Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la petición, así como el principio de celeridad, por cuanto, está detenido más de siete meses, habiendo sobrepasado el plazo que fue dispuesto en la audiencia de medidas cautelares de 14 de marzo de 2021, que determinó su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” por noventa días; motivo por el que, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva el 26 de octubre de igual año, que fue rechazada mediante providencia de 27 del mismo mes y año por la autoridad ahora demandada, donde estableció que el incidente sería tramitado en etapa de juicio, sin considerar que no le notificaron con el requerimiento conclusivo, menos con apertura de juicio, considerando que se encuentra indebidamente detenido. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el decreto de 27 de octubre de 2021, dictado por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, debiendo en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señalar audiencia para considerar la solicitud de cesación de las medidas cautelares personales al vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva establecido el 14 de marzo de 2021, salvo que ya se hubiera resuelto por efecto de la Resolución 26/2021 de 5 de noviembre. 3º Llamar la atención a la autoridad demandada por la inobservancia de la normativa penal prescrita en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y adecuar futuros actuados conforme al entendimiento desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0041/2023-S2 Sucre, 20 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44094-2021-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Reynaldo Zegarra Uslar en representación sin mandato de Hostin Enrique Limpias Ribera contra Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 5 de noviembre 2021, cursante a fs. 6 y vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Estando detenido preventivamente siete meses en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102022100439, Caso: UOT-66/21, Interno 174/21, señaló que: a) El 26 de octubre de 2021, presentó incidente de máxima duración de la detención preventiva; sin embargo, la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, por decreto de 27 de igual mes y año, dispuso “…el incidente y excepción planteado por el Sr. HOSTIN ENRIQUE LIMPIAS RIBERA, será tramitado en etapa de juicio a efectos de evitar dilación lo que no significa que quede irresueltas, sino que se considerará en etapa de juicio de acuerdo a procedimiento” (sic); b) La Jueza demandada vulneró su derecho de petición y el principio de celeridad de acuerdo a los arts. 8, 24 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 130, 132.1, 139.1, 314 y 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, “conforme el Artículo 314.- (Trámites) de la ley 1173, donde a la letra dice: IV. 'Excepcionalmente, cuando concurran defectos absolutos que agravien derechos y garantías constitucionales que provoquen indefensión, durante la etapa preparatoria las partes podrán plantear incidentes con fines correctivos procesales, ofreciendo prueba idónea y pertinente’” (sic); c) La Ley 1173 modificó los alcances del Código de Procedimiento Penal, no habiendo tenido respuesta a su petición, menos se hizo efectiva la audiencia para considerar la detención preventiva, por una menos gravosa, ya que pasaron siete meses desde la audiencia cautelar de 14 de marzo de 2021, donde se dispuso su detención por un término de seis meses en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”; d) Se lesionó el principio de celeridad, el derecho al debido proceso en su vertiente libertad, de esta manera solicitó la tutela judicial, pronta, oportuna y efectiva, acudiendo a la justicia constitucional vía acción de libertad en sus tipologías de pronto despacho, instructivo e innovadora; y, e) Solicitó que la Jueza demandada, remita informe y el cuaderno procesal; en definitiva, conceda la tutela y ordene a la Jueza referida, señale audiencia para considerar el incidente planteado por máxima duración de la detención preventiva.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, a la petición y al debido proceso y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8, 24, 115 y 180 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar a la autoridad demandada señale día y hora para considerar el incidente planteado por máxima duración de la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 5 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: 1) Presentó memorial de incidente de máxima duración de la detención preventiva porque está detenido más de siete meses; 2) En la audiencia cautelar se dispuso la detención preventiva de “siete” meses, no habiendo ninguna solicitud de ampliación de plazo de la misma, por el Ministerio Público ni el querellante; 3) No cursa ninguna notificación del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, del inicio de la etapa de juicio oral; lo que significa que, está detenido siete meses en la etapa preparatoria, como se evidencia por el decreto de la Jueza demandada de 27 de octubre de 2021, en ninguna parte indica que todos los incidentes y excepciones se resolverán en la fase de preparación de juicio oral; además, citó la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo; 4) Se vulneró el derecho al debido proceso toda vez que no fue notificado con la etapa conclusiva y con la apertura de juicio oral; por lo que, significa que siguen en la etapa preparatoria; 5) Lesionó los principios a la celeridad a una justicia, pronta, eficaz y oportuna; puesto que, el decreto emitido por la demandada dispuso: “…a tal efecto los incidentes y excepciones (…), serán tramitados en etapa de Juicio Oral a efecto de evitar dilaciones” (sic); 6) Señaló que hasta ese momento lo dejaron en indefensión, citando los arts. 8, 24, 115 y 180 de la CPE y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) respecto al principio de celeridad, a la justicia pronta y oportuna; y el derecho a la libertad, cuando es ilegalmente detenido por la autoridad judicial demandada; y, 7) Conforme el art. 239 del CPP, solicitó la cesación de la detención preventiva al vencimiento del plazo dispuesto por esa autoridad judicial, quien tenía que haber señalado audiencia para la consideración de las medidas cautelares dentro de las cuarenta y ocho horas de lo peticionado, que no se cumplió, vulnerando de esta manera los derechos y principios mencionados, por lo que pidió se conceda la tutela.
Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursantes de fs. 9 a 10.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 26/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., concedió la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada, resuelva de forma inmediata los incidentes planteados, con los siguientes fundamentos: i) Mencionó los arts. 125 de la CPE; y, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) Asimismo, el art. 314 del CPP, establece que cuando excepcionalmente concurran defectos que lesiones derechos y garantías constitucionales que provoquen indefensión durante la etapa preparatoria, las partes podrán plantear incidentes con fines correctivos procesales, ofreciendo prueba idónea y pertinente; iii) De la misma manera, citando el art. “239 II del CPP”, señaló que una persona podrá interponer cesación a las medidas cautelares cuando se haya vencido el plazo dispuesto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el Fiscal de Materia no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; iv) “…el art. 168 del C.P.P. establece cuales son los actos no susceptibles de convalidación, razón por la cual y, considerando lo mencionado al ser un incidente en el cual se va considerar la libertad del hoy accionante, de acuerdo a lo establecido en el art. 239 II del C.P.P., se interpuso un incidente de nulidad de notificación por defectos absolutos, en aplicación del art. 167…” (sic); por lo que, consideró que la Jueza demandada con base en los artículos mencionados, debió resolver de forma inmediata dichos incidentes planteados, que hacían referencia a la libertad del impetrante de tutela; y, v) Al existir defectos absolutos en la tramitación de la causa, la misma debe resolverlos inmediatamente, con la finalidad que en lo posterior se evite futuras nulidades y perjuicios para todas las partes intervinientes en ese proceso. En vía de complementación y en audiencia, el demandante de tutela preguntó el plazo que tenía la Jueza demandada, para cumplir lo resuelto. La Jueza de garantías, complementó la decisión, ordenando a la autoridad demandada, cumpla lo dispuesto en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 27 de octubre de 2021 emitido por Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, que dispuso: “En atención al memorial que antecedente, se tiene presente lo señalado por la impetrante, sin embargo, de conformidad al lineamiento establecido en la SCP 0041/2018-S2, de 6 de marzo de 2018 en el cual se ha establecido: ‘subreglas para la tramitación de los incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio oral o en el propio juicio oral: 1) La tramitación y resolución de incidentes y EXCEPCIONES DURANTE LA FASE DE PREPARACIÓN DEL JUICIO -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria- PODRÁ SER DIFERIDA A JUICIO ORAL’. A tal efecto el Incidente y excepción planteado por HOSTIN ENRIQUE LIMPIAS RIBERA será tramitado en etapa de juicio, a efectos de evitar dilaciones, lo que no significa que quede irresueltas, sino que se considerará en etapa de juicio conforme procedimiento” (sic [fs. 4]). II.2. Mediante Oficio 1377/2021 de 5 de noviembre, con ref. “Devolución de expediente en calidad de préstamo”; mediante el cual, Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz -Jueza de garantías- ordenó la devolución del expediente con NUREJ: 701102022100439-N EXP. 174/2021, al Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del mismo departamento (fs. 12).
El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la petición, así como el principio de celeridad, por cuanto, está detenido más de siete meses, habiendo sobrepasado el plazo que fue dispuesto en la audiencia de medidas cautelares de 14 de marzo de 2021, que determinó su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” por noventa días; motivo por el que, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva el 26 de octubre de igual año, que fue rechazada mediante providencia de 27 del mismo mes y año por la autoridad ahora demandada, donde estableció que el incidente sería tramitado en etapa de juicio, sin considerar que no le notificaron con el requerimiento conclusivo, menos con apertura de juicio, considerando que se encuentra indebidamente detenido. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0956/2022-S2 de 2 de agosto, expresó: “Dentro de la tipología de la acción de libertad, '…se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad, cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema' (SCP 0187/2014 de 30 de enero). Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L de 9 de diciembre y 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al antes hábeas corpus, ahora acción de libertad, cita que: '…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'. En el marco de lo antecedido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: '…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…) …todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida (…) implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…” (las negrillas y subrayados son nuestros). De lo cual se concluye que el mecanismo de defensa constitucional idóneo es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho frente a cualquier acto u omisión que derive en una dilación procesal vinculada a la libertad del accionante que afecte la debida celeridad en el proceso ordinario.
