Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de enero de 2024
Concede la tutela
Los impetrantes de tutela por medio de su representante sin mandato denuncian que se vulneró sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad; toda vez que, la Jueza -ahora demandada-, durante toda la tramitación del proceso no cumplió con el principio de celeridad; por cuanto, a la fecha no existe día y hora de audiencia de verificación del cumplimiento de la detención preventiva, además que todos los memoriales de solicitud de cesación o verificación de su detención preventiva no fueron atendidos de manera oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará previamente: a) La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; d) La acción de libertad innovativa y su configuración; y, e) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2021 de 21 de julio, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación señale audiencia para considerar la situación procesal de los ahora accionantes, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no haya cambiado su situación procesal. 2° Se llama la atención a María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por la falta de control del plazo de la detención preventiva de los ahora demandantes de tutela y por la demora en la tramitación de su solicitud de cesación a la detención preventiva.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 42169-2021-85-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2021 de 21 de julio, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Adolfo Lunaorozco Elías en representación sin mandato de Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas contra María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de julio de 2021, cursante de fs. 10 a 13 vta., los accionantes por medio de su representante sin mandato, expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que interponen acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a raíz de la imputación formal presentada en su contra por el Ministerio Público el 23 de enero de 2020, por la presunta comisión del presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros, tipificados en los arts. 185 Bis, 132 y 132 Bis, del Código Penal (CP). María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, mediante Resolución 56/2020 de 24 de enero, determinó la detención preventiva de ambos impetrantes de tutela, por el lapso de seis meses, indicando en dicha Resolución la fecha de verificación de la audiencia para el 24 de julio de 2020 a horas 08:30.
En el mes de agosto de 2020, a solicitud del Ministerio Público se amplió el tiempo de su detención preventiva por cuatro meses más, y la referida autoridad jurisdiccional olvidó señalar audiencia de verificación de cumplimiento de ésta, fijándola posteriormente en otra audiencia. Asimismo, la providencia de ampliación fue notificada al Ministerio Público el 9 de febrero de 2021; -en cuya oportunidad, la autoridad demandada determinó que el plazo de la detención preventiva de los cuatro meses corría a partir de su aplicación, cumpliéndose este el 9 de junio de igual año. Sin embargo, a la fecha no fijo día y hora para la verificación del cumplimiento de la medida extrema o la misma no fue notificada. La autoridad jurisdiccional demandada, durante toda la tramitación del proceso no cumplió con el principio de celeridad en cuanto a las consideraciones de sus audiencias de cesación a la detención preventiva, señalando de forma demorada o suspendiéndolas, conculcando su derecho a la libertad.
Los demandantes de tutela, alegan como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de verificación de la detención preventiva, cumpliendo los principios de celeridad y razonabilidad; además de la reparación del daño ocasionado.
Celebrada la audiencia pública virtual de acción de libertad el 21 de julio de 2021, conforme consta en acta cursante a fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes por medio de su representante sin mandato, ratificaron íntegramente los términos de su demanda, añadiendo que: a) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, dispuso la detención preventiva de los hoy peticionantes de tutela; es decir, de Alondra Janet Machicado Ibáñez desde el 30 de enero de 2020 y de Juan Carlos Torrez Encinas desde el 31 del mismo mes y año, en la indicada audiencia la Jueza demandada determinó la audiencia de verificación para el 4 de junio de 2021; de este modo, el 1 de septiembre del referido año, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención preventiva de ambos procesados por el lapso de cuatro meses más, es así que la Jueza emitió un decreto por el cual dispuso la verificación de dicha ampliación, toda vez que la causa era compleja; sin embargo, la misma nunca notificó con el referido decreto a las partes y recién lo hizo el “9 de febrero de 2021” (sic); b) El plazo de la detención preventiva de los mencionados peticionantes de tutela venció el 9 de junio del citado año, a la fecha no existiría ninguna audiencia de verificación de la detención preventiva; lo cual implicaría que ambos accionantes se encontrarían detenidos por un año y cinco meses, sin que existiera solicitud de verificación de la detención preventiva, incurriendo de esa manera en actos dilatorios; y, c) Su detención preventiva se convirtió en una detención arbitraria, excediendo el tiempo dispuesto por la autoridad jurisdiccional con actos omisivos, ya que no se quiso verificar su situación jurídica, y no tendrían el señalamiento de audiencia, que debió efectuarse en el plazo de cuarenta y ocho horas.
María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 19, en el que refiere lo siguiente: 1) El Ministerio Público presentó imputación formal contra los ahora accionantes por hechos de corrupción, conforme a los cuadernos de control jurisdiccional que adjunta, se amplió la detención preventiva a través de Autos, que no fueron apelados por la parte impetrante de tutela; por lo que, los mencionados no se encontrarían ilegalmente detenidos o perseguidos y tampoco su vida correría peligro. Se tendría como último antecedente la Resolución 529/2021 de 12 de julio, donde los accionantes solicitaron una cesación a la detención preventiva conforme “EL ART. 230 DE LA LEY 1970 EN SUS NUMERALES 1, 2, Y 4; y 24 de la CPE y 11 de la CPP” (sic); es decir, que su petición fue efectuada fuera de procedimiento; misma que pretendió subsanar en audiencia, hecho que no sería permitido por la ley; y, 2) Asimismo, la señalada Resolución 529/2021, no fue apelada conforme se tendría del cuaderno jurisdiccional, y que al estar vigente daría curso al principio de subsidiariedad excepcional en la presentación de la acción de libertad; por cuanto previamente los demandantes de tutela debieron agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, lo que al presente no aconteció y directamente de manera errónea se presentó una acción de libertad, por lo que solicitó denegar la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2021 de 21 de julio, cursante de fs. 24 a 27, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Realizó una relación de los hechos acontecidos en el cuaderno procesal, señalando en partes salientes los siguientes hitos más importantes respecto a la detención preventiva de los hoy accionantes, el Auto Interlocutorio 56/2020 de 24 de enero, por la cual se determinó la detención preventiva de Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas -ahora peticionantes de tutela-, fijándose audiencia para el verificativo del cumplimiento de las medidas cautelares para el 24 de junio del 2020 a horas 08:30, memorial con el nomen iuris de reitera cesación de la detención preventiva y cumplimiento del citado Auto Interlocutorio 56/2020, seguidamente Alondra Janet Machicado Ibáñez pidió cesación de su detención preventiva por motivos de salud; señalando la autoridad jurisdiccional audiencia para el día 15 de junio de igual año a horas 10:00; cursando Auto Interlocutorio 221/2020 de 16 del referido mes y año, por el cual la autoridad jurisdiccional rechazó la cesación de la detención preventiva impetrada por Juan Carlos Torrez Encinas, manteniendo dicha medida cautelar. De igual forma, por Auto Interlocutorio 228/2020 de 19 de junio, la autoridad jurisdiccional rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Alondra Janet Machicado Ibañez, que fue confirmada en apelación; ii) La petición de la Fiscal Ingrid Rocío Feraudi Guerra para la ampliación del plazo de la detención preventiva por cuatro meses más, que mereció el decreto de aclaración para que especificara qué actos de investigación realizará; la primera audiencia para la verificación de la situación de los ahora accionantes fue señalada para el 24 de junio del 2020; el 22 del indicado mes y año Alondra Janet Machicado Ibáñez presentó un memorial con la suma de “audiencia de verificación de medidas cautelares y cesación a la detención preventiva”; es decir, dos días antes de la verificación señalada de oficio por la autoridad jurisdiccional. El decreto de 24 de julio de 2020, que fijó la audiencia de cesación a la detención preventiva para el 29 de igual mes y año a horas 11:30 vía virtual, no se desarrolló debido a que no se notificó con el indicado decreto a las partes, por cuanto el Gestor Quinto se encontraba con baja médica. En el cuerpo séptimo, cursa Auto Interlocutorio 291/2020 de 10 de agosto, por el cual la autoridad jurisdiccional rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva y la audiencia de verificación de medidas cautelares impetrada por los hoy accionantes, manteniéndose la medida preventiva. También consta memorial del Ministerio Público de 4 de septiembre de 2020, por el que solicitó ampliación del plazo de la detención preventiva de los imputados por el lapso de cuatro meses más; iii) Por Auto Interlocutorio 291/2020, se rechazó la situación de verificación jurídica procesal y cesación de la detención preventiva que también fue objeto de apelación, emitiéndose la Resolución 286/2020 que CONFIRMÓ el precitado Auto Interlocutorio 291/2020.También cursan los siguientes actuados: Resolución 261/2020 de 8 de julio, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró la improcedencia del recurso de apelación confirmando el Auto Interlocutorio 221/2020; a fs. 1853 cursa