Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Primera · 23 de octubre de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia como norma incumplida el art. 66.III de la Ley 2341; puesto que, ante una denuncia en su contra se le inicio un proceso administrativo en la que los miembros del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1 (ahora demandados) emitieron la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, la cual fue impugnada el 10 de enero de 2024; empero, el recurso de revocatoria no fue resuelto en el plazo establecido por la norma, y ante una presunción de silencio administrativo negativo, el 6 de febrero de igual año formuló recurso jerárquico, el mismo que no fue remitido por los ahora demandados ante el Tribunal Disciplinario Nacional para su revisión hasta la fecha -se entiende a la presentación de esta acción tutelar-, vulnerando el derecho a la petición y a la impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizaran los siguientes temas: a) Naturaleza Jurídica de la Acción de Cumplimiento; b) Improcedencia de la acción de cumplimiento en procesos o procedimientos administrativos en los cuales se vulneren derechos y garantías tuteladas por la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2024 de 20 de marzo, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2024-S1 Sucre, 23 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de cumplimiento Expediente: 63212-2024-127-ACU Departamento: La Paz En revisión la Resolución 44/2024 de 20 de marzo, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Jorge Javier Quenta contra Juan Carlos Tarqui Ichuta, ex Presidente; Limber Quispe Gutiérrez, Director Distrital y actual Presidente; Evaristo Cruz Limachi, Fiscal Promotor; y, Marisabel Varón, Secretaria - Actuaria, todos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación El Alto – 1.
Por memorial presentado el 26 de febrero del 2024, cursante de fs. 10 al 14, el accionante expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra, como profesor de la Unidad Educativa “21 de septiembre - Señor de Lagunas”, dependiente del Distrito Educativo de El Alto - 1 del departamento de La Paz, ante una denuncia que considera falsa, los miembros del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación El Alto – 1, emitieron la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, misma que fue impugnada el 10 de enero de 2024, conforme dispone el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, impugnación que debió ser resuelta hasta el 31 de similar mes y año; es decir, en el plazo de quince días que prevé el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente Administrativo, aprobado por Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993; empero, no existe pronunciamiento pese al seguimiento del trámite de impugnación, recibiendo respuestas evasivas e ingresando al ámbito de las presunciones legales conforme a los arts. 17.I, II, III y IV; y, 65 de la Ley 2341 y art. 72 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2023 -Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo-, abriéndose su derecho a la impugnación a través del recurso jerárquico o de revisión, el cual formalizó el 6 de febrero de igual año. Si bien la “RS 212414” determina las reglas a observarse en la tramitación de los procesos disciplinarios, estableciendo los recursos de apelación o alzada a plantearse por las partes sometidas a esta clase de procesos, pero no es menos cierto que estas no prohíben de ninguna forma la posibilidad de plantearse los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico que establece la Ley de Procedimiento Administrativo como regla general de aplicación en los procedimientos administrativos sancionadores, según entendimiento constitucional; de ahí que es posible concluir que el reconocimiento de los típicos medios de impugnación de los actos administrativos, reconocidos en el orden legal (Ley de Procedimiento Administrativo), a través de dos instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, son formas procesales de impugnación en sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de impugnación; es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estado que prevé dos instancias, las que no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que aseguren la eficacia material de los siguientes derechos fundamentales y garantías constitucionales: “i) Derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y, su nexo con ii) El derecho a la defensa en la fase impugnativa. Es decir, en el caso, de las formas del procedimiento administrativo sancionador en sus diferentes fases, guardarán correspondencia y coherencia con el derecho al debido proceso en la medida en que se aseguren su eficacia” (sic). Dado el carácter sancionador del proceso disciplinario, éste en todas sus fases o instancias tiene que sustanciarse y resolverse garantizando el debido proceso, que tiene como componente esencial el derecho a la defensa, en efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa -arts. 115.II de la Constitucional Política del Estado (CPE) y 8.2 inc. f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)- cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental; este es, el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un Tribunal Superior “(art. 8.2 inc. h) de la CADH y 14.5 del PIDCP) (SCP 0083/2013 de 17 de enero)” (sic). A la fecha “23 de febrero de 2024” está abierto y en plena vigencia el plazo para que las autoridades del Tribunal Disciplinario Nacional respondan el recurso jerárquico; empero, las autoridades del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación El Alto -1, no remiten los documentos propios de la impugnación ante esa instancia que tiene sede en La Paz, conforme dispone el art. 24.g) el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo y el régimen de la impugnación jerárquica establecido en el art. 66.II de la Ley 2341. La acción de cumplimiento tiene por finalidad “a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes, cuando ellas se muestran renuentes” (sic), para que, mediante el Juez de garantías pueda ordenar a la autoridad administrativa, en este caso al Tribunal Disciplinario, a que cumpla lo dispuesto por ley; es decir, al haber precluido su facultad de contestar el recurso de revocatoria interpuesto el 10 de enero de 2024 contra la Resolución 016/2023; y, en tiempo legal y oportuno fue planteado el recurso jerárquico, obliga a los codemandados el cumplimiento de la remisión hasta el 23 de febrero del indicado año, caso contrario vencerá el plazo de impugnar; en tal sentido, el acto que se reclama es la remisión de la documentación al Tribunal Disciplinario Nacional para su revisión, siendo obligatorio el cumplimiento de los plazos en el caso de impugnaciones tanto en el ámbito judicial como el administrativo; el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo otorga el plazo de cuarenta ocho para la remisión de la documentación que en el caso concreto “sería el 8 de febrero de 2024”, hecho que no aconteció. De ninguna forma pretende que con esta acción tutelar se ingrese a la revisión de los derechos y responsabilidades, lo único que observa y exige es que se derive el trámite para su tratamiento a la instancia del Tribunal Disciplinario Nacional y de continuar esta actitud omisiva vencerá el tiempo, sin la posibilidad de que las autoridades se pronuncien respecto a su impugnación y conforme establece los arts. 134.I de la CPE y 64 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), el objetivo formal de la acción de cumplimiento es “garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de servidores públicos”. Ante tal omisión de los codemandados, presentó memorial el 16 de febrero de 2024, advirtiendo sobre el perjuicio que se ocasionaría por la omisión de remitir el proceso a la instancia de revisión, dentro del marco permitido por el art. 24 de la Noma Suprema.
