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SCP 0010/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58201-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad a la garantía del debido proceso, toda vez que el Juez demandado incurrió en dilación indebida al no reprogramar ni fijar nueva audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva tras la suspensión de la audiencia del 14 de julio de 2023, por más de veinte días, obviando pronunciarse oportunamente.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 056/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada conforme al fundamento jurídico desarrollado en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58201-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 056/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rocio Maribel Vargas Crispín en representación sin mandato de Carlos Delgado Castro contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 4 a 7, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentó un memorial ante Mario Helmer Picavia Laura, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, solicitando la cesación de su detención preventiva; petición respecto de la cual se señaló audiencia de consideración para el 14 de julio de 2023. Sin embargo, en la fecha fijada, el Juez demandado suspendió todas las audiencias convocadas, disponiendo mediante nota marginal que fije un nuevo día y hora serían señalados. Hasta la fecha, transcurrieron más de treinta días desde la presentación de la solicitud de cesación de dicha medida cautelar y más de veinte días desde la audiencia suspendida, sin que la autoridad judicial demandada hubiera fijado un nuevo señalamiento para su consideración. Finalmente, pese a las reiteradas gestiones realizadas por sus familiares ante el Juzgado, la única respuesta que obtuvo fue que el cuaderno procesal se encontraba en despacho y que debía esperar, resaltándose que las solicitudes de cesación a la detención preventiva debían resolverse conforme a los principios de inmediatez y celeridad.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia a fin de resolver la solicitud presentada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad y, ampliando, señaló que: la autoridad judicial demandada no había señalado día ni hora de audiencia para resolver la situación jurídica de Carlos Delgado Castro -accionante-, quien se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. En ese contexto, explicó que la acción de libertad interpuesta tenía carácter traslativo o de pronto despacho, conforme al entendimiento desarrollado en la SC 097/2012 de 2 de agosto, cuyo objetivo era acelerar los trámites judiciales frente a dilaciones indebidas que afectaban a personas privadas de libertad, señalándose que la demora injustificada constituía un desconocimiento de dicha garantía.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 056/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 12, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado señale audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, con base en el siguiente fundamento: La autoridad judicial demandada incurrió en una dilación indebida al no señalar audiencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada el 5 de julio de 2023, afectando directamente la libertad personal del accionante, por la omisión que vulneró el principio de celeridad reconocido en el art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en conexitud con la garantía al debido proceso y el acceso a una justicia pronta previstos en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), activándose la acción de libertad de pronto despacho conforme al art. 125 de dicha Norma Suprema, como mecanismo idóneo para corregir dilaciones indebidas que impiden resolver oportunamente la situación jurídica de una persona privada de libertad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 5 de julio de 2023, Carlos Delgado Castro -accionante- solicitó a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, que se fije audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 3 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad a la garantía del debido proceso, toda vez que el Juez demandado incurrió en dilación indebida al no reprogramar ni fijar nueva audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva tras la suspensión de la audiencia del 14 de julio de 2023, por más de veinte días, obviando pronunciarse oportunamente.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La tutela del debido proceso no se satisface únicamente con la existencia de un trámite, sino con una respuesta jurisdiccional oportuna, especialmente cuando la decisión pendiente puede incidir en derechos fundamentales. En esa lógica, el art. 115.II de la CPE garantiza una justicia pronta y sin dilaciones, incorporando la celeridad como parámetro estructural del debido proceso y exige que las causas, judiciales o administrativas, se conduzcan sin demoras innecesarias. De forma concordante, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema instituyen expresamente la celeridad como principio rector del ejercicio de la función jurisdiccional, constituyendo un presupuesto necesario para la vigencia de los derechos fundamentales.

Bajo dicho entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el alcance y finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. Así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; dado que se reitera que la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Del examen integral del expediente remitido en revisión, corroborado con los antecedentes expuestos en la audiencia de esta acción de libertad, se establece que el accionante presentó ante el Juez demandado solicitud de cesación de su detención preventiva (Conclusión II.1), para cuyo tratamiento se señaló audiencia el 14 de julio de 2023. Sin embargo, en la fecha prevista, la autoridad demandada suspendió las audiencias programadas, disponiendo que el nuevo señalamiento se efectuaría mediante nota marginal, determinación que, pese a lo anunciado, no se materializó, manteniéndose la solicitud sin tratamiento.

Conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se activa para corregir dilaciones indebidas cuando una solicitud judicial vinculada a la libertad física no es tramitada con la celeridad exigida por el art. 115.II de la CPE, en concordancia con los arts. 178.I y 180.I de la misma Norma Suprema. En esa misma línea, la SC 0224/2004-R estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues la lesión puede configurarse por la demora o dilación indebida.

Del cuadro fáctico descrito, se establece que la solicitud de cesación, por su naturaleza, estrechamente vinculada al derecho a la libertad del accionante, quedó sin consideración judicial por un lapso objetivamente relevante (treinta días desde la solicitud de cesación y más de veinte días desde la audiencia suspendida), al no haberse fijado nueva fecha de audiencia pese al tiempo transcurrido. Dicha inactividad procesal configura una dilación indebida en el tratamiento de una solicitud vinculada al derecho a la libertad, contrariando el principio de celeridad como componente de la garantía del debido proceso y como directriz de la función jurisdiccional. En tal sentido, la demora descrita produce una incidencia material en la situación jurídica del accionante, pues prolonga la restricción de su libertad sin pronunciamiento oportuno sobre la revisión solicitada. Por ello, la justicia constitucional se encuentra habilitada a intervenir, no con el propósito de revisar la controversia penal de fondo, sino para poner fin a la dilación advertida, así como garantizar que se tramite y resuelva sin demora una actuación procesal directamente vinculada con la libertad personal del accionante.

Finalmente, se advierte que el único elemento documental aportado para evidenciar la dilación denunciada es el memorial de 5 de julio de 2023, no habiéndose acompañado otros actuados del proceso penal que acrediten de manera directa el trámite posterior; sin embargo, tratándose de una acción de defensa vinculada a la libertad personal, dicha limitación probatoria no puede operar en su perjuicio. En ese marco, se verifica que la autoridad judicial demandada no presentó informe ni asistió a la audiencia, pese a su legal citación. Corresponde, por tanto, aplicar el principio de presunción de veracidad, conforme al cual, ante la ausencia de contradicción o elementos idóneos de descargo, se tiene por ciertos los hechos denunciados por el accionante, lo que resulta razonable y compatible con el elemento documental acompañado y con la lógica del trámite descrito. Por consiguiente, la falta de pronunciamiento de la autoridad demandada impide contar con una justificación objetiva sobre la inactividad denunciada y permite tener por acreditada la dilación reclamada, extremos que indicien directamente en el derecho a la libertad del accionante. En consecuencia, al haberse evidenciado la vulneración del derecho a la libertad y verificarse que la falta de pronunciamiento impidió contar con una justificación objetiva sobre la inactividad denunciada, lo que demuestra que la dilación persistió, corresponde conceder la tutela solicitada, al constatarse la falta de señalamiento oportuno y la no programación de la audiencia para resolver la solicitud de cesación. Situación que mantuvo al accionante sin pronunciamiento jurisdiccional en un asunto estrictamente vinculado a su libertad personal, resultando correcta la determinación asumida por el Juez de garantías de disponer el señalamiento inmediato de audiencia. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 056/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada conforme al fundamento jurídico desarrollado en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 208b6aecc647f79b1a518d0d117a3cb5373a96ead69aa41c153b72c89473bdcd

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