Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de febrero de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso relacionado a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se dispuso la aplicación en su favor de medidas cautelares de carácter personal mediante Auto Interlocutorio de 17 de junio de 2022, las cuales fueron cumplidas en su totalidad; por lo que, el 17 de agosto del mismo año, solicitó la extensión de mandamiento de libertad; empero, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba hasta la fecha de interposición de la acción tutelar no emitió respuesta alguna, sobrepasando el plazo de veinticuatro horas con la que contaba para decretar su petición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, así como de la acción de libertad innovativa; b) Cumplimiento de las medidas cautelares dispuesta por la autoridad jurisdiccional, para efectivizar el mandamiento de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2025-S4 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49997-2022-200-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Josue Gonzalo Daza Mendoza en representación sin mandato de Wilfredo Pancata Vera contra Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, aplicó Procedimiento Inmediato al tratarse de un delito en flagrancia, disponiendo su detención preventiva por el tiempo de treinta días, fijando audiencia de revisión de situación jurídica para el 17 de junio de 2022. En la referida audiencia, se benefició con medidas sustitutivas a la Detención Preventiva entre las cuales se encontraban: a) Presentación periódica ante el Ministerio Público cada diez días; b) El arraigo personal; c) La prohibición de comunicarse por medio de terceras personas con los partícipes; y, d) Fianza económica de bs20 000.- (veinte mil bolivianos), medidas que fueron otorgadas por la Autoridad Jurisdiccional -ahora demandada- en la que dispuso… “SE ACLARA A LAS PARTES QUE LA LIBERTAD UNICAMENTE SEHARA EFECTIVA CONFORME ESTABLECE EL ART. 245 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic); es así que, por memorial de 17 de agosto de 2022 presentado ante la Gestoría Quinto y remitido de forma inmediata y con carácter urgente ante el despacho judicial, se solicitó se pueda expedir el mandamiento de libertad provisional; toda vez que se dio cumplimiento con la presentación de los Certificados de Arraigo y de Depósito Judicial; sin embargo, la accionada incumplió lo establecido en el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, la providencia a su solicitud debía ser emitida dentro de las veinticuatro horas, aspecto que no sucedió, hasta la fecha -se entiende al momento de presentar la presente acción de defensa- la autoridad demandada no resolvió su petitorio de obtener su libertad; ya que el memorial fue presentado a horas 11:28 am, teniendo el plazo para decretarlos hasta las 15:20 pm, incumpliendo las obligaciones establecidas en los arts. 132, 135 y 245 del CPP, atentando contra su derecho a la libertad.
Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso relacionado a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: 1) En el día se resuelva su solicitud de 17 de agosto de 2022, en la que se emita el mandamiento de libertad provisional en su favor, notificando por medio de Comisión Instruía al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba; 2) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura; y, 3) Se condene en el pago de costas y daños civiles.
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de defensa, se celebró el 19 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 40, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad.
Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 19 de agosto de 2022, cursante a fs. 35, refirió que: i) Las innumerables audiencias y la carga procesal que tiene su despacho, hace imposible que las causas se atiendan en los plazos establecidos por ley; y, ii) Verificando el expediente y el estado de la causa, se advierte la inexistencia de vulneración o quebrantamiento a las normas constitucionales, solicitando se deniegue la tutela.
