Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Cuarta Especializada · 17 de julio de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes alegaron el incumplimiento del deber jurídico establecido en los arts. 14. IV, 108.7 y 115.II de la CPE; y, 3.II de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos –Ley 154 de 14 de julio de 2011–; debido a que, la autoridad demandada prohibió el pago de impuestos a la propiedad del bien inmueble de su difunta madre, situación que les impide puedan declararse herederos y aceptar la herencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 111 a 117, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2024-S4 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de cumplimiento Expediente: 58194-2023-117-ACU Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 111 a 117, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Ana Beatriz, Mariela, Ivan Cristian y Gonzalo, todos Pajarito Capajeño contra Cruz Octavio Aruquipa Yana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 19 de julio de 2023, cursante de fs. 48 a 60, y de subsanaciones el 27 de julio y 21 de agosto, ambos del referido año (fs. 77 a 78; y, 81 a 86 vta., respectivamente), los accionantes manifestaron lo siguiente:
El 8 de agosto de 2019, su madre Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito – ahora fallecida– adquirió un bien inmueble del también difunto Fidel Humberto Pinto Gonzales, con una superficie de 196.05 m, ubicado en el lote 7, del manzano 4, de la plaza principal “30 de abril” entre calle Pintos S/N y av. La Paz, de Escoma del departamento de La Paz, cuyo derecho propietario se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.) con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390, Asiento 4, empadronado dicho inmueble y registrado en el ente municipal de Escoma, municipio éste de reciente creación (2009), el citado bien inmueble primero fue registrado en la anterior Alcaldía de Puerto Acosta, entidad de la cual proviene el municipio de Escoma. Desde el 2010 se cancelaron los primeros Impuestos a la Propiedad de Bien Inmueble (IPBI), con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390, en el Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, cuando se encontraban como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del nombrado municipio “PABLO CHAMBI (2010-2015) y Prof. Natalio Chino Mejía (fallecido)-Prof. Juan Chino Paredes (Suplente) (2015-2020)” (sic); de las gestiones 2017 y 2018, canceló Fidel Humberto Pinto Gonzales, de quien adquirieron el bien inmueble. Por Escritura Pública 174/2019 de 8 de agosto, se hizo la transferencia del bien inmueble de Fidel Humberto Pinto Gonzales a Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito logrando la prenombrada entonces pagar el impuesto de la gestión 2019, quedando a la espera de poder cancelar la gestión 2020 en el 2021. Ahora bien, al fallecimiento de su madre Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito; por el derecho que les asiste como herederos quisieron realizar el pago de impuestos para poder tramitar la sucesión hereditaria y aceptación de herencia; sin embargo, desde mayo de “2021”, fecha en la que fue posesionado como MAE el ahora demandado, sucedieron varios actos irregulares, abusos y vulneraciones a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, en contra de su familia, al haberles prohibido cumplir su deber obligatorio constitucional de tributar; es decir, poder cancelar el impuesto a la propiedad de bien inmueble, del cual por sucesión hereditaria tienen derecho y deber como hijos de la madre hoy fallecida. Alegaron también, que el demandado desde tiempo atrás tenía interés en el bien inmueble de su madre ahora de ellos; no obstante, que éste conocía que contaban con toda la documentación del bien inmueble al día, tanto en la oficina de DD.RR. de La Paz; así como, en Recaudaciones de Impuestos del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma; pese a ello, ordenó dicha autoridad “QUE NO SE RECIBA Y SE ʽPROHÍBAʹ EL PAGO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD Y CUALQUIER OTRO TRAMITE EN TODA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESCOMA A NUESTRA MADRE FALLECIDA LA SEÑORA: MAXIMA CAPAJEÑO VDA. DE PAJARITO EN RELACION AL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD” (sic). Su madre en vida no pudo cancelar los impuestos al bien inmueble de las gestiones 2020 y 2021; por ello en septiembre de 2021, inició su trámite en la Alcaldía de Escoma; sin