Se denuncia el incumplimiento del art. 66.III de la Ley 2341.
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia “SE OBLIGUE A LOS PERSONEROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL DISTRITO EDUCATIVO EL ALTO – 1 REMITIR EL PROCESO DISCIPLINARIO EN MI CONTRA ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NACIONAL PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 20 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente su demanda de acción de cumplimiento.
Juan Carlos Tarqui Ichuta, ex Presidente del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación El Alto - 1, en audiencia, mediante su abogado, refirió que: a) En la Unidad Educativa “21 de septiembre” sector Lagunas perteneciente al Distrito 1 de El Alto, se suscitó un hecho de abuso sexual por el ahora impetrante de tutela; por lo que “Vanesa Gómez” y el Concejo Educativo presentaron la denuncia en su contra, quién en su condición de profesor de música habría realizado toques impúdicos a una menor; b) Ante la contravención del art. 11 inc. m) del “Reglamento y Escalafón” por el ahora accionante, se inició proceso administrativo, emitiéndose la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, la cual fue impugnada el 10 de enero de 2024 y según refiere el impetrante de tutela el Tribunal Disciplinario tenía el plazo de quince días para realizar la revisión, plazo que se estaría incumpliendo; empero, no tomó en cuenta que el 5 de similar mes y año el Tribunal Disciplinario a cargo de los codemandados emitieron un “Auto”, mediante el cual suspendieron los plazos procesales administrativos y actuaciones administrativas a partir de esa fecha -se entiende del 5 de enero de 2024-debido al cambio de autoridades por el proceso de institucionalización de los cargos de las gestiones 2024 al 2026 y la reconformación del nuevo Tribunal Disciplinario; c) El 8 de enero de 2024, se procedió a la posesión de 74 Directores Distritales de Educación, entre ellos Juan Carlos Tarqui Ichuta -ahora codemandado-, quién fue designado Director del Distrito Educativo de Coro Coro, conforme se tiene del memorándum emitido por Basilio Pérez Gómez, Director Departamental de Educación de La Paz; motivo por el cual, fue emitido el Auto de suspensión de plazos procesales administrativos con el objeto de no obstaculizar y no dejar en indefensión a las partes procesales, el cual se puso en conocimiento y fue notificado a través de Secretaría al ahora peticionante de tutela; en tal sentido, el codemandado ya no tenía competencia y tuición para emitir ningún acto administrativo; empero, este aspecto no fue considerado por el impetrante de tutela, y sin revisar la documentación del proceso administrativo, planteó la acción de cumplimiento, pese a estar pendiente el trámite que debe seguir el recurso de revocatorio; y, d) El proceso administrativo en contra del accionante no es una imaginación, sino es consecuencia de una denuncia de David Condori, Director de la Unidad Educativa “22 de Septiembre”, quién remite antecedentes al igual que a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Ministerio Público, donde se le inició un proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el cual radica en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, y en la actualidad cumple una detención domiciliaria; y, esta acción tutelar no se notificó “al tercer interesado en este caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia representado a la señora. Vanesa Gómez” (sic), aspecto que contraviene la SC 1221/2006-R de 1 de diciembre, la cual señala que la omisión de convocar a un tercero interesado es responsabilidad del accionante; en esas circunstancias no debe otorgarse la tutela impetrada. Evaristo Cruz Limachi, Fiscal Promotor y Marisabel Varón, Secretaria - Actuaria, ambos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación El Alto-1, no presentaron informe escrito ni tampoco se hicieron presentes a la audiencia virtual de consideración de la presente acción de cumplimiento, pese de haber sido legalmente notificados, conforme cursa de fs. 17 y 18. Limberth Quispe Gutiérrez, Director Distrital y actual Presidente del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto - 1, por informe presentado el 20 de marzo de 2024, cursante de fs. 34 a 35 vta., señaló lo siguiente: 1) El accionante señala que presentó impugnación contra la Resolución 016/2023, el 10 de enero de 2024, de conformidad al art. 24 de la Ley 2341 y las disposiciones de la RS 212414, y a dicha impugnación debió darse respuesta hasta 31 de igual mes y año; y, que a la fecha no existe respuesta; 2) Por la presunción de silencio administrativo negativo está en la posibilidad de plantear recursos administrativos de revocatoria y jerárquico que establece la Ley; 3) El 23 de febrero de 2024 estaría abierto y en plena vigencia el plazo para que las autoridades del Tribunal Disciplinario Nacional respondan el recurso jerárquico; empero, no se estaría remitiendo los documentos al mismo; por lo que, se estaría vulnerando su derecho a la petición y a la