Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, a través de su abogada de defensa pública, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, a la libertad y a la vida, vulnerándose los principios de especialidad, inocencia, igualdad y no discriminación; y, celeridad; en virtud a que, la autoridad demandada, incurrió en dilación injustificada al no resolver su petición –de 27 de septiembre de 2021– de modificación de medidas de restricción de libertad, impuestas en su contra, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; siendo que, ya habría cumplido un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días, de permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; de los cuatro que se le impuso; misma que no tuvo respuesta hasta la interposición de la presente acción de defensa –7 de septiembre de 2021–. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 21/2021 de 8 de octubre cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada en la modalidad de pronto despacho, en contra de Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del mismo departamento, sin responsabilidad al no haber sido demandado. Disponiendo que esta autoridad o la que se encuentre en conocimiento del proceso, en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación proceda a señalar la audiencia de consideración de modificación de medida socioeducativa solicitada por el accionante, siempre y cuando esta no se hubiere realizado por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0039/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44275-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2021 de 8 de octubre cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erika Fanny Tolín Aguilar, como defensora pública en representación de Leonardo Justiniano Herbas, contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de octubre de 2021, cursante de fs. 1; y, 14 a 17, la parte accionante manifestó lo siguiente:
Siendo adolescente de diecisiete años, y dentro del proceso penal seguido en su contra, viene cumpliendo sentencia condenatoria de cuatro años, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; y, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar habría cumplido sentencia en régimen cerrado; ya que, la permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, fue certificada por dicho Centro, un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días. Considerando que, el derecho a la libertad es previsible, se debe actuar con celeridad de acuerdo al art. 347. II de la Ley 548 –Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de julio de 2014–; y, aludiendo al informe emitido por el mencionado Centro de Reintegración que habría indicado: “TIENE UN NIVEL DE RIESGO BAJO” (sic); acredita, la previsibilidad de ser beneficiado con un cambio de medidas; sin embargo, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz –ahora demandada– hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar no señaló día y hora de audiencia de seguimiento de la causa; y siendo que “…la detención preventiva en adolescentes debe ser aplicada de manera estrictamente excepcional y como último recurso…” (sic), generando una dilación indebida.
El accionante, a través de su defensa pública, señaló como lesionado sus derechos al debido proceso, a la libertad; vulnerándose los principios de especialidad, inocencia, igualdad y no discriminación; y, celeridad; citando al efecto, los arts. 6, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 del Pacto de San José de Costa Rica; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Solicitó se declare procedente la acción de libertad incoada, por haberse vulnerado el principio de especialidad, inocencia, celeridad y el debido proceso, por una dilación injustificada en resolver su petición.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de octubre de 2021, conforme consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta.; presente el accionante; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su defensa pública, ratificó los argumentos expuestos en su demanda y ampliándolos señaló que: a) Se tiene un informe del Centro de Reintegración Social Varones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que acredita que ya cumplió con los parámetros establecidos para solicitar el cambio de medidas de acuerdo a la Ley 548; y tomando en cuenta que, ya habría cumplido la mitad de su condena de régimen cerrado, habilitándose para que el mismo pueda cumplir su término de condena en régimen abierto, bajo esta premisa se habría presentado el memorial el 27 de septiembre al Juzgado de la autoridad ahora demandada; y siendo que, hasta la fecha de realización de la presente audiencia habría transcurrido más de dos semanas sin tener respuesta, sin haberse señalado audiencia para su tratamiento; deja al solicitante de tutela en desmedro y en franca vulneración al debido proceso; y, b) A la consulta del Tribunal de garantías, el accionante a través de su defensa técnica, manifestó que desconoce el paradero de la autoridad demandada.
Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz, no se presentó a la audiencia; siendo que, no fue notificada. Sin embargo, luego de la emisión de la Sentencia, presentó un memorial el 13 de octubre de 2021, cursante de fs 26 a 27, indicando que: 1) Desde el “lunes 27 de septiembre de 2021 hasta el día viernes 08 de octubre de 2021, me encontraba de vacaciones…” (sic); de acuerdo a la autorización otorgada por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en suplencia legal, se encontraba Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del mismo departamento. La audiencia se habría llevado a cabo el día 8 de octubre del referido año, cuando la presente acción de libertad jamás fue puesta a conocimiento de la parte accionada, como sería la autoridad judicial en suplencia legal; tampoco se habría notificado al personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado, hecho que causó un total estado de indefensión a la parte demandada; y, 2) Dicha audiencia no podría haberse llevado a cabo por falta de notificación a la parte demandada y solicitó que se corrija procedimiento de la acción de libertad interpuesta.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, mediante Resolución 21/2021 de 8 de octubre, cursante de fs. 22 a 23, concedió en parte la tutela impetrada; y dispuso que, la autoridad demandada debe “pronunciarse conforme corresponde para que tenga conocimiento de la presente acción” (sic), bajo los siguientes argumentos: i) La presente acción de libertad se funda en la denuncia como acto ilegal, el hecho de que habiendo presentado memorial –el ahora accionante– el 27 de septiembre de 2021 a las 15:00 ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz, solicitando la modificación a las medidas sustitutivas; mismo que, a la fecha de la emisión de la resolución, el ahora accionante desconoce cuál sería la providencia, para tal efecto hace mención que siendo el mismo un adolescente, se debería haber resuelto en el plazo correspondiente para la modificación de medidas; ii) El Tribunal de garantías agotó las instancias correspondientes para poderse comunicar con la Jueza ahora demandada, no habiendo resultados hasta dicha fecha; asimismo, la abogada de defensa pública, no consiguió el número de la mencionada Jueza; a tal efecto no se le ha notificado legalmente; ya que, al no ser notificada, era imposible que remita informe correspondiente; siendo que la misma, no tenía conocimiento de la acción de libertad; iii) Remitiéndose al art 125 de la CPE y la uniforme y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, en relación a acciones de libertad; es decir, de pronto despacho, ha señalado que toda solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho de las personas, debe ser tramitado con la mayor celeridad posible; sin embargo en la presente audiencia, la parte accionante hace mención que el adolescente, ahora accionante, se encontraría recluido en el Centro de Integración Social Varones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y que hasta la fecha de la dictación de la Resolución correspondiente a esta acción de defensa –8 de octubre de 2021–; la Jueza demandada, no se pronunció al memorial de modificación de medidas presentado; iv) Asimismo, en cuanto al derecho a la vida, conforme a Sentencias Constitucionales, cuando éstas tengan una vinculación entre el derecho a la libertad con mayor razón ésta debe ser respondida con la celeridad correspondiente; y, v) Para tal efecto, y no habiendo sido remitido el informe correspondiente por la Jueza demandada, al no haber sido notificada la misma, la parte accionante no ha logrado demostrar de manera objetiva y fehaciente lo solicitado, conforme al art. 125 de la CPE.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene, memorial de solicitud de modificación de medida socioeducativa, y modificación de dicha medida de privación de libertad a régimen domiciliario; presentado por el ahora accionante el 27 de septiembre de 2021, amparado en los arts. 274 de la ley 548 y arts. 24, 115; y 119 de la CPE; toda vez que, habría cumplido con lo dispuesto en el art. 347 de la citada Ley (fs. 4 a 5). II.2. Cursa Certificado de permanencia y conducta, otorgado por el equipo interdisciplinario y la administración del Centro de Reintegración Social Varones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que indica “el adolescente en la evaluación psicológica muestra un nivel de riesgo bajo de acuerdo a la puntuación de riesgo IGI-J, en la permanencia en el Centro demuestra conducta buena en general (…) también cumple con las normas y reglas establecidas al interior del centro” (sic [fs. 6 a 13]) II.3. Cursa Decreto de admisión de la presente acción de defensa de 7 de septiembre de 2021, cursante a fs. 18; en la que, el Tribunal de Sentencia Tercero del departamento de La Paz, señaló día y hora de audiencia, y ordenó correr en traslado a la autoridad demandada para que remita al tribunal de garantías todos los antecedentes que motivan la presente acción y preste informe de ley correspondiente. (fs. 18) II.4. Cursan decretos de 23 de septiembre de 2021, y de 1 de octubre de 2021, pronunciados por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; por los cuales, se concedió vacación del 27 de septiembre al 1 de octubre del mismo año; y, del 4 al 8 de octubre del mismo año; solicitada por Betty Mamani Aruquipa Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz –ahora demandada– (fs. 24 y 25).
