Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Segunda · 1 de julio de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia el incumplimiento de los arts. 153.I de la CPE; 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados -por el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de Asamblea Legislativa Plurinacional-; y, 16.II de la Ley 044 -por parte de las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de las Cámaras de Senadores y Diputados de la citada Asamblea-; alegando que, en agosto de 2021, el Fiscal General del Estado emitió Requerimiento Acusatorio en su contra, “…por hechos, entre otros, de Senkata de noviembre de 2019…” (sic), dictando la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Auto Supremo 97/2021 de 26 de agosto, remitiéndolo a la nombrada Asamblea, a efectos de la autorización para su enjuiciamiento conforme al procedimiento previsto en los arts. 16 de la Ley 044; y, 161.7 y 184.4 de la CPE. No obstante, transcurrieron más de diecisiete meses de dilación en los que la referida Comisión Mixta, inobservó el respectivo procedimiento para aprobar juicio de responsabilidades, al no informar al Pleno de la indicada Asamblea -cuestión avalada por el Presidente de la misma, hoy demandado-; dando lugar a que sea procesada en la actualidad por iguales hechos en la vía ordinaria penal, en vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de prohibición de doble juzgamiento y al juez natural. Añadiendo en audiencia de garantías que los demandados también inobservaron el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 209/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 147 a 151 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2024-S2 Sucre, 1 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de cumplimiento Expediente: 60919-2024-122-ACU Departamento: La Paz En revisión la Resolución 209/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 147 a 151 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Jeanine Añez Chávez contra David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente; Luis Adolfo Flores Roberts, Soledad Flores Velásquez y Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Presidente, Primera y Segunda Secretaria, respectivamente, de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores; e, Israel Huaytari Martínez, Lidia Tupa Zelaya, Celia Salazar Quispe y Fernando Llapiz Hoentsch, Presidente, Secretaria y Vocales, correspondientemente, de idéntica Comisión inherente a la Cámara de Diputados, todos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por memoriales presentados el 7 de febrero y 2 de marzo de 2023, cursantes de fs. 61 a 69 y 72 a 73 vta., la accionante expresó que:
El 12 de noviembre de 2019, asumió por sucesión la Presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el marco legal de los arts. 169 y 170 de la Constitución Política del Estado (CPE); habiendo convocado durante sus funciones a un nuevo proceso electoral que se realizó en octubre de 2020, “entregando el gobierno” el 8 de noviembre del señalado año, a Luis Alberto Arce Catacora, actual Presidente, quien “…en un afán de revanchismo político, procedió a [su] aprehensión en fecha 13 de marzo del año 2021, sindicándo[le] de ser autora de inauditos delitos de terrorismo, sedición y conspiración…” (sic). A partir de ello, le iniciaron “mayores procesos”, presentando “algunas personas” conjuntamente Iván Manolo Lima Magne, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, proposición acusatoria en su contra, “…por hechos, entre otros, de Senkata de noviembre de 2019…” (sic), que fue admitida por Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado y puesta a control jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de lo previsto en el art. 15 de la Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público -Ley 044 de 8 de octubre de 2010-. En agosto de 2021, el Fiscal General del Estado, expidió requerimiento acusatorio, elevándolo al Tribunal Supremo de Justicia, instancia que, a través de su Sala Plena, emitió el Auto Supremo 97/2021 de 26 de agosto, remitiéndolo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para “Autorización” de enjuiciamiento, según el procedimiento instituido en los arts. 16 de la Ley 044; y, 161.7 y 184.4 de la CPE. No obstante, desde su radicatoria, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la citada Asamblea, incumplió deliberadamente su tratamiento, “…el cual debía manifestarse mediante elaboración de un Informe y para consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional” (sic), transcurriendo diecisiete meses de dilación que generaron una grave y grotesca inobservancia en considerar su enjuiciamiento, dando lugar aquello a que, el 17 de enero de 2023, “…un grupo de fiscales de materia (y por ende subalternos del Fiscal General): decidieron indebidamente [su] procesamiento en la vía ordinaria por el caso ‘Senkata’; y todo ello con la aquiescencia de también un juez ordinario…” (sic). En ese orden, la norma legal incumplida por parte de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya observancia y ejecución inmediata se solicita, es el art. 16.II de la Ley 044, la cual establece que la indicada Comisión Mixta, conocerá el requerimiento acusatorio e informará al Pleno de la referida Asamblea a objeto de la autorización legislativa; destacando que, el requerimiento acusatorio relativo al caso Senkata, radicado en agosto de 2021, podía ser tratado ampliamente durante los diecisiete meses que transcurrieron “…mediante sesiones, y para que sus miembros elaboren un informe para consideración final del Pleno de la Asamblea…” (sic). Por otra parte, el Presidente de la nombrada Asamblea, desconoció el art. 153.I de la Ley Fundamental; por cuanto, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Órgano Ejecutivo, tiene la obligación de velar por el respeto de los mandatos constitucionales y hacer cumplir los deberes y trabajo de sus miembros, “…como es el presente caso. Los 17 meses de inactividad e incumplimiento por parte de una Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, vinculan y son inherentes también al Presidente de la Asamblea en complicidad omisiva” (sic). El 16 de enero de 2023, un grupo de supuestas víctimas de Senkata, apoyados por un servidor público del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, presentaron ante el Ministerio Público de la ciudad de El Alto, memorial ampliando la denuncia en su contra, por la supuesta comisión del delito de genocidio y otros, caso con registro “EAL1909567”; ampliación dada a conocer el 17 de ese mes y año, por los Fiscales de Materia, al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de control jurisdiccional, autoridad que aceptó la misma a través de decreto de 18 de igual mes y año, “…instancia donde el registro corresponde ya a Nurej 20323380” (sic). Resultando claro que, los indicados representantes fiscales, al estar subordinados al Fiscal General del Estado, incurrieron en usurpación de funciones, considerando que entre julio y agosto de 2021, el citado Fiscal General admitió proposición acusatoria en su contra, de las mismas víctimas de Senkata por iguales hechos; por lo que, las actuaciones de las autoridades fiscal y judicial vulneran su derecho al debido proceso en sus elementos de prohibición de “Doble Juzgamiento” y al juez natural. Siendo la inacción e incumplimiento de deberes por parte de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado y del Presidente, todos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la que alentó “…un juzgamiento indebido de [su] persona por la vía ordinaria, pues es ineludible que el juzgamiento de un expresidente de Estado, independientemente de su forma de ascensión y responsabilidad: es el establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley No. 044, bajo advertencia e ineludible resultado de ser declarado Nulo” (sic). También citó como norma incumplida, y cuya ejecución inmediata requiere, el art. 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.
