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SCP 0002/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58153-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, mediante el Auto Interlocutorio 220/2023, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; en consecuencia, en la misma fecha interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue admitido, ordenándose su tramitación ante la autoridad superior en grado; sin embargo, dicha remisión no fue efectuada oportunamente, permaneciendo el recurso sin ser elevado hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, lo que generó una mora procesal superior a cuatro días, afectando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Ante ello, la autoridad demandada ni el codemandado remitieron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a haber sido debidamente notificados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 73/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58153-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 73/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Manuel Chambilla Bolo en representación sin mandato de Ramiro Callancho Ramírez contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito tipificado en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, se evidenció que Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez, y Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, hasta la presentación de la acción de libertad, no remitieron en físico el recurso apelación incidental planteado oralmente en audiencia a la autoridad superior en grado, conforme a lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a pesar de haber transcurrido más de veinticuatro horas, vulnerándose de ese modo el principio de celeridad procesal.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene que: a) El recurso de apelación incidental sea remitido en el día al Tribunal de alzada, imponiendo costas por la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), destinados a donación en favor de los niños que se encuentran recluidos en los diferentes centros penitenciarios; y, b) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura en relación a las autoridades hoy demandadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 11 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia señaló que: 1) Mediante Auto Interlocutorio de 11 de agosto de 2023, se dispuso la extrema medida de la detención preventiva, en consecuencia bajo el mecanismo del art. 251 del CPP, formuló recurso de apelación incidental, ante lo cual la autoridad hoy demandada ordenó: “…tramítese ante el superior la apelación incidental…” (sic); 2) Desde el 11 hasta el 17 de agosto del referido año, transcurrió un plazo superior a cuatro días, excediendo ampliamente el término de veinticuatro horas, sin que se hubiera remitido el recurso de apelación incidental a la autoridad superior en grado; y, 3) Se evidenció una demora injustificada, sin que el recurso de apelación incidental hubiera sido sorteado al juzgado o a la sala pertinente.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez; y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitieron informe alguno, pese a su citación, cursante de fs. 9 a 10.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 73/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 13 a 15 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas, se proceda a remitir el legajo de apelación incidental a la autoridad superior en grado; ello, con base en los siguientes fundamentos: i) Los demandados omitieron remitir oportunamente el recurso de apelación incidental ante la autoridad superior en grado, vulnerando el derecho a la libertad, la garantía del debido proceso y el principio de celeridad del ahora accionante; ii) La acción de libertad se fundamentó en la presunción de veracidad de los hechos denunciados, debido al silencio de los demandados, ante la omisión de presentar sus informes, ya sea de manera escrita u oral, dentro del trámite de la acción tutelar, en tal sentido correspondía la concesión de la acción de libertad, conforme a lo establecido por la SCP 0017/2019-S1 de 20 de marzo, que reconoció la presunción de veracidad en las acciones de libertad cuando la autoridad demandada no concurre a la audiencia ni presenta informe alguno sobre los hechos denunciados, reforzando de este modo la protección efectiva de los derechos fundamentales frente a la inactividad de la autoridad demandada; y, iii) En virtud de los fundamentos expuestos, la autoridad consideró acreditada la vulneración del derecho a la “libertad de pronto despacho” del accionante, debido a la omisión de remitir el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio “220/2023” de 11 de agosto. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante a través de su abogado manifestó que requiere complementación al amparo del art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), sobre la actuación de mala fe del abogado, el actuar de las autoridades hoy accionadas; ya que, que hasta la presentación de acción tutelar transcurrieron cuatro días sin remitir el cuaderno de apelación y al no haber remitido informe. En mérito a dicha solicitud, el Juez de garantías, en audiencia, emitió el Auto de 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 15 y vta., mediante el cual declaró no ha lugar a la solicitud de complementación de la Resolución 73/2023, con base en el siguiente fundamento: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional moduló el trámite de los recursos de apelación -incluso tratándose de apelaciones incidentales en medidas cautelares- estableciendo el plazo de tres días para su remisión; señalando que el segundo punto guardaba relación con el primero, en razón a que habrían transcurrido cuatro días sin que se hubiera remitido el recurso de apelación incidental; y, b) Se consideró que los juzgados de instrucción desarrollan múltiples actuaciones diarias, particularmente audiencias de medidas cautelares, por lo que la remisión de la apelación no constituye el único trámite a su cargo, en ese entendido, precisó que, si bien no se justificaba una demora indebida, debía ponderarse la capacidad humana y física.