Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Segunda · 6 de octubre de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia que, el GAM de Oruro, en el marco de sus competencias, incumplió con la obligación legal de implementar un centro de acogimiento circunstancial destinado a niñas, niños y adolescentes, conforme lo establecen los arts. 53, 54 -modificado por la Ley 1168- y 188 inc. y) del CNNA, lo que derivó en la vulneración del principio del interés superior del niño y de sus derechos a la protección y socorro inmediato; además que, pese a las reiteradas solicitudes y notas remitidas, la conducta omisiva de la autoridad demandada configuró un incumplimiento de norma expresa y generó un vacío institucional que afecta de manera directa a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que: a) Respondió todas las notas remitidas y la falta de un centro de acogida circunstancial, obedece a un proceso de planificación estatal; y, b) Se encuentran elaborando los informes correspondientes y el perfil del proyecto de propuesta de política pública municipal para la creación de un centro de acogimiento circunstancial, aclarando que su ejecución está sujeta a su incorporación en el POA. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 197/2024 de 6 de noviembre, cursante de fs. 152 a 155, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° De conformidad con el art. 28.II del CPCo, se dimensionan los efectos de esta decisión, manteniendo vigentes los efectos de la resolución emitida por la Sala Constitucional, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1179/2025-S2 Sucre, 6 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de cumplimiento Expediente: 68958-2024-138-ACU Departamento: Oruro En revisión la Resolución 197/2024 de 6 de noviembre, cursante de fs. 152 a 155, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Rosmery Sola Choque, Directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) del Gobierno Autónomo Departamental contra Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM), ambos de Oruro.
Por memorial presentado el 15 de octubre de 2024, cursante a fs. 1 y 25 a 34, la parte accionante manifiesta lo siguiente:
El GAM de Oruro, en el marco de sus competencias, teniendo la obligación de implementar un centro de acogimiento circunstancial, destinado a recibir a niñas, niños y adolescentes del Municipio, al no haber cumplido con esta obligación, vulneró la primacía de sus derechos, así como su derecho a recibir protección, socorro en cualquier circunstancia y a una administración de justicia pronta, oportuna y con personal especializado. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye una garantía legal establecido en el art. 12 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); asimismo, los arts. 53 y 54 del mismo cuerpo normativo consagran dicho principio, que se traduce en la atención preferente que deben recibir, siendo corresponsables de asegurar el ejercicio goce y respeto de dichos derechos el Estado, las familias y la sociedad; en ese marco, el acogimiento circunstancial se configura como una medida inmediata de protección, cuya atribución recae en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, encargada de viabilizar su ejecución en un centro de acogida. El GAM de Oruro, mediante el SEDEGES, brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, contando con seis centros de acogida de carácter permanente; empero, no disponen de la capacidad necesaria ya que se encuentran hacinados. Finalmente, desde la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, el GAM de Oruro, tenía la obligación de crear otros centros de acogimiento circunstancial; no obstante, incumplió dicha obligación y esta conducta omisiva derivó en la vulneración de los derechos de los menores a recibir protección y socorro en condiciones adecuadas.
La parte impetrante de tutela denuncia la omisión de cumplimiento de los arts. 53, 54, modificado por el art. 2.III de la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 1168 de 12 de abril de 2019 y 188 inc. y) del CNNA.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene al GAM de Oruro que habilite ambientes con personal técnico pertinente para asumir el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran con acogimiento circunstancial.