Cesar Ariel Rioja Bustamante, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 34 y vta., señaló que: a) Se presentó un memorial el 17 de agosto de 2022 solicitando mandamiento de libertad, la cual pasó a despacho en la misma fecha; escrito que fue proveído el 18 de igual mes y año; b) Finalizando la tarde de la referida fecha, la autoridad jurisdiccional ordenó recoger el depósito judicial original de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), posteriormente en la fecha -19 de agosto de 2022- se emite un decreto en la cual se ordena se expida el mandamiento de libertad, la cual no fue firmado por la demandada, recibiendo la orden que previamente se debía notificar a Depósitos Judiciales para la firma de la constancia del referido depósito; y, c) Bajo presión ordena a la Auxiliar sortee el proceso a un Juzgado de Sentencia por existir Acusación previo a notificarse con el mandamiento de libertad. Limbert Claure, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que: 1) La acción de libertad procede cuando se está indebidamente procesado, o indebidamente privado de su libertad, presupuestos que no concurren el presente caso, pues el accionante está privado de libertad fruto de una determinación de detención preventiva, por lo que no existe una privación indebida, menos un procesamiento indebido; 2) El impetrante de tutela refiere la presentación de memorial de 17 de agosto de 2022, en la que solicitan se expida un mandamiento de libertad, equivocando la presentación de la acción de libertad, debiendo reclamar su petición bajo el presupuesto de pronto despacho; además se debió tomar en cuenta lo establecido en la SC 160/2005-R de 23 de febrero, la cual sentó jurisprudencia relativo a la subsidiariedad con la que cuenta la acción de libertad, debido haber impugnado la providencia emitido por la autoridad judicial, y al no haberlo hecho no podía presentar la acción de defensa, solicitando que se deniegue la tutela.
El Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 a 45, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo: i) La notificación en el día con el Mandamiento de Libertad al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, ii) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; y, denegó la tutela en relación al pago de costas y daño civil, todo con base en los siguientes fundamentos: a) Se advierte aspectos relativos a la debida diligencia que pesan en las solicitudes de libertad cuando se cumplen los requisitos exigidos por la Ley, debiendo las autoridades aplicar el principio de celeridad en dichas peticiones, por lo que, en el caso concreto debe aplicarse la acción de libertad en su modalidad traslativa o pronto despacho conforme lo establecido en la SCP 0041/2021-S3 de 29 de marzo; b) Se observa la presentación de un memorial de 17 de agosto de 2022 en la cual solicita a la autoridad accionada se expida en su favor el mandamiento de libertad al haber dado cumplimiento a las medidas impuestas conforme establece el art. 245 del CPP, por lo que, debía haberse emitido respuesta dentro las veinticuatro horas -10:55 del 18 del mismo mes y año-; memorial que si bien cuenta con una respuesta en la indicada fecha; empero, se observa que la misma no resuelve la pretensión incoada, sino que la demandada dispuso un trámite administrativo que no cuenta con sustento jurídico, existiendo una dilación en la otorgación del mandamiento de libertad; c) Conforme al principio de verdad material, se tiene que los decretos de 18 y 19 de agosto de 2022 fueron remitidas recién a la Oficina Gestora para que se efectúen las respectivas notificaciones, es decir, de forma posterior a la interposición de la acción de defensa; y, d) Es evidente que el impetrante de tutela no obtuvo una respuesta oportuna, en la que se generó un trámite no regulado por ley, pese a que se cumplió con las prerrogativas ordenadas por la autoridad jurisdiccional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de 17 de junio de 2022, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada-, en la que se dispuso otorgar en favor de Wilfredo Pancata Vera -ahora accionante- medidas cautelares de carácter personal, consistentes en:
1. Tiene la obligación de presentarse ante la fiscal que dirige la investigación cada 10 días a fin de suscribir el libro correspondiente en su caso registrarse en el padrón biométrico de la Fiscalía Departamental. 2. Se le prohíbe salir del departamento de Cochabamba y del país sin autorización judicial, a tal efecto debe tramitar su arraigo disponiéndose la notificación del Director Departamental de Migración, debiendo acreditar dicho aspecto con la certificación respectiva.
3. Se le prohíbe comunicarse por si y/o a través de terceras personas con los posibles co partícipes, siempre que no afecte su derecho a la defensa.
4. Se le impone una fianza de carácter económico, en la suma de Bs. 20.000.- (Veinte mil 00/100 Bolivianos), que podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda e hipoteca.
