a la detención preventiva, determinación que incidió directamente en el derecho a la libertad de la impetrante de tutela, al no considerar que es deber de toda autoridad jurisdiccional que conozca de una petición efectuada por una persona privada de libertad, atenderla con la mayor celeridad posible. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho al evidenciarse que la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en dilación indebida al suspender la audiencia de cesación a la detención preventiva, ocasionando retardación en la definición de su situación jurídica, con la consecuente lesión a su derecho a la libertad, pese a encontrarse pendiente de resolución en apelación de una anterior resolución de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 230/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos que lo hizo el Tribunal de garantías; y Exhortar a la autoridad demandada, a no incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, cumplir con los plazos legales para la atención de sus causas y con mayor razón las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0041_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 736682c9e5cb4244abaeecb8b99a63dfe130de168705aa77c54683e2d5976b77
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →