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SCP 0001/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de enero de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de enero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
39951-2021-80-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la vulneración de su derecho a la libre locomoción, trabajo, seguridad jurídica, debido proceso, defensa, principios de celeridad, justicia pronta y oportuna; señalando que, la autoridad ahora demandada, mediante Auto de Vista 175, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio impugnado que rechazó su solicitud de cesación de las medidas cautelares, con el argumento de que la parte apelante debió enervar los riesgos procesales presentando prueba ante el Juez a quo, sin considerar que únicamente, la aplicación de medidas cautelares en su contra, se había fundado en la probabilidad de autoría, y no así sobre la existencia de riesgos procesales; sin fundamentar debidamente por qué debía mantenerse la imposición de las medidas cautelares, incurriendo en una errónea interpretación del art. 239.1 del CPP y franca contradicción de lo establecido en la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 30 de abril de 2021, cursante de fs. 41 a 42 vta., emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.
  2. III.2. Sobre la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2023-S4 Sucre, 27 de enero de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 39951-2021-80-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05 de 30 de abril de 2021, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Titirico Cordero, Luis Titirico Limachi y Samuel Titirico Limachi, contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2021, cursante de fs. 31 a 35 vta.; los accionantes, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, en la audiencia de medida cautelar les impusieron detención domiciliaria, alegando únicamente la probabilidad de autoría establecida en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Presentada la solicitud de cesación de medidas cautelares, a través de la interposición de una acción de libertad, logró la realización de la respectiva audiencia, en la que a través del Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2021, denegó su solicitud; no obstante que cumplieron con demostrar a través de documental idónea y suficiente que correspondía dar curso a lo impetrado; vulnerando así su derecho al debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, presunción de inocencia, libertad, defensa e igualdad procesal. Apelada que fue la determinación del a quo, el legajo no fue remitido al Tribunal de alzada, sino hasta que planteó nueva acción de libertad de pronto despacho, en cuyo cumplimiento, el 9 de abril de 2021, recién fue remitido el expediente ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo de la Vocal Gladys Alba Franco –hoy demandada–, quien mediante el Auto de Vista 175 de 22 de igual mes y año, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio 104/2021; señalando que la parte apelante debió de enervar los riesgos procesales presentando prueba ante el Juez a quo; sin considerar que únicamente, la aplicación de medidas cautelares en su contra, se había fundado en la probabilidad de autoría, y no así sobre la existencia de riesgos procesales; que al estar con detención domiciliaria solo podría limitarse su derecho de locomoción de ocho de la noche a seis de la mañana; por lo que, tenían todo el día para realizar sus actividades; no existiría falta de fundamentación o motivación, porque la Jueza de instancia explicó claramente que en el caso en concreto “no existía un plazo de duración” (sic); asimismo, estableció que al existir un requerimiento conclusivo, el caso sería remitido ante el Juez de Sentencia, quien en el supuesto caso de que corresponda, modificaría de oficio la situación procesal de los imputados y no así la Jueza inferior; en el caso de cesación de medidas cautelares, la carga de la prueba es de la parte impetrante; en consecuencia, no evidenció ningún agravio en la resolución impugnada. Incurriendo así en una errada interpretación del art. 239.1 del CPP, al pedir a la parte apelante que presente prueba para enervar riesgos procesales, como requisito para desvirtuar la probabilidad de autoría dispuesta en el art. 233.1 del adjetivo penal, en franca contradicción de lo dispuesto en la SCP 0024/2015-S2 de 16 de enero, donde se establece que para la procedencia de la cesación a la detención preventiva, no es exigible que le imputado demuestre que no es autor o partícipe del hecho punible, sino tan sólo acreditar que no existe riesgo de fuga y obstaculización en la averiguación de la verdad. Al haber declarado la admisibilidad e improcedencia de su recurso, la autoridad demandada denegó se les otorgue la libertad irrestricta, en base a un razonamiento contrario al establecido en la jurisprudencia constitucional, que tiene carácter vinculante; y sin la debida fundamentación necesaria que justifique se mantenga la imposición de las referidas medidas cautelares personales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes denunciaron lesionado sus derechos a la libre locomoción, trabajo, seguridad jurídica, debido proceso, defensa, y los principios de celeridad, justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 116, 117, 119, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) .