embargo, no pudieron pagar sus impuestos ni recibieron una respuesta coherente que justifique dicho accionar; en consecuencia, luego de su fallecimiento, sus personas como herederos de la de cujus, se acercaron al ente municipal de Escoma para cancelar el impuesto del bien inmueble y luego proceder al trámite de sucesión hereditaria; empero, no pudieron realizar dicho trámite lo que les imposibilitó de cumplir con el deber obligatorio de tributar por las gestiones 2021 y 2022; de forma verbal y escrita solicitaron a la MAE, puedan realizar el pago de sus impuestos; no obstante, les fue prohibido realizar el mismo, lesionando así la autoridad demandada sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Posteriormente, el Alcalde hoy demandado indicó que “Néstor Moncada Hernani” en febrero de 2022, habría presentado una denuncia verbal vía celular, en la que el prenombrado impetró a la autoridad edil no permita el pago de los impuestos del bien inmueble ubicado en el lote 7, del manzano 4, de la plaza principal “30 de abril” entre calle Pintos S/N y av. La Paz, de Escoma del departamento de La Paz. El 24 de julio de 2022, por memorial hicieron conocer a la autoridad demandada su denuncia sobre la prohibición de pago de impuestos a la que fueron sometidos; por ello, solicitaron al Alcalde les proporcione una copia del escrito con el que le habrían pedido que no se les permita realizar pago alguno del bien inmueble de su madre Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito, dando lugar la autoridad demandada a lo pedido por persona particular; siendo que esa prohibición debió exigirse que provenga de una autoridad judicial y competente. El 15 de agosto de igual año, después de que esperaron veintidós días para que les den respuesta al primer memorial; presentaron un segundo escrito a la MAE, ratificando su solicitud, obteniendo respuesta de la autoridad edil el “28” de agosto de 2022 a través de CITE: GAME/MAE/COAY/216/2022, misma que fue incongruente y absurda al indicar “Que previo a ingresar al fondo del caso en concreto, deberíamos acreditar nuestro interés legal, conforme a la normativa legal vigente y así mismo, adjuntar en copia simple de toda la documentación completa que acredite el derecho propietario” (sic), manifestando además que, Juana Pinto Gonzales era ahora la denunciante, quien mediante nota le habría hecho conocer que se opone a trámites de Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito, impidiendo con ello puedan pagar los impuestos, y sea hasta que se resuelva el mejor derecho propietario del bien inmueble en cuestión, dando curso el demandado a lo manifestado por la denunciante, quien no es autoridad judicial ni competente, razón por la cual el Alcalde demandado les prohibió realizar el pago de impuestos a la propiedad, limitando su deber de poder ejercer su derecho de tributar y pagar sus impuestos de cumplimiento obligatorio. Por escrito de 1 de septiembre de 2022, dieron cumplimiento a lo solicitado en el CITE: GAME/MAE/COAY/216/2022, adjuntando los documentos con su acreditación legal; sin embargo, no recibieron respuesta alguna. Por tal motivo a través del memorial de 22 de igual mes y año, denunciaron los abusos cometidos por el demandado ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz; posteriormente, el 10 de octubre de 2022 la autoridad edil emitió un respuesta a su memorial, manifestando que previo a considerar su solicitud adjunte el informe hasta esa fecha con esa observación de fondo; fue entonces que, el 20 de dicho mes y año, cumplieron la observación sobre la presentación del Testimonio 435/2022 de 18 de julio; empero, no fue suficiente cumplir con tal observación; puesto que, a la fecha no recibieron respuesta alguna. El 2 de diciembre de 2022, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, emitió una respuesta a la denuncia que presentaron, indicando que se encontraban preocupados por su situación de no poder realizar el pago de sus impuestos; empero, manifestaron que existen los mecanismos legales y constitucionales para hacer prevalecer sus derechos que consideran lesionados, añadiendo que solicitaron un informe a la MAE y que una vez tengan respuesta al mismo les harían conocer. En consecuencia, el 25 de mayo de 2023 hicieron llegar nuevamente un escrito al prenombrado Concejo Municipal, para que ponga en conocimiento si el ahora demandado cumplió con lo solicitado respecto al informe de prohibición de cobro de impuesto de su bien inmueble, fue el “11” de junio