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SCP 0013/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
68516-2024-138-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y a la seguridad jurídica y al principio de celeridad vinculados a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, el 25 de septiembre de 2024, solicitó al Juez ahora demandado, señale día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva; sin embargo, pese a que se fijó la misma, dicho acto procesal fue suspendido en dos oportunidades sin justificación alguna y sin que la citada autoridad judicial tome en cuenta el tiempo de su detención preventiva -siete meses- y su minoridad. Ante ello, la parte demandada no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2024 de 25 de octubre, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso en su componente celeridad vinculado al derecho a la libertad; en los términos dispuestos por el citado Juez de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo, el Juez demandado ya hubiera fijado y celebrado audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la defensa y al acceso a la justicia plural, transparente y a la seguridad jurídica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el Principio de celeridad como rector del plazo para fijar audiencia tratándose de menores de edad detenidos preventivamente
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2025-S2 Sucre, 14 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 68516-2024-138-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 18/2024 de 25 de octubre, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Margil Eguez Jiménez en representación del menor de edad AA contra René Tórrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2024, cursante a fs. 1; y, 5 y vta., el accionante a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -en el marco del sistema penal para adolescentes-, por la presunta comisión del delito de asesinato, por memorial presentado el 25 de septiembre de 2024, solicitó se considere la cesación de su detención preventiva; ante lo cual, René Tórrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni -hoy demandado-, fijó audiencia para el 10 de octubre del referido año, acto que fue suspendido sin justificación alguna; posteriormente, con base en el informe de 16 de dicho mes y año, suscrito por la Secretaria del citado Juzgado, la indicada autoridad judicial señaló audiencia para el 22 de ese mes y año, la que nuevamente fue suspendida por razones técnicas que impidieron la conexión para llevarla a cabo, reprogramándose para el 31 del mismo mes y año; en dicho contexto, la demora generada impidió el análisis de su solicitud, continuando privado de su libertad sin que se tome en cuenta que se encuentra con detención preventiva aproximadamente siete meses y su minoridad; lo cual, lesiona sus derechos constitucionales; por lo que, plantea la presente acción de libertad de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y garantíasprincipio supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, a la seguridad jurídica; y, al principio de celeridad vinculados a la libertad, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela ordenando al Juez demandado que señale audiencia en el plazo establecido por ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 13 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de acción tutelar; y, ampliando en audiencia manifestó que: a) La SC 0255/2011-R de 16 de marzo, establece la abstracción del principio de subsidiariedad cuando una causa incumba a menores de edad, en razón a la protección reforzada de la que gozan, correspondiendo aplicarse dicho entendimiento en el presente caso; b) Desde que presentó su solicitud para la consideración de la cesación de su detención preventiva, transcurrió un mes sin que se instale la audiencia para resolver lo impetrado, aspecto que acredita con la prueba presentada; c) El art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que los plazos procesales son improrrogables salvo disposición contraria; asimismo, el art. 132.I y II de la misma norma, dispone que las providencias de mero trámite deben ser dictadas en el término de veinticuatro horas, a partir de la presentación o de los actos que la motivan; y, que se resolverá los incidentes y dictará los autos interlocutorios dentro de los cinco días de contestada la actuación que los motiva o vencido el plazo para contestarla, respectivamente; sin embargo, el Juez demandado ni siquiera fijó audiencia, pese al tiempo transcurrido desde su detención preventiva tampoco consideró su minoridad; y, d) La SCP 0867/2022-S1 de 31 de agosto, concluyó que tratándose de una solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva de menores de edad, el Juez de la causa debe tramitar y convocar a audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas, aspecto que no fue observado por la autoridad judicial demandada; razón por la cual, solicita que se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe del demandado

René Tórrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni, no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 12.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, no concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 11.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías por Resolución 18/2024 de 25 de octubre, cursante de fs. 16 a 18, concedió la tutela solicitada, ordenando que el Juez demandado una vez conocido el fallo, fije audiencia de cesación de la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas; con base en los siguientes fundamentos: 1) Siendo que el caso se encuentra relacionado a un adolescente de dieciséis años, privado de libertad, “…tal cual se ha acreditado por la prueba presentada en esta oportunidad…” (sic), la tramitación de la acción tutelar es viable prescindiendo del principio de subsidiariedad; 2) Las legitimaciones activa y pasiva, se encuentran acreditadas; 3) Dado que el Juez demandado no remitió informe pese a su notificación, se considera cierto lo expuesto por el impetrante de tutela; 4) El art. 291 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, contiene cuatro supuestos en los que puede solicitarse la cesación de la detención preventiva, si bien no prevé el plazo en el que debe señalarse audiencia a tal efecto, el mismo, debe ser fijado en un término razonable, más aún tratándose de un adolescente privado de libertad; tomando en cuenta que el art. 239 del CPP instituye un lapso de cuarenta y ocho horas para personas que están sometidas a procesos ordinarios -se entiende penales y mayores de edad-, para adolescentes en conflicto con la ley, debe ser menor, o cuando menos no sobrepasar el mismo, lo contrario lesiona el derecho a la libertad; 5) El 25 de septiembre de 2024, el impetrante de tutela, presentó el primer memorial solicitando la cesación de su detención preventiva, habiendo transcurrido prácticamente un mes sin que “hasta la fecha” se hubiera llevado a cabo la audiencia a ese efecto, independientemente de los hechos suscitados en ese tiempo, el Juez demandado tiene la obligación de velar que el proceso se tramite con la celeridad debida, más aún tratándose de un menor de edad; y, 6) Si bien el nombrado señaló audiencia para el 31 de octubre del referido año, fue en un plazo que no se encuentra dentro de los parámetros que establece la norma.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio cursante de fs. 22 a 27, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha disposición, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2024, Margil Eguez Jiménez en representación del menor de edad AA -ahora accionante-, solicitó a René Tórrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni -hoy demandado-, señale día y hora de audiencia pública para la consideración de la cesación de la detención preventiva del adolescente (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa Acta Notarial 211/2024 de 24 de octubre, labrada por Jovanny Julio Arias Arce, Notario de Fe Pública 5 de Riberalta del departamento de Beni; respecto al estado del memorial presentado el 25 de septiembre de igual año, a horas 10:43:33 número 8079867 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela (fs. 4 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y a la seguridad jurídica y al principio de celeridad vinculados a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, el 25 de septiembre de 2024, solicitó al Juez ahora demandado, señale día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva; sin embargo, pese a que se fijó la misma, dicho acto procesal fue suspendido en dos oportunidades sin justificación alguna y sin que la citada autoridad judicial tome en cuenta el tiempo de su detención preventiva -siete meses- y su minoridad. Ante ello, la parte demandada no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el Principio de celeridad como rector del plazo para fijar audiencia tratándose de menores de edad detenidos preventivamente

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; aquello, exige que toda causa sea judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias para que la justicia sea impartida de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia; y, que la jurisdicción ordinaria se fundamente en el mismo; de otro lado, el principio referido se encuentra inserto de forma implícita en varios artículos de la Ley Fundamental, relacionados a la impartición de justicia.

En referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en conexión con el principio de celeridad la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde).

