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SCP 0006/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58186-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, y a la presunción de inocencia, puesto que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, la autoridad demandada no se pronunció respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva presentada el 22 de agosto de 2023. La Jueza demandada, no presentó informe alguno en la presente causa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de Libertad Expediente: 58186-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque, Luis René Alejandro Sauciri Urrelo, Mónica Gabriela Hinojosa Sardán y Geovana Taquichiri Yavo en representación sin mandato de Anghelo Jesús Guzmán Sosa contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1; y, 7 y vta., la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido en su contra, radicado en el juzgado a cargo de la autoridad demanda, se presentó imputación formal, en cuya audiencia de medidas cautelares se le impuso detención preventiva; más adelante, mediante memorial interpuesto el 22 de agosto de 2023, solicitó cesación de la indicada medida; empero, no recibió respuesta a su petición, por lo que dicha Jueza no ejerció control jurisdiccional alguno, razón por la cual activa la acción de libertad de pronto despacho para que la autoridad pueda corregir la retardación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, y a la presunción de inocencia, citando el efecto los arts. 22, 23, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se le conceda la tutela, y en consecuencia se ordene: a) La realización de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada el 23 de agosto de 2023; y, b) La emisión inmediata del acta y resolución del Tribunal de garantías para interponer denuncia disciplinaria al Consejo de la Magistratura y denuncia penal por incumplimiento de deberes, para la reparación de daño moral y material.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad presentada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, tampoco concurrió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 14 y 15.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 17/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, concedió la tutela solicitada, ordenando a la autoridad demandada a señalar audiencia de cesación de detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas e instruya a su personal de apoyo las notificaciones correspondientes a las partes para que se celebre dicho acto procesal, en atención a los siguientes fundamentos: 1) Es evidente que el accionante presentó al Juzgado a cargo de la Jueza demandada solicitud de cesación de detención preventiva el 22 de agosto de 2023 y hasta “la fecha” no consta que la citada autoridad haya señalado audiencia en el plazo establecido por ley; y, 2) Al incumplir con ese acto procesal la Jueza demandada, incurrió en inobservancia del principio de celeridad afectando el debido proceso y derecho a la libertad del impetrante a tutela.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Karen Salma Guzmán Málaga contra Anghelo Jesús Guzmán Sosa -hoy accionante, por la presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 308 y 312 del Código Penal (CP), por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, el nombrado solicitó señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 4 a 5 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, y a la presunción de inocencia, puesto que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, la autoridad demandada no se pronunció respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva presentada el 22 de agosto de 2023. La Jueza demandada, no presentó informe alguno en la presente causa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178 de la CPE, que, conforme al entendimiento de la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (énfasis añadido), citado en la SCP 0138/2018-S1 de 23 de abril, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

La acción de libertad traslativa o de pronto despacho como una de las modalidades de esta acción de defensa, se encuentra relacionada al principio de celeridad y tiene como objeto el cumplimiento de los plazos procesales por las autoridades judiciales o la tramitación de las causas con celeridad, cuando se encuentren vinculadas a la libertad física de una de las partes, puesto que su incumplimiento, demora o dilación indebida, importará la afectación o riesgo de afectación de ese derecho fundamental, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. De los antecedentes adjuntos a la presente causa, en principio resulta evidente que el accionante, en el proceso penal que el Ministerio Público le sigue a denuncia de Karen Salma Guzmán Málaga, por la presunta comisión de los delitos de violación y abuso sexual (arts. 308 y 312 del CP), por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, solicitó señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, con base en la existencia de nuevos elementos que demuestran que no concurren los motivos que fundaron dicha medida o tornen conveniente que sea sustituida por otra prevista en el art. 239.1 del CPP (Conclusión II.1); sin embargo, no es posible establecer si la Jueza demandada, omitió señalar la audiencia de cesación de la detención preventiva o haya emitido algún pronunciamiento respecto a esa solicitud, debido a que dicha autoridad no presentó informe alguno en la presente acción de defensa (oral o escrito), tampoco remitió antecedentes del señalado proceso para su examen o la resolución de la cuestión planteada, pese a su notificación.

Ahora bien, en atención al hecho evidente y a la ausencia del informe de la autoridad judicial demandada, es posible la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos denunciados, entendimiento desarrollado en la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; en ese entendido, se puede inferir que la Jueza demandada no se pronunció a la solicitud de cesación de la detención preventiva, con el señalamiento de audiencia, incumpliendo el plazo previsto en el art. 239 del CPP, que a la letra dice “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”; consiguientemente, la demora o dilación indebida en el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva cuyo plazo se encuentra previsto expresamente en la norma procesal penal, implica la lesión del derecho a la libertad del accionante, dando merito a la otorgación de la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

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