de igual año –siendo lo correcto 9–, que por CITE C.M.E./H.L.Q/24/2023, el referido Concejo indicó que hasta la fecha el demandado no emitió respuesta alguna menos algún informe. Finalmente, el 6 de julio de 2023, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma respondió al escrito de 25 de mayo de 2023, ratificando lo manifestado en el CITE C.M.E./H.L.Q/24/2023 y añadieron que no pueden ellos mezclar competencias, ya que existe una separación de órganos; puesto que, son diferentes las funciones tanto del Órgano Ejecutivo como del Legislativo; por ello, no pueden como Concejo fiscalizar las funciones del hoy demandado. En consecuencia, al haber hecho conocer al precitado Concejo su situación sobre la prohibición de pago de impuesto al bien inmueble al que fueron sometidos, se tiene por agotada la instancia administrativa, cumpliendo de esa manera con el principio de subsidiariedad y dejando expedita la vía de acción de cumplimiento, para que se les otorgue la tutela impetrada.
Los accionantes alegaron que se incumplió el deber jurídico establecido en los arts. 14.IV, 108.7 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3.II de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos –Ley 154 de 14 de julio de 2011–.
Solicitaron se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia; a) Se disponga se retire la prohibición de pagar los impuestos de su bien inmueble con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390 de propiedad de su difunta madre Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito, misma que por sucesión hereditaria les corresponde; y, b) Se ordene a la autoridad demandada disponga la habilitación inmediata del pago de impuestos prohibidos.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de agosto de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 108 a 110, presente la parte solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron su memorial de acción de cumplimiento. Ante las consultas realizadas por la Jueza de garantías, respecto a que si después de la nota de 20 de octubre de “2023” –siendo lo correcto 2022–, presentaron alguna otra nota o memorial reiterando la base de sus argumentos en relación a la autoridad demandada; al respecto, el abogado de los impetrantes de tutela aclaró que sí presentaron otros escritos, y no solo a la MAE sino también al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz; por esa razón, el citado Concejo municipal impetró informe a la autoridad demandada, el cual a la fecha no fue emitido.
Cruz Octavio Aruquipa Yana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, por informe presentado el 31 de agosto de 2023, cursante a fs. 105 y vta., manifestó que: 1) Fue notificado con la presente acción de defensa el 29 de igual mes y año; empero, desde el 28 de dicho mes y año tuvo que ausentarse a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por motivo de trabajo, razón por la cual conoció de la misma horas antes de la audiencia; 2) Como MAE, tiene varias actividades programadas en su agenda que comprometen su presencia en el concurso de bandas con la participación de veintiséis unidades educativas a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La paz y de la Dirección Distrital de Puerto Acosta, la cual se desarrollará a la hora y fecha de la audiencia de consideración de esta acción de cumplimiento; por lo que, impetró se suspenda la misma para otra fecha; 3) No vulneró derecho fundamental alguno ni garantía constitucional de los ahora accionantes, negó haber emitido documento en el que supuestamente hubiera instruido la prohibición de realizar trámites o proceso administrativo de los impetrantes de tutela, estos en ningún momento pudieron demostrar de forma objetiva de qué forma se hubiese lesionado sus derechos ahora reclamados; puesto que, no adjuntaron documentos que demuestren dicha “prohibición”; y, 4) La petición de los solicitantes de tutela no fue clara y una de las características de las acciones de cumplimiento es identificar de forma clara y precisa el deber omitido; es decir describir la norma legal en su sentido material que se considera lesionada, aspectos que no fueron vertidos ni fundamentados por los accionantes; por ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 111 a 117, declaró la improcedencia de la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes, alegaron que la autoridad demandada incumplió deberes al no haberles permitido tributar por su bien inmueble, dicho reclamo debió realizarse previo a los memoriales presentados, incumpliendo con lo establecido en el art. 66.