Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La parte solicitante de tutela, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la fundamentación y motivación, relacionando a su derecho a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, y a ser oído por la autoridad jurisdiccional y competente, independiente e imparcial; toda vez que, solicitó la cesación de la medida cautelar de detención preventiva, la cual fue rechazada por el Tribunal en primera instancia y no obstante a la apelación de dicha decisión, la autoridad ahora demandada confirmó la misma, sin fundamentar ni motivar su Resolución de segunda instancia, en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación, que tenía por objeto definir su situación jurídica relativo a esta medida. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 5/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44305-2022-89-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 5/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zárate en representación sin mandato de Mister Wilfredo Guaqui Callizaya contra Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 3 vta.; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó que:
El 3 de noviembre de 2021, desarrollada la audiencia de cesación a la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, rechazó dicha solicitud por no haberse desvirtuado el peligro de fuga, peligro a la víctima y obstaculización, bajo el fundamento de que no se recibió la declaración testifical de la víctima, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público por el delito de violación, decisión que fue apelada; por lo que, el 11 del mismo mes y año, se dictó Auto de Vista confirmando el Auto interlocutorio impugnado, manteniéndose vigente el riesgo previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, peligro hacia la víctima al ser su hermanastro y que los hechos hubiesen ocurrido en el seno familiar; y, modificándose respecto al art. 234. 1 y 2 del mismo cuerpo legal, ya que se enervó el riesgo procesal referido; sin embargo, lo que no tomó en cuenta la autoridad demandada son los medios probatorios, ya que el domicilio de su representado se encuentra distante del domicilio de la víctima; además, de que demostró sus labores en el aserradero del municipio de Porvenir y de no tener antecedentes penales conforme al certificado emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y también certificado de no violencia; asimismo, el Ministerio Público bajo el criterio de que ya feneció la fase investigativa y evitar revictimizar a la víctima al ser mujer y discapacitada, no se le extendió requerimientos fiscales, criterio establecido en la resolución impugnada en el entendido de que si no se logró la atestación de la víctima, como anticipo de prueba, podrá hacerlo en etapa de juicio, dejando a un lado la acusación fiscal e incluso la revictimización, extremo incongruente y vulnerador de sus derechos. Así también, citó la SCP 0010/2018-S3, refiriendo al carácter provisional de las medidas cautelares y que la misma se aplica con carácter excepcional y al existir duda, deberá estarse a lo más favorable al imputado y al tratarse de la naturaleza instrumental de dicha medida, su objeto es la presencia del imputado en la tramitación del proceso y en su caso efectivizar una sanción penal; por lo que, la misma no causa estado y pueda ser modificable, siendo en el presente caso, procedente la acción solicitada ya que protege y/o reestablece el derecho a la libertad física, existiendo implicancia el debido proceso, pues su erróneo procedimiento lo coloca en absoluta indefensión, estando la libertad estrechamente vinculado al debido proceso, pretendiendo dicha acción que sea considerada como acción reparadora y de pronto despacho.
La parte impetrante de tutela, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la fundamentación y motivación, relacionando a su derecho a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, y a ser oído por la autoridad jurisdiccional y competente, independiente e imparcial; citando al efecto, los arts. 8.II, 13.IV, 22, 23, 109.I, 110, 115.II, 116.I 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7 numerales 1, 2 y 3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista ahora cuestionado, emitiéndose por parte de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, una nueva resolución que garantice una debida fundamentación, debiendo considerar el fondo del proceso.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de noviembre de 2021, conforme consta en el acta cursante a fs. 21 a 22, presente la parte accionante, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela, ratificó el tenor íntegro de su memorial de la presente acción tutelar.
Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a través de informe escrito presentado el 18 de noviembre de 2021, cursante a fs. 13, señaló que, el accionante, pretende una revisión de una decisión ya asumida bajo criterios racionales y lógicos y que no se atentó contra ningún derecho con el decisorio; por lo que, la instancia constitucional no está habilitada para revisar la labor interpretativa de la legalidad ordinaria, no concurriendo presupuestos que exija la excepcionalidad de dicha labor, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 5/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25, concedió la tutela solicitada, y se deja sin efecto el Auto de Vista 176/2021, bajo los siguientes fundamentos: a) La autoridad hoy demandada conoció los antecedentes, dictando el citado Auto de Vista hoy cuestionado; sin embargo, en el punto cuatro de dicha Resolución, refiere que en relación al art. 235.2 del CPP ya no existiría más actos de investigación y que usar como testigo a la víctima, sería revictimizarla, siendo inclusive, insuficiente para desvirtuar el peligro que se indica, pues lo que se trata es la situación del imputado con la víctima y su capacidad de influir negativamente sobre la declaración, siendo un argumento escueto para sostener la detención preventiva dispuesto por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, pues conforme refiere el art. 235 del adjetivo penal, el peligro de obstaculización por una parte, debe estar fundamentada, señalando que el imputado con su comportamiento sí entorpecerá la averiguación de la verdad; y, que el imputado influya negativamente sobre la víctima, testigos o peritos a objeto de dar una información alterada o atestaciones reticentes; por lo que, no hace un análisis integral de la prueba reclamados en apelación y de convicción para sostener el art. 235.2 de la norma procesal penal; b) En relación al art. 234.7 del CPP, que fue reclamado en la apelación incidental por el agravio cometido, el mismo no fue tomado en cuenta por la autoridad demandada, al no dar respuesta sobre el mismo, que, aplicando la jurisprudencia constitucional de la SCP 0181/2018-S3 que exige motivar y fundamentar por parte de los Tribunales de apelación en relación a los aspectos cuestionados y al omitir aquello, se vulneró el debido proceso en los elementos señalados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Mister Wilfredo Guaqui Callizaya –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de violación agravada, se llevó a cabo su audiencia de cesación de medidas cautelares, relativa a la detención preventiva; en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, mediante Auto interlocutorio de 3 de noviembre de 2021, dispuso rechazar la solicitud de cesación a su medida cautelar, contando con un voto disidente, considerando que sí se tiene el domicilio acreditado (fs. 14 a 16 vta.). II.2. Cursa acta de Audiencia de apelación a la medida cautelar; en la cual, se dictó el Auto de Vista 176/2021 de 11 de noviembre, por Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –hoy demandado–, quien confirmó en parte la Resolución dispuesta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento (fs. 18 a 20 vta.).
La parte solicitante de tutela, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la fundamentación y motivación, relacionando a su derecho a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, y a ser oído por la autoridad jurisdiccional y competente, independiente e imparcial; toda vez que, solicitó la cesación de la medida cautelar de detención preventiva, la cual fue rechazada por el Tribunal en primera instancia y no obstante a la apelación de dicha decisión, la autoridad ahora demandada confirmó la misma, sin fundamentar ni motivar su Resolución de segunda instancia, en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación, que tenía por objeto definir su situación jurídica relativo a esta medida. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.
Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es 8 probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia reiterada En cuanto a la temática de exordio, la SCP 0116/2021-S4 de 11 de mayo; instituyó que: “Teniendo como punto de partida que la violencia en razón de género, violencia en el ámbito familiar, los delitos contra la libertad sexual, entre otros; se constituyen en acciones de control, poder y dominio, de personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad), sin importar su edad, género, estado civil, situación económica, cultural, tipo de discapacidad, entre otras; instituyéndose estos actos como una grave violación a los derechos humanos y un problema social de gran magnitud, debido a su considerable incidencia y riesgo respecto a las secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de la violencia sufrida; así como, el alto costo social que representa para toda la sociedad; la normativa nacional e internacional ha acogido dicha problemática de manera primordial y preminente con el objeto de su erradicación, prevención, sanción y reparación, pero principalmente en cuanto a la protección a las víctimas de este tipo de delitos. En ese marco, la Ley Fundamental del Estado boliviano, determinó en su art. 15, que: ‘I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.
derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’. (…) Normativa que se ve reforzada en el marco convencional, establecido con relación a las víctimas de violencia de género y generacional, como parte de los grupos vulnerables de la sociedad; y por ende, de necesaria protección reforzada por parte de los Estados, entre las que se encuentra las ‘Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad’, que estableció que: ‘(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo) …’. (…) Por otro lado, el Órgano Judicial, mediante Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre, del Tribunal Supremo de Justicia; el Acuerdo SP.TA. 23/2016 de 23 de noviembre, del Tribunal Agroambiental; y, el Acuerdo 193/2016 de 16 de noviembre, del Consejo de la Magistratura; aprobó el ‘Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género’, que se constituye en un instrumento para los administradores de justicia, para la promoción del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y garantizar el juzgamiento desde una visión de igualdad de género como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio; así, siendo que la jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces, dichos actores son los que ejercen el rol del Estado, a la hora de lograr el procesamiento y sanción efectiva para el cumplimiento del marco normativo citado supra, no como una mera observancia sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana” (las negrillas y el subrayado son añadidas).
La parte solicitante de tutela, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la fundamentación y motivación, relacionando a su derecho a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, y a ser oído por la autoridad jurisdiccional y competente, independiente e imparcial; toda vez que, solicitó la cesación a la detención preventiva que pesa sobre él, rechazada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando en primera instancia; apelando posteriormente dicha decisión; sin embargo, la autoridad ahora demandada confirmó el Auto Interlocutorio, sin fundamentar ni motivar su Resolución en segunda instancia, en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación, que tenía por objeto definir su situación jurídica relativo a esta medida.
Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes adjuntos al expediente; de donde se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación agravada, se llevó a cabo la audiencia de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva; en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, mediante Auto interlocutorio de 3 de noviembre de 2021, dispuso rechazar la solicitud de cesación de su medida cautelar, contando con un voto disidente; dicha resolución fue objeto de apelación; por lo que, se determinó la remisión de los antecedentes a la respectiva sala competente (Conclusión II.1).
Es así que, a través de la audiencia de apelación a la medida cautelar, la autoridad ahora demandada emitió el Auto de Vista 176/2021 de 11 de noviembre, confirmando en parte la Resolución dispuesta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento (Conclusión II.2). Inicialmente, es pertinente referir que la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; advierte la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, como obligación a ser cumplida por las autoridades a tiempo de emitir sus fallos, en los cuales enunciarán los motivos de hecho y derecho base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, sino una estructura de forma y de fondo coherente en la que los motivos sean expuestos de forma concisa y clara. Ahora bien, el Auto de Vista 176/2021, refiere que en la apelación al rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, se reclama la falta de valoración de la prueba para desvirtuar el peligro de obstaculización previstos en los arts. 234.7, como del art. 235.2 ambos del CPP, pues se presentó pruebas consistentes en informes psicológicos que demuestran que el imputado ya no es un peligro para la víctima y tampoco para obstaculizar el proceso, ya que no existen actos pendientes de investigación. En ese entendido, la autoridad ahora demandada, a momento de fundamentar el Auto de Vista hoy cuestionado, hizo referencia a la naturaleza jurídica de las medidas cautelares; así como, de sus características esenciales, como la excepcionalidad, la proporcionalidad, la instrumentalidad, revisabilidad, temporalidad y jurisdiccionalidad; haciendo mención también a su finalidad, la cual radica en la averiguación de la verdad; el desarrollo del proceso penal; y, el cumplimiento de la ley, hasta la ejecución de la sentencia, citando al respecto la SC 0012/2006-R