memorial por el cual los hoy accionantes solicitaron audiencia de cesación a la detención preventiva, resuelto conforme a procedimiento a fs. 1977 consta Auto Interlocutorio 554/2020 de 10 de diciembre, que rechaza la petición de cesación a la detención preventiva de Alondra Janet Machicado Ibáñez; iv) No es cierto que no se hubiere llevado a cabo la audiencia para verificar el tiempo del cumplimiento de la detención preventiva, “sin embargo si llevó a cabo la audiencia para la verificación de la detención preventiva en fecha 10 de agosto del 2020” (sic); y, v) También consta a fs. 1269 memorial por el cual Juan Carlos Torrez Encinas y Alondra Janet Machicado Ibáñez, pidieron cesación a la detención preventiva conforme a lo establecido por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que mereció decreto de 28 de enero de 2021, señalando audiencia de cesación de la detención preventiva, para el 1 de febrero del indicado año a horas 08:00; asimismo, cursa Auto Interlocutorio 76/2021 de la precitada fecha, por la cual la autoridad judicial rechazó la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva, la cual fue motivo de apelación incidental, siendo declarado improcedente por Resolución 60/2021 de 18 de febrero, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando el Auto Interlocutorio 76/2021. (Nótese que a partir de del 10 de agosto de 2020 únicamente se emitió resoluciones de cesaciones a la detención preventiva y ya no a la verificación del cumplimiento del tiempo de la detención preventiva). Finalmente, a fs. 2386 corre memorial presentado por Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas, solicitando cesación a la detención preventiva al amparo de lo constituido por el art. 230.1, 2, 3, y 4 del CPP, en el que la autoridad judicial señaló audiencia para “el 7 de junio de 2021 a horas 15:00” (sic) -lo correcto es 7 de julio de 2021 a horas 15:30-, de cuyo actuado surge el Auto Interlocutorio 529/2021 de 12 de julio, por el cual la referida Jueza rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de los peticionantes de tutela, manteniendo dicha medida cautelar. Solicitada la complementación por la defensa técnica sobre el tiempo que se encuentran detenidos y si se aplicó los principios de celeridad respecto a la audiencia de verificación de medidas cautelares; el Juez de garantías señaló que la Resolución es clara y que la misma contiene todas las observaciones que ellos reclaman.
Por Decreto Constitucional de 10 de octubre de 2022 (fs. 32), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 110) notificado a las partes el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 56/2020 de 24 de enero, emitido por la Jueza Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros descritos en los arts. 185 Bis, 132, 132 Bis y otros del CP, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20330237, disponiendo la medida extrema de detención preventiva para Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes y Centro Penitenciario de San Pedro, respectivamente, ambos del referido departamento; asimismo, señaló audiencia para verificar medidas cautelares para el 24 de julio de 2020 a horas 8:30 (fs. 47 a 49 vta.). II.2. Consta memorial de 9 de julio de 2020, presentado por el representante del Ministerio Público por el que solicita la ampliación de la detención preventiva de Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas para poder dar continuidad a los actos investigativos, y que el mismo sea por cuatro meses más, en respuesta mediante providencia de 10 de igual mes y año, la Jueza demandada le observó señalando que debe especificar los actos investigativos a realizar (fs. 58 y vta.). El Ministerio Público subsanó dicha observación por memorial presentado el 2 de septiembre del indicado año, y mediante proveído de 4 de similar mes y año, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, refirió que en aplicación del art. 233 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, amplía la detención preventiva de los prenombrados por el lapso solicitado (fs. 73 vta.). II.3. Por memorial de 22 de julio de 2020, Alondra Janet Machicado Ibáñez -hoy accionante-, solicitó audiencia de verificación de medidas cautelares y cesación a la detención preventiva en aplicación del art. 239.2 del CPP (fs. 67 y vta.). Señalándose lo impetrado mediante decreto de 24 del mismo mes y año (fs. 68). II.4. Mediante proveído de 29 de julio de 2020, se dispuso la suspensión de la audiencia de esa fecha para verificación de medidas cautelares y cesación a la detención preventiva, debido a que el Gestor Quinto de notificaciones se encontraba con baja médica por el COVID-19 y no se pudo practicar las notificaciones requeridas (fs. 70).