impugnación; asimismo solicita se le otorgue la tutela y que se obligue a remitir el proceso disciplinario ante al Tribunal Disciplinario Nacional para su revisión; 4) El impetrante de tutela cuenta con un proceso disciplinario por infringir el art. 11 “(Tipificación de faltas muy graves) inc. m) (Invitación al uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales)” (sic) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado por la RS 212414 de 21 de abril de 1993, proceso que se encuentra con auto final y fue notificada en primera instancia el 15 de diciembre de 2023 en oficinas de su abogado patrocinante, quién devolvió la notificación por no ser ya su abogado; posteriormente el 5 de enero de 2024 se volvió a notificar al ahora peticionante de tutela; 5) Cursa Auto de suspensión de plazos de 5 del indicado mes y año, disponiéndose la suspensión de plazos desde la referida fecha hasta la reconformación del nuevo Tribunal Disciplinario, notificados por Secretaría a las partes -aspecto que no fue tomado en cuenta por el accionante-, el 10 de similar mes y año se presentó recurso revocatorio, el mismo que se encuentra con respuesta clara y notificada por Secretaría, el cual no fue tomado en cuenta por el impetrante de tutela y la reapertura de plazos; por lo que, aún se está en plazo para dictar la Resolución de revocatoria; 6) Mediante Auto de 27 de febrero de 2024, el Tribunal Disciplinario dispuso la reapertura de plazos procesales, el cual fue notificado a las partes en Secretaría de la Dirección Distrital de Educación, aspecto que tampoco fue tomado en cuenta por el accionante; 7) El 6 de febrero de 2024 el impetrante de tutela presentó recurso jerárquico por presunción de silencio administrativo negativo, el cual se encuentra con su respuesta y notificación; de igual forma, el 16 igual mes y año, solicitó remisión de obrados ante el Tribunal Disciplinario Nacional, misma que también se encuentra con respuesta y notificación; 8) De acuerdo al Auto de 27 de febrero de 2024 -reapertura de plazos-, el Tribunal Disciplinario está en plazo para emitir respuesta; toda vez que, el plazo es de veinte días y vencería el 26 de marzo de 2024, y no como señala el impetrante de tutela de quince días; en tal sentido, no corresponde el recurso jerárquico, y de forma maliciosa y arbitraria el prenombrado pretende adelantar plazos sin revisar obrados y hacer el seguimiento respectivo del proceso; y, 9) No vulneraron el derecho a la petición; puesto que, los memoriales presentados por el impetrante de tutela fueron respondidos de forma oportuna y notificados por Secretaria a falta de domicilio señalado por el accionante; y, con relación al derecho a la impugnación el Tribunal Disciplinario se encuentra en plazo para resolver el recurso de revocatoria; en tal sentido, al no haberse vulnerado ningún derecho, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 44/2024 de 20 de marzo, cursante de fs. 41 a 44 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante pretende a través de la acción de cumplimiento se tutele el derecho a la impugnación y a la petición, derechos subjetivos que son tutelados vía acción de amparo constitucional; señala como acto lesivo que, dentro el proceso disciplinario iniciado en su contra una vez emitida la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, por el cual fue destituido del cargo que fungía como profesor, interpuso recurso de revocatorio y jerárquico; y, que las mismas no hubieran merecido el trámite legal correspondiente y menos alguna resolución hasta la fecha de la interposición de esta acción de cumplimiento, vulnerando sus derechos subjetivos a la petición y a la impugnación; ii) Conforme se advierte de los datos, el impetrante de tutela fue sometido a un proceso disciplinario y destituido del cargo a través de la citada Resolución 016/2023, señalando en su parte dispositiva: “...El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto, dependiente de la Dirección Departamental de Educación La Paz, con la facultad conferida por el numeral 1, del art. 21 del Decreto Supremo N° 25273 de 8 de enero de 1999, concordante con el art. 24 inc. e) dé la RS 212414 de 21 de abril de 1993, Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo en aplicación de lo dispuesto por art. 13 inc. c) con voto unánime: FALLA SANCIONANDO AL PROFESOR JORGE JAVIER QUENTA DE LA U.E. ‘21 DE SEPTIEMBRE SEÑOR DE LAGUNAS’, CON LA DESTITUCIÓN DEL CARGO, por existir suficientes elementos de convicción que dictaminan que el mencionado infringió lo tipificado en el ARTÍCULO 11 inc. m)...” (sic); a lo cual presentó recurso de revocatorio el 10 de enero de 2024, y ante una presunción de silencio administrativo negativo, formuló recurso jerárquico el 6 de febrero de igual año, sin que hubiere merecido trámite para obtener la resolución correspondiente hasta la fecha; y, iii) El impetrante de tutela se encuentra inmerso dentro un proceso disciplinario, donde en primera instancia se estableció sanción en su contra; asimismo, interpuso recursos administrativos de revocatorio y jerárquico, y las mismas