Señaló como incumplidos los arts. 153.I de la CPE; 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados -por el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional-; y, 16.II de la Ley 044 -por parte de las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de las Cámaras de Senadores y Diputados de la citada Asamblea-, “…asimismo conforme a sus deberes y labores establecidas por los Reglamentos Generales de las Cámaras de Senadores y Diputados respectivamente” (sic). Por otra parte, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes “…‘Doble Juzgamiento’ (Principio universal del ‘Non bis in ídem’)…” (sic) y al juez natural, citando al efecto los arts. 117.I y II, 120.I, 256 y 410 de la Norma Suprema; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando que las autoridades demandadas den cumplimiento inmediato a los arts. 153.I de la CPE; 16.II de la Ley 044; y, 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 139 a 146 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que el art. 161.7 de la CPE, prevé que las “Cámaras” deben reunirse en Asamblea Legislativa Plurinacional para autorizar o no el enjuiciamiento de una presidenta o presidente, norma constitucional concordante con el art. 184.IV de la Ley Fundamental, que instituye como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, juzgar a presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia por actos delictivos cometidos en el ejercicio de sus funciones, “…esto a más también en cumplimiento de la Ley 044 en su Art. 66 que nos establece que se requiere una autorización legislativa para el juicio de responsabilidades…” (sic). Precisó que los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la citada Asamblea, “…nunca cumplieron con la obligación establecida en el Art. 16 de la Ley 044…” (sic), imposibilitando la viabilidad de ser sujeta a un juicio de responsabilidades, siendo este el motivo de la activación de la acción de cumplimiento dirigida a “…garantizar la ejecución de la norma Constitucional o de la Ley en este caso, en específico hablamos del Art. 161, párrafo 7 de la Constitución Política y del Art. 16 de la Ley 044…” (sic). Por otra parte, indicó que son veinticinco meses en los que se inobservaron las mencionadas normas en afectación de sus derechos al juez natural y a una justicia pronta y eficaz, no pudiendo ser procesada ni condenada dos veces por el mismo hecho “…y eso es lo que se pide a esta instancia, a esta Sala Constitucional, que de una vez se dilucide esta situación…” (sic).
David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentó informe escrito el 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 132 a 138, solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) La impetrante de tutela no acreditó a través de prueba pertinente haber ejercido uno de los cargos previstos en el art. 2.I de la Ley 044, para acogerse a la aplicación de la misma; aquello no implica que no asumió la Presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, “…lo que efectuó fue una ilegal y arbitraria apropiación de la primera magistratura del país sin cumplir los requisitos necesarios para una asunción presidencial y en consecuencia no acredita requisitos para un Juicio de Responsabilidades entendimiento asumido por la jurisdicción ordinaria, instancia que asumió conocimiento y sustancia el proceso referido” (sic); en virtud a ello, la prenombrada cuenta en la actualidad con procesos penales en curso, habiendo determinado incluso el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, su privación de libertad por diez años, por el caso denominado “Golpe de Estado II”; por lo que, no puede requerir su juzgamiento conforme a la Ley 044, en relación a delitos que por el ejercicio del cargo pueden ser juzgados a la Presidenta o Presidente y/o Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, entre otros, no habiendo acreditado “…actuación administrativa alguna para asumir dicho cargo” (sic); b) Por Nota Cite: COM.MIX.JPMPyDLE-EXT-026/2022-2023 de 11 de abril, el Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hizo conocer a la accionante que, conforme a la decisión asumida en la Primera Sesión de dicha Comisión, el 1 de diciembre de 2022, se resolvió enviar los antecedentes del caso al Tribunal Supremo de Justicia; en ese marco, su autoridad no tendría legitimación pasiva, no habiendo incurrido en ninguna omisión o incumplimiento de la norma constitucional o de la Ley; por cuanto, “…no recibió y no conoció el caso referido…” (sic), no pudiendo atribuirle la inobservancia del art. 153.I de la CPE, disposición constitucional que determina únicamente la función de presidir la referida Asamblea, lo que no conlleva la potestad de injerencia en actuaciones de las diferentes Comisiones Legislativas, menos asumir una supuesta responsabilidad “mancomunada”, como pretendería la solicitante de tutela de forma desatinada, encontrándose sus atribuciones dispuestas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente; c) El petitorio contenido en la acción de cumplimiento no reúne los presupuestos necesarios para su admisibilidad, careciendo de “…petitorio efectivo y válido que amerite declarar (…) el cumplimiento de un deber exigido por la Constitución Política del Estado o de la ley (…), no solicita (…) ninguna ejecución de la norma constitucional o legal, tampoco precisa en el caso del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional el deber omitido que deba ser cumplido a objeto DE RESTAURACIÓN DE LA SUPUESTA PROCEDENCIA DE ESTA ACCIÓN…” (sic). Debiendo considerarse que como Presidente de la citada Asamblea, no dejó de ejercer sus funciones legislativas de dirección en momento alguno