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Disco Compacto (CD), que contiene el acta y el registro íntegro de la audiencia de 17 de agosto de 2023, correspondiente a la presente acción tutelar y cursa adjunto el Auto Interlocutorio 220/2023 de 11 de agosto, emitido por Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, mediante el cual se admitió el recurso de apelación incidental formulado, disponiéndose su tramitación ante la autoridad superior en grado, dicha determinación puede verificarse en el registro audiovisual, específicamente entre los minutos 00:08:38 a 56 de la grabación (fs. 12 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, mediante el Auto Interlocutorio 220/2023, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; en consecuencia, en la misma fecha interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue admitido, ordenándose su tramitación ante la autoridad superior en grado; sin embargo, dicha remisión no fue efectuada oportunamente, permaneciendo el recurso sin ser elevado hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, lo que generó una mora procesal superior a cuatro días, afectando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Ante ello, la autoridad demandada ni el codemandado remitieron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a haber sido debidamente notificados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.

Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado el ámbito de análisis, corresponde referirse a los antecedentes procesales del expediente constitucional, de esa manera se advierte que el 11 de agosto de 2023, el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 220/2023 de la misma fecha. En respuesta, la autoridad hoy demandada indicó que: “Se tiene presente la apelación formulada conforme a norma tramitar ante superior la apelación incidental…” (sic); no obstante, hasta el 15 de agosto de 2023 -fecha de interposición de la presente acción de libertad-, los antecedentes del recurso de apelación incidental no fueron remitidos al Tribunal superior en grado, habiendo trascurrido más de cuatros días (Conclusión II.1). Ahora bien, con relación a la autoridad judicial demandada, corresponde señalar que el Juez hoy demandado incumplió su propia determinación emitida el 11 de agosto de 2023, al no remitir oportunamente los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela, dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, que establece la obligación de enviar el legajo del recurso de apelación al tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas de interpuesto el mismo. Este incumplimiento vulneró no solo el citado precepto legal, sino también lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; en consecuencia, se advierte una demora indebida e injustificada, generando retardación en la definición de la situación jurídica del peticionante de tutela, quien permanece privado de libertad. Tal omisión configura una vulneración al principio de celeridad procesal, reconocida como elemento esencial del debido proceso y con incidencia directa en el derecho fundamental a la libertad personal, por lo cual, se establece que la autoridad hoy demandada incurrió en un incumplimiento del principio de celeridad, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En lo que respecta al Secretario codemandado, se observa que el accionante no precisó de qué manera el nombrado habría vulnerado su derecho a la libertad, la garantía al debido proceso y el principio de celeridad y si al respecto efectuó el reclamo a la autoridad judicial competente. En efecto, la competencia para remitir el recurso de apelación al Tribunal de alzada en un plazo de veinticuatro horas recae sobre el juez de la causa, conforme lo establece el art. 251 del CPP quien debe hacer seguimiento y suscribir la nota de cortesía; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada respecto del codemandado. En cuanto a la solicitud de imposición de costas, la parte solicitante de tutela no demostró ni acreditó la cuantificación del daño referido; es decir, por qué la afectación implicaría una cuantía de Bs50 000.- y no otro monto, para que este Tribunal se pronuncie sobre el mismos; por lo que, no corresponde disponer esta pretensión. Finalmente, en relación con la solicitud de remisión de los antecedentes del caso al Consejo de la Magistratura, no corresponde atender la misma, puesto que, si el impetrante de tutela considera que se hubiera incurrido en alguna falta, cuenta con las vías expeditas para promover las acciones que estime pertinentes ante las autoridades legalmente competentes. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 73/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0002_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 27ab7818682e9969a32e2a57f01b5ca52d27224845e82602ffc2fd045f764f2f

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