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual determina que “debe existir una solicitud expresa y clara en la cual el accionante recuerde al servidor público su deber de cumplimiento de la norma” (sic), vale decir que, desde la nota de 24 de julio de 2022, denunciaron que el Alcalde hoy demandado incumplió con sus deberes y que sus actuaciones estuvieron siendo delictivas, citando varias normas legales; empero, en el citado escrito los impetrantes de tutela únicamente solicitaron una copia del memorial y la reposición de toda la documentación y antecedentes faltantes a la muerte de su madre ahora difunta; ii) Por memorial de 15 de agosto de 2022, dirigido a la autoridad demandada, los accionantes, reclamaron una respuesta formal y pronta, denunciando la lesión de sus derechos a la petición; evidenciándose que los solicitantes de tutela no acudieron previamente ante la autoridad demandada reclamando el deber omitido, es decir, nunca expusieron ante dicha autoridad cuál fue su deber omitido e incumplido; iii) La acción de cumplimiento tiene el objeto de hacer cumplir una norma objetiva al funcionario público, en tal circunstancia, debieron los accionantes exponer cuál la norma que dicha autoridad incumplió; empero, no hicieron mención alguna al respecto; iv) De igual forma, el escrito de 1 de septiembre de 2022, de los ahora impetrantes de tutela al hoy demandado, expusieron los antecedentes y las normas referidas a la sucesión hereditaria, reclamando el por qué les fue prohibido el realizar el pago de los impuestos del bien inmueble del cual son herederos de la de cujus; nuevamente se observó que en ningún momento ellos hicieron notar cual el deber de cumplimiento de la autoridad demandada; de igual forma, no indicaron de forma expresa y clara cuál el deber omitido por el Alcalde como funcionario público, ampararon su solicitud los impetrantes de tutela en el art. 115 de la CPE, el cual garantiza el derecho al debido proceso mismo que puede ser tutelado bajo otra acción tutelar y no así con una acción de cumplimiento; v) Los escritos de 22 de septiembre, de 3 de noviembre de 2022 y de 25 de mayo de 2023, al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, por los accionantes, no expresaron de forma expresa y textual cuál la omisión cometida por la autoridad edil, en todas ellas lo único que solicitaron fue que otorguen licencia a la autoridad demandada para que pueda defenderse de forma particular, anunciaron una acción de cumplimiento por incumplimiento de deberes; sin embargo, no expusieron de forma clara cuál la norma incumplida; vi) En el último escrito de 20 de octubre de 2022, los solicitantes de tutela cumplieron con la observación realizada por la autoridad demandada respecto a la presentación de Testimonio 435/2022; impetrando por ello, se ordene la habilitación del pago de impuestos a la propiedad y pago de impuesto al bien inmueble de propiedad de su madre difunta; razón por la cual, se les consultó a los accionantes, si posterior a la última nota de “25 de mayo de 2023” (sic), presentaron otra nota o memorial que hubiera contenido de forma clara y expresa cuál la omisión o el deber incumplido por la autoridad demandada, respondiendo los impetrantes de tutela que no hubo otra misiva más después de la prenombrada, evidenciándose, que únicamente los accionantes expresaron que se les prohibió poder realizar el pago de impuestos y no indicaron cuál el deber omitido que debió cumplir la autoridad edil; y, vii) Finalmente, la presente acción de cumplimiento tiene como objetivo el garantizar la ejecución de una norma omitida; misma que no fue observada por los impetrantes de tutela; puesto que, desde la presentación del primer memorial dirigido a la autoridad demandada no expresaron de forma clara cuál el deber omitido, evidenciándose la inobservancia a lo establecido en el art. 66.2 del CPCo, bajo dichos argumentos, se concluyó señalando que esta acción de cumplimiento merece ser declarada improcedente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta folio real de 29 de diciembre de 2020, con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390, debidamente inscrita en DD.RR. con Escritura Pública 174/2019 de 8 de agosto, a nombre de Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito (fs. 5 y vta.). II.2. Por nota de 28 de mayo de 2022, Juana Pinto Gonzales a través de su abogado, en calidad de denunciante, hizo conocer al hoy demandado