siendo él quien presidió con total normalidad las sesiones de la misma; d) El dirigir o no la Asamblea Legislativa Plurinacional no guarda ninguna coherencia argumentativa con la supuesta inobservancia demandada en el fondo por la peticionante de tutela, que deriva de la “‘falta de emisión de informe’” (sic), por parte de la mencionada Comisión Mixta, obviando que esta le comunicó que remitió los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia, en abril de 2023; e) No se cumplen los supuestos de procedencia de esta acción de defensa, conforme al desarrollo contenido en la SCP 1326/2013 de 15 de agosto, tomando en cuenta que, el objeto esencial de la tutela que otorga es garantizar precisamente la observancia de un deber omitido de normas constitucionales y legales, siempre y cuando estas tengan un mandato expreso, imperativo y directo no sujeto a condición alguna, no pudiendo impugnarse mediante la misma cualquier clase de inactividad, sino exclusivamente la que deriva del incumplimiento de mandatos emergentes de la Norma Suprema y de la ley, referentes al ejercicio de las atribuciones de las y los servidores públicos, cuestiones que no se cumplen en la presente acción de defensa, siendo que las normas cuya inobservancia impugna, no contienen un deber imperativo y directo respecto al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; y, f) La accionante reclama el incumplimiento de actuaciones genéricas que en todo caso no pueden ser asumidas como renuencia al acatamiento de un deber, o una omisión de cumplimiento. Luis Adolfo Flores Roberts, Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores, a través de su representante, presentó informe escrito el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 106 a 107 -cuyos argumentos fueron reiterados en audiencia de garantías-, impetrando se deniegue la tutela en atención a los siguientes argumentos: 1) En cumplimiento al Auto Supremo 97/2021, el 27 de ese mes y año, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Nota Of. SP- SS -657/2021 de 26 de agosto, remitió al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Requerimiento Acusatorio 04/2021 -no citó la fecha-, formulado por el Fiscal General del Estado contra la hoy accionante; radicando en forma posterior, en la Comisión que preside; 2) En cada legislatura se recomponen las Comisiones tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados, evidenciándose en la correspondiente a las gestiones 2022-2023, que el expediente inherente al Requerimiento Acusatorio 04/2021, se encontraba en la Comisión Mixta; 3) El 1 de diciembre de 2022, se convocó a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta, a efectos principalmente del tratamiento y análisis de las Notas Cite: MTJTI-DESP-NE-Z-1168-2022, presentada el 21 de noviembre del mismo año, por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Cite: SEPDAVI-DGE-NE-Z-15-2022, el 25 del señalado mes y año, por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), mediante las que se solicitó la consideración del Auto Interlocutorio 912/2022 de 13 de octubre, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, así como, del Auto de Vista de 4 de noviembre del mismo año, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, “…al establecer que la Comisión Mixta (…) no tiene facultades investigativas ni jurisdiccionales resolvió por mayoría de votos remitir la solicitud y sus antecedentes a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia ‘para fines correspondientes’ y fue ejecutada mediante nota CITE:CMJPMPDLE N° 001/2022-2023 de 1ro. de diciembre de 2022 y hasta la fecha no retornaron aquellos actuados a la Comisión Mixta ni se ha conocido decisión jurisdiccional alguna…” (sic), encontrándose dichos antecedentes en conocimiento de la jurisdicción ordinaria penal, como la propia impetrante de tutela reconoció; 4) Respecto a la nota de 27 de enero de 2023, a través de la cual la peticionante de tutela requirió se le tome su declaración dentro del indicado Requerimiento Acusatorio, por Nota CITE: COM.MIX.JPMPyDLE-EXT-026/2022-2023, expedida por su persona, se hizo conocer que, conforme a la decisión adoptada en la Primera Sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado, el 1 de diciembre de 2022, el caso fue remitido, al Tribunal Supremo de Justicia; estando el control jurisdiccional desde el inicio de la investigación, a cargo de la Sala Plena de dicho Tribunal, según el art. 15 de la Ley 004; 5) El art. 16.II de la citada Ley, cuyo incumplimiento es demandado en la acción de defensa formulada, establece que la mencionada Comisión Mixta conocerá el Requerimiento Acusatorio e informará al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de la autorización legislativa, planteando dos consideraciones, “…primero que se encuentre efectivamente radicado en la Comisión Mixta y que no se estipula un plazo para la emisión del informe” (sic); 6) La solicitante de tutela inobservó la legitimación pasiva en la acción de cumplimiento, desconociendo que la nombrada Comisión Mixta se halla compuesta por tres senadores y diez diputados; 7) Los derechos presuntamente transgredidos y reclamados por la accionante, son derechos subjetivos que no pueden ser atendidos por la justicia constitucional mediante esta acción tutelar; y, 8) El Requerimiento Acusatorio dictado contra la impetrante de tutela, no se encuentra radicado en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, desde diciembre de 2022; en atención a ello, resulta materialmente imposible ejecutar lo dispuesto en el art. 16.II de la Ley 044; “…es decir la emisión de informe a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional” (sic). Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario Técnico de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en audiencia de garantías señaló que, la Comisión Mixta está conformada por diez diputados y tres senadores, habiendo omitido consignar la peticionante de tutela a seis asambleístas miembros de esa Comisión, incurriendo en inobservancia de la legitimación pasiva exigible, por cuanto, si pretende el cumplimiento del art. 16.II de la Ley 044, debe dirigir su acción de defensa contra todo el órgano colegiado en respeto del derecho a la defensa de todos quienes lo conforman. Soledad Flores Velásquez y Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Primera y Segunda Secretaria, respectivamente, de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores, no comparecieron a la audiencia de garantías, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 90.
María Cristina Quispe Mamani, María Digna Arminda Cusi Tancara, Eustaquia Virginia Ticona Limachi, Nelitza Ruiz Quispe, María Condori Nina Vda. de Vásquez, Emma Sarmiento Mamani, Apolinar Colque Choque, Noemi Ibet Jiménez Chachahuayna, Claudina Gironda Huanca, Milton Lima Anaya, Josué Emanuel Cano Ytusaca, Vladimir Gonzalo Huarachi Flores, Eddy Elvis Mamani Choque y David Zenteno Calle, presentaron escrito el 8 de septiembre de 2023, cursante de fs. 109 a 111, indicando tener la condición de víctimas, siendo familiares de las personas fallecidas en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, contando por ende, con interés legítimo respecto a la acción de cumplimiento interpuesta que conocieron de forma extraoficial, pudiendo la determinación a asumirse, generar una afectación directa a sus derechos e intereses legítimos, dentro del proceso penal que siguen contra la impetrante de tutela, con identificación “EAL1909567/20323380”. En audiencia de garantías a través de su abogada manifestaron que, la prenombrada no puntualizó cuál sería la otra causa penal por la que sostendría la existencia de un doble juzgamiento, considerando que la Asamblea Legislativa Plurinacional no es una instancia investigativa o jurisdiccional; por otra parte, respecto a la transgresión del derecho al juez natural, no cuestionó en el proceso penal seguido en su contra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, la competencia del titular para el conocimiento del caso denominado “Senkata”. Enrique Fernando Urquidi Daza, Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, consignado como tercero interesado por la accionante (fs. 61 vta.) no fue notificado con la presente acción de defensa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 209/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 147 a 151 vta., denegó la tutela impetrada, “…al no haberse cumplidos los presupuestos procesales para su concesión” (sic). Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La peticionante de tutela cuestiona que son más de “20” meses que se encontraría sujeta a un proceso indebido, no existiendo pronunciamiento de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como instancia encargada de emitir un informe para dar lugar a la autorización de un juicio de responsabilidades en su contra; empero, no consideró que en procesos y/o procedimientos, al constar la posibilidad de lesión de derechos fundamentales que cuentan con control jurisdiccional, aquello debe ser cuestionado en dicha vía, resultando aplicable en el caso, el art. 15 de la Ley 044, que determina la autoridad competente a objeto de ejercer el control jurisdiccional; ii) Ante la existencia de un proceso o un procedimiento errático “mal hecho”, se activa la interposición de la acción de amparo constitucional previa observancia del principio de subsidiariedad que exige acudir inicialmente al control jurisdiccional respectivo, y solo si constaría una respuesta no satisfactoria por dicha instancia se abriría una eventual tutela constitucional; iii) En el hipotético caso que esa Sala Constitucional ordenaría a la señalada Comisión Mixta, emitir pronunciamiento al respecto, “…la comisión nos va a decir que es un hecho imposible, -pues jamás se podrá obligar a que se pronuncien de determinada forma- porque a la fecha los antecedentes no se encuentran en su poder” (sic); y, iv) En atención a lo expuesto, se advirtió la existencia de un error en la identificación del tipo procesal y que “…nadie puede ser obligado a lo imposible…” (sic). En vía de aclaración y complementación, la accionante pidió complementación o explicación, cuestionando por qué una norma procesal que esté instituida en una ley, no puede ser objeto de una acción de cumplimiento para requerir su ejecución, más si en el caso “…no se est[aría] debatiendo derechos y garantías constitucionales vulnerados…” (sic); explicando además por qué una eventual concesión de tutela sería de imposible observancia. En sustanciación y resolución, la citada Sala Constitucional indicó lo siguiente: a) La acción de cumplimiento está “desplazada a” los procesos o procedimientos porque en los mismos se pueden lesionar derechos y/o garantías constitucionales, buscando esta acción de defensa el cumplimiento de una norma específica omitida por el servidor público. En ese orden, para el juicio de responsabilidades deben seguirse algunos procedimientos conducentes a la aprobación legislativa, “…pero cuando ya sucede este procedimiento existe un controlador de garantías al que le han dado la carga de hacer control jurisdiccional, este es un procedimiento, luego, ex post facto la comisión emitirá un informe, emitido el informe se sujetará al pleno de la Asamblea Legislativa y con la autorización se inicia los debates procesales de fondo en la jurisdicción o el Tribunal Supremo de Justicia…” (sic); y, b) En el caso, la impetrante de tutela dio a entender que se le estaría vulnerando un derecho fundamental por la aplicación errática de una norma, obviando que cuenta con control jurisdiccional dentro de un procedimiento; es por ello, que “…vencido el debate, está abierto el amparo constitucional…” (sic), siendo extraño que mediante la acción de cumplimiento se ordene la aplicación de los arts. 161.7 de la CPE y 16.II de la Ley 044.