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SCP 0038/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yvan Espada Navia
Expediente
44272-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante consideró lesionado el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, el derecho a la libertad, a la dignidad y a una respuesta pronta y oportuna, bajo el argumento que el Juez demandado no remitió ante el Tribunal de alzada, dentro el plazo de ley, el recurso de apelación interpuesto por su parte de forma oral en audiencia, contra la resolución que dispuso su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2021 de 20 de noviembre, cursante de fs. 24 a 28, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, remita el recurso de apelación puesto en su conocimiento, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías y sea sin costas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar
  3. III.3. Dilación en la remisión de la apelación incidental en medidas cautelares ante el Tribunal de alzada por falta de provisión de recaudos de ley
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yvan Espada Navia Acción de libertad Expediente: 44272-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 42/2021 de 20 de noviembre, cursante de fs. 24 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Margarita Javier Condori contra Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 4 vta., la accionante, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas relacionado a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas –Ley 1008 del 19 de julio de 1988–, el 8 de noviembre de 2021, se determinó su detención preventiva a través de una resolución incongruente, citra petita y ex silencio, emitida por el Juez demandado; razón por la cual, en la audiencia y de manera oral, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad referida no remitió dicho recurso ante la autoridad competente, habiendo transcurrido más de diez días desde su interposición.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, el derecho a la libertad, a la dignidad y a una respuesta pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115, 116, 117 y 180, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz –ahora demandado–, remita ante el Tribunal de alzada, la apelación a la resolución que determinó su detención preventiva en el día, sea más el pago de costas de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) “y sea donada a los penales” (sic).