II.5. Cursa Auto Interlocutorio 291/2020 de 10 de agosto, pronunciado por la Jueza hoy demandada, rechazando la solicitud de verificación de medidas cautelares y de cesación a la detención preventiva formulada por Juan Carlos Torrez Encinas y Alondra Janet Machicado Ibáñez (fs. 71 a 72 vta.). II.6. Consta escrito presentado por Alondra Janet Machicado Ibáñez, a través del cual pidió audiencia para considerar su situación jurídica en aplicación de los arts. 239.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173 (fs. 83 y vta.). Al efecto se llevó adelante la audiencia impetrada, pronunciándose el Auto Interlocutorio 554/2020 de 10 de diciembre, que determinó mantener la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela (fs. 85 a 88 vta.). II.7. Por memorial de 2 de julio de 2021, Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas, solicitaron la cesación de la detención preventiva, al amparo de lo establecido en los arts. 230 numerales 1, 2, 4 del CPP, la misma que vendrían cumpliendo desde el mes de enero de 2020 de manera “injusta”; por lo que, piden se señale día y hora de audiencia. Por decreto de 5 de dicho mes y año, la Jueza ahora demandada, señaló audiencia para el 7 del mismo mes y año a horas 15:30, instruyendo a la Oficina Gestora la notificación a las partes (fs. 20 y vta.). Consiguientemente, por Auto Interlocutorio 529/2021 de 12 de julio, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud vertida por la parte hoy demandante de tutela, manteniéndose la detención preventiva de éstos (fs. 100 a 102).
Los impetrantes de tutela por medio de su representante sin mandato denuncian que se vulneró sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad; toda vez que, la Jueza -ahora demandada-, durante toda la tramitación del proceso no cumplió con el principio de celeridad; por cuanto, a la fecha no existe día y hora de audiencia de verificación del cumplimiento de la detención preventiva, además que todos los memoriales de solicitud de cesación o verificación de su detención preventiva no fueron atendidos de manera oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará previamente: a) La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; d) La acción de libertad innovativa y su configuración; y, e) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0585/2021-S1 de 25 de octubre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento. Respecto a la fijación del plazo para la detención preventiva, el art. 233 del CPP, modificado por la La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece:
Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible;
2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad;
3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.
El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste” (el resaltado es añadido). Respecto a la solicitud del fiscal para la ampliación del plazo de la detención preventiva la citada Ley 1173, en la disposición transitoria Décima Segunda establece la conminatoria al Ministerio Público, señalando que:
Décima segunda. - (Conminatoria al Ministerio Público). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los cuadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales.
En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante.
En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente.
Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso. (las negrillas son añadidas). De la interpretación gramatical y teleológica del numeral 3 del art. 233 del CPP precitado, que establece como requisito de la detención preventiva la fijación del plazo de su duración y los actos investigativos que realizará en dicho término; así como, de su interpretación sistemática en consideración a lo dispuesto por el numeral 3 de la norma en examen que señala:
“En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”. así como de las causales de cesación a la detención preventiva prevista en art. 239 del CPP; y finalmente en consideración a que la razonabilidad de la duración de la medida cautelar constituye un requisito de validez, es posible concluir que se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que, por consiguiente la casual de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso, puesto que, respecto a las fases del juico y recurso -donde ya 1Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”
no se desarrolla actos investigativos- no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación; puesto que, en lo que concierne a la razonabilidad; es decir, a la duración de la detención preventiva examinada cuando el caso se halla en fase del juicio o de los recursos, son aplicables las causales previstas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP. Por supuesto, en los casos que corresponda, también son aplicables a las causales previstas en los numerales 1, 5 y 6, referidas al examen de los otros requisitos de validez de la restricción de la libertad personal por medio de la detención preventiva, cuya aplicación; sin embargo, es revisable de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 250 del CPP.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, pronunció el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”;
disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.
Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0048/2018-S2 de 12 de marzo, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la personalidad, siendo deber primordial del Estado, respetarlo y protegerlo por ser inviolable; razón por la que, fue configurada la acción de libertad de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que el citado derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de vulneración. A ese efecto, el Tribunal Constitucional cambiando el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R de 20 de octubre y confirmado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R; desarrolló en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, además de determinar el ámbito de protección del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, una clasificación más, como es la acción de libertad innovativa, prevista para aquellos casos en los que se puede pedir la tutela ante una restricción del derecho a la libertad personal y de locomoción, aun después de cesada la detención; partiendo de su configuración como garantía constitucional de naturaleza adjetiva que debe ser explicada a la luz de una pauta hermenéutica, evolutiva e interpretación progresiva del art. 125 de la CPE; lo que evidencia el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de amenaza del derecho a la vida, privación de libertad, persecución indebida o procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal; por lo que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también, advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza, contravienen el orden constitucional, siendo susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, aun si hubiere cesado el acto ilegal, tal cual lo establece la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumida por la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, que recondujo el entendimiento contenido en la citada SC 0327/2004-R; por consiguiente, a la clasificación de los cinco tipos de acción de libertad, que fueron sistematizados en el Voto Disidente de la SCP 1045/2013 de 27 de junio, se suma la acción de libertad innovativa.
En consecuencia, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración, acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención, con el propósito fundamental de evitar que en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional. Por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados.
Los impetrantes de tutela denuncian por medio de su representante sin mandato que se vulneró sus derechos al debido proceso vinculado al principio de y a la libertad; toda vez que, la Jueza -ahora demandada-, durante toda la tramitación del proceso no cumplió con el principio de celeridad; puesto que a la fecha no existe día y hora de audiencia de verificación del cumplimiento de la detención preventiva, además que todos los memoriales de solicitud de cesación o verificación de su detención preventiva no fueron atendidos de manera oportuna. Identificado así el objeto procesal, inicialmente resulta necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa. Así, de los alegatos realizados por los sujetos procesales y lo descrito en el apartado de Conclusiones, se tiene que por Auto Interlocutorio 56/2020 de 24 de enero, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, dispone la medida extrema de detención preventiva de los ahora accionantes Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes y Centro Penitenciario de San Pedro, respectivamente, ambos del referido departamento; y en la parte in fine de la parte resolutiva fija para el 24 de julio de 2020, audiencia para verificar medidas cautelares (Conclusión II.1). Posteriormente, el 9 de julio de 2020, se presentó por parte del Fiscal de Materia a cargo, solicitud de ampliación de la detención preventiva de Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas para poder dar continuidad a los actos investigativos, y que el mismo sea por cuatro meses más, y si bien en un primer momento, el pedido fue observado por la autoridad jurisdiccional por providencia de 10 de similar mes y año; siendo subsanada la observación por memorial presentado el 2 de septiembre de igual año por parte del Ministerio Público; el 4 del indicado mes y año, mediante providencia la Jueza demandada, refiere que se verificó el cumplimiento de las observaciones realizadas, en aplicación del 233 del CPP, modificado por la Ley 1173; por lo que, amplió la detención preventiva de los prenombrados por el plazo solicitado sin especificar fecha para la verificación de dicha medida (Conclusión II.2). En el lapso de tiempo entre la observación realizada por la Jueza demandada y la subsanación efectuada por el Ministerio Público, la parte ahora demandante de tutela presentó una primera solicitud de audiencia de verificación de medidas cautelares y cesación a la detención preventiva en aplicación al art. 239.2 del CPP (Conclusión II.3), pedido que fue atendido; celebrándose la audiencia impetrada se llegó a pronunciar el Auto Interlocutorio 291/2020 de 10 de agosto, que rechazó el pedido de verificación de medidas cautelares y de cesación a la detención preventiva formulada por Juan Carlos Torrez Encinas y Alondra Janet Machicado Ibáñez (Conclusión II.5). Ulteriormente, el 30 de noviembre de 2020, Alondra Janet Machicado Ibáñez, solicita nuevamente audiencia para considerar su situación jurídica en aplicación de los arts. 239.