Se aclara a las partes que la libertad únicamente se hará efectiva conforme establece el Art. 245 del CPP. (sic (fs. 2 a 3)). II.2. Consta memorial de 17 de agosto de 2022, por el cual el impetrante de tutela, solicita a la autoridad jurisdiccional que habiendo dado cumplimiento a las medidas impuestas conforme el art. 245 del CPP, se expida el Mandamiento de Libertad Provisional y se notifique al Director del Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Cochabamba por medio de Comisión Instruida, en la adjuntó las pruebas de Certificación de Migración y Depósito Judicial (fs. 4 y 6). II.3. Por decreto de 18 de agosto de 2022, la autoridad demandada, ordenó al Secretario del Juzgado, que previo a emitir el Mandamiento de Libertad se debe recabar de la DAF el Certificado de Depósito Judicial en original (fs. 24). II.4. Por Auto de 19 de agosto de 2022, la autoridad jurisdiccional, señaló que:
Por acompañada, en copia celeste el Certificado de depósito judicial Nº 0067890 con Nº Exp. 301010719 de fecha 15 de agosto de 2022 por concepto de fianza en el monto de Bs.20.000.- arrimese a sus antecedentes, asimismo por acompañado el certificado de arraigo teniéndose por cumplidas dichas medidas cautelares. Por secretaría expídase el correspondiente mandamiento de libertad conforme prevé el Art. 245 del CPP, y toda vez que no consta el C.D.J. en original se reitera al Sr. Secretario-Abogado de este despacho judicial cumpla a cabalidad el proveido de fecha 18 de agosto de 2022, a efecto notifíquese al Encargado de la oficina de Depósitos Judiciales a fin de que consigne la nota de entrega de constancia respectiva conjuntamente el prenombrado funcionario. Finalmente, el Sr. Secretario-Abogado de este despacho judicial deberá cumplir a cabalidad con lo determinado por Auto de fecha 11 de agosto de 2022 sea bajo responsabilidad funcionaria (sic (fs. 27)). II.5. Cursa Mandamiento de Libertad de 19 de agosto de 2022 emitido por la autoridad demandada en favor del peticionante de tutela, ordenando al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, ponerle en inmediata libertad, siempre que no esté detenido por otras causas (fs. 33).
El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso relacionado a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se dispuso la aplicación en su favor de medidas cautelares de carácter personal mediante Auto Interlocutorio de 17 de junio de 2022, las cuales fueron cumplidas en su totalidad; por lo que, el 17 de agosto del mismo año, solicitó la extensión de mandamiento de libertad; empero, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba hasta la fecha de interposición de la acción tutelar no emitió respuesta alguna, sobrepasando el plazo de veinticuatro horas con la que contaba para decretar su petición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, así como de la acción de libertad innovativa; b) Cumplimiento de las medidas cautelares dispuesta por la autoridad jurisdiccional, para efectivizar el mandamiento de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (…) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una 4 declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias” (reiterada en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre). [Las negrillas nos pertenecen].
Inicialmente es pertinente mencionar que una de las políticas e iniciativas del Estado Plurinacional de Bolivia en consonancia con el bloque constitucional y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es precisamente el de asumir por los Estados partes respecto a líneas de acción y políticas públicas sobre medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva en los países miembros, toda vez que el objeto principal es precisamente reducir la prisión preventiva, brindando al procesado la oportunidad material de poder asumir defensa en libertad y cumpliendo las medidas sustitutivas que tengan a bien establecer las respectivas autoridades jurisdiccionales de las distintas regiones, toda vez que el no asumir este desafío y enfoque como política del Estado puesto en práctica a través de las correspondientes autoridades judiciales, impedirá que la utilización de este régimen restrictivo (detenciones preventivas para investigar) no sólo que llegue a ser la regla sino que no será compatible con los estándares internacionales en la materia que tienden a respetar y poner en alta estima el derecho a la libertad de las personas.
En ese entendido, todo el bloque constitucional se encuentra direccionado a las acciones relacionadas con el diseño, implementación y seguimiento de las medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva, basados en el principio de presunción de inocencia, empero guiados por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esta guía constituye un instrumento que promueve un verdadero cambio de paradigma en la concepción de las autoridades y sujetos procesales sobre la procedencia y necesidad de la aplicación del régimen de referencia, y por otra parte, llama la atención respecto a las ventajas y la necesidad de ampliar la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, como medio para optimizar la utilidad social del sistema de justicia penal y los recursos disponibles del Estado.
Entonces si las medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva representa una ventaja para la reducción del hacinamiento carcelario, evita la desintegración y estigmatización comunitarias derivadas de las consecuencias personales, familiares y sociales de la prisión preventiva, en cierta manera disminuye las tasas de reincidencia, además de utilizar de manera más eficiente los recursos públicos, además que resulta un medio para optimizar la utilidad social del sistema de justicia penal y los recursos disponibles; no es menos claro y evidente que al momento de infligir alguna medida alternativa o bien denominado en nuestra economía procesal penal como medidas cautelares, estas al haberse constituido con la única finalidad de asegurar de que el procesado se encuentre presente en toda la tramitación del juicio hasta a obtención de la sentencia correspondiente; no deja de ser menos exigible que para dejar de aplicar lo que en determinado sistema inquisitivo se aplicó como regla general la detención preventiva, es necesario que el imputado luego de beneficiarse de una resolución de cesación a la detención preventiva, deba cumplir las medidas cautelares (medidas alternativas) que hubiere considerado el operador de justicia pues esa es la única condición en una interpretación teleológica o finalista que ha previsto el legislador para asegurar la presencia del imputado o procesado en toda la tramitación del proceso penal.
En cuanto a la exigencia de cumplimiento de medidas cautelares distintas a la detención preventiva, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre señaló que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, solo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren ordenado; dicho entendimiento fue reiterado en las SSCC 0550/2010-R de 12 de julio , 1468/2011-R de 10 de octubre ; y, confirmado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio .
De la jurisprudencia desarrollada a través de las referidas sentencias precedentemente, se advierte que para la efectivización de la libertad provisional del detenido preventivamente, en los casos en los que la autoridad jurisdiccional dispone la cesación de la medida cautelar, previamente debe cumplir con las medidas sustitutivas para efectivizar su libertad.
Ahora bien, entre las medidas cautelares distintas a la detención preventiva, conforme se tiene de los arts. 241 y 242 del CPP., se tiene la fianza económica y el arraigo, medidas cautelares personales que consisten la primera relacionada al depósito judicial de un emolumento económico establecido por el juez de la causa que tiene como única finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal; en tanto, que la medida cautelar de arraigo referido a la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o de un determinado ámbito territorial, sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el arraigo correspondiente.
En todo caso sea cual fuere la medida cautelar impuesta o en su caso ambas medidas infligidas al procesado que se benefició con la cesación a la detención preventiva, previo a que el juez de instrucción emita el correspondiente mandamiento de libertad, tal cual refiere la SC 0997/2001-R de 18 de septiembre con carácter previo deberán ser cumplidas dichas medidas cautelares alternativas.
Siguiendo la línea jurisprudencial precedentemente mencionada de igual modo la SC 1096/2003-R de 7 de agosto señaló que el juez de instrucción 4 El FJ III.2, refiere: “La SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, expresó que: `Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: «...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva» (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre)…´”. 5 Que, el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, prevé las medidas substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a determinados lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por prescripción del artículo 241 del citado cuerpo legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, el Juez de la causa, debe verificar que dichas medidas se hubieran cumplido. Que en el caso presente, si bien el art. 245 del Cód. Pdto. Pen. prevé que la libertad sólo se hará efectiva, luego de haberse otorgado la fianza, esa norma es aplicable a aquellos casos en los que como medida substitutiva se dispone una fianza real, pero no es excluyente de la obligación que tiene el procesado de cumplir con las otras medidas impuestas como en el caso del arraigo, más aún cuando las autoridades recurridas favoreciendo al representado ya sustituyeron la fianza real, por la de carácter personal. Consiguientemente si el procesado no ha cumplido con las obligaciones impuestas como es el registro del arraigo, que debe ser certificado, no puede exigir se le otorgue la libertad, que está sujeta al cumplimiento de dicha medida. 6 III.1 Que con relación al objetivo por el que se imponen las medidas sustitutivas, los deberes del Juez para cerciorarse del cumplimiento de las mismas y en concreto sobre cómo debe acreditarse la de arraigo, este Tribunal en la SC 997/2001-R de 18 de septiembre, estableció que:
(...) el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, prevé las medidas substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a determinados lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por es quien debe, previo a emitir el correspondiente mandamiento de libertad, verificar si el imputado cumplió con las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, el arraigo con la certificación emitida por la autoridad competente de acuerdo al régimen legal previsto por el DS 24423 de 2 de diciembre de 1996, que reconoce a la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, como organismo operativo de la Subsecretaría de Migración, entre cuyas atribuciones, señaladas en el art. 20 inc. m) se establece la siguiente: “Llevar y controlar el Registro Nacional de Arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el levantamiento de arraigos informados por las Administraciones Departamentales”; de modo que la certificación, se constituye en una constancia para el propio juzgador de que su determinación fue cumplida, vale decir, que la orden de arraigo ha sido inscrita en el Registro Nacional de Arraigos.