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante notas presentadas el 20 y 27 de enero de 2023, ante el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la citada Asamblea, respectivamente, Jeanine Añez Chávez -accionante-solicitó el cumplimiento del art. 184.4 de la CPE y 16.II de la Ley 044, señalando que, en agosto de 2021, la referida Comisión Mixta radicó el Requerimiento Acusatorio emitido por el Fiscal General del Estado, en su contra, por los hechos de “…Senkata-Sacaba de noviembre del año 2019…” (sic), teniendo la indicada instancia la obligación de elaborar un informe para consideración del Pleno de la referida Asamblea y así definir la autorización de su enjuiciamiento (fs. 57 a 60). II.2. La presente acción de cumplimiento es interpuesta acusando la inobservancia de los arts. 153.I de la CPE, 16.II de la Ley 044 y 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; normas constitucional, legal y reglamentaria, que prevén lo siguiente:
“Artículo 153. I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional” (art. 153.I de la CPE).
“Artículo 16. (Autorización Legislativa). I. En caso de existir materia justiciable la Fiscal o el Fiscal General del Estado, requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que previa consulta a su Sala Penal será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional pidiendo su autorización expresa de conformidad a la atribución 7a del Artículo 161 de la Constitución Política del Estado.
Plurinacional a efectos de la autorización legislativa. III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión del al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia IV. Si en una primera votación no se contare con el número de votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento, se procederá a una segunda votación dentro del mismo periodo legislativo. Si en esta segunda votación no se contare con el número de votos requeridos se rechazará la autorización de juzgamiento y se procederá al archivo de obrados” (negrillas añadidas [art. 16 de la Ley 044]).
“ARTÍCULO 4º (Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional). De conformidad con el Artículo 153, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado. La suplencia a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Legislativa, la ejercerán la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Senadores y la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación” (art. 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados).
La accionante denuncia el incumplimiento de los arts. 153.I de la CPE; 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados -por el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de Asamblea Legislativa Plurinacional-; y, 16.II de la Ley 044 -por parte de las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de las Cámaras de Senadores y Diputados de la citada Asamblea-; alegando que, en agosto de 2021, el Fiscal General del Estado emitió Requerimiento Acusatorio en su contra, “…por hechos, entre otros, de Senkata de noviembre de 2019…” (sic), dictando la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Auto Supremo 97/2021 de 26 de agosto, remitiéndolo a la nombrada Asamblea, a efectos de la autorización para su enjuiciamiento conforme al procedimiento previsto en los arts. 16 de la Ley 044; y, 161.7 y 184.4 de la CPE. No obstante, transcurrieron más de diecisiete meses de dilación en los que la referida Comisión Mixta, inobservó el respectivo procedimiento para aprobar juicio de responsabilidades, al no informar al Pleno de la indicada Asamblea -cuestión avalada por el Presidente de la misma, hoy demandado-; dando lugar a que sea procesada en la actualidad por iguales hechos en la vía ordinaria penal, en vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de prohibición de doble juzgamiento y al juez natural. Añadiendo en audiencia de garantías que los demandados también inobservaron el art. 161.7 de la Ley Fundamental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 134 de la CPE, prevé: “I. La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. II. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional” (las negrillas y subrayado son nuestros). Norma concordante con el art. 64 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que estipula que la citada acción de defensa: “…tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de Servidoras o Servidores Públicos u Órganos del Estado” (énfasis y subrayado nos corresponden). La SC 0258/2011-R de 16 de marzo, establece que la acción de cumplimiento: “…está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Añadiendo en relación a su alcance que: “Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido. Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE)” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). Conforme a lo desarrollado, la acción de cumplimiento es un mecanismo de defensa prevista en la Ley Fundamental y el Código Procesal Constitucional, destinado a lograr la observancia, por parte de una autoridad pública, de un mandato imperativo impuesto en el ordenamiento jurídico, en los casos en que, de manera injustificada ésta incumpla o se resista a dar observancia al mismo.
