Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de febrero de 2023
Deniega la tutela
El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, infiriéndose asimismo la vertiente de congruencia, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la vida y a la salud; toda vez que, el Vocal accionado confirmó el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva a través del Auto de Vista 105, carente de fundamentación y motivación, que no se refirió a los agravios planteados de su parte respecto a la ponderación de derechos, la emisión de la Sentencia condenatoria y el vencimiento del plazo dispuesto para su detención preventiva.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° CONFIRMAR la Resolución 87 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
2° Llamar la atención a Juan José Subieta Claros y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2023-S3 Sucre, 17 de febrero de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 40766-2021-82-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 87 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tolay en representación sin mandato de Ali Ribera Julio contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de junio de 2021, cursante de fs. 2 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitó la cesación a su detención preventiva, misma que fue rechazada por Auto de 14 de mayo de 2021, bajo el sustento de que aún persistiría el riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, arguyendo que su persona sería un peligro efectivo para la víctima, por cuanto la misma se encontraría en situación de vulnerabilidad, sin tomar en cuenta la ponderación de derechos a la libertad; de igual forma, se consideró persistente el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 de la misma norma, bajo el sustento de que su persona podría “obstaculizar” sobre los peritos, testigos y participes del proceso penal, sin considerar que en el caso ya existe una sentencia condenatoria de primera instancia y que en ese sentido los testigos ya prestaron su declaración y los peritos ya realizaron sus pericias dentro del juicio.
Ante el Auto de 14 de mayo de 2021, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto de forma arbitraria por Auto de Vista 105 de 28 de mayo de 2021, mismo que carente de fundamentación y motivación, confirmó el fallo impugnado, sin tomar en cuenta los puntos de agravio planteados y menos aún que el plazo de su detención preventiva se hallaba vencido; no obstante, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado-, estableció que el Tribunal a quo obró correctamente al rechazar su solicitud, situación que vulnera sus derechos y garantías constitucionales.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, infiriéndose asimismo el principio de congruencia, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); asimismo, en audiencia añadió como vulnerado el derecho a la vida relacionado con su derecho a la salud.
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene al Vocal accionado emitir una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 13; en presencia del representante sin mandato del peticionante de tutela, ausente la autoridad accionada y el accionante, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó y reiteró in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, en audiencia manifestó que: a) “…el Ministerio Público no volvió a solicitar una ampliación por lo cual es donde se dicta una resolución ultrapetita…” (sic); b) El Tribunal ad quem resolvió la apelación sin atender los puntos de agravio planteados, toda vez, que no se refirió sobre su argumento de que al haberse emitido una sentencia en primera instancia los riesgos de obstaculización fueron desvirtuados; c) Asimismo, el señalado Tribunal a tiempo de emitir su resolución tampoco realizó la ponderación de derechos a la que se hace referencia; y, d) Al no emitirse una resolución fundamentada se vulneraron los derechos a la libertad y a la vida, por cuanto presentó certificados médicos, demostrando que realizó veinte solicitudes para poder acudir al hospital, y en ese sentido, se tenga una consideración especial respecto al peticionante de tutela a fin de la imposición del arresto domiciliario para el resguardo de su salud, aspecto que tampoco fue atendido por el citado Tribunal.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia ni remitió informe alguno pese a su legal citación cursante a fs. 7.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 87 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., resolvió denegar la tutela solicitada, sosteniendo que con lo único que se cuenta es el memorial de acción de libertad, no encontrándose en actuados la imputación, la audiencia de cesación a la detención preventiva y peor aún el Auto de Vista 105 de 28 de mayo de 2021, aclarando que lo que se denuncia en la presente acción de defensa es la falta de fundamentación, y no una acción traslativa o de pronto despacho que significaría la remisión del expediente por parte de la autoridad accionada.
Sorteada la causa la misma fue suspendida a partir del Decreto Constitucional de 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 19, a través del cual se solicitó la documentación pertinente a objeto de la emisión de una resolución correcta e imparcial, reanudándose el respectivo cómputo a partir de la notificación del decreto constitucional de 2 de febrero de 2023, por lo que la presente resolución es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Sentencia 02/21 de 10 de marzo de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró a Ali Ribera Julio -ahora accionante- autor y culpable de la comisión del delito de violación a infante, niña, niño y adolescente, con la agravante prevista en el art. 310 inc g) del Código Penal (CP) condenándolo a treinta años de presidio sin derecho a indulto (fs. 48 a 55).