En ese mismo sentido SC 0061/2007-R de 8 de febrero, señaló que:
“(…) De acuerdo al régimen legal previsto por el Decreto Supremo (DS) 24423, de 2 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, organismo operativo de la Subsecretaría de Migración, tiene como atribución, entre otras, la de llevar y controlar el Registro Nacional de Arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el levantamiento de arraigos informados por las Administraciones Departamentales [art. 20 inc. m]; y, si bien es evidente, que para el efecto debe realizarse el trámite correspondiente para que la orden de arraigo o desarraigo se encuentre registrada y de ese modo se pueda obtener una certificación; no es menos cierto, que dicho trámite al estar vinculado al derecho fundamental de locomoción de la persona, debe concluir en un plazo razonable; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que tratándose del arraigo, la certificación expedida por el responsable de Migración dando cuenta del registro, representa la evidencia para que la autoridad judicial tenga la certeza de que la medida que ha impuesto ha sido efectivamente cumplida por el imputado o procesado; puesto que, una situación contraria, podría dar lugar, a que las medidas sustitutivas impuestas sean agravadas o en su defecto, revocadas, dando lugar inclusive, a la detención preventiva de la persona si concurren los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP”.
(…) prescripción del artículo 241 del citado cuerpo legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, el Juez de la causa, debe verificar que dichas medidas se hubieran cumplido.”
“(...) si bien el art. 245 del Cód. Pdto. Pen. prevé que la libertad sólo se hará efectiva, luego de haberse otorgado la fianza, esa norma es aplicable a aquellos casos en los que como medida substitutiva se dispone una fianza real, pero no es excluyente de la obligación que tiene el procesado de cumplir con las otras medidas impuestas como en el caso del arraigo, más aún cuando las autoridades recurridas favoreciendo al representado ya sustituyeron la fianza real, por la de carácter personal. Consiguientemente si el procesado no ha cumplido con las obligaciones impuestas como es el registro del arraigo, que debe ser certificado, no puede exigir se le otorgue la libertad, que está sujeta al cumplimiento de dicha medida.”
III.2 Que, la línea jurisprudencial referida sobre la forma en cómo se debe acreditar el cumplimiento del arraigo tiene su razón de ser y sustento jurídico, puesto que si bien puede expedirse la orden de arraigo y entregarse a la Oficina correspondiente de Migración, con este único acto no basta para que la autoridad responsable del control jurisdiccional de una investigación dé como cumplida su orden, pues es razonable que exija una certificación de que se ha procedido al registro, de modo que no se deje posibilidad alguna de que el procesado pueda salir del país, ya que la medida se constituye de máxima importancia para evitar la fuga del imputado o procesado, pues de existir tal posibilidad sería de responsabilidad del juzgador por no haberse cerciorado de que el imputado o procesado realmente estaba arraigado, de manera que, cuando el Juez Cautelar exige la certificación de ningún modo está trabando u obstaculizando la libertad, sino que simplemente está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas que ha impuesto han sido efectivamente cumplidas por el imputado.