El impetrante de tutela, a través de su abogada de defensa pública, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, a la libertad y a la vida, vulnerándose los principios de especialidad, inocencia, igualdad y no discriminación; y, celeridad; en virtud a que, la autoridad demandada, incurrió en dilación injustificada al no resolver su petición –de 27 de septiembre de 2021– de modificación de medidas de restricción de libertad, impuestas en su contra, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; siendo que, ya habría cumplido un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días, de permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; de los cuatro que se le impuso; misma que no tuvo respuesta hasta la interposición de la presente acción de defensa –7 de septiembre de 2021–. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0654/2022-S4 de 30 de junio, citando a la SCP 0308/2021-S4 de 13 de julio, sostuvo que: “Para los casos en los que se presentan dilaciones indebidas e injustificadas en la tramitación de los diferentes actos procesales, con relación a la condición de los privados de libertad; se ha instituido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, antes denominada hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; por medio del cual, se pretende proteger el derecho a la libertad física de las personas a partir de la exigencia de la celeridad correspondiente en los trámites judiciales o administrativos en los que esté de por medio restringido el referido derecho. Así, entre otras, la SCP 0834/2012 de 20 de agosto, estableció que: ‘Por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
La acción de libertad-traslativa o de pronto despacho, constituye parte de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y por tanto es un mecanismo procesal idóneo, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, concretando así, el principio de celeridad, cuando este se encuentre vinculado al derecho de la libertad, y el mismo sea vulnerado por actos dilatorios, que eviten considerar la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Por su parte, la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, determinó que: ‘Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…» (…).
Asimismo la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente sobre la aplicación del principio de celeridad, señalando al respecto que: ʽ…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidasʼ (SC 0570/2006-R de 19 de junio).
En consecuencia, queda claro que el mecanismo procesal idóneo frente a una vulneración al principio de celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga en una dilación indebida en el conocimiento y Resolución de una solicitud de modificación a la detención preventiva, es la acción de libertad de pronto despacho la que restituirá sus derechos ante las dilaciones en el señalamiento de audiencia” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0525/2022-S2, de 8 de junio de 2022, citando a la SCP 0389/2021-S2 de 30 de julio que a su vez citó a la SCP 0249/2019-S3 de 5 de julio, señaló que: [«…>la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio, expresó: “Nuestro orden constitucional vigente, de acuerdo a la nueva visión inclusiva y proteccionista consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas, proclamando en su art. 58, una protección especial a la niñez y adolescencia; es decir, menores de edad, que se encuentran dentro del grupo denominado ‘vulnerable’. En consideración, a esta protección especial, la jurisdicción constitucional recogiendo el mandato constitucional, se ha pronunciado desarrollando entendimientos, jurisprudenciales como el contenido en la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, que señaló: ‘…resulta necesario determinar que >la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…’.
El referido entendimiento es aplicable, no obstante que fue desarrollado en vigencia del anterior Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2016 de 27 de octubre de 1999-; que establecía su ámbito de aplicación a los menores comprendidos entre los 12 a 16 años; habiéndolo ampliado en el Código Niña, Niño y Adolescente en actual vigor, hasta los 18 años; de manera tal que conforme a lo señalado tratándose de procesos penales en los que se encuentren involucrados menores adolescentes, se hace abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; cuya interposición se la puede efectuar de manera directa ante la jurisdicción constitucional”.