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, y, en consecuencia: a) Se restituya su derecho a la libertad; b) Se deje sin efecto el Auto de Vista 175; c) Ordenen la emisión de una nueva resolución, disponiendo su libertad irrestricta; y, d) Sea con la imposición de costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 42 vta., presentes los accionantes asistidos por su abogada, y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela, a través de su abogada, ratificaron los términos de su demanda de acción de libertad, y ampliándola, señalaron que: 1) En audiencia de medidas cautelares quedó establecida la probabilidad de autoría, prevista en el art. 233.1 del CPP, y, que la solicitud de cesación de las medidas cautelares, fue presentada el 30 de diciembre de 2021, en el entendido que el plazo de noventa días, para la realización de las diligencias investigativas, requerido por el Fiscal de Materia, ya fue cumplido; 2) La autoridad jurisdiccional no tomó en cuenta que el plazo había vencido, y en su lugar señaló que faltaba recibir las declaraciones de los testigos y de los otros denunciantes, así como el desdoblamiento del “CD”, el informe social; pese a que se presentó todas las documentales que acreditaban que se habían efectuado tales diligencias; por otro lado, indicó que debían desvirtuar la autoría, pese a tener conocimiento que ese aspecto sería desvirtuado en juicio, más no así en la etapa preparatoria; y, 3) La Vocal demandada, denegó el recurso, alegando que no se probó ni demostró ningún agravio en la resolución de instancia y que no se aparejó prueba que desvirtúen los riesgos procesales, cuando lo único que quedó latente era la probabilidad de autoría.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su legal citación, cursante a fs. 37.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 05 de 30 de abril de 2021, cursante de fs. 41 a 42 vta., denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: i) De los argumentos y petición de la parte accionante, se advierte que basa su fundamentación en el cumplimiento de los noventa días, donde la autoridad jurisdiccional otorgó; sin establecer cuál de los argumentos del Auto de Vista 175 que rechazó la cesación a su detención preventiva, se consideraría como atentatorio a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; ii) La Vocal demandada consideró que los argumentos establecidos por la parte impetrante de tutela, no se encuadran a los requisitos que prevé el art. 125 del CPP, y lo que correspondía en el caso, era solicitar una modificación de las medidas cautelares; ya que el Auto de Vista emitido, dio lugar a la aplicación de la detención domiciliaria, que no fue apelado; por lo que la carga de la prueba le corresponde al imputado; iii) En relación a que ya se encontraría vencido el término de la etapa preparatoria, la parte impetrante de tutela, puede acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional que ejerce el control, a los fines de conminar al Ministerio Público para que presente su requerimiento conclusivo, tal como establece el art. 223 del CPP; y en caso de que considere que todos han vulnerado el debido proceso en la acción de libertad; y, iv) De lo escuchado en la audiencia y de las pruebas traídas a colación se evidencia que los imputados estuvieron asistidos por su abogado defensor desde el momento que fueron imputados, y llevados ante la autoridad jurisdiccional; por lo que, no existiría lesión a ningún derecho constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 4 de julio de 2022, cursante a fs. 46, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la suspensión del plazo, con la finalidad de obtener documental necesaria para la emisión de la resolución correspondiente; siendo reanudado, a partir de Decreto Constitucional de 12 de enero de 2023 (fs. 76); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal establecido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 104/2021 de 24 de marzo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, dispuso rechazar y declarar improcedente la solicitud de cesación de las medidas cautelares, impetradas por Luis Titirico Limachi, Samuel Titirico Limachi y Luis Titirico Cordero –ahora accionantes–, manteniendo vigente la Resolución de 25 de septiembre de 2020 (fs. 28 vta. a 30 vta.). II.2. En el acta de audiencia de apelación de medida cautelar de 26 de abril de 2021, consta que los impetrantes de tutela, plantearon los argumentos de su apelación incidental (fs. 51 a 53). II.3. A través del Auto de Vista 175 de 26 de abril de 2021, cuyo registro digital también fue adjuntado, Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–, declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por la parte imputada y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 104/2021 apelado (fs. 53 vta. a 55).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la vulneración de su derecho a la libre locomoción, trabajo, seguridad jurídica, debido proceso, defensa, principios de celeridad, justicia pronta y oportuna; señalando que, la autoridad ahora demandada, mediante Auto de Vista 175, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio impugnado que rechazó su solicitud de cesación de las medidas cautelares, con el argumento de que la parte apelante debió enervar los riesgos procesales presentando prueba ante el Juez a quo, sin considerar que únicamente, la aplicación de medidas cautelares en su contra, se había fundado en la probabilidad de autoría, y no así sobre la existencia de riesgos procesales; sin fundamentar debidamente por qué debía mantenerse la imposición de las medidas cautelares, incurriendo en una errónea interpretación del art. 239.1 del CPP y franca contradicción de lo establecido en la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Respecto de esta temática debemos citar la SCP 0077/2012 de 16 de abril, que entre sus Fundamentos Jurídicos, modificó el entendimiento realizado sobre la aplicación de la doctrina de revisión de la interpretación ordinaria en acciones de libertad; en este sentido, el referido fallo estableció la siguiente: “De otro lado, corresponde remitirse a lo sustentado tanto por las autoridades demandadas, como por el Juez de garantías en sentido que el accionante no hubiere cumplido con los requisitos para que se revise la interpretación de la legalidad ordinaria. Al respecto, cabe precisar que si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado dentro de las líneas de autorrestricción subreglas para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los jueces y tribunales, estableciendo la exigencia de que el accionante ‘…1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional’ (SC 0085/2006-R de 25 de enero, entre otras); sin embargo, corresponde analizar si dicho entendimiento jurisprudencial puede ser aplicado a la acción de libertad. En esta perspectiva, resulta necesario recordar que la característica del informalismo constituye un principio configurador de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, entendido como la ausencia de formalidades y rigorismos procesales que tiendan a enervar injustificadamente la tramitación pronta y oportuna de esta acción tutelar, el mismo que guarda correspondencia con las características de sumariedad e inmediatez propias de la acción de libertad, cuyas diversas manifestaciones han sido desarrolladas por el constituyente, el legislador y la jurisprudencia constitucional. (...)

En virtud de él, ni el constituyente ni el legislador -art. 67 de la LTCP- han establecido requisitos formales o de contenido para la presentación de la demanda de acción de libertad que tengan que ser cumplidos para su activación, inclusive bajo este principio, conforme reconoció la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0304/2001-R, 0454/2001-R, 0294/2003-R y 1204/2003-R, el juez o tribunal de garantías debía salvar los defectos u omisiones de derecho advertidos en la demanda y pronunciarse de oficio sobre actos ilegales, derechos y garantías conexos a los hechos denunciados. Así, la SC 1204/2003-R de 25 de agosto, estableció lo siguiente: ‘Que, en materia de hábeas corpus, dada la naturaleza de los derechos bajo su protección, le está permitido a la jurisdicción constitucional en una correcta aplicación de la justicia constitucional no sólo limitarse a compulsar la violación de las normas que citara el recurrente como vulneradas, sino también de otras que a consecuencia de aquéllas y principalmente del hecho o acto que se refiere como constitutivo de la lesión resultan también vulneradas, lo que bajo ningún motivo, puede interpretarse como resolver la problemática en base a presupuestos distintos a los que hubiera referido el recurrente, pues se reitera que lo dicho, se refiere únicamente a hechos conexos, vale decir que de esta compulsa se determinarán otras acciones que impliquen lesión al derecho a la libertad en cualquiera de sus formas, siempre que éstas derivaren o estén vinculadas con la denuncia’. Otra de las manifestaciones del informalismo se desprende de lo previsto en el art. 68.