que se opone a trámites que pueda realizar Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito –ahora fallecida–, hasta resolverse el conflicto sobre el derecho propietario de inmueble con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390 inscrita en DD.RR. (fs. 28 a 29). II.3. Mediante memorial de 24 de julio de 2022, Ana Beatriz, Mariela, Ivan Cristian y Gonzalo, todos Pajarito Capajeño –hoy accionantes–, hicieron conocer a Cruz Octavio Aruquipa Yana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz –hoy autoridad demandada– su denuncia sobre las irregularidades en el cobro y pago de impuestos a la propiedad, solicitando además una copia del memorial que prohibió se les dé curso al trámite del inmueble de propiedad de Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito, impetrando el archivo y la improcedencia del mismo por atentar a sus derechos fundamentales y se habilite el pago de sus impuestos y así poder cumplir con el deber y obligación de pagar impuestos fiscales a la propiedad de bien inmueble (fs. 23 a 24 vta.). II.4. Se tiene escrito de 15 de agosto de igual año; por el que, los impetrantes de tutela ratificaron a la autoridad demandada su solicitud de poder pagar los impuestos de su bien inmueble, anunciando además que de no ser escuchados interpondrían una acción de amparo constitucional, mereciendo respuesta a ambos memoriales de la autoridad edil con nota CITE: GAME/MAE/COAY/216/2022 de 17 de agosto y Hoja de Ruta de 26 de mayo de 2022, quien manifestó que previo a ingresar al fondo del caso concreto, los interesados acrediten su interés legal, conforme lo establece la normativa vigente, de igual forma adjunten copia simple de toda la documentación que acredite su derecho propietario (fs. 25 a 26). II.5. Cursa escrito de 1 de septiembre de 2022, dirigido al Alcalde demandado;
por el que, los solicitantes de tutela hicieron conocer y adjuntaron la documentación pertinente respecto a su interés legal del bien inmueble de la de cujus (fs. 31 y vta.). II.6. Por memorial de 22 de igual mes y año, los accionantes denunciaron actos irregulares e incumplimiento de deberes por el demandado ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz (fs. 32 y vta.). II.7. Se tiene que, el 22 de septiembre de 2022, la autoridad Edil en respuesta al escrito de 1 de septiembre del citado año presentado por los impetrantes de tutela, manifestó que previo a considerar su solicitud adjunten el Testimonio 435/2022 de 18 de julio, en original o copia legalizada, en ese entendido, los ahora accionantes, en respuesta a dicha observación el 20 de octubre de 2022 adjuntaron el citado testimonio y ratificaron su solicitud en cuanto a que ordene el Alcalde hoy demandado la habilitación del pago de impuestos a la propiedad y pago de impuesto del inmueble de propiedad de la de cujus (fs. 33 a 34 vta.). II.8. Cursa memorial de 3 de noviembre de 2022, dirigido al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz; por el que, Ana Beatriz Pajarito Capajeño, denunció y solicitó licencia para el Alcalde de Escoma, con el objetivo de que sean las autoridades jurisdiccionales y competentes las que deliberen el caso en cuestión, por otra parte, impetró que soliciten un informe a la MAE en relación a las respuestas pendientes a sus memoriales presentados (fs. 35 y vta.). Por nota de 2 de diciembre de 2022, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, respondió a dicho memorial indicando que existen los mecanismos legales para que activen los procesos judiciales que crean pertinentes a efecto de lograr la tutela jurídica; puesto que, al ser un caso de carácter administrativo y particular, no cuentan ellos con la legitimación activa para intervenir de manera directa, de igual forma, no pueden dar licencia al Alcalde, salvo que sea la misma autoridad que la solicite por viaje, enfermedad y otros que se encuentren justificados y finalmente manifestaron que pidieron por nota con CITE-CME/HLQ/27/2022 de 30 de octubre, petición de informe escrito al Alcalde de Escoma (fs. 36 y 37). II.9. Por memorial de 25 de mayo de 2023, los solicitantes de tutela impetraron al Concejo Municipal de Escoma, informe de respuesta a la MAE sobre la prohibición de cobro de impuesto de su bien inmueble; en consecuencia, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma, por CITE C.M.E./H.L.Q/24/2023, de 9 de junio, respondieron manifestando que hasta la fecha el ahora demandado no emitió respuesta alguna a su solicitud menos algún informe (fs. 38 a 39).