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173, pedido que fue atendido celebrándose audiencia y pronunciándose el Auto Interlocutorio 554/2020 de 10 de diciembre, que determina mantener la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela (Conclusión II.6). Siguiendo la secuencia cronológica de los antecedentes, el 2 de julio de 2021 Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Torrez Encinas, solicitaron la cesación de la detención preventiva, al amparo de lo establecido en los arts. 230 numerales 1, 2, 4 del CPP; en atención a tal pedido se llevó adelante la audiencia, y al final de dicho acto procesal se pronunció el Auto Interlocutorio 529/2021 de 12 de julio, que rechazó la solicitud vertida por la parte hoy accionante, manteniéndose su detención preventiva (Conclusión II.7). Identificada la problemática y descritos los antecedentes, corresponde ingresar al análisis de fondo, que por practicidad en el caso presente se divide en dos sub problemáticas: La falta de señalamiento de verificación de cumplimiento de la detención preventiva De los antecedentes descritos sobre este problema, cabe indicar que ante la solicitud realizada por el Ministerio Público en base al art. 233.3 de la Ley 1173, la autoridad judicial dispuso la detención preventiva de los ahora accionantes, y en esa primera oportunidad de manera correcta fijó audiencia de verificación para el 24 de julio de 2022; sin embargo, ante la solicitud realizada por el Fiscal de Materia el 9 de julio de ese año, respecto a que se amplíe el plazo de detención preventiva por cuatro meses más, la Jueza le observa pidiendo que establezca los actos investigativos que realizará; siendo subsanada recién dicha observación por el Ministerio Público a través del memorial presentado el 2 de septiembre de 2020; y por proveído de 4 de septiembre del indicado año, la Jueza demandada directamente da curso a la ampliación de la detención preventiva por cuatro meses más, sin señalar fecha de audiencia de verificación de la medida cautelar señalada. Ahora bien, cabe hacer las siguientes precisiones: Primera, ante la solicitud de ampliación a la detención preventiva, la Jueza demandada en vez de observar la misma, debió fijar fecha y hora de audiencia para considerar la petición del Ministerio Público; Segunda, la referida Jueza no concedió un plazo razonable para subsanar lo observado al Ministerio Público y con total dejadez esperó que éste subsane la observación después de más de dos meses; y, Tercera, peor aún dispuso una ampliación de plazo de la detención preventiva con un simple decreto, cuando debió considerar la solicitud en una audiencia en la que la defensa pueda rebatir los argumentos del Ministerio Público que había impetrado la ampliación del plazo. En el periodo entre que se observó la ampliación de la detención preventiva y la subsanación dispuesta, los accionantes presentaron solicitud de audiencia de verificación el 22 de julio de 2020, que mereció el Auto Interlocutorio 291/2020, que rechazó dicha petición de verificación de medidas cautelares y de cesación a la detención preventiva formulada por Juan Carlos Torrez Encinas y Alondra Janet Machicado Ibáñez, en razón de que la ampliación impetrada por el Ministerio Público fue aceptada; empero, esta aceptación como se dijo se realizó recién el 4 de septiembre de ese año; vale decir, casi un mes después. Posteriormente, los ahora demandantes de tutela impetraron en aplicación del art. 239.1 y 2 del CPP, verificación de su detención preventiva, que fue considerada por Auto Interlocutorio 554/2020, que bajo el justificativo de que estaría a esa fecha vigente la ampliación de plazo solicitada -puesto que como se demostró el mismo se encontraba vencido- rechazó dicho pedido. De forma ulterior, se han desarrollado dos audiencias para considerar la cesación a la detención preventiva; una el 1 de febrero de 2021 y otra el 12 de julio del mismo año; en ambas se rechazó la solicitud de los ahora accionantes, pero en lo principal en ninguna de ellas se estableció el plazo razonable que debían permanecer aun con detención preventiva. En el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, durante la etapa preparatoria, la detención preventiva debe estar sujeta a un plazo definido, lo que no aconteció en el caso en concreto, pese a que por ejemplo en la última audiencia de 12 de julio de 2021, en la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, la defensa de los acusados le reitera a la autoridad jurisdiccional que el plazo de la detención preventiva esta vencido y no se tiene fijada una fecha para