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 22 a 23 vta., presentes la accionante asistida de su abogado; así como la autoridad demandada; y, ausente el fiscal asignado al caso, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de demanda de la presente acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, mediante informe oral, en audiencia de consideración de la presente acción de libertad, refirió lo siguiente: a) La impetrante de tutela denunció que se le vulneró su derecho a la dignidad y que existe una “falta de motivación” en la resolución de 8 de noviembre de 2021, que dispuso su detención preventiva cuando esos derechos no pueden ser atendidos mediante la acción de libertad sino por la acción de amparo constitucional, tal como establece la SCP “057/2012”; b) La solicitante de tutela no brindó los recaudos de ley necesarios para la remisión de la apelación al Tribunal de alzada; c) Mediante decreto de 19 de noviembre de 2021, se llamó la atención al Oficial de Diligencias que se encontraba en suplencia legal de la Secretaria titular del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, por no haber remitido el legajo de apelación ante el Tribunal de alzada. No obstante, aclaró que la retardación de la remisión de dicha apelación se debió a la falta de recaudos por parte de la accionante; asimismo, indicó que, dicho decreto dispuso la remisión del legajo de apelación en original ante Tribunal de alzada en el día; sin embargo, debido a la distancia entre la provincia los Andes y la provincia Murillo –ciudad de La Paz–, la mencionada disposición no pudo materializarse; d) En la localidad de Pucarani no se cuenta con la autorización para poder sacar fotocopias, tal como ocurre en las capitales departamentales e) El Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, no cuenta con auxiliares 1 y 2, ni menos pasantes; lo que, dificultó la remisión de la apelación; f) La SCP 1907/2012 del 12 de octubre y la SCP 142/2013 del 14 de febrero, establecen que es posible excepcionalmente flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación, cuando existe una justificación razonable y fundada en caso de carga procesal; y, g) No existe falta de motivación en la emisión de la decisión de 8 de noviembre de 2021, que determinó la detención preventiva de la accionante; debido a que, su detención preventiva es consecuencia de la flagrancia del delito que se le imputa.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido como Tribunal de Garantías, por Resolución 42/2021 de 20 de noviembre de 2021, cursante de fs. 24 a 28, concedió la tutela solicitada por la impetrante de tutela, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, desde su legal notificación, la autoridad demandada remita el cuaderno de control jurisdiccional en original ante el Tribunal de alzada, para la consideración de la apelación incidental interpuesta por la solicitante de tutela, dentro el proceso penal que se sigue en su contra; con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el medio procesal idóneo para que las partes dentro un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos que generen dilaciones innecesarias o indebidas restringiendo el derecho a la libertad; 2) El 8 de noviembre de 2021, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares en contra de la accionante, en cuyo acto procesal se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz, mediante Resolución 892021-P de 8 de noviembre; contra esa decisión, planteó apelación incidental de forma verbal, y hasta la interposición de la presente acción de libertad no fue remitida ante el Tribunal Departamental de Justicia para su consideración en la Sala Penal que corresponda; por lo tanto, se evidencia que se vulneró el debido proceso; así como, el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al no haberse remitido los actuados procesales de la apelación incidental al Tribunal de alzada tal como establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; 3) Era obligación de la autoridad jurisdiccional demandada la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en original, ante el Tribunal de alzada para su consideración, el día de la audiencia de medidas cautelares; y, 4) La autoridad demandada no puede exigir que una persona detenida prevea los recaudos de ley para la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, debido a que esa decisión vulneraría el derecho a la defensa y el principio de celeridad con el que cuentan todos los ciudadanos que se encuentran detenidos preventivamente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra la ahora accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, dictó la Resolución 89/2021 de 8 de noviembre de 2021, que dispuso la imposición de detención preventiva en contra de la solicitante de tutela, por el plazo de noventa días en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz; decisión que, fue apelada de forma oral en el mismo acto procesal por la impetrante de tutela; razón por la cual, la autoridad jurisdiccional demandada, mediante Auto de 8 de noviembre de 2021, dispuso que en el plazo de veinticuatro horas, la Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz en suplencia legal de la titular, remita el legajo de apelación al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su resolución; y al efecto, se determinó que la imputada, proporcione los recaudos de ley necesarios para remitir el mencionado recurso (fs. 12 a 17; y, 18 a 19). II.2. Mediante informe de 19 de noviembre de 2021, Lucia Jeanette Monzon Víveros, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, comunicó a la autoridad jurisdiccional demandada que en audiencia de consideración de medidas cautelares realizada el 8 de noviembre de 2021, la imputada interpuso apelación incidental; sin embargo, no se constituyó ante la Secretaria del mencionado Juzgado ni se comunicó para gestionar los gastos de fotocopias y pasajes para la remisión del legajo de la apelación referida ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante lo mencionado, realizó las gestiones necesarias para poder remitir el legajo de apelación dentro del plazo establecido por ley, pero no fue posible debido a los siguientes motivos: i) El Juzgado donde ejerce sus funciones, no cuenta con un servicio de fotocopias como es el caso de las ciudades capitales de departamento del país; ii) Del 1 al 14 de noviembre, de 2021 se encontraba en suplencia legal, desempeñándose como Secretaria, ejerciendo las funciones “sola” además informó que el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del señalado departamento, no cuenta con pasantes; y iii) El Fiscal de Materia no hizo llegar la imputación formal de manera física a la Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz (fs. 20 a 20 vta.).

II.3. A través de decreto de 19 de noviembre de 2021, la autoridad jurisdiccional demandada, amonestó a la Oficial de Diligencias, quien se encontraba ejerciendo la suplencia legal como Secretaria, por no haber hecho conocer la falta de los recaudos de ley para la remisión del legajo de apelación por parte de la solicitante de tutela; a cuyo efecto, indicó que hubiese dispuesto la remisión de obrados originales, por lo antes referido, dispuso la remisión del legajo de apelación en original para que se resuelva la apelación interpuesta por la imputada (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante consideró lesionado el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, el derecho a la libertad, a la dignidad y a una respuesta pronta y oportuna, bajo el argumento que el Juez demandado no remitió ante el Tribunal de alzada, dentro el plazo de ley, el recurso de apelación interpuesto por su parte de forma oral en audiencia, contra la resolución que dispuso su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”.

Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'.

Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.2. Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar

La SCP 1140/2014 de 10 de junio, refirió: [Sobre el particular, la jurisprudencia marcada por este Tribunal, ha seguido una línea uniforme de pronunciamientos, en sentido que al tratarse de derechos fundamentales que están protegidos por la acción de libertad como son la vida y precisamente la libertad física de las personas, y tomando en cuenta el principio de celeridad que rige a todo proceso sea judicial o administrativo, los trámites dispuestos para efectivizar el acceso a su libertad no deben ser entorpecidos indebidamente, ni dilatados injustificadamente. La SCP 1287/2013 de 2 de agosto, refiriéndose a este punto y estableciendo el marco jurídico que encierra este razonamiento y citando a la SCP 0312/2013 de 18 de marzo, desarrolló: «La citada (…) [Sentencia] también señaló: “De otro lado, la 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: 'd) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley'. En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: '…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…'”». En ese marco, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, efectuando una reconstrucción de la línea jurisprudencial seguida en este tema, concluye: «… es evidente que una vez presentada la impugnación de manera escrita, el juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP. En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera el derecho a la libertad del justiciable »] (las negrillas nos corresponden).

III.3. Dilación en la remisión de la apelación incidental en medidas cautelares ante el Tribunal de alzada por falta de provisión de recaudos de ley

La SCP 0425/2018-S4 de 15 de agosto señaló: “En aplicación del art. 7 de la Ley de Transición del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional –Ley 212 de 23 de diciembre de 2011–, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, determinó que: ‘(…) al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares’.

En particular, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, en aplicación del entendimiento de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: ‘…la falta de provisión de los recaudos de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en grado, de manera que, un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté condicionado a aspectos de índole meramente pecuniario en franca transgresión de las normas establecidas a tal efecto, lo cual implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre otros; y, a partir de ello, la vulneración del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia ʽ…plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; más aún si se considera que de acuerdo al art. 7 de la Ley 212, desde el 3 de enero de 2012, se suprimieron todos los timbres judiciales y se eliminó todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de procesos…’.

Lo anteriormente anotado, establece que la falta de provisión de recaudos por parte del imputado, no exime al juzgador de la responsabilidad de darle celeridad al trámite de remisión del cuaderno procesal al Tribunal de jerárquico para la revisión del fallo, dentro el plazo de veinticuatro horas conforme determina taxativamente el art. 251 del CPP, siendo ésta una obligación ineludible de parte del Juez contralor de garantías; además de ello, la jurisprudencia que antecede y el art. 7 de la Ley de Transición para El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, –Ley 212 de 23 de diciembre de 2011–; que se encuentra en consonancia con el 178.I y 180.I de la CPE, pues la potestad de impartir justicia se sustenta –entre otro– en el principio de gratuidad; en el mismo marco, la jurisdicción ordinaria se fundamenta también en el referido principio, y el hecho de pedir recaudos de Ley sin duda quebranta –además– el principio de informalismo y por ende el acceso efectivo a la justicia; por lo que, en el Estado Constitucional de Derecho en el que nos encontramos, los principios referidos, impregnan el ordenamiento jurídico y por tanto, el razonamiento de los jueces debe partir de la Constitución” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante consideró lesionado el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, el derecho a la libertad, a la dignidad y a una respuesta pronta y oportuna, bajo el argumento que el Juez demandado no remitió ante el Tribunal de alzada, dentro el plazo de ley, el recurso de apelación incidental interpuesto por su parte de forma oral en audiencia, contra la resolución que dispuso su detención preventiva.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes aparejados al expediente. En ese orden; se evidencia que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra la ahora accionante Margarita Javier Condori, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se llevó a cabo audiencia de consideración de medidas cautelares el 8 de noviembre de 2021; en la cual, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz –autoridad demandada–, mediante Resolución 89/2021, emitida la misma fecha, dispuso la detención preventiva de la solicitante de tutela por el plazo de noventa días en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz; decisión que fue apelada de forma oral en el mismo acto procesal por parte de la impetrante de tutela; razón por la cual, mediante Auto de 8 de noviembre de 2021, la autoridad jurisdiccional demandada dispuso que en el plazo de veinticuatro horas, la Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz que se encuentra supliendo a la titular, remita el legajo de apelación al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su resolución, y al efecto, se determinó que la imputada, proporcione los recaudos de ley necesarios para enviar el mencionado recurso de apelación; sin embargo, el legajo de apelación no fue remitido ante el Tribunal de alzada dentro del plazo de ley.

Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde señalar que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, en apego al principio de celeridad, comprendido en el art. 180.I de la CPE. Así, tomando en cuenta que por imperio de lo previsto por el art. 251 del adjetivo penal, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, ésta debe ser remitida dentro de las veinticuatro horas al Tribunal Departamental de Justicia, salvo justificación razonable y fundada ante el Tribunal de apelación, en cuyo caso se concede una espera prudencial que no puede exceder los tres días; caso contrario el proceso se convierte en dilatorio. En el caso concreto, de la revisión del decreto de 19 de noviembre de 2021, emitido por la misma autoridad demandada; se tiene que el mismo, en similar fecha que la presentación de esta acción, amonestó a la Oficial de diligencias del Juzgado a su cargo, quien se encontraba ejerciendo la suplencia legal como Secretaria, por no haber hecho conocer la falta de los recaudos de ley por parte de la accionante para la remisión del legajo de apelación; y en consecuencia, dispuso la remisión del legajo de apelación en original para su resolución. Asimismo mediante informe oral presentado en audiencia de consideración de la presente acción de libertad de 1 de septiembre de 2021 por el Juez demandado ante el Tribunal de garantías, manifestó que en la localidad de Pucarani no se cuenta con la autorización para poder sacar fotocopias; tal como, ocurre en las capitales departamentales; asimismo, informó que en el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, no cuentan con auxiliares, ni menos pasantes lo que dificultó la remisión de la apelación; razones previamente descritas que justificarían la flexibilización excepcional del plazo para la remisión de recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

De lo anteriormente referido se constata que la interposición del recurso de apelación por parte de la impetrante de tutela se realizó el 8 de noviembre de 2021; y hasta la celebración de la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ante el Tribunal de garantías de 20 de noviembre del mismo año, este no fue remitido ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; de donde se evidencia que transcurrieron más de once días desde que se lo interpuso; sin que el mismo hubiera sido materializado; por lo tanto, es evidente tanto el incumplimiento del plazo establecido en el art. 251 del CPP; así como, en casos de recargadas labores o suplencias, debidamente justificadas, establecida por la SC 0542/2010-R de 12 de julio, al haber excedido los tres días de espera prudencial para hacer efectiva la apelación ante el Tribunal de alzada.

Ahora bien, en cuanto a la justificación planteada por la autoridad demandada en sentido que no hubiese remitido el cuadernillo de apelación debido a que el accionante debía brindar los recaudos de ley; puesto que, no cuentan con fotocopiadora a disposición en el Juzgado a su cargo; se debe precisar que conforme al desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en cuyo tenor establece que la autoridad demandada no puede a título de falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma; toda vez que, dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida; por tal razón, este Tribunal concluye el hecho de que la solicitante de tutela por intermedio de su abogado no se hubiera apersonado a fotocopiar el legajo de apelación, no puede ser considerada una justificación razonable, dado que la potestad de impartir justicia se sustenta en el principio de gratuidad tal como refiere el artículo 178.I CPE; por lo tanto, el argumento de no contar con una fotocopiadora en el Juzgado a su cargo, o el hecho de señalar que era una obligación que tenía la solicitante de tutela tal como se estableció en el Auto de 8 de noviembre de 2021 emitido por el Juez demandado, no exime a la autoridad jurisdiccional demandada de su responsabilidad de proteger el derecho a la impugnación, y darle celeridad al trámite de la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal superior para la revisión del fallo, dentro del plazo, conforme determina el art. 251 de la Norma Procesal Penal. En ese orden, al ser evidentes los reclamos efectuados por la accionante, que afectaron directamente a su derecho a la libertad, corresponde otorgar la tutela solicitada en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; y evitar que se vuelvan a reiterar. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2021 de 20 de noviembre, cursante de fs. 24 a 28, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, remita el recurso de apelación puesto en su conocimiento, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías y sea sin costas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0038_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 97e413cbad8b9805c05a8cb27de0837eff48df38554824698a9a8bacf5523832

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