III.2. De los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal se tiene que, por Resolución de 7 de diciembre de 2006, la Jueza recurrida dispuso la cesación de la detención preventiva del recurrente, disponiendo entre otras medidas sustitutivas el arraigo, otorgándole un plazo de quince días a partir de la emisión de la Resolución para la exhibición del certificado correspondiente. El recurrente por memorial de 11 de diciembre, señalando que adjunta certificado de arraigo y de depósito del monto de la fianza, solicitó expida mandamiento de libertad, mereciendo el proveído de 14 de diciembre de 2006, ordenando que, previamente exhiba el certificado requerido y se arrime a sus antecedentes el certificado de depósito judicial.
Conforme a la jurisprudencia descrita se tiene que para la acreditación de cumplimiento de las medidas cautelares como son la fianza económica o el arraigo, como requisitos previos para efectivizar el mandamiento correspondiente, el imputado al momento de exigir se haga efectiva la libertad física, es imprescindible que se acredite su cumplimiento con la presentación del mandamiento de arraigo en el caso de prohibición de abandonar el país o la constancia de depósito judicial en el caso de una fianza económica; toda vez que sólo así la autoridad que conozca la solicitud que se extienda el mandamiento de libertad tendrá la certeza de que la medida sustitutiva será cumplida, razonamiento que también fue expresado en el Fundamento Jurídico III.2. de la SCP 0024/2014-S2 de 10 7 III.2. Efectivización de la libertad luego de cumplir las medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Respecto a los requisitos exigibles para viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció que: ”Teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar no tiene efecto suspensivo, entonces se entiende que la misma provocará la inmediata ejecución de la decisión adoptada sin perjuicio de aguardar los resultados de parte del Tribunal de alzada. En consecuencia, siguiendo ese razonamiento, cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad , entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad. La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la efectividad de la libertad después de la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, a través de la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, señaló: '…lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP. Cuando no se reúnen estos supuestos, se ha determinado que lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas…'. En el mismo sentido, las SSCC 0318/2003-R, 0679/2003-R y 1085/2003-R. En ese mismo orden, las SSCC 0550/2010-R y 1242/2010-R, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, determinaron: '…para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva'” (las negrillas son añadidas). Precisando en el mismo sentido, la citada SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, concluyó respecto al cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas que: “En consecuencia, el juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a de octubre, el cual refiere a la obligatoriedad de dar cumplimiento a las medidas cautelares de fianza económica y arraigo establecidas por el juez de la causa, debiendo acreditar por el procesado el cumplimiento de dichas medidas.
Finalmente, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, se tiene que luego de sustanciada una audiencia cautelar o de consideración de cesación a la detención preventiva y el imputado se beneficia de alguna o algunas medidas cautelares alternativas a la detención preventiva de su persona, el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, es el cumplimiento de las últimas medidas impuestas por el juez de la causa, claro está que se deben discriminar dos momentos procesales en su consecución; por un lado, las exigencias establecidas para ser cumplidas antes de concederse la libertad, entre ellas, las garantías reales o personales, las fianzas, los arraigos; y por otro lado, están las medidas posteriores a su libertad también a ser cumplidas, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades v.gr. la fiscalía, o instancias determinadas por la autoridad, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales; en resumidas cuentas, conforme establece la SCP 1096/2019-S1 de 26 de noviembre una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”. 8 III.1. Cumplimiento de medidas sustitutivas hace exigible librar el mandamiento de libertad en forma inmediata Al respecto, la SCP 1019/2017-S2 de 25 de septiembre, citando a la SCP 0241/2014-S2 de 19 de diciembre señaló que: “‘La jurisprudencia constitucional, ha establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, entendimiento que fue reiterado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, citando a la SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, señaló que: «Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: ‘...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’(SC 1447/2004-R de 6 de septiembre).
En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado».
Asimismo, respecto a la efectivización de la libertad, luego de cumplir las medidas sustitutivas a la detención preventiva, la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció que: «(…) cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad»’” (las negrillas son nuestras).
decisión o consecuencia lógica será de conceder la libertad, emitiendo el mandamiento de libertad correspondiente, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado.