no hubieran merecido tramite y conseguido una resolución; es decir, los hechos que trae a esta instancia se encuentran inmersos dentro de los trámites y procedimientos propios de la administración, debiendo realizar los reclamos u observaciones en resguardo de sus derechos “intra proceso” en base a la misma normativa aplicable; tomando en cuenta que los derechos vulnerados son a la petición e impugnación que demando el accionante mediante la acción de cumplimiento; por lo que, concurre la causal de improcedencia expresada en el art. 66.4 del CPCo, ello en razón a la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, ya que esta acción no tutela de manera directa derechos subjetivos, sino derechos objetivos como es un mandato de la Norma Suprema o la Ley que sea clara, especifica y no este condicionado, menos esté ligado a interpretación; sin embargo, en el caso concreto se denuncia la vulneración de derechos subjetivos que deben ser tramitados vía acción de amparo constitucional, correspondiendo en el caso concreto se deniegue la tutela, por concurrencia de causal de improcedencia reglada por el precitado artículo, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, Juan Carlos Tarqui Ichuta, ex Presidente; Evaristo Cruz Limachi, Fiscal Promotor; y, Marisabel Varón, Secretaria - Actuaria; todos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación El Alto – 1 (ahora demandados) resolvieron lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO.- El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto, dependiente de la Dirección Departamental de Educación La Paz, con la facultad conferida por el numeral 1, del art. 21 del Decreto Supremo N° 25273 de 8 de enero de 1999, concordante con el art. 24 inc. e) dé la RS 212414 de 21 de abril de 1993, Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo en aplicación de lo dispuesto por art. 13 inc. c) con voto unánime: FALLA SANCIONANDO AL PROFESOR JORGE JAVIER QUENTA DE LA U.E. "21 DE SEPTIEMBRE SEÑOR DE LAGUNAS", CON LA DESTITUCIÓN DEL CARGO, por existir suficientes elementos de convicción que dictaminan que el mencionado infringió lo tipificado en el ARTÍCULO 11 inc. m) invitación al uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales, del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo aprobado por la Resolución Suprema N° 212414 de 21 de abril de 1993” (sic [fs. 26 a 32]). II.2. Por Auto de 5 de enero de 2024 Juan Carlos Tarqui Ichuta, Presidente;
Evaristo Cruz Limachi, Fiscal Promotor y Marisabel Varón, Secretaria -Actuaria, todos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto 1; en uso de sus atribuciones y a objeto de no causar indefensión y/o vulneración de derechos constitucionales de los administrados, determinan la suspensión de plazos procesales administrativos y actuaciones administrativas del Tribunal Disciplinario Administrativo a partir de la fecha, debido al proceso de institucionalización de cargos “2024 – 2026”, mismo que será hasta la reconformación del nuevo Tribunal Disciplinario (fs. 24). II.3. Cursa Diligencia de Notificación de 5 de enero de 2024 a Jorge Javier Quenta -ahora accionante- con el Auto de 5 de enero de 2024 emitido por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1, realizada en Secretaría de la Dirección Distrital de Educación de conformidad a los arts. 33.III de la Ley 2341 y 43 del DS 27113 “SE HACE CONOCER QUE, YA EN LA RESOLUCIÓN DE AUTO DE INICIO DEL PROCESO, SE LE INDICÓ QUE DEBÍA DE CUMPLIR A CABALIDAD LO ESTABLECIDO POR EL ART. 33 DE LA LEY 2341, DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA” (sic [fs. 23]). II.4. Mediante memorial presentado el 10 de enero de 2024, el ahora accionante, interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, por contener visibles vulneraciones a sus derechos y garantías, solicitando se revoque en su totalidad dicha Resolución (fs. 1 a 3). II.5. Por memorial presentado el 6 de febrero de 2024, el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso jerárquico contra la “RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE RECURSO DE REVOCATORIO POR PRESUNCIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO” (sic), señalando en su petitorio:
“En su sujeción al art. 66 de la Ley 2341, INTERPONGO RECURSO JERÁRQUICO CONTRA LA NEGATIVA DE RESPONDER EL RECURSO REVOCATORIO-APELACIÓN IMPETRADO PREVIAMENTE PIDIENDO SE REVOQUE TOTALMENTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 016/2023 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2023” (sic [fs. 4 a 6 vta.]). II.6. A través de memorial presentado el 16 de febrero de 2024, ante el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1, el ahora accionante, reclamó la omisión de la remisión de la documentación del proceso como consecuencia del procedimiento de impugnación en la vía del recurso jerárquico; motivo por el cual, solicitó que se remita al Tribunal Disciplinario Nacional los antecedentes para su consideración, pedido que fue realizado al amparo del art. 24 de la Norma Suprema. Señalando como domicilio la secretaría de su despacho (fs. 7).