II.2. Cursa Acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 14 de mayo de 2021, oportunidad en la que se emitió el Auto de igual fecha por el que se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela (fs. 40 a 43 vta.).
II.3. Consta Acta de audiencia de apelación incidental desarrollada el 28 de mayo de 2021, donde se emitió el Auto de Vista 105 de la misma fecha, a partir del cual Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado-, declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por el peticionante de tutela contra el Auto de 14 del señalado mes y año (fs. 29 a 32).
El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, infiriéndose asimismo la vertiente de congruencia, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la vida y a la salud; toda vez que, el Vocal accionado confirmó el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva a través del Auto de Vista 105, carente de fundamentación y motivación, que no se refirió a los agravios planteados de su parte respecto a la ponderación de derechos, la emisión de la Sentencia condenatoria y el vencimiento del plazo dispuesto para su detención preventiva.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional y citando la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, precisó que: [La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: “El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…’.
(…) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’.
(…). Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos”.
Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: «Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”»] (las negrillas nos corresponden).
Por su parte la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, a tiempo de añadir a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia respecto a estos elementos del debido proceso, complementó el razonamiento refiriéndose a la consideración de la relevancia constitucional, estableciendo que: “Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”.
El impetrante de tutela reclama la vulneración de sus derechos a partir de la emisión del Auto de Vista 105 de 28 de mayo de 2021, por el que el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado- confirmó el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, señalando que dicho pronunciamiento es carente de fundamentación y motivación, puesto que la citada autoridad de alzada no se refirió a los agravios planteados de su parte respecto a la ponderación de derechos, la emisión de la Sentencia condenatoria y el vencimiento del plazo dispuesto para su detención preventiva.
En función a lo expuesto, corresponde señalar que tal cual consta de los actuados remitidos ante esta instancia, dentro del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela en cuya primera instancia se declaró al mismo culpable de la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, condenándolo a treinta años de presidio (Conclusión II.1), de forma posterior el prenombrado solicitó la cesación a su detención preventiva con base a los numerales 1 y 2 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173, emitiéndose en consecuencia el Auto de 14 de mayo de 2021, por el que se rechazó su solicitud (Conclusión II.2), que siendo objeto de apelación dio lugar a la emisión del Auto de Vista 105, que ahora es identificado como el acto lesivo de los derechos invocados por el accionante y en cuyo examen convergerá la labor a efectuarse en esta instancia constitucional (Conclusión II.3).
Así, y para tener una idea clara del planteamiento efectuado en relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva, de la formulación efectuada en la audiencia de apelación se aprecia que el impetrante de tutela sustentó su solicitud respecto al numeral 1 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173, aduciendo que en relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del citado cuerpo normativo, referente al peligro para la víctima hizo conocer que la misma había desistido del proceso, y que además debía efectuarse en el caso una ponderación de derechos teniendo en cuenta que el peticionante de tutela se encuentra delicado de salud por problemas en los riñones; en cuanto al peligro de obstaculización consignado en el art. 235.2 del CPP, referente a la influencia negativa que se podría generar en testigos, partícipes y peritos, se sostuvo que en el caso ya se contaba con una Sentencia condenatoria en primera instancia, desapareciendo automáticamente dicho riesgo por cuanto los testigos y peritos ya declararon en juicio; respecto al numeral 2 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173, sustentó que el accionante lleva más de veinticuatro meses con detención preventiva, encontrándose vencido el plazo dispuesto para esta medida extrema; aspectos en función a los cuales se procederá a realizar el contraste respectivo entre los agravios planteados en apelación y la resolución emitida por el Tribunal de alzada a fin de verificar si efectivamente la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia resulta evidente.
