B.IA.LEGAL

SCP 0002/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de enero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58140-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y a la defensa; por cuanto, habiéndose señalado audiencia para resolver la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2023, que dispuso su detención preventiva; los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, suspendieron, por dos veces consecutivas, la audiencia antes nombrada de forma injustificada, incumpliendo los plazos señalados en la normativa adjetiva penal; por tal razón, solicita se ordene el señalamiento inmediato para considerar su apelación incidental de medida cautelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023, de 28 de agosto, cursante de fs. 19 a 20., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en su modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.

2° Llamar severamente la atención a Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con la advertencia, que de volver a incurrir en las omisiones lesivas a derechos fundamentales que fueron detectadas en este fallo constitucional, se remitirá antecedentes a la vía pertinente para las responsabilidades que corresponda. 3° Llamar la atención al Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no haber observado lo previsto en los arts. 125.II de la Constitución Política del Estado y 35.1 del Código Procesal Constitucional, debiendo en ulteriores tramitaciones de las acciones de defensa que le correspondan conocer y resolver, observar las normas expresas de su tramitación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante en la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de dilación en la consideración de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2026-S3 Sucre, 29 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58140-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 19 a 20., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Evelín Rivero Ribera en representación sin mandato de Yuliana Vargas Arriaga, contra Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 5 vta., la accionante a través de su representante sin mandato expreso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y violencia política contra las mujeres, se emitió el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2023, mediante el cual se dispuso su detención preventiva, por lo que, se encuentra detenida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; ante dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental. El referido Auto Interlocutorio fue remitido al despacho de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandados- el 8 de agosto del mismo año. Posteriormente, el 10 de agosto de 2023, las autoridades demandas dispusieron el señalamiento de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el 22 de igual mes y año; no obstante ese día, el secretario de la mencionada Sala Penal informó que los Vocales demandados no se encontraban presentes; por lo que, se determinó la suspensión de la audiencia, sin exponer argumentos legales que justifiquen la suspensión, fijándose nuevo señalamiento para el 25 del citado mes y año. En la nueva fecha señalada, el secretario de la mencionada Sala Penal, informó que los demandados se encontraban en otra audiencia; motivo por el cual, se suspendió una vez más la audiencia, reprogramándose para el 30 de agosto de 2023.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo señalamiento de audiencia de consideración de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2023, en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 16 y 17.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Resolución 27/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 19 a 20., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz inmediatamente y con preferencia a otras, lleve a cabo la audiencia señalada para el 30 de agosto de 2023, con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como finalidad acelerar los trámites para la definición de la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de acción de libertad fue ampliamente desarrollada por la jurisprudencia constitucional; al respecto, la SC 0078/2010-R de 03 de mayo, indica los supuestos de procedencia, orientados a actos dilatorios del trámite de la cesación a la detención preventiva; 2) Debido a que las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia, no presentaron informe ni remitieron los antecedentes del caso, corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante. Criterio que se sustenta en el Auto Constitucional 0020/2014-SRA, que valida la veracidad de los hechos denunciados ante el silencio de la autoridad demandada; 3) Siendo que la accionante manifiestó que de forma injustificada y continua se suspendió la audiencia para considerar la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva; se evidencia que que los demandados, no dieron cumplimiento a los plazos establecidos en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 4) Ante el incumplimiento de los plazos procesales y la vulneración del principio de celeridad, corresponde agilizar el trámite para la celebración de la audiencia respectiva, dada la demora injustificada.