El impetrante de tutela denuncia como norma incumplida el art. 66.III de la Ley 2341; puesto que, ante una denuncia en su contra se le inicio un proceso administrativo en la que los miembros del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1 (ahora demandados) emitieron la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, la cual fue impugnada el 10 de enero de 2024; empero, el recurso de revocatoria no fue resuelto en el plazo establecido por la norma, y ante una presunción de silencio administrativo negativo, el 6 de febrero de igual año formuló recurso jerárquico, el mismo que no fue remitido por los ahora demandados ante el Tribunal Disciplinario Nacional para su revisión hasta la fecha -se entiende a la presentación de esta acción tutelar-, vulnerando el derecho a la petición y a la impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizaran los siguientes temas: a) Naturaleza Jurídica de la Acción de Cumplimiento; b) Improcedencia de la acción de cumplimiento en procesos o procedimientos administrativos en los cuales se vulneren derechos y garantías tuteladas por la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0122/2021-S1 de 2 de junio; 0936/2022-S1 de 12 de septiembre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
El Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho, cuyo postulado esencial se traduce en respeto, vigencia y sometimiento ante la ley, estableciendo al efecto una cadena jerarquizada del ordenamiento jurídica que se desprende de una Ley Fundamental: La Constitución Política del Estado; en ese contexto, el constituyente con la finalidad de darle eficacia al ordenamiento jurídico, dispuso:
“Artículo 134.
afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional.
III. La resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente recibida la información de la autoridad demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el demandante. La autoridad judicial examinará los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido. IV. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su ejecución. V. La decisión final que conceda la Acción de Cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la Ley” (las negrillas son añadidas). De lo cual se entiende, que la acción de cumplimiento está dirigida con el objetivo de que el servidor público cumpla de manera efectiva con la Constitución Política del Estado y la ley. En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0258/2011-R de 16 de marzo, estableció que:
“…la acción de cumplimiento está configurada como un verdadero proceso constitucional, por las siguientes razones: i) Está configurada procesalmente por la Constitución Política del Estado; ii) Su conocimiento y resolución es de competencia de la justicia constitucional; iii) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y, iv) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales… (…)
La acción de cumplimiento, de acuerdo al texto constitucional contenido en el art. 134 de la CPE, procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”. Consecuentemente, al ser un proceso constitucional, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de la Normas Suprema y la ley, no solamente protege los principios de legalidad y supremacía constitucional, sino que, ante el deber omitido por el funcionario público, resguarda de manera indirecta los derechos y garantías constitucionales. De igual forma, la SCP 0645/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, desarrolló sobre la naturaleza procesal de la acción de cumplimiento; estableciendo que:
‴…conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE).
Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. (…) Efectivamente, si el deber de cumplir lo dispuesto en las normas constitucionales y legales tiene su fundamento en el principio de legalidad y supremacía constitucional, en la seguridad jurídica, y en la necesidad de garantizar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de derechos y garantías; el incumplimiento de dicho deber indubitablemente genera una amenaza para el normal desarrollo de los mismos y vulnera lo previsto por el art. 14.III de la CPE, que determina: ‘El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos’ (las negrillas nos corresponden).”
De la jurisprudencia precedente, se extrae que no sólo los servidores públicos pueden ser accionados mediante la acción de cumplimiento, sino también los particulares que incumplan con la Norma Suprema y la ley. Por su parte, la SCP 0073/2018-S2 de 23 de marzo, realizo un análisis de la jurisprudencia constitucional, respecto a las características peculiares y al ámbito de protección de la acción de cumplimiento; estableciendo que:
“a) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la ley; en tal sentido, protege los principios de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica; b) Tutela mandatos normativos de acción y abstención, consecuentemente, la ejecución de aquello que es deber del servidor público -norma imperativa de hacer-, como la inejecución de aquello que el servidor público por mandato normativo expreso no debe hacer; c) El sentido de la Norma Suprema involucra todas aquellas disposiciones propias del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE; y, SCP 0902/2013 de 20 de junio-; d) El sentido de la ley, comprende no solo su dimensión formal -como originada en el Órgano Legislativo-, sino también material, sin importar la fuente de producción; es decir, aquellas que emanan no únicamente del Órgano que detenta la facultad legislativa en el nivel central, sino que involucra disposiciones con rango infraconstitucional y legal que contempla a los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena -art. 410.II.3 de la CPE y, SC 0258/2011-R de 16 de marzo-; e) No se rige por el principio de inmediatez, debido a que su tramitación trasciende al interés individual, ya que su finalidad es la de garantizar la supremacía constitucional, el principio de legalidad y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho; por tanto, la oportunidad para interponer la acción, caduca cuando la disposición cuyo cumplimiento se invoca, pierda vigencia -derogue o abrogue- (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0902/2013 y 0849/2015-S2 de 25 de agosto); f) La acción de cumplimiento se rige por el principio de no supletoriedad, que implica que con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional, se haya solicitado al servidor público renuente el cumplimiento de la obligación de abstención o realización, lo que no significa, que deba agotar mecanismos jurisdiccionales o administrativos (SC 1474/2011-R de 10 de octubre y SCP 0902/2013); y, g) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0258/2011-R).”