De lo glosado precedentemente, se concluye que considerando la protección especial de la que goza la niñez y adolescencia conceptuada como un sector poblacional en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de brindar un resguardo inmediato y oportuno, es permisible hacer abstracción de la subsidiariedad excepcional prevista para la acción de libertad; admitiendo que en casos de vulneración del derecho a la libertad de adolescentes infractores -personas menores de 18 años-, pueda solicitarse su reparación en la jurisdicción constitucional, sin que sea exigible el agotamiento previo de los medios o mecanismos de defensa» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0668/2021-S3 de 20 de septiembre de 2021, citando a la SCP 0800/2016-S3 de 3 de agosto, refirió que: “El art. 126.I de la CPE, establece con relación a la tramitación de la acción de libertad que una vez que la misma ha sido presentada: ‘La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer…’.
De la norma transcrita se tiene que la misma Constitución Política del Estado en la regulación del trámite de la acción tutelar en estudio, instituye en un mismo nivel de trascendencia procesal, la garantía que la audiencia sea llevada a cabo sin demora -dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción-, que la persona o personas accionantes sean conducidas a presencia del juez o tribunal de garantías, y que se practique la citación -personal o por cédula- a las autoridades codemandadas, deduciéndose que con relación a este último acto procesal, la sumariedad del trámite instituida por la propia Norma Suprema con relación a esta acción, no descuide el derecho a la defensa que involucra dicha citación, con relación a la persona o autoridad demandada.
En ese sentido, la SC 0493/2007-R de 13 de junio, estableció que: ‘…La citación con el recurso y el auto de admisión, tiene vital importancia para la sustanciación de las acciones tutelares, por cuanto, al igual que en otro proceso judicial tiene la finalidad de poner en conocimiento del o los recurridos los hechos denunciados y los fundamentos expuestos por el recurrente, a objeto de que el recurrido pueda asumir su defensa al tiempo de presentar el informe con relación a los hechos denunciados, defensa que consistirá en desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho expresados por el recurrente, presentar las pruebas que demuestren la legalidad de los actos denunciados de lesivos de los derechos fundamentales. Entonces, si bien es cierto que, dada la naturaleza jurídica de las acciones tutelares y su tramitación sumarísima se prescinden de algunas formalidades procesales para la citación cedularia, no es menos cierto que la citación debe cumplir con su finalidad de hacer que el recurrido tome conocimiento material del recurso; pues de contrario se vicia de nulidad la actuación procesal”’ (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela, a través de su abogada de defensa pública, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, a la libertad y a la vida, vulnerándose los principios de especialidad, inocencia, igualdad y no discriminación; y, celeridad; en virtud a que, la autoridad demandada, incurrió en dilación injustificada al no resolver su petición –de 27 de septiembre de 2021– de modificación de medidas de restricción de libertad, impuestas en su contra, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; siendo que, ya habría cumplido un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días, de permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; de los cuatro que se le impuso; misma que no tuvo respuesta hasta la interposición de la presente acción de defensa –7 de septiembre de 2021–.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes; se tiene que, el accionante siendo adolescente de diecisiete años, y dentro del proceso penal seguido en su contra, viene cumpliendo sentencia condenatoria de cuatro años, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; y, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar habría cumplido sentencia en régimen cerrado; ya que, la permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, fue certificada por dicho Centro, un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días; es así que, solicitó la modificación de las medidas de restricción de libertad socioeducativas, impuestas en su contra, el 27 de septiembre de 2021, y al no obtener respuesta de la autoridad jurisdiccional, interpuso la presente acción de tutela contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz, solicitando se declare procedente la acción de libertad incoada, por haberse vulnerado el principio de especialidad, inocencia, celeridad y el debido proceso, por una dilación injustificada en resolver su petición; aduciendo que el memorial que presentó solicitando la modificación de medida socioeducativa, y modificación de dicha medida de privación de libertad a régimen domiciliario, no fue respondido por la Jueza ahora demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa –7 de octubre de 2021– (Conclusión II.1; y, acápite I.1.1).