considerar esa situación; aspectos que conllevan en definitiva a la concesión de la tutela por esta sub problemática, pues al no tener un plazo establecido se lesionan los principios al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad tal como fue denunciado, pues al no tenerse el plazo definido se ocasionó dilación en la consideración de su situación procesal. La falta de atención oportuna a los memoriales de cesación a la detención preventiva presentados Los impetrantes de tutela, refieren que la autoridad judicial demandada no atiende de manera oportuna las solicitudes de cesación a su detención preventiva. Bajo ese contexto, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que han cursado peticiones de cesación a la detención preventiva; la primera, referida al memorial presentado el 30 de noviembre de 2020, por el que impetra la cesación de su detención preventiva, mismo que si bien fue providenciado el 1 de diciembre de igual año; empero, la audiencia se llegó a celebrar el 10 de similar mes y año; la segunda, con relación al memorial de 27 de enero de 2021, por el que se realiza una similar solicitud y que también fue respondido al día siguiente de su presentación; empero la audiencia se llevó a cabo a los cinco días calendario; es decir, en todas ellas evidentemente hubo demora en la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva, pero todas estas peticiones para el momento en que se presentó la demanda tutelar ya contaban con resoluciones ejecutoriadas, además habría transcurrido más de medio año desde las vulneraciones que se estarían denunciando; lo que hace inviable la concesión de tutela por los actos descritos, porque la acción de libertad se constituye en un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, y a la vida; lo que implica también que su interposición debe ser oportuna, lo que no acontece en relación a las solicitudes descritas que no solo cuentan con resoluciones ejecutoriadas sino superadas, porque sobre ellas los accionantes efectuaron nuevas peticiones. Cabe resaltar además, que si bien acorde al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, en la acción de libertad innovativa es posible conceder la tutela aun cuando hayan cesado las vulneraciones, pero por la naturaleza de la acción de defensa que nos ocupa, que como se refirió es un medio de defensa inmediato, su interposición debe ser oportuna. En ese sentido, verificándose que con relación a la última solicitud de cesación a la detención preventiva de 2 de julio de 2021, formulada por los ahora demandantes de tutela, se tiene que fue atendido por decreto de 5 de ese mes y año; empero, la audiencia se llevó adelante el 12 de julio; vale decir, a los siete días; es decir, se advierte una dilación indebida en su tramitación, siendo aplicable la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3, que refieren al cuidado que debe observar un administrador de justicia que conoce una solicitud de cesación a la detención preventiva, razón por la que es factible la concesión de la tutela en su modalidad innovativa. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2021 de 21 de julio, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación señale audiencia para considerar la situación procesal de los ahora accionantes, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no haya cambiado su situación procesal. 2° Se llama la atención a María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por la falta de control del plazo de la detención preventiva de los ahora demandantes de tutela y por la demora en la tramitación de su solicitud de cesación a la detención preventiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
4 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 5El FJ III.1, señala: “Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos”. 6El FJ III.2 describe: “6) Acción de libertad Innovativa En una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, la acción de libertad Innovativa, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La libertad física o de locomoción, el procesamiento indebido directamente vinculado con estos derechos o la persecución ilegal, aun cuando los actos u omisiones violatorias a los presupuestos antes señalados hubiesen cesado. Así, esta tipología fue asumida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, y debe ser incluida a la presente sistematización, por tanto, frente a los supuestos antes descritos, aun frente a la cesación de actos u omisiones lesivas a la libertad física o de locomoción, debe inequívocamente ejercerse el control de constitucionalidad, con la consiguiente responsabilidad de las
autoridades o particulares demandados en caso de verificarse la existencia de actos u omisiones que afecten los derechos antes referidos” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0019_2024-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 79c6ec54f98d1db8092f575598305d9df7666dcbf998250449508b2f8296e787
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