En armonía con lo precedentemente expuesto, en solicitudes de cesación a la detención preventiva emergentes de procesos que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal, si bien el Código Niña, Niño, y Adolescente, no establece un plazo; sin embargo, en resguardo del principio de celeridad procesal, la audiencia debe ser fijada en el término de tres días, conforme indicó la SCP 2561/2012 de 21 de diciembre: “En el caso concreto, la juzgadora debió señalar la audiencia en el plazo de tres días conforme reiteró la SCP 0110/2012 de 27 de abril, con mayor razón si en la audiencia a fijarse para la cesación de la detención preventiva se resolvería la situación jurídica de un menor imputable, a quien el Código Niño, Niña y Adolescente, en desarrollo normativo de la Constitución le otorgan especial protección y un estándar alto al momento de resolver una medida cautelar personal, conforme refiere el art. 231 de dicho cuerpo legal” (el énfasis fue agregado).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a su glosa en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene memorial presentado el 25 de septiembre de 2024, por Margil Eguez Jiménez en representación del menor AA -hoy accionante-, a través del cual solicitó al Juez ahora demandado, señale día y hora de audiencia pública para la consideración de la cesación de su detención preventiva (Conclusión II.1); tambien cursa Acta Notarial 211/2024 de 24 de octubre, labrada por Jovanny Julio Arias Arce, Notario de Fe Pública 5 de Riberalta del departamento de Beni; inherente al proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del menor AA, respecto al estado del indicado memorial (Conclusión II.2). En tal contexto, a través de la literal supra citada, el impetrante de tutela pretende acreditar la lesión de sus derechos constitucionales, vulnerados por el Juez demandado, quien de manera injustificada demoró en atender su solicitud de cesación de la detención preventiva; dicha autoridad judicial no emitió informe ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación. Ahora bien, de la revisión del Acta Notarial 211/2024, se tiene que el Notario de Fe Pública 5 de Riberalta del departamento de Beni; el 24 de octubre de 2024, a solicitud del accionante, se constituyó en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del indicado departamento, para verificar el estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del menor AA, con relación al memorial que el nombrado presentó el 25 de septiembre de dicho año; de la revisión del expediente dicho fedatario constató que, el Juez demandado fijó audiencias para el 10, 22 y 31 de octubre de ese año. Al respecto, se puede advertir de manera irrebatible que en efecto el Juez demandado, de forma injustificada incurrió en la dilación de la tramitación de solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el impetrante de tutela; pues, tomando en cuenta que el escrito fue presentado el 25 de septiembre de 2024, la autoridad judicial programó audiencia para su consideración once días después del mismo; vale decir para el -10 de octubre de igual año-; no obstante aquello, dicho acto procesal no se llevó a cabo, presuntamente en razón a un paro cívico, conforme se extrae de la providencia de 17 del citado mes y año; pese a tal retraso, fijó audiencia para el 22 de igual mes y año -siete días después de la primera suspensión-; empero, la misma tampoco se efectuó -por presuntos problemas técnicos, de acuerdo a lo vertido por el peticionante de tutela-, difiriéndose esta vez para el 31 de ese mes y año, -cinco días después-; lo detallado denota la inobservancia del principio de celeridad en la que incurrió el Juez demandado; pues, no consideró que la solicitud la efectuó un menor de edad que se encontraba detenido aproximadamente siete meses; por lo que, correspondía que el nombrado Juez no solo fije la audiencia para la sustanciación y resolución de la consideración de cesación de la detención preventiva, en el plazo de tres días, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Juridico III.1 de este fallo constitucional; sino que tambien garantice y materialice la realización de la misma de forma efectiva, y sea en ese plazo que se resuelva la situación jurídico procesal del adolescente conforme corresponde en derecho; dado que, todas las autoridades que administran justicia, estan obligadas a velar por los principios y garantías que debe otorgarse a las personas privadas de libertad, más aún tratándose de menores de edad; debiendo en consecuencia atender las solicitudes que se pongan a su conocimiento de forma rápida, pronta y oportuna, sin demoras injustificadas e innecesarias; aspecto que en el caso concreto no aconteció, estando dentro de los alcances y protección de la acción de libertad bajo la modalidad de pronto despacho, mecanismo idóneo para reparar el perjuicio ocasionado por la consecuente lesión del derecho al debido proceso en su componente celeridad -entendiéndose tambien como justicia pronta, oportuna y sin dilaiones- vinculado al derecho a la libertad. Respecto a los derechos a la defensa justicia plural, transparente y a la seguridad jurídica, no corresponde su tutela; dado que, el impetrante de tutela no explicó como el Juez demandado incurrió en tal vulneración. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2024 de 25 de octubre, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso en su componente celeridad vinculado al derecho a la libertad; en los términos dispuestos por el citado Juez de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo, el Juez demandado ya hubiera fijado y celebrado audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la defensa y al acceso a la justicia plural, transparente y a la seguridad jurídica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0013_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): d4ee93a322853518b7ef4f3d7e88c974e1da833dfc6b9c1a0c9e7906a20e72a8

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