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional LTCP, cuando señala que: ‘…la autoridad competente podrá ordenar a quien tenga en su poder la remisión de actuados concernientes al hecho demandado’, otorgando la facultad al tribunal de garantías de pedir todo elemento probatorio, independientemente del presentado por el accionante o por la autoridad o persona demandada con la finalidad de encontrar la verdad material de los hechos denunciados. Consecuentemente, bajo el principio del informalismo, por un lado, no podrán exigirse presupuestos formales a ser cumplidos por el accionante para activar el ámbito de protección de la acción de libertad; y de otro lado, tampoco podrá requerirse la observancia al accionante de libertad, de entendimientos jurisprudenciales referidos a las exigencias de carga argumentativa a ser cumplidas en la demanda u otros requisitos que impliquen una carga procesal para activar este mecanismo procesal al no encontrarse la acción de libertad sujeta a requisitos de admisibilidad. En tal sentido, los presupuestos para la revisión de la legalidad ordinaria establecidos por la jurisprudencia constitucional para la acción de amparo constitucional no pueden ser exigidos como presupuestos a ser observados a quien demanda de acción de libertad, dado que dicha carga argumentativa resulta adversa a su naturaleza. Un entendimiento contrario, implicaría adoptar una interpretación restrictiva y limitativa de este mecanismo de protección desacorde a los criterios de interpretación de los derechos humanos y a los mandatos previstos en los arts. 13. IV, 256.II y 410.II de la CPE” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela, denunciaron vulneración de su derecho a la libre locomoción, trabajo, seguridad jurídica, debido proceso, defensa, principios de celeridad, justicia pronta y oportuna; señalando que, dentro del proceso penal que el Ministerio Público, a denuncia de José Lindond Ferrufino, les sigue por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–, mediante Auto de Vista 175, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio 104/2021 (Conclusión II.1), que rechazó su solicitud de cesación de las medidas cautelares con el argumento de que la parte apelante debió enervar los riesgos procesales presentando prueba ante el Juez a quo, sin considerar que únicamente, la aplicación de medidas cautelares en su contra, se había fundado en la probabilidad de autoría, y no así sobre la existencia de peligros procesales; sin fundamentar debidamente por qué debía mantenerse la imposición de las medidas cautelares, incurriendo en una errónea interpretación del art. 239.1 del CPP y franca contradicción de lo establecido en la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, considerando que el primer problema jurídico planteado converge en una presunta falta de fundamentación del Auto de Vista cuestionado, corresponde remitirnos a su contenido a efectos de corroborar si lo alegado por los accionantes resulta ser o no evidente. Al respecto, en el primer Considerando la Vocal demandada consignó los agravios identificados por la defensa, señalando que a) La Jueza a quo restringió su intervención al tiempo de diez minutos; b) No valoró la prueba ofrecida que acreditaba que ya no concurrían los motivos que fundaron la imposición de medidas cautelares; c) Tampoco consideró que desde la imputación habían transcurrido noventa días, venciendo el plazo de la etapa investigativa; d) La aplicación de las medidas no respondía a la existencia de peligros procesales; y, e) La Jueza de instancia, debió actuar de oficio conforme al art. 250 del CPP; empero, no se pronunció sobre la detención domiciliaria. Asimismo, transcribió lo manifestado por el Ministerio Público y la parte civil. A partir del segundo considerando, manifestó que: 1) Del análisis realizado se tiene que el 25 de septiembre de 2020, se dispuso la aplicación de medidas cautelares a los imputados; que la detención domiciliaria no era una detención preventiva, y que la modificación le era competente; 2) El Auto Interlocutorio 104/2021, establece que sí se mencionaron los riesgos procesales, pero que éstos no fueron desacreditados y