I.2.4.Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Yuliana Vargas Arriaga -accionante- por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y violencia política contra las mujeres, se emitió el Auto Interlocutorio de 15 de julio 2023, que dispuso su detención preventiva, contra el cual interpuso recurso de apelación incidental, que fue remitido por el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante oficio 895/2023 de 4 de agosto de 2023 (fs. 1). II.2. Los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, mediante decreto de 10 de agosto de 2023, señalaron audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por la impetrante de tutela y el Ministerio Público, para el 22 de agosto de 2023 a horas 11:00 (fs. 2). II.3. Conforme el acta de audiencia de acción de libertad de 28 de agosto de 2023, según lo aseverado por la parte accionante no refutado por la parte demandada, , Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, suspendieron la audiencia de consideración de apelación incidental programada para las fechas 22 y 25 de igual mes y año. (fs. 18 a 20). II.4 Mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2023, dirigido al Tribunal de garantías, la accionante informó que, pese a haberse concedido la tutela, disponiendo la agilización del trámite y el señalamiento de audiencia de consideración de apelación incidental con carácter preferente, las autoridades demandadas la postergaron nuevamente para el 5 de septiembre del mismo año (fs. 24 a 25 vta.). II.4 Cursa acta de suspensión de audiencia de acción de libertad de 26 de agosto de 2023, mediante la cual se dispuso nuevo señalamiento de la misma para el 28 del mismo mes y año, debido a la falta de notificación a los demandados (fs. 15 y vta), siendo ambas autoridades notificadas el 28 del mismo mes y año en forma personal (fs. 15 y, 16 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y a la defensa; por cuanto, habiéndose señalado audiencia para resolver la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2023, que dispuso su detención preventiva; los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, suspendieron, por dos veces consecutivas, la audiencia antes nombrada de forma injustificada, incumpliendo los plazos señalados en la normativa adjetiva penal; por tal razón, solicita se ordene el señalamiento inmediato para considerar su apelación incidental de medida cautelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante en la acción de libertad

La SCP 0379/2019-S2 de 14 de junio, respecto a la presunción de veracidad, realizó el siguiente trabajo de sistematización:

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de dilación en la consideración de medidas cautelares

La SCP 1211/2025-S3 de 7 de octubre, al resolver un caso relacionado con la dilación en el señalamiento de audiencia de medidas cautelares y suspensiones consecutivas de audiencia, recogió la sistematización de la línea jurisprudencial realizada por la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que estableció lo siguiente:

«A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de 2El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

3El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.3. Análisis del caso concreto

Antes de ingresar al análisis de fondo del caso concreto, corresponde referirse a la inasistencia a la audiencia de consideración de esta acción tutelar por parte de las autoridades demandadas, su omisión de presentación de informe y la no remisión de su parte de los antecedentes del caso que motiva esta acción tutelar, que debieron ser enviados para que el Tribunal de garantías y este Tribunal Constitucional Plurinacional tengan los elementos de convicción necesarios para resolver la causa. Ante esta omisión, la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, ha establecido la aplicación del principio de presunción de veracidad, cuando las autoridades demandadas no presentan informe para desvirtuar las afirmaciones de la demanda tutelar, tampoco acuden a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su legal notificación; vale decir, en estos casos se tienen por ciertas las afirmaciones realizadas por la parte solicitante de tutela; lo cual acontece en el caso de autos; debido a que las autoridades judiciales demandadas; si bien, inicialmente no fueron debidamente citadas; motivo por el cual, se suspendió la audiencia, no es menos evidente que ambas autoridades fueron citadas en forma personal el 28 de agosto de 2023 (Conclusión II.2). No obstante dicha citación, los demandados decidieron no asistir a la audiencia, tampoco elevaron su informe incumpliendo su obligación de presentar la prueba necesaria de los antecedentes del caso, circunstancia que hace aplicable el precedente constitucional citado; razón por la cual, la presente causa se analizará en el marco del principio de presunción de veracidad de lo denunciado por la accionante. Efectuadas dichas precisiones, se pasa a analizar la problemática de fondo; en ese sentido se tiene que, la parte accionante denuncia que habiendo presentado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2023, que dispuso su detención preventiva, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, suspendieron la audiencia que estaba señalada para el 22 de agosto del mismo año, fijándose nuevo señalamiento para el 25 de igual mes y año, que también fue suspendida y reprogramada para el 30 de los referidos mes y año de manera injustificada, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, se hubiere resuelto su recurso de apelación. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, describe los supuestos por los cuales la jurisdicción constitucional abre su ámbito de protección a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa; en virtud de la cual, toda solicitud relacionada con la libertad personal del que peticiona, debe ser tramitada con la celeridad que amerita el caso; puesto que, de ella podría depender la modificación de su estado de privación de libertad. En ese orden, constituyen actos de dilación indebida, los señalamientos de audiencia en una fecha alejada a lo previsto legalmente, así como los casos de suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares sin causa justificada.