Los accionantes alegaron el incumplimiento del deber jurídico establecido en los arts. 14. IV, 108.7 y 115.II de la CPE; y, 3.II de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos –Ley 154 de 14 de julio de 2011–; debido a que, la autoridad demandada prohibió el pago de impuestos a la propiedad del bien inmueble de su difunta madre, situación que les impide puedan declararse herederos y aceptar la herencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El art. 134.I de la CPE, determina la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento, al establecer que ésta procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Conforme a ello, el art. 64 del CPCo, prevé que dicha acción tutelar tiene por finalidad garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal cuando es omitida por servidores públicos u Órganos del Estado. Al respecto, la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, señaló que: “…la acción de cumplimiento está configurada como un verdadero proceso constitucional, por las siguientes razones: i) Está configurada procesalmente por la Constitución Política del Estado; ii) Su conocimiento y resolución es de competencia de la justicia constitucional; iii) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y, iv) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, -como se analizará posteriormente-. La acción de cumplimiento está integrada por una serie de actos de procedimiento como la demanda, el informe, la audiencia, la resolución y posterior revisión por el Tribunal Constitucional, que configuran un proceso constitucional autónomo, de carácter extraordinario, tramitación especial y sumaria, en el que se reclama la materialización de un deber -constitucional o legal- omitido, existe en tal sentido una pretensión, partes discrepantes, un procedimiento específico conforme al cual se desarrolla la acción, y un juez o tribunal que resuelve otorgar o denegar la tutela. Cabe resaltar que esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley” (las negrillas son nuestras). Más adelante la misma Sentencia Constitucional, refiriéndose al ámbito de protección de la acción de cumplimiento, refirió que: “…procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Conforme a dicho texto, la acción de cumplimiento, tiene como objeto garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido. Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE). Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión.
Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SC 1312/2011-R de 26 de septiembre, al referirse a la naturaleza procesal de la acción de cumplimiento, en cuanto a sus principios estructurales, señaló lo siguiente: “Así también, el principio de no supletoriedad, implica que la jurisdicción constitucional a través de la acción de cumplimiento, solamente puede ser activada siempre y cuando la autoridad que omite el cumplimento de un mandato expreso, no sujeto a condición y vigente, plasmado en una norma constitucional o legal, haya tenido la posibilidad de dar estricta observancia a este mandato, a cuyo efecto, antes de activarse la justicia constitucional, debe previamente solicitarse a ésta, el cumplimiento del deber omitido; sin embargo, es preciso aclarar que en la acción de cumplimiento, este principio no puede equipararse al principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional, ya que de acuerdo a la esencia de este mecanismo de defensa, como se dijo, la apertura de un procedimiento administrativo o uno judicial, dentro de los cuales debería agotarse las instancias existentes, constituye una causal de exclusión de tutela a través de la acción de cumplimiento, por tanto, la petición previa, especialmente en materia administrativa y también en vía judicial, debe ser realizada especificándose la no apertura de una causa concreta que resuelva la problemática, aspecto con el cual, podrá establecerse un diferencia perceptible entre ambas acciones tutelares. En efecto, contra esta petición previa -que no implique apertura de procedimiento administrativo o proceso jurisdiccional-, la autoridad que omitió el incumplimiento de un mandato inserto en una norma constitucional o la ley, tendrá el deber de resolverla, allanándose o no a dicha solicitud; en el primer caso, efectivamente el cumplimiento del deber omitido estará garantizado, empero, en el segundo supuesto, es decir, en caso de no allanarse la autoridad obligada a esta petición de cumplimiento, será precisamente esta decisión la que acredite el incumplimiento, momento a partir del cual, quedará expedita la tutela constitucional a través de la acción de cumplimiento. En este estado de cosas, es absolutamente pertinente resaltar que en caso de existir una instancia superior a aquella autoridad renuente en el cumplimiento de un mandato inserto en la Constitución Política del Estado o la ley, no será necesario impugnarla, puesto que -como ya se dijo-, el principio de no supletoriedad de la acción de cumplimiento no puede equiparse al principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional, en ese contexto, con la resolución que resuelva la petición de cumplimiento, queda expedita la vía tutelar a través de la acción de cumplimiento” (las negrillas nos pertenecen).