Presentó al efecto, certificado de permanencia y conducta, otorgado por el equipo interdisciplinario y la administración del Centro de Reintegración Social Varones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que indica “el adolescente en la evaluación psicológica muestra un nivel de riesgo bajo de acuerdo de acuerdo a la puntuación de riesgo IGI-J, en la permanencia en el Centro demuestra conducta buena en general (…) también cumple con las normas y reglas establecidas al interior del centro”(sic [Conclusión II.2])
Se advierte que el Tribunal de garantías, de la presente acción de defensa, admitió la acción de libertad interpuesta, mediante decreto de 7 de septiembre de 2021, y ordenó correr traslado a la autoridad demandada, para que remita todos los antecedentes de la causa y preste informe de ley correspondiente (Conclusión II.3). Por su parte la autoridad demandada no fue notificada con la presente acción tutelar; empero, se llevó a cabo la audiencia en su ausencia, en la que el accionante al respecto a través de su defensa técnica manifestó que “desconoce el paradero de la autoridad demandada” (acápite I.2 y I.2.1)
Luego de la emisión de la Sentencia, la autoridad demandada remitió un memorial cursante de fs 26 a 27, indicando que: “1) Desde el ‘lunes 27 de septiembre de 2021 hasta el día viernes 08 de octubre de 2021, me encontraba de vacaciones…´ (sic); de acuerdo a la autorización otorgada por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en suplencia legal, se encontraba Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del mismo departamento. La audiencia se habría llevado a cabo el día 8 de octubre del referido año, cuando la presente acción de libertad jamás fue puesta a conocimiento de la parte accionada, como sería la autoridad judicial en suplencia legal; tampoco se habría notificado al personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado, hecho que causó un total estado de indefensión a la parte demandada; 2) Dicha audiencia no podría haberse llevado a cabo por falta de notificación a la parte demandada y solicitó que se corrija procedimiento de la acción de libertad interpuesta” (sic [acápite I.2.2.]). En consecuencia con carácter previo corresponde referirse a la observación efectuada por la autoridad demandada, respecto a la falta de notificación con la presente acción tutelar a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa, teniéndose presente que la Jueza demandada, evidentemente no fue citada con el decreto de admisión de la presente acción tutelar, para que tome conocimiento y presente informe respectivo, incumpliéndose el desarrollo de la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3., del presente fallo constitucional, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de Libertad, reconoce dos tipos de citación establecidos en el art. 126.I de la CPE, los cuales son de forma personal o por cédula a la autoridad o persona demandada, con el memorial de acción tutelar interpuesta en su contra y el correspondiente auto de admisión, en que señala la audiencia de consideración de la acción de defensa; asimismo señala que, “la sumariedad del trámite instituida por la propia Norma Suprema con relación a esta acción, no descuide el derecho a la defensa que involucra dicha citación, con relación a la persona o autoridad demandada”(sic). Es decir “La citación con el recurso y el auto de admisión, tiene vital importancia para la sustanciación de las acciones tutelares, por cuanto, al igual que en otro proceso judicial tiene la finalidad de poner en conocimiento del o los recurridos los hechos denunciados y los fundamentos expuestos por el recurrente, a objeto de que el recurrido pueda asumir su defensa al tiempo de presentar el informe con relación a los hechos denunciados” (sic). Pues si bien se tiene presente que el tribunal de garantías hubiese realizado los esfuerzos para cumplir con dicho procedimiento, al no haber cumplido efectivamente con la citación dejó en estado de indefensión a la autoridad demandada, situación que no puede repetirse; sin embargo, al tratarse la presente acción tutelar la consideración del resguardo de un menor de edad y parte de un grupo vulnerable que merece una protección reforzada, en el caso presente no corresponde disponer la nulidad de actuados para tramitar nuevamente esta acción tutelar, pues al tratarse de una solicitud de pronto despacho, solo lesionaría más los derechos alegados por éste.
Ahora bien, debe tenerse presente que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional; se tiene que, se ha instituido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, para los casos en los que se presentan dilaciones indebidas e injustificadas en la tramitación de los diferentes actos procesales, con relación a la condición de los privados de libertad; en este caso, se evidencia que el adolescente –accionante–, a través de su abogada de defensa pública, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, a la libertad y a la vida, y la lesión de los principios de especialidad, inocencia, igualdad y no discriminación; y, celeridad; en virtud a que, la autoridad demandada, hubiera incurrido en dilación injustificada, al no resolver su solicitud de modificación de medidas de restricción de libertad, que fueron impuestas en su contra, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; y siendo que, ya habría cumplido un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días, de permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Dicha solicitud la habría presentado el 27 de septiembre de 2021; misma que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela –7 de octubre de 2021– no fue respondida, habiendo transcurrido diez días; constatándose una falta de celeridad en el conocimiento de la causa e incumpliéndose lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente sentencia constitucional que señala: “Por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Ahora bien, de antecedentes cursantes en el legajo procesal y ya descritos anteriormente se tiene, Betty Mamani Aruquipa Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz, estuvo con uso de sus vacaciones 27 de septiembre de 2021 hasta el día viernes 08 de octubre de 2021, de acuerdo a la autorización otorgada por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en suplencia legal, se encontraba “Guillermo Pongo Pongo”, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del mismo departamento. Por lo que se acredita que con relación a la autoridad demandada, carecería de legitimación para ser demanda, toda vez que el tiempo de dilación demandado en la presente acción tutelar está justificado por haberse encontrado en uso de su vacación. Pero sin embargo, este Tribunal no puede soslayar el hecho de que si bien existió una justificante para la dilación demandada a la autoridad judicial, no es menos cierto que en ese periodo de tiempo existió un juez que asumió la suplencia y que debió ser el que tramite con la celeridad debida la pretensión de modificación de medida socioeducativa presenta por el accionante, pues el no hacerlo generó la lesión de los derechos alegados por éste, correspondiendo en consecuencia que en cumplimiento a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 ya citado se conceda la tutela contra el Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del mismo departamento sin responsabilidad por no haber sido demandado ni notificado con esta acción de libertad. Asimismo, conforme al Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo constitucional, referida a la acción de libertad y protección directa a menores infractores; señala que, “…tratándose de procesos penales en los que se encuentren involucrados menores adolescentes, se hace abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; cuya interposición se la puede efectuar de manera directa ante la jurisdicción constitucional (…) considerando la protección especial de la que goza la niñez y adolescencia conceptuada como un sector poblacional en situación de vulnerabilidad (…) incluso, es permisible hacer abstracción de la subsidiariedad excepcional prevista para la acción de libertad; admitiendo que en casos de vulneración del derecho a la libertad de adolescentes infractores -personas menores de 18 años-, pueda solicitarse su reparación en la jurisdicción constitucional” (sic). Es decir, el accionante, al ser un adolescente de diecisiete años, goza de una protección especial, al ser parte de la población en situación de vulnerabilidad; y por tanto no es permisible una dilación indebida por parte de un administrador de justicia, para el conocimiento y consideración de su situación jurídica, y una posible modificación de las medidas de restricción a su libertad, impuestas en su contra. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 21/2021 de 8 de octubre cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada en la modalidad de pronto despacho, en contra de Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del mismo departamento, sin responsabilidad al no haber sido demandado. Disponiendo que esta autoridad o la que se encuentre en conocimiento del proceso, en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación proceda a señalar la audiencia de consideración de modificación de medida socioeducativa solicitada por el accionante, siempre y cuando esta no se hubiere realizado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0039_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 25cab36fdffe149e2af28c2b0fe705a6fe45a405c68b0de2b2c96cf827932dbb
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