Celebrada la audiencia pública el 6 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 140 a 151 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de cumplimiento y, ampliando en audiencia, señalo que: a) Las reiteradas notas y solicitudes dirigidas al GAM de Oruro, en las que se pedía dar cumplimiento al art. 188 inc. y) del CNNA -referido a la obligación de habilitar ambientes destinados al cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento circunstancial-, no fueron atendidas; b) Se advirtió que los adolescentes alojados en esos centros enfrentaban diversas dificultades y que incluso existía persecución hacia los funcionarios de dicha entidad por parte de autoridades municipales, bajo el argumento de que varios de los menores debían ser acogidos en instalaciones municipales y no en los centros departamentales, con lo cual, se deduce que intentaban deslindarse de cualquier responsabilidad; c) Al no tener muchas de las solicitudes respuesta alguna, se configura un silencio administrativo; y, d) Aunque se presentó un perfil de proyecto de política pública para la creación del centro de acogida transitorio municipal de niñas, niños y adolescentes, este documento no establece fecha de inicio de funcionamiento, ni acredita su aprobación formal, pues tampoco cursa resolución municipal alguna que disponga su apertura efectiva.
Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del GAM de Oruro, a través de su abogado y representante legal, en audiencia de la acción de defensa, manifestó que: 1) Ambas instituciones tienen como finalidad garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en ese marco, están obligadas a coordinar acciones y políticas públicas destinadas a atender las necesidades de este sector; 2) Se respondió cada una de las notas presentadas y, la inexistencia de un centro de acogida circunstancial se debe a que dicho proyecto forma parte de un proceso de planificación estatal; y, 3) Se están presentando los informes correspondientes y el perfil del proyecto de propuesta de política pública municipal para la creación del centro de acogida transitorio municipal de niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Dirección de Igualdad de Oportunidades del referido ente edil, lo que demuestra la voluntad de ejecutar el proyecto; sin embargo, su concreción requiere de un proceso que implica la elaboración de informes técnicos y administrativos que deben ser incorporados en el Plan Operativo Anual (POA).
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 197/2024 de 6 de noviembre, cursante de fs. 152 a 155, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de siete meses, el GAM de Oruro implemente un centro de acogida circunstancial conforme al Código Niña, Niño y Adolescente, coordinando con el SEDEGES los elementos mínimos para su apertura y presentando el proyecto final con tiempos definidos de ejecución y funcionamiento; con base en los siguientes fundamentos: i) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tenía la obligación legal de acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, al no existir un centro municipal destinado a este fin, dicha atribución se encontraba incumplida; ii) Se constató que la parte accionante remitió diversas notas a las autoridades municipales y que el propio Concejo Municipal de Oruro, mediante Minuta de Comunicación 106/2024 de 24 de julio, recomendó al Alcalde demandado implemente de manera urgente ambientes adecuados para un centro de acogimiento circunstancial, en cumplimiento del precitado Código; no obstante, pese a la elaboración de informes y a la existencia de un perfil de proyecto de prevención de abandono, no se evidenció la aprobación, ni el tratamiento de un plan concreto de construcción, ni mucho menos una fecha definida de conclusión; y, iii) Se verificó la existencia de un vacío institucional, que no podía justificarse en trámites técnicos ni en la futura ejecución de obras, puesto que los derechos de niñas, niños y adolescentes, en virtud de su protección reforzada, no podían quedar supeditados a la espera de proyectos; en consecuencia, corresponde que el GAM de Oruro habilite de manera provisional ambientes propios ya existentes, equipados con mobiliario y condiciones mínimas de seguridad, alimentación y atención, garantizando además la separación por edades y sexo, y la contratación de personal especializado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 30 de enero de 2024, Emerik Medrano Pari, Director