Sobre el art. 239.1 del CPP
En cuanto al peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP
Como se señaló anteriormente, respecto al riesgo procesal consignado en el artículo de referencia consistente en la existencia de peligro para la víctima, el impetrante de tutela sostuvo que en su oportunidad se hizo conocer al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que la supuesta víctima había desistido del proceso y que además en el caso se debía realizar una ponderación de derechos, ello teniendo en cuenta el grave estado de salud del peticionante de tutela que presenta problemas en los riñones lo que fue demostrado con varios documentos entre ellos el informe forense, ecografía, radiografía y múltiples solicitudes de permiso para asistir al anestesiólogo y al cardiólogo, pero que por la situación de privación de libertad en la que se encuentra no le fue posible sacar ficha para su atención en los hospitales públicos, aspectos a partir de los cuales solicitó la aplicación de una medida sustitutiva a la detención preventiva a fin de poder defenderse en libertad y asimismo tenga la posibilidad de realizar su tratamiento.
Al respecto la autoridad accionada a tiempo de referirse en su conjunto a los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP y posteriormente en específico respecto al primero de ellos, señaló lo siguiente: “…cabe manifestar que la carga de la prueba le corresponde al imputado, por lo que tiene que presentar documentación idónea y pertinente y en el caso presente de la fundamentación realizada por el Tribunal de instancia se tiene que no se ha presentado ninguna documentación para que valore y pueda establecer si se enervo ese riesgo procesal, lo cual considero que es correcto puesto que para desvirtuar el art. 234 núm. 7) del C.P.P., en relación al peligro para la víctima, se tiene documentación idónea para desvirtuar el riesgo procesal, como ser Certificado de antecedentes y otras documentaciones y no necesariamente el desistimiento de la víctima” (sic).
De la respuesta vertida por el Vocal accionado, si bien la misma no es amplia en su extensión; no obstante, con bastante claridad y precisión logra evidenciar el motivo por el cual a su criterio el análisis del Tribunal a quo fue correcto, entendiendo que en el caso no fue posible declarar enervado dicho riesgo procesal toda vez que el accionante; no obstante, de tener la carga de la prueba, no presentó ninguna documentación a efecto de su valoración y consiguiente determinación, estableciendo que el riesgo procesal de referencia no es vencido con el solo desistimiento de la víctima sino que al respecto le correspondía al encausado presentar la documentación idónea y pertinente que en el caso consistiría, por ejemplo, en el certificado de antecedentes; en ese marco, se considera que la respuesta brindada por la autoridad accionada, cumple con el elemento de motivación exigido a las resoluciones judiciales, pues evidencia las razones a partir de las cuales no correspondía considerar al citado riesgo procesal como desvirtuado únicamente a partir del desistimiento de la víctima, en función a lo cual no resulta factible conceder la tutela solicitada por falta de motivación cuando como se refirió el Vocal accionado fue claro y conciso al emitir su decisión.
Ahora bien, en lo que concierne a la falta de respuesta respecto a su solicitud de realizar en el caso una ponderación de derechos dada la situación de salud por la que atraviesa el impetrante de tutela, si bien en efecto la autoridad accionada omite referirse al respecto; no obstante, tampoco se advierte la relevancia de su consideración a efecto de declarar por enervado dicho riesgo procesal, pues no debe perderse de vista que justamente la base normativa a partir de la cual el peticionante de tutela centró en esta parte su solicitud de cesación a la detención preventiva, refiere la existencia de nuevos elementos que demuestren que en el caso ya no concurren los motivos que la fundaron (art. 239.1 del CPP), y en ese sentido, considerando que el citado riesgo procesal fue determinado a partir del peligro existente sobre la víctima, la consideración del estado de salud del accionante de modo alguno resulta determinante a fin de declarar por desvirtuado dicho riesgo procesal, en función a lo cual y dada la falta de relevancia en el caso a fin de considerar esta omisión de respuesta como un elemento trascendental a objeto de dejar sin efecto el fallo de alzada emitido, simplemente corresponde denegar la tutela solicitada, no sin antes remitirnos al respecto al entendimiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 que precisamente determinó que a efectos de declarar la nulidad de las resoluciones judiciales a partir de la vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, la justicia constitucional a partir de una interpretación previsora debe analizar la relevancia de su consideración establecida a partir del efecto modificatorio que se pretende sobre la decisión de fondo, lo que en el caso como se tiene explicado no se presenta, no haciendo permisible a partir de ello establecer la concesión de tutela.