Conforme al contenido de la norma instituida en el art. 134.I de la CPE; la SCP 0680/2013 de 3 de junio, establece que existen tres elementos constitutivos como regla de procedencia de esta acción: “…el primero, referido a la conducta que da lugar a la procedencia de la acción tutelar, definiendo que será el incumplimiento; el segundo, relacionado con el objeto incumplido, determinando que son las disposiciones constitucionales o de la ley; y el tercero, referido al protagonista de la conducta de incumplimiento, definiendo que son los servidores públicos. De acuerdo al autor José Antonio Rivera Santiváñez, respecto al primer elemento constitutivo; es decir, la conducta que da lugar a la procedencia de la acción de cumplimiento; se puede inferir que la acción de cumplimiento procederá cuando se produzca una conducta de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley. Ello supone que el servidor público que asuma una conducta renuente u omisiva ante un deber impuesto por disposiciones de la Constitución o de una Ley (nacional, departamental o municipal) dará lugar a la procedencia de la acción de cumplimiento. (…) Por su parte, con relación al segundo elemento constitutivo de la norma, es decir, el objeto de cumplimiento, el citado autor refiere lo siguiente: ‘Cabe aclarar que esta acción no ha sido prevista para lograr, mediante una orden judicial, el cumplimiento del deber general de acatar y cumplir la Constitución y las leyes; se entiende que, en coherencia con su naturaleza jurídica, esta acción tiene por finalidad hacer cumplir un mandato, deber u obligación imperativamente impuesto por la norma constitucional o legal; que se trate de un mandato, deber u obligación no sujeto a condición alguna, y que de manera indubitable y directa emerja de la norma constitucional o legal’. Ahora bien, la norma prevista por el art. 134.I de la CPE, consigna una cláusula abierta e indeterminada; toda vez que, hace referencia a ‘disposiciones constitucionales o de la Ley’. Realizando la interpretación de la norma, con relación a las normas constitucionales, se tiene que, el significado normativo que se debe asignar a la alocución empleada hace referencia sólo a aquellas disposiciones previstas por la Constitución Política del Estado que imponen mandatos u obligaciones imperativos a los servidores públicos no sujetos a condiciones para su cumplimiento. Finalmente, respecto al último elemento constitutivo de procedencia de la acción de cumplimiento; es decir, el protagonista de la conducta de incumplimiento; la norma prevista por el art. 134.I, que crea esta acción tutelar es clara y precisa al definir que el protagonista de la conducta renuente u omisiva es el servidor público” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).
Por otra parte, el art. 66 del CPCo, regula que: “La Acción de Cumplimiento no procederá: “1. Cuando sea viable la interposición de las acciones de Libertad, Protección de Privacidad o Popular. 2. Cuando el accionante no haya reclamado previamente y de manera documentada a la autoridad accionada, el cumplimiento legal del deber omitido. 3. Para el cumplimiento de sentencias judiciales que tengan autoridad de cosa juzgada. 4. En procesos o procedimientos propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, tutelados por la Acción de Amparo Constitucional. 5. Contra la Asamblea Legislativa Plurinacional con la intención de exigir la aprobación de una Ley” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Sobre la causal instituida en el art. 66.4 del CPCo, la SCP 1789/2012 de 1 de octubre, establece: “Entre dichas causales, como se tiene mencionado, se encuentra la improcedencia de la presente acción, en procesos o procedimientos propios de la administración, en los que se vulneren derechos y garantías constitucionales, ya que en dicho supuesto, será solo viable la interposición de la acción de amparo, como mecanismo constitucional idóneo para su resguardo y tutela. Sin embargo, esta causal de improcedencia, se la deberá entender en un sentido extensivo y no así restrictivo, ya que no solo será inviable en los procesos (litigios) ni en los procedimientos (conjunto de actos procesales por los cuales el proceso se sustancia) propiamente dichos, sino también en todos aquellos actos u omisiones, realizados por los servidores públicos en la administración, por los que se restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales de una persona en específico; en cuyo caso será procedente la acción de amparo constitucional. Ya que para que prospere la acción de cumplimiento, el perjuicio provocado, no deberá ser particular, sino deberá ser a un conjunto de personas que se encuentren en idéntica situación, donde una o cualquiera de ellas, al sentirse o creer, estar afectada o perjudicada por dicha omisión, pueda demandar el cumplimiento de la norma omitida, cuyo resultado -si saldría procedente- beneficiaría o irradiaría a todas ellas, verbigracia: al emitirse una ley en sentido material, que norme cierto tipo de beneficios a favor de determinadas personas (adultos mayores, discapacitados, etc.), y las autoridades encargadas de su cumplimiento omitieran hacerlo -afectando de esa manera a todas y cada una de ellas- se podrá interponer la acción de cumplimiento por cualquiera de las mismas, para que de esa forma la autoridad demandada, dé cumplimiento a la norma omitida y de esta manera sus efectos -en caso de concederse- se irradien a todo aquel conjunto de beneficiarios. Cabe aclarar que dicha omisión no tiene que darse dentro de un proceso administrativo o judicial, puesto que en dichos casos la afectación de la omisión, solo sería a un caso concreto y particular…” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
De acuerdo al razonamiento asumido en la SCP 0036/2012 de 26 de marzo, la distinción entre las acciones de defensa citadas, deriva en que, si bien ambas pueden determinar la desatención del deber omitido por una autoridad pública, previsto en la Norma Suprema o la ley; la acción de amparo constitucional se halla vinculada a la vulneración y protección de derechos subjetivos, lo que no sucede con la acción de cumplimiento. En ese sentido, el mencionado fallo constitucional, citando a su vez, a la SC 0258/2011-R, precisó que: “‘Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutela derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Sobre el particular, la SC 0345/2011-R de 7 de abril, establece que: “…la jurisprudencia constitucional reiteradamente -sobre este aspecto-estableció que en acciones de amparo constitucional, de manera posterior a su presentación no pueden alegarse nuevos hechos y derechos como vulnerados, alterando de manera relevante los hechos expuestos y que sirvieron de fundamento fáctico del ‘recurso’. Actuar de esa forma, resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales prefijado en la Ley Fundamental, que impide cualquier forma de sorpresa en los procesos; y de hecho, cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, situación que determinaría que el demandado esté frente a hechos nuevos, situándolo en una virtual indefensión, lesionando su derecho a la defensa y demás normas conexas del sistema de garantías procesales. Razonamiento jurisprudencial que es perfectamente aplicable también a las acciones de libertad, por cuanto como se refirió, su objeto es no dejar en incertidumbre o defensión a la autoridad o persona demandada, la que en conocimiento de la acción planteada en su contra, la asume en base a los argumentos vertidos en ella; no pudiendo modificarlos durante su tramitación” (las negrillas y subrayado son agregados).
