Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 262/2022 de 10 de agosto, que determinó rechazar la solicitud de cesación a su detención preventiva, dicha impugnación hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no fue remitida al Tribunal de alzada; empero, ante la posterior presentación del requerimiento conclusivo de acusación por parte del Ministerio Público, éste sí fue atendido y remitido al respectivo tribunal de sentencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/22-AL de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar a la autoridad demandada, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2025-S1 Sucre, 5 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49856-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/22-AL de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dora Balcázar Rojas y Romel Leonardo Ipamo Saravia en representación sin mandato de José Diego Almanza Cárdenas contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 9 a 12, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, guarda detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” desde el 2 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, ahora demandada. Posteriormente, a través de su abogada, solicitó la cesación a la detención preventiva dispuesta en su contra; empero, ésta fue rechazada por la autoridad jurisdiccional a través del Auto Interlocutorio 262/2022 de 10 de agosto, ante ello, formuló recurso de apelación incidental al concluir la audiencia, “…pero extrañamente en vez de que el expediente baje a la sala penal este se va al TRIBUNAL 3ero…” (sic), hecho que lesiona sus derechos constitucionales; por cuanto, se está causando demora en la resolución del recurso presentado por su parte.
El peticionante de tutela, considera lesionado su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga de forma inmediata su libertad, así como la restitución de los derechos afectados.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliándolo señaló que, interpone la presente acción tutelar en su modalidad traslativa o de pronto despacho; toda vez que, existió dilación indebida por parte de la autoridad demandada en la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación, habiéndose efectuado la audiencia de cesación a la detención preventiva el 10 de agosto de 2022 y hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa -19 de igual mes y año-, su recurso no fue sorteado ni remitido a la sala penal correspondiente; es por ello que, plantea su reclamo, indicando, además, que se tiene una remisión de acusación de 16 de ese mes y año, resultando “extraño” dicha remisión en la fecha indicada, puesto que se trata de un procedimiento inmediato, pero también existe un recurso de apelación incidental pendiente interpuesto por su parte; por todo lo expuesto solicita la protección inmediata de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad vinculado a su libertad personal, requiriendo se remita de manera inmediata el citado recurso, invocando al efecto la SCP 1024/2019-S4 de 4 de diciembre.
Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitió informe escrito alguno ni se hizo presente en la audiencia virtual de consideración de la acción de defensa, pese a su legal citación cursante a fs. 15.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 13/22-AL de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 29, concedió la tutela solicitada, ordenando a la autoridad demandada remitir de forma inmediata los actuados correspondientes a la Sala Penal de turno bajo prevenciones de ley; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del expediente original remitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, donde radica actualmente el proceso penal, en el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 10 del referido mes y año, se tiene que el abogado de la defensa, de forma oral formuló recurso de apelación incidental, conforme prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante lo cual la Jueza de la causa ahora demandada concedió el recurso, disponiendo la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, una vez que el apelante provea las fotocopias para su legalización; b) Asimismo, se evidencia que dos días después, el 12 de igual mes y año, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo acusatorio, mereciendo la providencia de 15 de ese mes y año, que dispuso su remisión vía sorteo ante un tribunal de sentencia, inclusive se verifica que el Ministerio Público hubiera ya presentado las pruebas adjuntas a su acusación, a efectos de ser producidas en el juicio oral, público y contradictorio; y, c) De lo expuesto, se colige que la autoridad ahora demandada incumplió el plazo de veinticuatro horas para remitir el recurso de apelación incidental ante el Tribunal ad quem para su conocimiento y resolución, conforme prevé el art. 251 del indicado Código, situación que tiene absoluta y directa vinculatoriedad con la obtención de la libertad de locomoción del impetrante de tutela; por lo que, corresponde la concesión de la tutela en su tipología traslativa o de pronto despacho.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la investigación penal seguida por el Ministerio Público contra José Diego Almanza Cárdenas -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se tiene el Acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 10 de agosto de 2022 y el Auto Interlocutorio 262/2022, pronunciado por Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, por el cual resolvió RECHAZAR la solicitud incoada por el imputado; asimismo, en dicha audiencia la abogada de la defensa planteó el recurso de apelación incidental, que fue concedido por la Jueza de la causa, ordenando además que por Secretaría, se eleven “…antecedentes al tribunal de alzada una vez la parte apelante provea de las fotocopias para su legalización en cumplimiento a lo establecido por el art. 143 del C.P.P.” (sic [fs. 3 a 8]). II.2. Cursa Oficio 1347/2022 de 16 de agosto, suscrito por la autoridad ahora demandada, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, con referencia “REMITE ACUSACIÓN”, por el cual a fs. “176” remite el cuaderno procesal de la etapa preparatoria con la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela y otro; con cargo de recepción el 18 de agosto de 2022, a horas 8:44 “Con pruebas inmersas al cuaderno procesal y una apelación pendiente” (sic [fs. 19 y vta.]).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 262/2022 de 10 de agosto, que determinó rechazar la solicitud de cesación a su detención preventiva, dicha impugnación hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no fue remitida al Tribunal de alzada; empero, ante la posterior presentación del requerimiento conclusivo de acusación por parte del Ministerio Público, éste sí fue atendido y remitido al respectivo tribunal de sentencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0089/2019-S2 de 5 de abril, precedida por la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, desarrolló el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada-ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas).
Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, entre otras. Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo al art. 251 del CPP, una vez remitido el recurso de apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, el Tribunal de apelación debe resolver el recurso sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Conforme a dicha norma, el plazo para fijar audiencia en apelación y resolver el recurso es de tres días, por lo que se incurrirá en dilación indebida y, por lo tanto procederá la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuando dicho plazo sea incumplido; pues, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, “…Toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero).
En el caso de autos, el accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra Auto Interlocutorio 262/2022 de 10 de agosto, que determinó rechazar la solicitud de cesación a su detención preventiva, dicha impugnación hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, no fue remitida al Tribunal de alzada; empero, ante la posterior interposición del requerimiento conclusivo de acusación por parte del Ministerio Público, éste sí fue atendido y remitido al respectivo Tribunal de Sentencia. En tal sentido, de la revisión de antecedentes se advierte que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el ahora accionante y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el impetrante de tutela presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, llevándose a cabo la audiencia el 10 de agosto de 2022, a horas 9:10, donde se emitió el Auto Interlocutorio 262/2022 de igual fecha, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, que resolvió RECHAZAR la solicitud incoada por el imputado; asimismo, en dicha audiencia también consta que la abogada de la defensa planteó recurso de apelación incidental, que mereció la concesión por la Jueza de la causa, ordenando además por Secretaría que se eleven “…antecedentes al tribunal de alzada una vez la parte apelante provea de las fotocopias para su legalización en cumplimiento a lo establecido por el art. 143 del C.P.P.” (sic [Conclusión II.1]). Al respecto, es necesario mencionar que, el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad”; es decir, que, una vez planteado el recurso de apelación, la autoridad que haya resuelto mediante resolución, modificar o rechazar las medidas cautelares de carácter personal, deberá remitir la apelación en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Departamental de Justicia. Ahora bien, como se hizo mención precedentemente, el 10 de agosto de 2022, el accionante a través de su defensa técnica formuló recurso de apelación incidental de forma oral en audiencia y fue en el mismo acto procesal que la Jueza demandada ordenó su remisión al Tribunal de alzada de turno, siendo ese acto el que dio inicio al cómputo de las veinticuatro horas para la remisión de los actuados pertinentes; por lo que, la mencionada autoridad judicial debió remitir dichos actuados hasta el 11 de ese mes y año; sin embargo, por Oficio 1347/2022 de 16 de igual mes, dicha Jueza recién remitió el cuaderno procesal de referencia con la ACUSACIÓN FORMAL presentada -el 12 de agosto de ese año- por el Ministerio Público contra el ahora accionante y otro, ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; Oficio con cargo de recepción de 18 del referido mes y año, a horas 8:44 “Con pruebas inmersas al cuaderno procesal y una apelación pendiente” (sic [Conclusión II.2]). Es decir que, la Jueza demandada no dio cumplimiento a la normativa citada precedentemente, extremo confirmado por la Sala Constitucional que originalmente resolvió la causa. Consecuentemente, tomando en cuenta los antecedentes del caso, se tiene que la Jueza ahora demandada incurrió en dilación indebida al no haber remitido los actuados pertinentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal ad quem ni efectuar el control sobre el personal de apoyo, emergiendo de ahí su responsabilidad por la demora mencionada, más aun considerando la vasta jurisprudencia de este Tribunal emitida sobre este tema, que refiere: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). Así, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo en aquellos casos en los que exista vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, como ocurre en el caso concreto, evidenciándose que la Jueza demandada, lesionó el principio de celeridad al no haber remitido los antecedentes del recurso de apelación ante el superior en grado, dentro del plazo de veinticuatro horas como manda el art. 251 del CPP y conforme el citado Fundamento Jurídico; correspondiendo conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/22-AL de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar a la autoridad demandada, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0001_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f6636599d9aca6b0bbc5994fd2328f47fd82782c7481cf04ccd79ed66f4042de
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