En cuanto al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP
Al respecto, el impetrante de tutela en la audiencia de apelación incidental sostuvo que el citado riesgo procesal referido a la influencia negativa que se pueda generar sobre los partícipes, testigos y peritos, en su caso ya no se configura por cuanto el proceso ya cuenta con una Sentencia condenatoria en primera instancia con lo que la obstaculización establecida desapareció automáticamente al cerrarse toda la etapa de judicialización de la prueba y haberse recibido las declaraciones de cada uno de los partícipes del juicio oral.
Argumento sobre el cual el Vocal accionado manifestó: “Con relación al núm. 2 del art. 235 el Tribunal de instancia a fundamentado en forma clara, que en el presente caso si bien existe una sentencia, la misma no se encuentra ejecutoriada, ha citado la S.C.P. 0012/2021- S3 de fecha 19 de febrero, en la cual establece claramente, que aun dictado la sentencia persiste este riesgo procesal, el imputado tiene que presentar documentación idónea que demuestre, que en el transcurso del proceso no ha procedido a influir de manera negativa contra los testigos y peritos, propuestos, tanto por el Ministerio Público y la parte civil, en este caso no se evidencia ninguno de esos documentos, el Tribunal de Instancia ha indicado claramente que no ha presentado ninguna prueba al respecto, lo cual no ha sido refutado en la presente audiencia, la fundamentación de agravios ha sido la reiteración de la fundamentación que hizo en audiencia de cesación a la detención preventiva, razón por la cual en relación al presente punto considero que el Tribunal de instancia ha actuado de manera correcta” (sic).
De lo manifestado por la autoridad accionada, se advierte que acorde con el planteamiento efectuado, toda vez que, como dicha autoridad lo refiere no se advierte una clara fundamentación del agravio, habiéndose limitado a repetir el planteamiento realizado en la audiencia de cesación a la detención preventiva, el Vocal accionado consideró correcta la actuación del Tribunal a quo, cuando al respecto señaló que además de no haberse presentado documentación alguna para refutar los motivos que fundaron la imposición de la medida de extrema ratio, en el caso debe considerarse el entendimiento aplicado en la SCP 0012/2021-S3 de 19 de febrero, en la que al igual que en el presente caso consideró estándares de protección reforzada a las víctimas de violencia más aun cuando se trata de menores de edad, en función a lo cual la autoridad accionada más adelante hizo referencia a los aspectos a considerar a tiempo de evaluar la solicitud efectuada, mismos que son considerados a partir de una interpretación integral del fallo emitido, habiendo concluido en la oportunidad que no solo debe tenerse en cuenta la normativa a aplicar, sino también las características del hecho, el delito y la edad de la víctima, lo que en efecto resulta lógico y comprensible, más aun cuando en el presente caso converge un transversal grado de vulnerabilidad al constituirse la víctima de violencia sexual una mujer menor de edad con la agravante de que además es hija del sentenciado, cuya probabilidad de autoría significó la imposición de treinta años de presido sin derecho a indulto, Sentencia que; no obstante, como lo refiere el accionante aún no se encuentra ejecutoriada; sin embargo, y en consideración justamente a esta protección reforzada que merecen las víctimas de este tipo de delitos, debe considerarse la finalidad y el alcance de las medidas cautelares establecida a partir del art. 221 del CPP, también mencionado por el Vocal accionado, correspondiendo en ese sentido asegurar el desarrollo del proceso.