En ese sentido, la comprobación por parte del juez de instrucción, del cumplimiento previo de aquellas medidas cautelares como son la de arraigo, fianza económica o cualesquier otra medida cautelar, no hace otra cosa que asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso penal; por lo tanto, al comprobarse dicho cumplimiento, se hace exigible la efectivización de librar el mandamiento de libertad correspondiente. Por ello, cuando el Juez o Tribunal se arroga el deber de exigir el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares infligidas al procesado, de ningún modo está trabando el derecho del interesado, en todo caso, está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas cautelares impuestas sean cumplidas a cabalidad.
El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso relacionado a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se dispuso la aplicación en su favor de medidas cautelares de carácter personal mediante Autor Interlocutorio de 17 de junio de 2022, las cuales fueron cumplidas en su totalidad; por lo que, el 17 de agosto de 2022, solicitó la extensión del mandamiento de libertad; empero, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba hasta la fecha de interposición de la acción tutelar no emitió respuesta alguna, sobrepasando el plazo de veinticuatro horas con la que contaba para decretar su petición. En ese entendido de la relación de antecedentes traídos en revisión a este Tribunal, se tiene que el 17 de junio de 2022, la Jueza demandada pronunció el Auto Interlocutorio de la misma fecha en la que otorgó en favor del accionante medidas cautelares de carácter personal consistentes en: a) Presentarse ante el Ministerio Público cada diez días; b) Prohibición de salir del departamento y del país disponiendo su arraigo; c) Prohibición de comunicarse con los posibles co-partícipes del hecho; y, d) Fianza económica en la suma de bs20 000.- (veinte mil bolivianos), con los cuales una vez cumplidos se emitiría el correspondiente mandamiento de libertad; es así, que por memorial de 17 de agosto de 2022, el impetrante de tutela solicitó se emita en su favor el mandamiento de libertad tras haber dado cumplimiento a las medidas impuestas, y la respectiva notificación del Director del Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Cochabamba por medio de Comisión Instruida, memorial que fue providenciado por decreto de 18 de igual mes y año, por el cual la autoridad demandada ordenó al Secretario del Juzgado recabar de la DAF el Certificado de Depósito Judicial en original, para posteriormente el 19 de idéntico mes y año emitir el Auto de dicha fecha por la que se ordena se expida el correspondiente mandamiento de libertad en favor del accionante, habiéndose emitido dicho documento en la fecha referida (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5). En ese contexto, considerando que la pretensión del impetrante de tutela, -descrita en su memorial de acción de libertad-, es la emisión del mandamiento de libertad tras haber cumplido con todas las medidas dispuestas por Auto Interlocutorio de 17 de junio de 2022, configurándose su acción de defensa en una traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (Fundamento Jurídico III.1), pretensión que se encuentra en estricta relación con el principio de celeridad; el cual, fue desarrollado en el referido Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, refiriendo que el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa ya que, no obstante de encontrarse privado de su locomoción, sus demás derechos se encuentran vigentes, por lo tanto, sus solicitudes deben ser atendidas con prontitud y celeridad por toda autoridad judicial o administrativa. Ahora bien, el accionante dirige la presente acción de defensa contra la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, quien no atendió la solicitud de emisión de mandamiento de libertad, tras haber cumplido con todas las medidas impuestas conforme lo establecido en el Auto Interlocutorio de 17 de junio de 2022 -Conclusión II.1-. En ese contexto, conforme se tiene de los antecedentes se tiene que el impetrante de tutela considera lesionado su derecho ante la dilación en una respuesta pronta y oportuna cuando solicita el 17 de agosto de 2022 el mandamiento de libertad; ahora bien, en ese orden de ideas, y con el afán de determinar si la autoridad demandada hubiera incurrido en la demora, es menester remitirnos a las Conclusiones II.2, II.3 y II.4 de este fallo constitucional, en la cual se evidencia que en la fecha referida el accionante a la par que solicitó la emisión del mandamiento de libertad en su favor, adjuntó como pruebas la Certificación de Arraigo y Boleta