Razonamiento jurisprudencial que es también aplicable en las acciones de cumplimiento, en las que resulta inviable que la parte accionante alegue, en la audiencia de garantías, nuevos hechos e identifique nuevas normas constitucionales o legales supuestamente incumplidas por las servidoras o servidores públicos pidiendo se garantice su ejecución; debiendo tomar en cuenta que cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, resulta incompatible con el derecho a la defensa instituido a la Ley Fundamental, poniendo al demandado en una eventual indefensión, quien en conocimiento de los argumentos de la demanda tutelar presenta el informe respectivo, no pudiendo modificarse su contenido durante su tramitación.
La impetrante de tutela demanda el incumplimiento de los arts. 153.I de la CPE; 16.II de la Ley 044; y, 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, por parte de los demandados; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, la accionante solicita en el petitorio de esta acción tutelar que los demandados den cumplimiento inmediato a los citados arts. 153.I de la CPE; 16.II de la Ley 044; y, 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Por su parte, en la audiencia de garantías requirió: “…garantizar la ejecución de la norma Constitucional o de la Ley en este caso, en específico hablamos del Art. 161, párrafo 7 de la Constitución y del Art. 16 de la Ley 044…” (sic [negrillas y subrayado añadidos]). En ese marco, corresponde señalar en forma previa que la peticionante de tutela introdujo nuevos hechos en la audiencia de garantías, identificando en dicho acto procesal como norma incumplida el art. 161.7 de la CPE, sobre el que no versó esta acción de defensa formulada; inobservando así la inviabilidad de alegar nuevos hechos y precisar otras normas constitucionales o legales supuestamente incumplidas por parte de servidoras o servidores públicos pidiendo se garantice su ejecución; por cuanto, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, ello sitúa a la parte demandada en una eventual indefensión, siendo que en conocimiento de los argumentos iniciales expuestos en este mecanismo de tutela presenta el informe correspondiente, lo que conlleva la inviabilidad de modificar su contenido durante su tramitación. Por consiguiente, este Tribunal no hará alusión alguna al incumplimiento recién identificado en audiencia de garantías, respecto a la citada disposición constitucional.
Ahora bien, del análisis de las normas que se cuestionan como inobservadas detalladas en su contenido en la Conclusión II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que la peticionante de tutela al formular la presente acción de defensa desconoció su naturaleza jurídica (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional), que tiene por objeto garantizar la ejecución de normas constitucionales o legales cuando son omitidas por parte de servidoras o servidores públicos, u órganos del Estado; es decir, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la ley -se entiende en referencia a un deber específico contenido en sus disposiciones-, asumiendo la finalidad de hacer cumplir un mandato, deber u obligación imperativo no sujeto a condición alguna, y que de manera indubitable y directa emerja de la norma constitucional o legal (Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional). En ese sentido, se resalta que, el art. 153.I de la CPE, establece: “…La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional”; por su parte, el art. 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, prevé: “…De conformidad con el Artículo 153, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado. La suplencia a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Legislativa, la ejercerán la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Senadores y la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación”. Normas constitucional y reglamentaria que no se adecúan, al objeto de tutela de la acción de cumplimiento, no conteniendo un mandato, deber u obligación indubitable y directa -no sujeto además a condición- a la que se encuentre obligado el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, estableciendo únicamente la atribución que tiene de presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como, quién ejerce la misma en casos de suplencia. En cuanto al art. 16.II de la Ley 044, este estipula que: “…La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, conocerá el requerimiento acusatorio e informará al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorización legislativa”; comprobándose que dicha norma legal no contiene un deber concreto contenido en la misma que se enmarque a la tutela que confiere la acción de cumplimiento, no tratándose de una disposición legal que prevea un mandato, deber u obligación imperativa no sujeto a condición, que de forma indubitable y directa emerja de ella. En ese entendido, la accionante no consideró que esta acción de defensa no se halla prevista para lograr que a través de una orden emanada por la justicia constitucional, se disponga el cumplimiento del deber general de acatar y cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. Conforme a lo expuesto, no se advierte en la norma legal denunciada de incumplida (art. 16.II de la Ley 044), la existencia de un deber específico que pueda ser exigido de manera concreta, cierta e indubitable a los demandados; es decir, un mandato vigente, cierto y claro, no sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares que sea indubitable, de obligatoria observancia e incondicional (Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional); tratándose más bien de