De la revisión de antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra la peticionante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y violencia política contra las mujeres, el 15 de julio 2023, se llevó la audiencia de medidas cautelares, que dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio del mismo mes y año, determinación que fue apelada por la accionante y el cuaderno respectivo fue remitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz mediante oficio de 4 de agosto de 2023 (Conclusión II.1). En ese orden, una vez remitido el recurso de apelación por decreto de 10 de agosto de 2023, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, compuesta por los Vocales demandados, señaló audiencia de consideración de los recursos de apelación de medida cautelar interpuestos por las partes, entre ellos, el de la impetrante de tutela para el 22 del mismo mes y año. Esta primera actuación, permite advertir que los demandados no actuaron con la celeridad exigida, cuando se trata de situaciones vinculadas con la libertad, como son los señalamientos de audiencia para conocer y resolver medidas cautelares. En efecto, la parte accionada inobservó el plazo establecido en el art. 251 del CPP, que dispone que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental de medida cautelar “El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de las tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. En el caso que se revisa, resulta evidente un señalamiento de audiencia para doce días después, con el agravante que dicha audiencia fue suspendida sin justificativo alguno para el 25 del citado mes y año, conforme se tiene aseverado por el accionante y no desvirtuado por la parte demandada (Conclusión II.3). A lo señalado, se suma que las autoridades demandadas incurrieron en otro acto dilatorio al suspender nuevamente la audiencia de 25 de agosto de 2023 y reprogramarla para el 30 del mismo mes y año, sin que en obrados se tengan los motivos de la suspensión; advirtiéndose que el nuevo señalamiento fue fijado sin la celeridad exigida, no obstante de tratarse de una segunda suspensión. De lo expuesto, se advierte que el recurso de apelación incidental presentado por la accionante contra la resolución que dispuso su detención preventiva, no fue resuelto por las suspensiones consecutivas que se dieron sin causa justificada, además de señalamiento de audiencia sin observar el plazo previsto en el art. 251 del CPP, incumplimiento que amerita abrir el ámbito de protección que brinda este mecanismo de defensa, máxime si se considera que la actuación dilatoria de la parte demandada, se corrobora con lo sucedido después de la resolución del Tribunal de garantías; dado que, de acuerdo al memorial de 31 de agosto de 2023, la solicitante de tutela informó al mencionado Tribunal que las autoridades demandadas postergaron nuevamente la consideración del recurso de apelación para el 5 de septiembre del mismo año (Conclusiones II.3 y II.4).

Consiguientemente, en el caso que se analiza, la afectación a la libertad de la accionante resulta evidente, toda vez que la celeridad para resolver la apelación incidental fue incumplida por los demandados; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.

III.4. Otras consideraciones

Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional debe referirse a la actuación del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que actuó como Tribunal de garantías y tramitó la presente acción tutelar, actuación en la que inobservó lo previsto en el art. 35.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referido al deber de asegurar que la parte demandada en una acción de defensa sea debidamente notificada. Su inobservancia provocó que la audiencia de consideración de esta acción tutelar sea suspendida para el 28 de agosto de 2023, conforme se advierte en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, suspensión que es contraria a lo establecido en el art. 125.II de la CPE, que en forma expresa determina: “En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. En ausencia del demandado, por inasistencia o abandono, se llevará a efecto en su rebeldía”. Si bien es evidente que el Tribunal de garantías, el 26 de agosto de 2023, advirtió que la parte demandada no fue debidamente notificada, razón por la cual determinó la suspensión de audiencia y dispuso nuevo señalamiento para el 28 del mismo mes y año, no es menos cierto que un adecuado control en la dirección del proceso constitucional a su cargo hubiere permitido que las parte accionada sea debidamente notificada, y con ello, no se hubiere suspendido la audiencia; razón por la cual, corresponde llamar la atención al Tribunal de Garantías por no haber cuidado la debida tramitación de la acción tutelar que se revisa, debiendo en ulteriores causas observar los plazos y las reglas expresas que tienen las acciones de defensa para asegurar su protección oportuna y no generar dilaciones innecesarias. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023, de 28 de agosto, cursante de fs. 19 a 20., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en su modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.

2° Llamar severamente la atención a Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con la advertencia, que de volver a incurrir en las omisiones lesivas a derechos fundamentales que fueron detectadas en este fallo constitucional, se remitirá antecedentes a la vía pertinente para las responsabilidades que corresponda. 3° Llamar la atención al Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no haber observado lo previsto en los arts. 125.II de la Constitución Política del Estado y 35.1 del Código Procesal Constitucional, debiendo en ulteriores tramitaciones de las acciones de defensa que le correspondan conocer y resolver, observar las normas expresas de su tramitación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0002_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): deba689b9c256f5ebb23e0c8e4c65df73f56bbc0b39b75a40b3385e54bff36a0

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