que la carga de la prueba correspondía a la parte acusadora; sin embargo, dichos argumentos correspondían a la audiencia de medidas cautelares y no así para una posterior audiencia, como el caso que se trata de una cesación; 3) El Auto Interlocutorio 104/2021, establece expresamente que el art. 239 del CPP, referido a la cesación de medidas cautelares personales, prevé que lo que debería hacer la parte apelante era presentar pruebas para enervar los riesgos procesales; y de ninguna manera se presentaron dichos elementos para desvirtuarlos, por ello no se le está vulnerando el derecho a la locomoción; ya que la restricción comprende horas de la noche de 20:00 a 08:00, teniendo todo el día para realizar sus actividades; 4) La autoridad de instancia, explicó, motivó y fundamentó sobre la prueba, afirmando que no existía un plazo de duración para la aplicación de medidas cautelares; mucho más si ya se había presentado un requerimiento conclusivo, lo que implicaba que se dictaría una sentencia en el juicio oral correspondiente; y, 5) En ese entendido, es preciso señalar que la carga de la prueba no le corresponde al Ministerio Público ni la parte civil, sino a quien solicita la cesación a la detención preventiva, así como enervar los riesgos procesales que sustentaron la aplicación de la medida cautelar; consecuentemente, la parte imputada debió presentar las pruebas y acreditar que no concurrían los riesgos procesales; argumentos en base a los cuales declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por los hoy accionantes, por lo cual confirmó el fallo apelado (Conclusiones II.2 y II.3). De lo que se concluye que, la Vocal demandada cumplió con el deber de fundamentar su fallo conforme la exigencia jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que explicó de manera clara, coherente y precisa las razones determinativas del porque correspondía mantener la decisión de detención domiciliaria; pues de los datos del legajo procesal se contaba como peligro procesal el riesgo de fuga vigente previsto en el art. 234.7 del CPP (Conclusiones II.2 y II.3 registro digital de la Resolución); señalando en su caso, correspondía desvirtuar por consiguiente los que sirvieron para fundar la aplicación de medidas cautelares –Y no como erróneamente señala los accionantes que solo se contaba con la probabilidad de autoría–, mucho más si se trataba de una solicitud de cesación. Por lo expuesto, al resultar evidente que el Auto de Vista 175, ha sido emitido con la debida fundamentación como componente esencial del debido proceso; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto a la denuncia de errónea interpretación del art. 239.1 del CPP, modificado por la Ley 1173, que prevé la cesación de las medidas cautelares personales; considerando que la línea jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, apertura la competencia de este Tribunal para poder ingresar a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria vía acción de libertad, corresponde emitir pronunciamiento.

Al respecto, debemos referir que esta jurisdicción constitucional evidencia que en la exposición de agravios consignados en el Auto de Vista motivo de impugnación constitucional, la parte accionante solicitó cesación a sus medidas cautelares, pidiendo se revoque la resolución apelada y se disponga su libertad, contexto frente al cual, la autoridad demandada señaló que cuando se pretende la cesación referida, los imputados deben presentar los nuevos elementos a los que hace referencia el numeral 1 del art. 239 del CPP. Los argumentos desarrollados precedentemente dan cuenta que la autoridad demandada, a tiempo de resolver la apelación incidental de cesación de medidas cautelares refirió que, correspondía a los imputados, haber presentado la prueba necesaria, invocar el art. 239.1 del citado Código, referido a los nuevos elementos de juicio que determinen que no concurren los motivos que fundaron la detención domiciliaria y en la segunda parte, que se torne conveniente sustituir la extrema medida por otra; por lo que, dicha interpretación no resulta atentatoria a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los accionantes, correspondiendo denegar la tutela impetrada, al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 30 de abril de 2021, cursante de fs. 41 a 42 vta., emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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