de Depósito Judicial respectivamente; memorial, que fue decretado por la Jueza demandada en fecha 18 del mismo mes y año, en la que se ordenó adjuntar al Secretario del Juzgado el original del Certificado de Depósito Judicial; para de forma posterior recién el 19 de idéntico mes y año disponga la emisión del mandamiento de libertad en favor de la impetrante de tutela; ante esos actos previos administrativos ordenados por la autoridad judicial demandada, hay que remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, la cual determina que cuando el imputado se beneficie de alguna de las medidas cautelares menos gravosas, a fin de que se hagan efectivas las mismas necesariamente deben cumplirse con dichas medidas, debiendo ser exigido y compulsado por la autoridad jurisdiccional antes de emitir el mandamiento de libertad, y una vez evidenciado dicho cumplimiento, la decisión y consecuencia debe ser el conceder la libertad, emitiendo el mandamiento correspondiente -sea el de libertad, o de detención domiciliaria- sin mayor trámite, ya que de lo contrario, su rechazo o dilación con actos administrativos previos se tornaría en una injustificación convirtiéndose en una obstaculización indebida en la efectivización del beneficio ya dispuesto.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de las Conclusiones II.3 y II.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que la autoridad accionada, una vez tuvo conocimiento del memorial de solicitud de mandamiento de libertad en la cual se adjuntó las pruebas respectivas para demostrar el cumplimiento de las medidas cautelares personales dispuestas, en lugar de emitir sin mayor trámite el respectivo mandamiento de libertad, por medio del decreto de 18 de agosto de 2022 -Conclusión II.2- sometió la emisión del referido mandamiento siempre y cuando el original del Depósito Judicial se encuentre arrimado al expediente, procedimiento que no cuenta con el respectivo respaldo jurídico o jurisprudencial, ya que conforme se evidenció del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al cumplimiento de las medidas dispuestas, debe emitirse la correspondiente resolución sin mayor trámite, concluyéndose que la ahora demandada al evidenciar el cumplimiento de las medidas cautelares de carácter personal, tenía la obligación de emitir el mandamiento de libertad en favor del peticionante de tutela; empero, al ordenar que se arrime el original del Depósito Judicial dilató la tramitación solicitada por el prenombrado; sin embargo, se evidencia que recién ordenó la emisión del Mandamiento de Libertad el 19 de agosto de 2022, posterior a la presentación de la acción de libertad, la que si bien, pudo haber cesado la lesión de la vulneración; empero no es menos cierto, que al dilatar la tramitación del mandamiento de libertad la autoridad accionada vulneró el derecho a la libertad del accionante, adecuándose su accionar no solo a una acción de libertad traslativa o de pronto despacho, sino también a una innovativa, ya que pese a haber cesado la lesión por la solicitud realizada por el impetrante de tutela -emisión del mandamiento de libertad- se evidencia la responsabilidad por la dilación injustificada incurrida por la autoridad jurisdiccional, correspondiendo conceder la tutela al respecto. Consecuentemente, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
1 El FJ III.1, expresa: “Este Tribunal en problemáticas como la planteada, haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva”.
2 El FJ III.5, señala: “De la normativa y jurisprudencia glosadas, se concluye que para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá resolverlo de inmediato, o en su caso, dadas las circunstancias, dentro de un plazo razonable y la libertad en caso de concesión de una medida sustitutiva, se hará efectiva sólo cuando se hubieran cumplido los requisitos impuestos por la autoridad judicial competente, pues de lo contrario el rechazo se torna injustificado, convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”.
3 El FJ III.2, indica: “En ese sentido la SC 0044/2010-R de 20 de abril, igualmente ha señalado:`… la regla general es que luego de la audiencia de medidas sustitutivas a la detención preventiva, en la que se debe observar el art. 246 del CPP, y una vez cumplidos los requisitos señalados por el juez, se disponga la libertad del imputado, salvo que la naturaleza de las medidas sustitutivas impuestas y la necesidad de escuchar a la otra parte, obliguen al juzgador, excepcionalmente, a fijar una posterior audiencia´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 60ec850293e64e259584bf7f127dcdec986799c8bbaf9ecad6d20e5050a71c3d
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