del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental, solicitó a Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del GAM, ambos de Oruro -hoy demandado-, el cumplimiento del Código Niña, Niño y Adolescente, señalando que los seis centros de acogida existentes se encuentran hacinados y carecen de capacidad para recibir nuevos menores; por ello, pidió habilitar un centro de acogimiento circunstancial en aplicación de los arts. 53 y 54 del citado Código (fs. 6 a 8). Posteriormente, mediante memorial presentado el 4 de julio del mismo año, dirigido a Freddy Mamani Nina, Presidente del Consejo Municipal del referido Municipio, el prenombrado Director, reiteró la problemática antes descrita y solicitó que se realicen las gestiones necesarias para la habilitación de dicho centro (fs. 9 a 11 vta.). En igual sentido, a través de memorial presentado el 5 de igual mes y año, volvió a dirigir la petición al Alcalde del referido ente edil (fs. 12 a 14 vta.). II.2. Constan Notas CITE: G.A.D.O.R./SDDSySA/SE.DE.GES./A.J. 112/2024 de 11 de julio; CITE: G.A.D.O.R./SDDSySA/SE.DE.GES./A.J. 118/2024 de 22 de igual mes; y, CITE: G.A.D.O.R./SDDSySA/SE.DE.GES./A.J. 144/2024 de 25 de septiembre, emitidas por Rosmery Sola Choque, Directora del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro -ahora accionante-, dirigidas al Alcalde demandado, por las que puso en conocimiento los memoriales antes presentados y solicitó reunión urgente, reiterando tal requerimiento en las dos últimas notas (fs. 15 a 17). Asimismo, cursa acta de reunión de 7 de octubre de 2024, suscrita por Boris Delgado Gutiérrez, Director de la Dirección de Igualdad de Oportunidades del referido ente edil; Emerik Medrano Pari, Encargado del Área Jurídica -no especifica de qué entidad-; Elizabeth Guaygua Ajata, Secretaria Departamental de Desarrollo Social y Seguridad Alimentaria; Guadalupe Ramírez Angulo, Jefa de la Unidad de Asistencia Social, ambas del referido Gobierno Autónomo Departamental y la impetrante de tutela (fs. 19 y vta.); y, Nota CITE: G.A.D.O.R./SDDS y SA/SE.DE.GES./A.J. 151/2024 de 9 del señalado mes, en la cual, la accionante solicitó nuevamente la habilitación del centro de acogimiento circunstancial (fs. 21 a 24). II.3. Cursan Nota de 11 de julio de 2024, mediante la cual, Paola Cristina Calle Requena, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, puso a conocimiento del Director de Igualdad de Oportunidades el informe técnico para la creación del “‘Programa de Prevención del Abandono de Niños, Niñas y Adolescentes PROPRANNA’” (sic), así como el “Perfil de Proyecto de ‘CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA TRANSITORIO MUNICIPAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADO PARENTAL O EN RIESGO DE PERDERLO’” (sic); y, el informe técnico de igual fecha, de propuesta de creación del Programa Prevención del Abandono de Niños, Niñas y Adolescentes (PROPRANNA), adjuntando el plan de trabajo de la gestión 2025 y el perfil de proyecto (fs. 114 a 139). A través de Informe presentado el 16 del señalado mes y año, Paola Cristina Calle Requena, Responsable del Área de Aportaciones y Acogimientos de la Dirección de Igualdad de Oportunidades precitado Municipio, indica al Director de Igualdad de Oportunidades que se está cumpliendo con el Código Niña, Niño y Adolescente en relación al procedimiento del acogimiento circunstancial (fs. 106 a 110). Por Informe Cite: GAMO/SMDH/DIO/DIREC/391/2024 de 17 del referido mes y gestión, emitido por la referida Dirección en atención a la hoja de ruta DEVU 5968/24 de 5 del precitado mes y año (fs. 105). Consta Nota Cite: C.M.O. 608/2024 de 26 del mismo año, por la que, el Presidente del Concejo Municipal de Oruro, remitió informe por minoría y Minuta de Comunicación 106/2024, recomendando al Alcalde de dicho Municipio a realizar acciones a corto y largo plazo de manera urgente a efecto de implementar ambientes para un centro de acogimiento circunstancial conforme al Código Niña, Niño y Adolescente (fs. 87 a 89). Nota Cite: G.A.M.O./S.M.A.J./P1019/2024 de 23 de octubre, por el que, Víctor Hugo Miranda Choque, Secretario Municipal de Asuntos Jurídicos del GAM de Oruro, solicitó a la Dirección de Igualdad de Oportunidades del mismo ente edil, que informe si cuenta con un proyecto de inmueble de acogimiento circunstancial (fs. 70); e, Informe Cite: GAMO/SMDH/DIO/DIREC/534/2024 de igual fecha, por el que, la referida Dirección indica no incumplir con ninguna obligación establecida por norma (fs. 72 a 77).