de 4 de enero; por otro lado, expone los alcances previstos por el art. 398 del Adjetivo Penal en cuanto a la competencia para resolver los puntos de agravio; en ese contexto, dicha autoridad, refiere que, respecto al numeral 2 del art. 234 de la Norma Procesal Penal CPP, la defensa del accionante presentó una seria de documentación relativa a los informes psicológicos realizados al imputado, aspectos que si bien pueden tener una correlación con lo que se pretende; sin embargo, indicó que en caso concreto, obviaron la situación de la víctima, con relación al imputado y el proceso, de donde se tiene que, la documentación presentada por el imputado es insuficiente, correspondiendo en su caso ratificar lo resuelto por el Tribunal a quo. Asimismo, en cuanto al peligro de obstaculización previsto por el numeral 2 del art. 235 de la citada norma adjetiva penal, estableció que, sin bien es evidente que la defensa del imputado cuestionó en primer lugar que ya no existen actos de investigaciones pendientes pero el ofrecer a la víctima como testigo, denotaba la pretensión de un acto de revictimización a la misma; toda vez que, la actividad probatoria gira en función a la relación y situación jurídica tanto del imputado como de la víctima y su capacidad de influir negativamente sobre dicha declaración, que si bien fue objetada, por sí no constituye los argumentos necesarios para enervar dichos riesgos, teniendo pruebas insuficiente para atender el mismo. De lo señalado; se concluye que, el Auto de Vista, objeto de la presente acción tutelar, emergente de una supuesta vulneración al debido proceso, si bien no se efectúa exposición ampulosa de los criterios por los que se asume la decisión de confirmar el rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, de lo descrito se advierte una suficiente precisión de razonamientos, para establecer que la decisión asumida fue en virtud a un análisis de la prueba ofrecida por el ahora accionante y que la misma no resultaba suficiente para garantizar una protección efectiva respecto a la víctima, misma que al ser parte de un grupo vulnerable merecía una protección reforzada asumiendo criterios jurisdiccionales para juzgar con perspectiva de género conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el que no solo debe tomarse en cuenta lo previsto en la Ley 348; sino fundamentalmente por el art. 15.III de la CPE, que prevé: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”; perspectiva de género y enfoque interseccional que debe asumirse en el juzgamiento de causas donde se encuentran involucradas mujeres y como en el presente caso, una víctima con discapacidad; por lo que, debe responderse con la obligatoriedad contenida en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la igualdad material y sustantiva de las mujeres como sector vulnerable, eliminando cualquier discriminación directa y/o estructural. Finalmente en cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 CPP, si bien no se advierte una cita expresa de dicho numeral a tiempo de resolver la apelación incidental, no es menos cierto que conforme lo señalado supra, la autoridad demandada en su fundamentación alegó que las pruebas ofrecidas por el impetrante de tutela no eran suficientes para garantizar la seguridad de la víctima, lo que conlleva a concluir que si existió un pronunciamiento respecto a la temática extrañada, no correspondiendo en consecuencia mayor pronunciamiento al respecto. Por último, en cuanto a la vulneración a los derechos a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, y a ser oído por la autoridad jurisdiccional y competente, independiente e imparcial que refirió el solicitante de tutela, conforme a lo resuelto precedentemente no se advierte de que manera estos derechos hubieran sido lesionados; toda vez que, que el ahora impetrante de tutela tuvo acceso al uso de todos los mecanismos de defensa en los que expuso sus pretensión y el hecho de no haber sido acogidas favorablemente no puede ser consideradas como vulneradoras, pues de lo verificado se advierte que la decisión asumida por la autoridad demandada se encuentra dentro de los marcos de razonabilidad y legalidad. Consiguientemente, de lo precedentemente analizado, el Auto de Vista emitido por la autoridad demandada, contiene una debida fundamentación y motivación; no evidenciándose, vulneración alguna a los derechos reclamados; correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 5/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0040_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3e27f266cd86fa31fbc64a83146c195c494685df55e8490e2374aac67bdbed2c
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