Los accionantes alegaron el incumplimiento del deber jurídico establecido en los arts. 14.IV, 108.7 y 115.II de la CPE; y, 3.II de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos –Ley 154 de 14 de julio de 2011–; debido a que, la autoridad demandada prohibió el pago de impuestos a la propiedad del bien inmueble de su difunta madre, situación que les impide puedan declararse herederos y aceptar la herencia. Por otra parte, se tiene que Juana Pinto Gonzales a través de su abogado, por nota de 28 de mayo de 2022, en calidad de denunciante hizo conocer al ahora demandado que se opone a trámites que pueda realizar Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito –hoy fallecida–, hasta resolverse el conflicto sobre el derecho propietario de inmueble con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390 inscrita en DD.RR. (Conclusión II.2.). De los antecedentes del caso así como lo manifestado por las partes, se advierte que de Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito, por folio real con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390, en DD.RR., era propietaria; por ello, el 24 de julio de 2022, los accionantes hicieron conocer al Alcalde ahora demandado su denuncia sobre las irregularidades en el cobro y pago de impuestos a la propiedad de bien inmueble solicitando además una copia del memorial que prohibió se les de curso al trámite del bien inmueble, cuya solicitud reiteraron el 15 de agosto de igual año, para poder pagar los impuestos y anunciaron que de no ser escuchados interpondrían una acción de amparo constitucional, respondiendo a ambos memoriales la autoridad edil con nota CITE: GAME/MAE/COAY/216/2022 de 17 de agosto; en el que manifestó que previo a ingresar al fondo del caso concreto, acrediten su interés legal, conforme lo determina la normativa vigente, de igual forma adjunten copia simple de toda la documentación que acredite su derecho propietario, fue entonces que el 1 de septiembre de 2022 los solicitantes de tutela presentaron memorial al Alcalde hoy demandado, adjuntando la documentación pertinente respecto a su interés legal del bien inmueble de la de cujus a la autoridad edil demandada (Conclusiones II.1., II.3., II.4. y II.5.). Posteriormente, el 22 de igual mes y año, los accionantes denunciaron actos irregulares e incumplimiento de deberes cometidos por la MAE ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma el departamento de La Paz (Conclusión II.6.). En ese contexto, la autoridad edil el 22 de septiembre de 2022, respondió al escrito de 1 de septiembre del citado año, manifestando que previo a considerar su solicitud adjunten los impetrantes de tutela el Testimonio 435/2022 en original o copia legalizada, en ese entendido, los ahora accionantes el 20 de octubre de 2022 adjuntaron el citado Testimonio y ratificaron su solicitud respecto a que ordene la autoridad edil la habilitación del pago de impuestos a la propiedad y pago de impuesto del inmueble de propiedad de la de cujus (Conclusión II.7.). En consecuencia, el 3 de noviembre los accionantes denunciaron ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma las irregularidades cometidas por la MAE y solicitaron que pidan informe a la autoridad edil sobre el caso, respondiendo el citado Concejo el 2 de diciembre de 2022, indicando que existen los mecanismos legales para que activen los impetrantes de tutela los procesos judiciales a efecto de lograr la tutela jurídica pretendida, puesto que, es un caso de carácter administrativo y particular, añadieron que no pueden intervenir de manera directa e informaron que solicitaron por nota con CITE-CME/HLQ/27/2022, petición de informe escrito al Alcalde de Escoma. Nuevamente el 25 de mayo de 2023, los solicitantes de tutela impetraron al Concejo Municipal de Escoma informen si hubo respuesta o no del Alcalde sobre la prohibición de cobro de impuesto de su bien inmueble; a través de nota CITE-C.M.E./H.L.Q/24/2023, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma, respondieron manifestando que hasta la fecha el demandado no emitió respuesta alguna a su solicitud menos algún informe (Conclusión II.8. y II.9.). Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela constitucional reconocido en la Norma Suprema para garantizar el cumplimiento de un deber o mandato expreso, claro y exigible, previsto en la Constitución Política del Estado o la ley, entendiendo en el caso de esta última no solo a la ley en sentido formal, sino también material, mandato que además debe estar vigente y no sujeto a condición; la cual solo puede ser activada siempre que la autoridad que omite el cumplimiento del mandato hubiera tenido la posibilidad de dar estricta observancia al mismo, a cuyo efecto, antes de activarse la justicia constitucional, debe previamente solicitarse a ésta, el cumplimiento del deber omitido, conforme se tiene previsto en el art. 66.2 del CPCo. En el caso venido en revisión, se advierte que la parte accionante pide que la autoridad demandada retire la prohibición de tributar los pagos de impuestos del bien inmueble con matrícula computarizada 2.04.1.02.0000390 de propiedad de su difunta madre Máxima Capajeño Surco Vda. de Pajarito, mismo que por sucesión hereditaria les corresponde y se disponga la habilitación inmediata del pago de impuestos; afirmando con base en tales argumentos que la autoridad edil incumplió el deber jurídico establecido en los arts. 14.IV de la CPE, que determina lo siguiente: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”; 108.7 de la Ley Fundamental, establece que: “Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley” y 115.II de la Norma Suprema, instituye lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, 3.II de la Ley 154, dispone que: “Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”. Ahora bien, de la lectura de las normas glosadas precedentemente se puede establecer que no contienen un mandato expreso, claro y exigible de cumplimiento obligatorio para la autoridad demandada, si bien los impetrantes de tutela, alegaron que dicha autoridad incumplió deberes al no haberles permitido tributar por su bien inmueble, las normas denunciadas de incumplidas, como se tiene determinado en el párrafo que antecede no contemplan ningún mandato expreso de obligatorio cumplimiento que debió ser acatada por la MAE; por lo que, al no existir un deber o mandato expreso de obligatorio e ineludible cumplimiento, no se puede conceder la tutela solicitada en la presente acción de cumplimiento. Finalmente, es necesario aclarar que, respecto a la aludida prohibición de pago de impuestos del bien inmueble, los accionantes, no citaron norma alguna que contuviera un mandato expreso que obligue al demandado a suspender dicha prohibición, siendo en todo caso que la misma, presumiblemente devendría de acciones administrativas internas asumidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, en cuyo caso, los impetrantes de tutela deben regirse a la normativa municipal y en la instancia administrativa edil procurar, de tener consolidado su derecho propietario, iniciar los procedimientos correspondientes; elemento que, además, configura causal de improcedencia de la acción de incumplimiento conforme dispone el art. 66.4 del CPCo, que determina que el ámbito de la presente acción tutelar, no alcanza a exigir el cumplimiento de normas procedimentales en procedimientos propios de la administración, correspondiendo en todo caso, un vez agotadas todas las vías de objeción, acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al declarar la “improcedencia”, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 111 a 117, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0319_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 412b1be5487bb90ab740efb0fa5c57ab5da8d403edae0784e7cce207007fed58
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