La parte accionante denuncia que, el GAM de Oruro, en el marco de sus competencias, incumplió con la obligación legal de implementar un centro de acogimiento circunstancial destinado a niñas, niños y adolescentes, conforme lo establecen los arts. 53, 54 -modificado por la Ley 1168- y 188 inc. y) del CNNA, lo que derivó en la vulneración del principio del interés superior del niño y de sus derechos a la protección y socorro inmediato; además que, pese a las reiteradas solicitudes y notas remitidas, la conducta omisiva de la autoridad demandada configuró un incumplimiento de norma expresa y generó un vacío institucional que afecta de manera directa a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que: a) Respondió todas las notas remitidas y la falta de un centro de acogida circunstancial, obedece a un proceso de planificación estatal; y, b) Se encuentran elaborando los informes correspondientes y el perfil del proyecto de propuesta de política pública municipal para la creación de un centro de acogimiento circunstancial, aclarando que su ejecución está sujeta a su incorporación en el POA. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
El art. 134.I de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de los servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”. Asimismo, el art. 64 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que: “La Acción de Cumplimiento tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de Servidoras o Servidores Públicos u Órganos del Estado”.
Sobre dicho tópico, la SCP 0036/2012 de 26 de marzo, haciendo alusión a la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, precisó que: “‘Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutela derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos.
(...)
Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional.
Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso-corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión”’ .
De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en la audiencia de garantías, se tiene que desde la dirección del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, se presentaron reiteradas solicitudes al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal del GAM de Oruro, requiriendo la habilitación de un centro de acogimiento circunstancial en aplicación de los arts. 53, 54 -modificado por la Ley 1168- y 188 inc. y) del CNNA, debido al hacinamiento en los seis centros existentes; gestiones que fueron respaldadas por diversas notas oficiales y una reunión interinstitucional (Conclusiones II.1 y II.2); asimismo, se advierte que las diversas dependencias del referido ente edil, remitieron informes y notas en relación al señalado centro de acogimiento circunstancial, destacándose la recomendación expresa del Concejo Municipal para implementar ambientes adecuados conforme la citada Ley, así como la elaboración de informes técnicos, el programa de Prevención del Abandono de Niños, Niñas y Adolescentes (PROPRANNA), junto con el perfil de proyecto para la creación del centro de acogida transitorio municipal (Conclusión II.3).
Ahora bien, la presente acción tutelar fue planteada con el objeto de denunciar la presunta omisión del GAM de Oruro, respecto a la habilitación de un centro de acogimiento circunstancial, invocando como fundamento legal de la presente acción de cumplimiento a los arts. 53, 54 -modificado por la Ley 1168- y 188 inc. y) del CNNA.
En ese entendido, la parte accionante sostiene que tales disposiciones imponen a la entidad municipal la obligación de habilitar un centro específico, lo cual -según su interpretación-, no habría sido cumplido por la autoridad municipal. Como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, de acuerdo con el art. 134 de la CPE y el art. 64 del CPCo, la acción de cumplimiento procede únicamente frente al incumplimiento de un deber claro, expreso, exigible y determinado, contenido en una disposición constitucional o legal, atribuible de manera directa a un servidor público u órgano estatal.