Jurisprudencia reiterada La SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que: “Este Tribunal a momento de arribar a un entendimiento respecto a la forma de actuar de toda autoridad que tome conocimiento de una solicitud realizada por una persona privada de libertad estableció: '…que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'. Así la SC 0862/2005 de 27 de julio. Entendimiento que guarda estricta coherencia con lo manifestado en el punto III. 4 de la presente Sentencia, es por ello que la jurisprudencia constitucional, en cuanto a la celeridad que se debe otorgar a las solicitudes de cesación de detención preventiva, no sólo en su tramitación y consideración sino también en su efectivización, ha señalado en la SC 0862/2005-R, que: '...el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido'. En ese sentido y conforme a los preceptos constitucionales mencionados y a la jurisprudencia glosada precedentemente, todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado. Ahora bien, tomando en cuenta que por medio de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, este Tribunal a momento de establecer la celeridad que se debe imprimir al trámite de cesación de la detención preventiva, precisó cuáles son aquellos supuestos que se constituyen o consideran como actos dilatorios, entre ellos cuando: 'a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley…’”.
La citada Ley 1173 tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial. Por lo expuesto, el art. 239 (Cesación de las medidas cautelares personales) señala que: “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2.
Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas (…) En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código” (las negrillas y subrayado son nuestros).
El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la petición, así como el principio de celeridad, por cuanto, está detenido más de siete meses, habiendo sobrepasado el plazo que fue dispuesto en Resolución de medidas cautelares de carácter personal de 14 de marzo de 2021, que determinó su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” por seis meses; motivo por el que, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva el 26 de octubre del mismo año, que fue rechazada mediante providencia de 27 de igual mes y año por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, que estableció que el incidente sería tramitado en etapa de juicio, sin considerar que no fue notificado con requerimiento conclusivo, menos con auto de apertura de juicio, por lo que se encuentra indebidamente detenido. Ahora bien, la providencia de 27 de octubre de 2021 denunciada de haber lesionado sus mencionados derechos, descrita en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, que determinó que el “Incidente y excepción planteado por Hostin Enrique Limpias Ribera será tramitado en etapa de juicio…” (sic), decisión que basó en “…la SCP 0041/2018-S2, de 6 de marzo de 2018 en el cual se ha establecido: ‘subreglas para la tramitación de los incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio oral o en el propio juicio oral: 1) La tramitación y resolución de incidentes y EXCEPCIONES DURANTE LA FASE DE PREPARACIÓN DEL JUICIO -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria- PODRÁ SER DIFERIDA A JUICIO ORAL…’” (sic). Al respecto, corresponde establecer que la SCP 0041/2018-S2 al referirse a la resolución y tramitación de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio, no es pertinente, por cuanto la autoridad demandada debió resolver la solicitud de la cesación de detención preventiva conforme al procedimiento establecido y desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, el impetrante de tutela solicitó la cesación a la detención preventiva al haber sobrepasado lo determinado en la audiencia cautelar de 14 de marzo de 2021, que dispuso su detención por el plazo de seis meses, apoyando su petición en lo establecido por el art. 239 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173 (Fundamento Jurídico III.3) que establece: “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas (…) En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código” (las negrillas y subrayado son nuestros). Norma ignorada por la autoridad demandada, vulnerando el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, y el principio de celeridad establecidos en los arts. 115 y 180.I de la CPE. La autoridad demandada no presentó informe ni prueba que desvirtúe los hechos y derechos, denunciados como vulnerados, debiendo en consecuencia concederse la tutela solicitada, al evidenciarse la lesión a los derechos y garantías invocadas. El principio de celeridad como garantía constitucional inserto en la Norma Suprema, obliga a quienes imparten justicia su observancia, evitando retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias que vulneren el derecho a la libertad en aquellos casos vinculados a éste; por cuanto, es lógico que las personas que intervienen en un proceso, esperen la pronta definición de su situación jurídica. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el decreto de 27 de octubre de 2021, dictado por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, debiendo en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señalar audiencia para considerar la solicitud de cesación de las medidas cautelares personales al vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva establecido el 14 de marzo de 2021, salvo que ya se hubiera resuelto por efecto de la Resolución 26/2021 de 5 de noviembre. 3º Llamar la atención a la autoridad demandada por la inobservancia de la normativa penal prescrita en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y adecuar futuros actuados conforme al entendimiento desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0041_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f2a804eae54a7ec1e443566d4ee6826f96d8d891761fefdd39d764a6f64d8958
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →