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SCP 0037/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49868-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, esto debido a que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, los accionados no remitieron obrados al Tribunal de alzada para la resolución de los recursos de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 213/2022, que declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, en el que los impetrantes de tutela solicitaron la nulidad de la imputación formal en su contra, sus declaraciones informativas, la acción directa y el acta de recepción de indicios materiales; y por Auto Interlocutorio 230/2022, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Ricky Blas Freese Rodríguez. Ante ello, los accionados refirieron que hubo un retraso en la remisión de obrados por la alta carga procesal y porque el Juzgado no cuenta con auxiliar, además de que los propios peticionantes de tutela interpusieron otra acción de libertad, que les obligó a remitir los antecedentes del proceso al Tribunal de garantías; asimismo, existe impedimento en realizar la diligencia extrañada debido a que no se cubrieron los recaudos o fotocopias para el efecto. Por otra parte, Ricky Blas Freese Rodríguez retiró su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 230/2022. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 65/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Séptimo; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0037/2025-S2 Sucre, 24 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49868-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 65/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza y María del Carmen Raquel Arista Díaz, en representación sin mandato de Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez contra Luis Fernando García Mamani y Mauricio Antonio Flores Zabala, Juez y Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 a 3, los accionantes a través de sus representantes sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fueron privados de libertad el 21 de julio de 2022 a horas 13:00 aproximadamente, quedando en calidad de aprehendidos para luego ser conducidos, de forma injustificada y sin fundamentos, a inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), siendo incomunicados sin orden judicial hasta horas de la noche. Posteriormente, se dispuso sus detenciones preventivas, ante lo cual presentaron incidente de actividad procesal defectuosa que fue resuelto el 28 de julio de 2022 y apelaron en audiencia sin que hasta la fecha se hayan remitido obrados ante el superior en grado para su resolución, sobrepasando los tres días previstos por ley para el efecto. Asimismo, el 12 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de Ricky Blas Freese Rodríguez, interponiéndose en la misma audiencia recurso de apelación incidental de manera oral, que tampoco fue remitida al superior en grado para su resolución.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, alegan la lesión de sus derechos al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se les conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la remisión de obrados al superior en grado en el día.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, ratificaron in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y en audiencia, señalaron que: a) El hecho de que tengan varios u otros abogados de ninguna manera deslegitima la intención o preocupación de que se cumplan los principios constitucionales; b) La acción de libertad de pronto despacho o de carácter traslativo busca que se dé cumplimiento a los plazos procesales, bajo el entendido que se debe actuar con celeridad para definir la situación jurídica de un detenido preventivamente y la vulneración de derechos fundamentales; c) El 28 de julio de 2022, se llevó adelante la audiencia de incidentes de nulidad de aprehensión, actos investigativos e imputación; la decisión fue apelada de forma oral en la misma audiencia, disponiendo Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- la remisión de las actuaciones en el plazo de veinticuatro horas, lo cual no fue cumplido; d) La otra acción de libertad de 3 de agosto del mismo año, no tiene identidad de objeto, sujeto y causa, ya que a través de la misma se impugnó lo decidido en la audiencia de medidas cautelares a las resoluciones que dispusieron las medidas cautelares; sin embargo, transcurrieron veinte días sin que se haya remitido el trámite de apelación de los incidentes directamente vinculados al derecho a la libertad; e) La jurisprudencia constitucional razonó que, en situaciones excepcionales de suplencia legal o sobrecarga procesal, puede ampliarse el plazo hasta tres días máximo, no pudiendo servir como excusa el hecho de que no se haya coadyuvado con las fotocopias por parte de jóvenes privados de libertad; y, f) Que Ricky Blas Freese Rodríguez -accionante-haya retirado su apelación es independiente; lo que principalmente se reclama, es lo relativo a la resolución de la impugnación dentro del trámite de los incidentes de actividad procesal defectuosa.

I.2.2. Informe de los accionados

Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 31 y vta., refirió que los antecedentes respectivos al objeto de la tramitación de la apelación no fueron remitidos dentro de las veinticuatro horas por los siguientes motivos: 1) Su despacho tiene alta carga procesal y no cuenta con auxiliar; 2) La Oficina Gestora de Procesos remitió las grabaciones correspondientes a las audiencias veinticuatro horas después de llevadas a cabo, momento desde el cual se procedió a la transcripción correspondiente; 3) El 3 de agosto de 2022, fue notificado con el señalamiento de otra acción de libertad interpuesta por los mismos accionantes, teniendo que remitir los antecedentes del proceso al Tribunal de garantías, el cual recién fue devuelto el 10 del mismo mes y año; 4) Ricky Blas Freese Rodríguez se apersonó con una nueva defensa técnica y retiró su apelación contra el Auto Interlocutorio 230/2022 de 12 de agosto, pronunciada en una audiencia de cesación a la detención preventiva; y, 5) Solicita se rechace la acción de libertad. Mauricio Antonio Flores Zabala, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 32 y vta., indicó que: i) No se remitieron los antecedentes por la alta carga procesal y la falta de auxiliar, lo cual recargan sus labores; ii) La Oficina Gestora de Procesos remite las grabaciones de las audiencias veinticuatro horas después de llevadas a cabo; iii) El 3 de agosto de 2022, el Juez accionado fue notificado con el señalamiento de una acción de libertad, siendo el cuaderno remitido al Tribunal de garantías, que recién fue devuelto el 10 del mismo mes y año, no siendo la dilación atribuible a su despacho judicial; iv) La parte accionante no se aproximó al Juzgado a efectos de poder sacar las copias para armar el legajo de apelación para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada correspondiente, extremo que fue advertido pero solamente se limitaron a preguntar los nombres de los funcionarios para presentar su acción de libertad, sin siquiera revisar el cuaderno de control jurisdiccional; v) Si bien cuentan con “copias” que proporciona el Consejo de la Magistratura, estas son limitadas y se terminan a fin de mes, siendo proporcionadas nuevamente al quinto día del mes siguiente; vi) En cuanto a la audiencia de cesación a la detención preventiva de Ricky Blas Freese Rodríguez y la apelación del Auto Interlocutorio 230/2022, se tiene que se apersonó con nueva defensa técnica y retiró dicho recurso; y, vii) No existió vulneración del derecho al debido proceso, pues la parte impetrante de tutela narró los hechos de manera irracional y no se aproximó a revisar el cuaderno de control jurisdiccional, además de evitar mencionar otras acciones de libertad que fueron interpuestas con el objeto de dilatar el proceso penal, pues conlleva remitir los antecedentes, que no son devueltos a la brevedad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Séptimo, constituido en Juez de garantías, por Resolución 65/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 36 a 38, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas desde su legal notificación, las autoridades accionadas cumplan con la remisión de los antecedentes de la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 213/2022 de 28 de julio, que declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes, por el delito de tenencia y porte o portación ilícita, el Juez accionado rechazó sus incidentes de actividad procesal defectuosa de la imputación formal, declaraciones informativas, acción directa y acta de recepción de indicios materiales a través del Auto Interlocutorio 213/2022; b) Dicha Resolución está ligada directamente a la libertad de los impetrantes de tutela, correspondiendo ingresar al fondo de la problemática de la acción de libertad; por lo que, al no haberse remitido obrados para la resolución de la apelación incidental se vulneró el derecho a la tutela judicial pronta y oportuna, a la celeridad en la tramitación de actuaciones judiciales vinculadas a la libertad de los ciudadanos, correspondiendo conceder la tutela respecto a ambos accionados; c) No corresponde argumentar falta de fotocopias, pues el Tribunal de alzada puede recibir legajos de apelación en originales cuando existe este impedimento material o de recursos; más aún, cuando se tratan de antecedentes ampulosos; d) En cuanto a la apelación incidental del Auto Interlocutorio 230/2022, por la cual el Juez accionado rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Ricky Blas Freese Rodríguez, se tiene que dicho recurso fue retirado, no correspondiendo ingresar al fondo de la problemática planteada; y, e) No corresponde ninguna remisión de antecedentes para proceso disciplinario o penal, dado que los accionados no pueden erogar dineros de su peculio para la remisión de la apelación incidental.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de inicio de investigaciones, imputación formal y remisión de aprehendido presentado el 22 de julio de 2022, por el cual la Fiscal de Materia imputó a Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez -ahora accionantes-, y solicitó la aplicación de detención preventiva (fs. 10 a 16 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 213/2022 de 28 de julio, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa en el que los impetrantes de tutela, solicitaron la nulidad de la imputación formal, las declaraciones informativas, la acción directa y el acta de recepción de indicios materiales; resolución que fue objeto de apelación incidental por parte de los peticionantes de tutela, que fue concedida en el efecto no suspensivo, disponiendo la remisión de obrados a conocimiento de la autoridad jerárquica en el plazo previsto por ley (fs. 17 a 23). II.3. Por nota de 3 de agosto de 2022, el Juez accionado remitió obrados del proceso penal ante el “TRIBUNAL PRIMERO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ” (sic), debido a la interposición de otra acción de libertad (fs. 24). II.4. A través del Auto Interlocutorio 230/2022 de 12 de agosto, el Juez accionado rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante Ricky Blas Freese Rodríguez, la cual fue objeto de apelación incidental por parte de su defensa técnica, siendo concedido este recurso en el efecto no suspensivo con la correspondiente remisión de obrados a la autoridad jerárquica en el plazo previsto por ley (fs. 25 a 29). II.5. Se tienen diligencias de notificación de 18 de agosto de 2022, con la acción de libertad al Juez accionado a horas 13:03 y al Secretario coaccionado a horas 13:02 (fs. 8 a 9). II.6. Cursa memorial presentado el 18 de agosto de 2022 a horas 10:55 por el accionante Ricky Blas Freese Rodríguez, retirando su apelación incidental respecto a lo decidido sobre la cesación a su detención preventiva; y, proveído de la misma fecha, por el cual el Juez accionado tuvo por retirado el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 230/2022 (fs. 30 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, esto debido a que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, los accionados no remitieron obrados al Tribunal de alzada para la resolución de los recursos de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 213/2022, que declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, en el que los impetrantes de tutela solicitaron la nulidad de la imputación formal en su contra, sus declaraciones informativas, la acción directa y el acta de recepción de indicios materiales; y por Auto Interlocutorio 230/2022, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Ricky Blas Freese Rodríguez. Ante ello, los accionados refirieron que hubo un retraso en la remisión de obrados por la alta carga procesal y porque el Juzgado no cuenta con auxiliar, además de que los propios peticionantes de tutela interpusieron otra acción de libertad, que les obligó a remitir los antecedentes del proceso al Tribunal de garantías; asimismo, existe impedimento en realizar la diligencia extrañada debido a que no se cubrieron los recaudos o fotocopias para el efecto. Por otra parte, Ricky Blas Freese Rodríguez retiró su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 230/2022. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…). De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Identificado el objeto procesal, de la revisión de los antecedentes procesales aparejados al expediente constitucional, y de lo referido por los sujetos procesales, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes, por la supuesta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita, estos fueron imputados formalmente (Conclusión II.1), habiendo el Juez accionado dispuesto su detención preventiva. Posteriormente, los impetrantes de tutela plantearon incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de la imputación formal, las declaraciones informativas, las actas de acción directa y de recepción de indicios materiales, el cual fue rechazado por el Juez accionado mediante Auto Interlocutorio 213/2022 de 28 de julio, quien además expresó en su parte considerativa que: “…tal acta de recepción de indicios materiales establece quiénes serían las personas que se encuentran firmando la misma y cómo se habría realizado y al tenor de lo que nos señala también la defensa técnica de que, no habría habido participación del Fiscal, debe tenerse en consideración que el Código de Procedimiento Penal establece que la policía boliviana puede realizar la aprehensión de determinadas personas cuando existan los fundamentos establecidos por el art. 227 del Código de Procedimiento Penal, respecto justamente a que exista un principio específico, de flagrancia, LO CUAL NO HA SIDO RECLAMADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS AHORA IMPUTADOS, toda vez que, NO SE HA PRESENTADO UN INCIDENTE DE ILEGALIDAD DE APREHENSIÓN EN ESTA AUDIENCIA…” (sic [Conclusión II.2]); por lo que, se tiene que el incidente de nulidad interpuesto se basó en reclamos respecto al incumplimiento de requisitos formales en diferentes actuados procesales que no están directamente relacionados a la restricción o supresión del derecho a la libertad de los peticionantes de tutela, como son sus declaraciones informativas, las actas de acción directa y de recepción de indicios materiales. Asimismo, en cuanto a la solicitud de nulidad de imputación formal, se tiene que esta tampoco tiene relación directa con la restricción o supresión del derecho a la libertad de los accionantes, es decir, respecto a la determinación de su situación jurídica en cuanto a la medida de detención preventiva, pues esta emerge de actuados suscitados dentro del régimen de medidas cautelares y su imposición por parte del Juez accionado; por lo que, la problemática relativa al incumplimiento del plazo de veinticuatro horas para la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 213/2022, no es una problemática que pueda ser resuelta vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho conforme a lo razonado en la jurisprudencia constitucional (Fundamento Jurídico III.1), correspondiendo denegar la tutela impetrada. A mayor abundamiento, se tiene que en la SCP 0862/2019-S1 de 11 de septiembre, ya se razonó que lo relativo a la resolución de un incidente de actividad procesal defectuosa respecto a una imputación formal no tiene relación directa con la restricción al derecho a la libertad: “…tampoco puede aducir que existiría una eventual amenaza de ello al no resolverse su incidente contra la imputación en su contra, pues -se reitera-la resolución de dicho incidente no tiene relación directa con la restricción a su libertad, sino que ello emergerá de los actuados a suscitarse en la etapa preparatoria concretamente del despliegue que se desarrolle dentro del régimen de medidas cautelares y su imposición o no en el caso, de acuerdo a la decisión que asuma la autoridad competente dentro de los marcos establecidos por la norma procesal penal ”. Finalmente, respecto a la demora en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 230/2022 de 12 de agosto, por el cual la autoridad accionada rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante Ricky Blas Rodríguez (Conclusión II.4), se tiene que este último presentó memorial el 18 de agosto de 2022 a horas 10:55, retirando su recurso, lo cual fue proveído por el Juez accionado el mismo día (Conclusión II.6); por lo que, al haberse suscitado este extremo antes de la notificación de los accionados con la acción de libertad el mismo día en horas posteriores (Conclusión II.5); en el presente caso, operó lo que en la jurisprudencia constitucional se entiende por pérdida de materia o sustracción del objeto procesal, esto debido a que el petitorio se tornó en insubsistente al haber el hecho lesivo desaparecido antes de que el Juez accionado y Secretario coaccionado asumieran conocimiento de la acción de defensa, haciendo ineficaz una eventual concesión de tutela e impidiendo que se ingrese a resolver el fondo de la problemática planteada (SCP 0619/2019-S1 de 25 de julio), ameritando por ello la denegatoria de la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 65/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Séptimo; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0037_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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