La jurisprudencia constitucional -entre otras las mencionadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2012, 2266/2013 y 1318/2014-precisó que esta acción no tutela deberes genéricos o indeterminados, ni tampoco normas sujetas a interpretación o controversia, pues su finalidad es garantizar mandatos concretos, ineludibles e indubitables; por lo que, del análisis de las normas denunciadas como incumplidas, se establece lo siguiente:
El art. 53 del CNNA, define la medida del acogimiento circunstancial como una medida excepcional y provisional, aplicable en situaciones de urgencia, pero no asigna la obligación expresa de su implementación o de creación de infraestructura al GAM de Oruro, sino que describe la naturaleza jurídica de la medida.
El art. 54 de la referida norma procesal -modificado por la Ley 1168-, regula el procedimiento de notificación del acogimiento circunstancial, imponiendo deberes a personas y entidades que reciban al menor, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, a la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia, pero no establece algún mandato de infraestructura que esté dirigido a su implementación por parte del GAM de Oruro.
El art. 188 inc. y) de igual norma, establece atribuciones específicas para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; por tanto, no puede interpretarse que dicho artículo, imponga al GAM de Oruro la obligación de crear infraestructura destinada a centros de acogimiento circunstancial.
Las modificaciones de la Ley 1168 al Código Niña, Niño y Adolescente, tampoco incorporan mandatos normativos distintos a los ya mencionados que estén dirigidos a los Gobiernos Autónomos Municipales. En consecuencia, ninguno de los citados artículos contiene un mandato dirigido al GAM de Oruro, en cuanto a habilitar un centro de acogimiento circunstancial; esto determina que, si bien es cierto que el Código Niña, Niño y Adolescente, establece el marco de protección integral de la niñez y adolescencia, los arts. 53, 54 -modificado por la Ley 1168- y 188 inc. y) de dicha norma, en ningún lugar determinan un mandato normativo para que los municipios estén obligados a crear o habilitar directamente aquellos centros de acogimiento circunstancial. En efecto, la hipótesis planteada por la parte impetrante de tutela, en el sentido de que estas normas contendrían de manera implícita un mandato para la creación de dichos espacios, aun si fuese aceptada por la justicia constitucional, únicamente podría considerarse como disposiciones de carácter programático o procedimental, orientadas a regular la forma de aplicación del acogimiento circunstancial. En ningún caso constituyen un deber jurídico expreso atribuible al Alcalde o al GAM de Oruro; por lo que, se confunde la acción de cumplimiento con la acción popular.
En este sentido, la pretensión de la parte peticionante de tutela, inicia de una interpretación extensiva de los artículos referidos, que transforma deberes de gestión destinados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en supuestas obligaciones de infraestructura municipal, lo cual no se encuentra previsto en el texto normativo objeto de la presente acción de cumplimiento, y que por ende no podría ser tutelada por este mecanismo constitucional, cuyo ámbito protectivo fue claramente uniformado por la jurisprudencia constitucional mencionada. Bajo este análisis, la acción de cumplimiento no puede prosperar cuando la norma invocada no establece un mandato claro y expreso, o cuando el precepto legal es de naturaleza genérica, sujeta a interpretación o depende de actos administrativos complementarios. Por consiguiente, al no existir en los arts. 53, 54 -modificado por la Ley 1168- y 188 inc. y) del CNNA un mandato concreto dirigido al GAM de Oruro, la acción de cumplimiento no resulta procedente, pues este mecanismo solo puede activarse frente a deberes claros, expresos y exigibles.
Pese a que no se cumplen los requisitos que hacen a la acción de cumplimiento, de conformidad con el art. 28.II del CPCo; y, siendo que los centros de acogimiento tienden a garantizar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se mantienen vigentes los efectos de la concesión de tutela dispuestos en la Resolución 197/2024 de 6 de noviembre por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Oruro. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 197/2024 de 6 de noviembre, cursante de fs. 152 a 155, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° De conformidad con el art. 28.II del CPCo, se dimensionan los efectos de esta decisión, manteniendo vigentes los efectos de la resolución emitida por la Sala Constitucional, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1179_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 902c20111fd9679859da6083072cd8b2287455eaa96d5b5227bb6fb5fc0ce407
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