1 Ibid. 2 La referida SCP 0258/2011, sobre el plazo de caducidad, inicialmente indicó que: “…no procede la acción: `Cuando la demanda haya sido interpuesta después de transcurrido el plazo para interponerla”, y si bien de manera expresa no se establece un plazo en la Constitución, el mismo está previsto en el art. 59 de la LTCP -seis meses-, el cual se asume como razonable y debe ser computado a partir de la notificación con la última resolución o acto que evidencie el incumplimiento del deber y, en caso de no existir resolución, a partir del vencimiento del plazo contenido en la norma para pronunciar la resolución o para tener como respondida la solicitud, aplicándose para el efecto, cuando corresponda, la Ley de Procedimiento Administrativo´”.
Aspecto que fue modulado por la SCP 0902/2013 de 20 de junio, señalando que: “No se rige por el principio de inmediatez porque el deber de cumplimiento de una disposición no puede caducar con el tiempo sino con la derogatoria de la norma que impone el deber, es decir, no se busca la tutela de derechos subjetivos sino la vigencia del Estado de Derecho (art. 1 de la CPE), en este sentido el cumplimiento de la Norma Suprema y la ley trasciende del interés individual siendo de interés público”. 3 El FJ III.1, manifiesta: “Corresponde aclarar la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, en sentido de que la acción de cumplimiento no se rige por el principio de subsidiariedad sino previamente al planteamiento de la acción debe constituirse a la autoridad demandada en renuencia”. 4 El FJ III.1.7, sostiene que la acción de cumplimiento “…puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales…”; en este sentido, si bien la acción de cumplimiento posibilita la realización de los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica, además de permitir la efectivización de los deberes fundamentales y la concreción del Estado de Derecho, entre otros, no es posible sostener que su objeto sea la tutela de derechos subjetivos, ello contrariaría a su ratio decidendi -razon de ser-, que es sin duda la efectivización de los mandatos constitucionales y de orden legal e implicaría una interpretación que reduciría el contenido constitucional del art. 134.I de la CPE y confundiría la tutela de la acción de cumplimiento con la de amparo constitucional por omisión.
Sin embargo, debe aclararse que los derechos fundamentales están desarrollados por la ley, por lo que al cumplirse ésta también es posible que pueda tutelarse derechos pero no en su dimensión subjetiva sino en su dimensión objetiva, es decir, que la acción de cumplimiento puede otorgar la tutela de un derecho en su dimensión objetiva de manera directa o Asimismo, la SCP 0258/2011-R de 16 de marzo, citada por la SCP 0414/2019-S4 de 2 de julio, advirtiendo otras características para la procedencia de la acción de cumplimiento, entendió lo siguiente:
“…debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión” (las negrillas son añadidas).
Consiguientemente, de todo lo precedentemente descrito, se concluye que la acción de cumplimiento es un instituto jurídico que tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución y demás leyes, contribuyendo así a la seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; en atención a dicha finalidad, la referida acción de tutela se configura como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo ser invocado ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley, los mismos que deben claros, expresos y exigibles.