un deber genérico vinculado, conforme la propia solicitante de tutela señaló en su demanda tutelar, a la alegada vulneración de derechos fundamentales subjetivos, en el caso, del debido proceso en sus vertientes a la prohibición de doble juzgamiento y al juez natural, respecto a los que concernía la interposición de la acción de amparo constitucional siendo que, incluso de manera contradictoria, atribuye su comisión a los Fiscales de Materia y al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, ante quien se sustancia el proceso penal seguido en su contra con registro “EAL1909567”, por el caso “…Senkata-Sacaba de noviembre del año 2019…” (sic). Asimismo, es necesario resaltar que, el art. 16 de la Ley 044, regula el procedimiento a seguir para obtener la autorización legislativa a objeto de iniciar proceso de juicio de responsabilidades; no procediendo la acción de cumplimiento, conforme a lo instituido en el art. 66.4 del CPCo: “…En procesos o procedimientos propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, tutelados por la Acción de Amparo Constitucional”; norma que, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, debe ser entendida en un sentido extensivo y no restrictivo, siendo inviable no solo en procesos ni en procedimientos propiamente dichos, sino también en todos aquellos actos u omisiones en los que incurran las y los servidores públicos por los que se restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales de una persona en específico. Al respecto, la SCP 1070/2022-S1 de 5 de octubre, citando a su vez a la SC 1312/2011-R de 26 de septiembre, sostuvo que: “…es imperante -a la luz de su teleología constitucional-, delimitar las causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, que en esencia se traducen en dos: a) Incumplimiento de deberes procesales, directamente vinculados a un proceso jurisdiccional; y, b) Incumplimiento de potestades administrativas, estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo. En efecto, estas causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, son perfectamente coherentes con la argumentación desarrollada supra, ya que al existir un proceso judicial o un procedimiento administrativo, en el cual existen partes procesales con un interés concreto y cuya decisión surtirá efectos jurídicos solamente en relación a ellas, no es posible en estos supuestos activar la acción de cumplimiento, toda vez que la acción de amparo constitucional, para estos casos, es el medio idóneo y eficaz para restituir posibles derechos afectados. En este contexto, inequívocamente la negación de estas causales de exclusión para la acción de cumplimiento, generaría una disfunción del sistema tutelar reconocido por el nuevo orden constitucional, aspecto no deseado y que en definitiva desconocería las directrices axiológicas en virtud de las cuales el constituyente desarrolló cada una de las acciones de defensa” (las negrillas son inherentes al texto original). En ese marco, resulta indiscutible que, no es viable ni procedente en el asunto de examen, la acción de cumplimiento presentada, cuyo objetivo -se repite-, es garantizar el cumplimiento de un mandato, deber u obligación imperativamente impuesto por la norma constitucional o legal; no sujeto a condición alguna, y que de forma indubitable y directa emerja de la norma constitucional o legal; correspondiendo considerar que, si bien tanto la acción de cumplimiento como la acción de amparo constitucional pueden determinar la desatención de un deber omitido por una autoridad pública regulado en la Norma Suprema o la ley, la segunda de las nombradas se halla vinculada a la transgresión y protección de derechos subjetivos, cuestión que no acontece con la acción de cumplimiento, lo que de modo alguno desconoce que la misma, de forma directa o indirecta, tutele derechos y garantías, sino que su objeto concreto es garantizar la observancia de deberes estipulados en la Constitución Política del Estado y las leyes.
En ese sentido, el deber al que alude la acción de cumplimiento deriva de un mandato específico y determinado que concierne ser observado por una autoridad pública concreta competente y sujeta a las características que debe reunir la norma invocada de incumplida, desarrolladas por la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente; caso contrario, de emerger de un deber genérico vinculado a la lesión de derechos o garantías constitucionales, como se da en el asunto en examen, dentro de un procedo o procedimiento propio de la administración, resulta pertinente la interposición de la acción de amparo constitucional por omisión (Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional); correspondiendo en consecuencia, confirmar la decisión asumida inicialmente por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Finalmente, concierne precisar que, este Tribunal no se pronunció sobre la carencia de legitimación pasiva denunciada por la parte demandada, al ser ello innecesario habiéndose identificado no proceder en el caso, la acción de cumplimiento interpuesta; tampoco, en relación a la falta de notificación de Enrique Fernando Urquidi Daza, Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como tercero interesado consignado por la impetrante de tutela en su acción de defensa, por igual razón a la antes señalada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 209/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 147 a 151 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0298_2024-S2.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): c2404b5b47786e48ab8e56a3856facb330a3076e4972599a155d248ea3573171
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