En ese marco, y a fin de visualizar el entendimiento asumido en la SCP 0012/2021-S3, cabe señalar que sobre lo aludido dicho fallo constitucional estableció que: «…en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: “…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 61.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además, de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belém Do Pará’, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica, conforme prevé su art. 2, indicando los entornos en los cuales puede generarse, así como las clases que comprende la violencia. De igual manera en su art. 9, expresa ciertas categorías que comprenden la situación de vulnerabilidad de la mujer en casos de violencia mencionando entre ellas la minoridad; normativa que a la vez impele a los Estados Partes, a asumir medidas de protección; sin embargo, no debe dejarse de lado que estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; en ese contexto, en un proceso penal deben identificarse plenamente los factores de vulnerabilidad cuando se trata de mujeres en situación de violencia, ello con la finalidad de contrarrestar situaciones evitables y concurrentes de inseguridad en las que se sitúan y ponen en riesgo sus derechos fundamentales, y por ende también se deben asumir medidas de protección, criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo en el que se encuentre de por medio los derechos fundamentales de una mujer en situación de violencia -enfoque interseccional-, máxime si la misma es menor de edad -grupo vulnerable y de protección reforzada-”» (las negrillas nos corresponden).
En consideración a lo expuesto y toda vez que el entendimiento referido significó el fundamento central para rechazar la solicitud del peticionante de tutela, mismo que no fue contrarrestado a partir de la identificación de los agravios expuestos en apelación, se advierte que al margen de no ser evidente que la autoridad accionada haya incurrido en una incongruencia omisiva, la respuesta vertida contiene la suficiente motivación y fundamentación, comprendiéndose a partir de ella los motivos de hecho y de derecho de los cuales en el presente caso correspondía declarar la improcedencia del recurso de apelación, marco en función al cual no hace factible acoger de forma favorable el reclamo referido por la parte accionante.
Sobre el art. 239.2 del CPP
En relación a dicho numeral, el impetrante de tutela señaló que se encuentra bajo la medida de extrema ratio hace más de veinticuatro meses sobrepasando el término establecido para su detención preventiva, y que si bien en su oportunidad se rechazó la solicitud de ampliación efectuada por el Ministerio Público; sin embargo, no se aplicó el “art. 231 bis”, en ese sentido considera que habiéndose ya acreditado que su persona tiene arraigo natural demostró que el mismo se someterá al proceso hasta su conclusión.
Sobre lo aludido el Vocal accionado refirió lo siguiente: “…el Tribunal Constitucional ha fijado una línea jurisprudencial, cuando se traten de delitos de grupos vulnerables, niño, niña adolescente, se tiene que juzgar bajo perspectiva de género, se tiene que garantizar los derechos de la víctima, se tiene que ver la finalidad de las medidas cautelares previstas en el art. 221 del C.P.P., en ese sentido se ha referido de manera clara y concreta el Tribunal Constitucional a través de la S.C.P. 0012/2021-S3 de 19 de febrero que ha sido citado por el Tribunal de instancia, es decir que para el presente caso, tomando en cuenta las características del hecho, el delito y la edad de la víctima no corresponde que se conceda la libertad por el solo cumplimiento del plazo de la detención preventiva, si no que el imputado debe garantizar que estará presente durante el desarrollo del proceso, asimismo el cumplimiento de la Ley, en el presente caso se tiene una sentencia el cual no se encuentra ejecutoriado, por lo que todos esos aspectos fueron expuesto de manera clara por el Tribunal de instancia, en consecuencia ha actuado de manera correcta, no habiéndose vulnerado derechos y garantías constitucionales del imputado y menos se hubiera vulnerado el art. 23 de la C.P.E.” (sic).
Teniendo en cuenta lo expuesto por la autoridad accionada se aprecia que la misma otorgó al entonces apelante una respuesta que evidencia un análisis reflexivo y acorde a los datos y características del proceso que como se señaló en el punto anterior consideró no solamente los aspectos jurídico legales que rodean al caso, sino el eje transversal de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima que como se indicó y se remarca es una mujer menor de edad que conforme se establece de la probabilidad de autoría sufrió violencia sexual por parte de su propio padre, siendo el análisis referido por el Vocal accionado un examen que en función al marco jurisprudencial establecido, expone de manera lógica y razonable los motivos para no acoger el reclamo efectuado en instancia de apelación y por ende declarar procedente el recurso presentado, estableciendo de forma clara y concisa y en atención a la protección reforzada aplicada en la presente causa que, no es factible disponer la libertad del peticionante de tutela únicamente por el vencimiento del término dispuesto para la detención preventiva, cuando al efecto debe realizarse un análisis bajo una perspectiva reflexiva que considere las características a las que ahora se hace referencia y que concierne al enfoque interseccional y de protección reforzada.