El siguiente entendimiento fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1218/2021-S1 de 12 de octubre y 1086/2022-S1 de 5 de octubre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
La acción de cumplimiento, conforme establece el art. 134.I de la CPE, ha sido diseñada por el constituyente para darle eficacia al ordenamiento jurídico, a través de la exigencia a las autoridades y a los particulares que desempeñen funciones públicas, de ejecutar materialmente las normas contenidas en las disposiciones constitucionales y en las leyes, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Ahora bien, tratándose de una acción de defensa extraordinaria, cuya activación obedece al cumplimiento de ciertos requisitos conforme establece el art. 66 del CPCo, la acción de cumplimiento no procederá:
“1. Cuando sea viable la intervención de las acciones de Libertad, Protección de Privacidad o Popular. 2. Cuando el accionante no haya reclamado previamente y de manera documentada a la autoridad accionada, el cumplimiento legal del deber omitido. 3. Para el cumplimiento de sentencias judiciales que tengan autoridad de cosa juzgada. 4. En procesos o procedimientos propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, tutelados por la Acción de Amparo Constitucional. 5. Contra la Asamblea Legislativa Plurinacional con la intención de exigir la aprobación de una Ley” (las negrillas son añadidas). Conforme a la norma citada precedentemente, se establece que la acción de cumplimiento no procede en “procesos y procedimientos propios”, se establece como causal de improcedencia cuando el acto reclamado emerge del ejercicio de las competencias públicas propias de la administración del Estado o, en su caso, a la potestad administrativa sancionadora de la administración pública traducidas en procesos o procedimientos propios y, cuando refiere a la administración en general, incluye a la Administración Pública Central y las Administraciones Departamentales, Municipales y Autonómicas. En ese entendido, la SCP 2242/2012 de 8 noviembre, con referencia a dicha causal, refirió que:
“…la acción de cumplimiento, conforme a la causal contenida en el art. 66.4 del CPCo, no procede para peticionar el cumplimiento de la omisión del deber omitido por una autoridad pública, de la Administración Pública o Autonómica, que en el ejercicio de sus competencias públicas asignadas por la Constitución y la ley conforme a ella, conoce y resuelve procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la potestad administrativa sancionadora, en los que se vulneren derechos y garantías que son objeto de protección de la acción de amparo constitucional”. Entendimiento que fue asumido en la SCP 0691/2013 de 3 de junio, la cual señala que:
“Cuando la norma procesal contenida en el art. 66.4 del CPCo, expresa que la acción de cumplimiento no procede en “procesos y procedimientos propios”, se refiere a que esta acción de defensa es improcedente cuando emerge del ejercicio de las competencias públicas propias de la administración del Estado o, en su caso, a la potestad administrativa sancionadora de la administración pública traducidas en procesos o procedimientos propios y, cuando refiere a la administración en general, incluye a la Administración Pública Central y la Administración Autonómica, acorde a la configuración del modelo de Estado asumido (art. 1 de la CPE)”. De igual forma las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1028/2016-S1 , 1284/2016-S3 , 0991/2017-S3 y 0620/2018-S1 reiteraron sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento en procesos o procedimientos administrativos en los cuales se vulneren derechos y garantías que pueden ser tutelados por la vía de la acción de amparo constitucional; conforme también estableció la SCP 0050/2019-S2 de 1 de abril; la cual refiere que:
“En suma, no procede la acción de cumplimiento, cuando se pretende el cumplimiento de un deber omitido dentro de un procedimiento propio de la administración pública central o autonómica o un proceso administrativo, en el que se vulneren derechos o garantías fundamentales, que son objeto de protección por la vía de la acción de amparo constitucional”. De la cuales se establece que la acción de cumplimiento no procede, al pretender exigir el cumplimiento del deber omitido por una autoridad pública, por cuanto ésta se halla facultada de conocer y resolver procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la 5“De donde resulta que la acción de cumplimiento, conforme a la causal contenida en el art. 66.4 del CPCo, no procede para peticionar el cumplimiento de la omisión del deber omitido por una autoridad pública, de la Administración Pública o Autonómica, que en el ejercicio de sus competencias públicas asignadas por la Constitución y la ley conforme a ella, conoce y resuelve procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la potestad administrativa sancionadora, en los que se vulneren derechos y garantías que son objeto de protección de la acción de amparo constitucional.” 6“…la acción de cumplimiento, conforme a la causal contenida en el art. 66.4 del CPCo, no procede para peticionar el cumplimiento de la omisión del deber omitido por una autoridad pública, de la Administración Pública o Autonómica, que en el ejercicio de sus competencias públicas asignadas por la Constitución y la ley conforme a ella, conoce y resuelve procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la potestad administrativa sancionadora, en los que se vulneren derechos y garantías que son objeto de protección de la acción de amparo constitucional” 7“En relación a la causal de improcedencia reglada del art. 66.4 del CPCo, y concordante con la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento la SCP 2242/2012 de 8 de noviembre, ‘…la acción de cumplimiento, conforme a la causal contenida en el art. 66.4 del CPCo, no procede para peticionar el cumplimiento de la omisión del deber omitido por una autoridad pública, de la Administración Pública o Autonómica, que en el ejercicio de sus competencias públicas asignadas por la Constitución y la ley conforme a ella, conoce y resuelve procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la potestad administrativa sancionadora, en los que se vulneren derechos y garantías que son objeto de protección de la acción de amparo constitucional” 8“…la acción de cumplimiento, conforme a la causal contenida en el art. 66.4 del CPCo, no procede para peticionar el cumplimiento de la omisión del deber omitido por una autoridad pública, de la Administración Pública o Autonómica, que en el ejercicio de sus competencias públicas asignadas por la Constitución y la ley conforme a ella, conoce y resuelve procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la potestad administrativa sancionadora, en los que se vulneren derechos y garantías que son objeto de protección de la acción de amparo constitucional.”
potestad administrativa sancionadora, que se halla regulados en la ley y que, en todo caso, ante la evidencia de lesión de derechos y garantías constitucionales, éstos deberán ser reclamados mediante la acción de amparo constitucional.