En ese marco, y toda vez que el Vocal accionado sustentó su razonamiento bajo la consideración de entendimientos jurisprudenciales que establecen la aplicación de acuerdo al caso de los ejes de vulnerabilidad otorgando al efecto un análisis reflexivo y con perspectiva de género que vele por el resguardo de los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad, se considera que con base a tal razonamiento el fallo emitido de su parte no vulnera elemento alguno del debido proceso, existiendo una respuesta al reclamo efectuado, la cual se encuentra imbuida de la motivación y fundamentación necesaria al efecto, por lo que con respecto a este punto de reclamo igualmente corresponde denegar la tutela solicitada.
En relación a la vulneración del derecho a la libertad, teniendo en cuenta que la detención preventiva del accionante fue dispuesta mediante una resolución emitida por autoridad competente cuyos motivos que la determinaron no fueron desvirtuados a partir de la solicitud de cesación a dicha medida extrema efectuada por el prenombrado, evidenciándose a partir del examen realizado en la presente acción tutelar, que la determinación asumida en instancia de alzada que declaró improcedente la apelación interpuesta contra el Auto de 14 de mayo de 2021, que rechazó dicha solicitud se encuentra debidamente fundamentada y motivada, no corresponde más que determinar la denegatoria de tutela en relación al citado derecho.
Respecto a la vulneración de los derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la vida y a la salud, el impetrante de tutela únicamente se limitó a aseverar su lesión sin evidenciar cómo los mencionados derechos fueron vulnerados a partir de la actuación del Vocal accionado quien a partir del recurso de apelación interpuesto simplemente procedió a emitir su respectiva resolución, falta de carga argumentativa que impide a este Tribunal emitir algún criterio al respecto, por lo que con relación a tales derechos corresponde denegar la tutela solicitada.
Respecto a la actuación de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, este Tribunal no puede soslayar la forma de resolución emitida de su parte, pues como se tiene del punto I.2.3 de este fallo constitucional la mencionada Sala Constitucional se limitó a denegar la tutela solicitada bajo el argumento de que no se tenía al alcance la documentación pertinente al efecto, actuación que en los hechos evidencia la restricción del acceso a la justicia del peticionante de tutela, quien se vio impedido de contar con un pronunciamiento de fondo respecto a su planteamiento, cuando además de poder solicitar al prenombrado la presentación de los documentos extrañados y que eran fundamentales para la resolución del caso consistentes en el acta de audiencia de la apelación incidental y su respectiva resolución, incluso la mencionada Sala a partir de una actuación previa conforme lo establece el art. 35.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) bien pudo solicitar a la autoridad accionada la remisión de los documentos referidos, no siendo un justificativo valedero ni razonable lo argüido por la citada Sala Constitucional cuando al respecto manifestó que no se solicitó los antecedentes del caso, por cuanto en la oportunidad no se planteó una acción traslativa o de pronto despacho, única posibilidad en la que a criterio de dicha Sala Constitucional podían solicitar documentación, cuando por el contrario es deber de los Jueces o Tribunales de garantías y las Salas Constitucionales, requerir la documentación necesaria para emitir un fallo justo e imparcial; antecedentes que de igual forma deben ser remitidos ante esta instancia constitucional a objeto de la revisión adecuada y resolución ecuánime de la problemática constitucional, conforme lo establece a su vez el art. 38 de la misma norma procesal.
En ese sentido, y toda vez que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al margen de limitar su actuación emitiendo una resolución sin ingresar al análisis de fondo del asunto como correspondía, vulneró el derecho de acceso a la justicia del accionante, resulta por demás pertinente llamar la atención a la citada Sala Constitucional a efectos de que en futuras actuaciones tomen los recaudos necesarios para requerir la documentación extrañada y en ese sentido poder emitir una resolución justa y acorde al planteamiento efectuado, sin limitarse a que injustamente se deniegue la tutela solicitada por esta causa.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° CONFIRMAR la Resolución 87 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
2° Llamar la atención a Juan José Subieta Claros y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0005_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): c7eae3b929cfffa6d329adf10b2ec3f2c4c58ff5cebe4e3092a8e3bb19890e0b
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