El impetrante de tutela denuncia como norma incumplida el art. 66.III de la Ley 2341; puesto que, ante una denuncia en su contra se le inicio un proceso administrativo en la que los miembros del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1 (ahora demandados) emitieron la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, la cual fue impugnada el 10 de enero de 2024; empero, el recurso de revocatoria no fue resuelto en el plazo establecido por la norma, y ante una presunción de silencio administrativo negativo, el 6 de febrero de igual año formuló recurso jerárquico, el mismo que no fue remitido por los ahora demandados ante el Tribunal Disciplinario Nacional para su revisión hasta la fecha -se entiende a la presentación de esta acción tutelar-, vulnerando el derecho a la petición y a la impugnación. Precisada la problemática planteada, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación procesal-constitucional realizada precedentemente; en ese sentido, es preciso efectuar una contrastación de los antecedentes traídos en revisión.
Conforme se tiene descrito en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se advierte que Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1, por Resolución 016/2023 de 6 de diciembre, sancionó al ahora accionante de la Unidad Educativa “21 DE SEPTIEMBRE SEÑOR DE LAGUNAS”, con la destitución del cargo, por infringir el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado por la RS 212414.
De igual forma, se tiene Auto de 5 de enero de 2024, por el cual el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto -1; en uso de sus atribuciones y a objeto de no causar indefensión y/o vulneración de derechos constitucionales de los administrados, determinaron la suspensión de plazos procesales administrativos y actuaciones administrativas del referido Tribunal a partir de la fecha -se entiende desde el 5 de enero de 2024-, debido al proceso de institucionalización de cargos “2024 – 2026”, mismo que será hasta la reconformación del nuevo Tribunal Disciplinario; determinación que fue notificado en similar fecha al ahora impetrante de tutela a través de Secretaría de la Dirección Distrital de Educación de conformidad al art. 33.III de la Ley 2341 y art. 43 del DS 27113 (Conclusiones II.2 y II.3). A través de memorial de 10 de enero de 2024, el ahora accionante impugnó la Resolución 016/2023 de 6 de diciembre vía recurso de revocatoria, solicitando se revoque en su totalidad el fallo del Tribunal Disciplinario y ante la falta de pronunciamiento a dicha impugnación, mediante memorial de 6 de febrero de similar año, presentó recurso jerárquico contra la “RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE RECURSO DE REVOCATORIO POR PRESUNCIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO” (sic), en sujeción al art. 66 de la Ley 2341; y ante la omisión de la remisión del recurso jerárquico al Tribunal Disciplinario Nacional, el prenombrado presentó el 16 de febrero de 2024 memorial solicitando el envío de los antecedentes al Tribunal de alzada para su revisión, pedido que fue realizado al amparo del art. 24 de la CPE. (Conclusiones II.4, II.5 y II.6). Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que el accionante en el presente caso, cuestiona la omisión de la remisión del recurso jerárquico y los antecedentes del proceso al Tribunal Disciplinario Nacional, en que incurrieron los miembros del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1, incumpliendo el art. 66.III de la Ley 2341 y vulnerando los derechos a la impugnación y a la petición. En ese contexto y con el fin de establecer a través de la presente acción de defensa la existencia de un mandato normativo incumplido, cabe señalar que en coherencia con los razonamientos señalados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar que esta acción de defensa procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida; no obstante de ello, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, describió las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento, identificando que no procede ésta acción tutelar, cuando se pretende el cumplimiento de un deber omitido dentro de un procedimiento propio de la administración pública o el incumplimiento de deberes procesales directamente vinculados a un proceso administrativo o jurisdiccional, en el que se hayan vulnerado derechos y garantías fundamentales que son tutelables por vía de acción de amparo constitucional. Ese marco jurisprudencial precedentemente descrito, resulta aplicable en el caso traído en revisión a esta instancia constitucional; toda vez que, en el presente se verificó la existencia de una de las causales de exclusión para activar la acción de cumplimiento, referida a la inobservancia de deberes procesales, directamente vinculados a un proceso administrativo; puesto que, la parte accionante pretende el cumplimiento del art. 66.III de la Ley 2341, la misma que establece lo siguiente:
“En el plazo de tres (3) días de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución.” Al amparo de esa normativa legal, el peticionante de tutela vía acción de cumplimiento, pretende a través de esta instancia constitucional se obligue “A LOS PERSONEROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL DISTRITO EDUCATIVO EL ALTO – 1 REMITIR EL PROCESO DISCIPLINARIO (…) ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NACIONAL PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN” (sic); es decir, que denuncia precisamente el incumplimiento del deber procesal de los miembros del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 1 (ahora demandados) al no remitir el recurso jerárquico y los antecedentes del proceso administrativo al Tribunal Disciplinario Nacional; situación que no resulta atendible a través de esta acción tutelar; toda vez que, se pretende el cumplimiento de un deber omitido por los demandados en la diligencia de remisión del recurso jerárquico, lo cual es un trámite propio del procedimiento administrativo, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por lo que, la problemática planteada se encuentra fuera del alcance la protección que brinda la acción de cumplimiento; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. Consecuentemente, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2024 de 20 de marzo, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
indirecta, pero la tutela que puede conceder a un derecho en su dimensión subjetiva siempre es indirecta, aspecto que permite diferenciar a la acción de cumplimiento del amparo constitucional por omisión”; Ibid.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0677_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): b9ba8875f35f1a788b391443e49ed5e55b4f1a8e9635342fdb988a2955af3af0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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