B.IA.LEGAL

SCP 0310/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de cumplimiento
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
73812-2025-148-ACU
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de cumplimiento

Qué se discutió

El accionante a través de su representante legal, alega el incumplimiento del art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33, que establece la obligación del Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, de entregar mensualmente canastas alimentarias a las personas adultas mayores beneficiarias. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Características de la acción de cumplimiento; b) De la legitimación activa en la acción de cumplimiento; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 142 vta. a 148, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Caraparí del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del municipio de Caraparí “San José”, representada legalmente por Julio Surate Durán, conforme con los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, afirmándose que el cumplimiento de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna y de la Disposición Normativa Regional 33, no está condicionado la ejecución previa o simultánea de las Leyes 3038 y 3861, ni subordinado a otras deudas u obligaciones; puesto que, estas últimas solo definen la fuente general de financiamiento -regalías del 45 %- y no limitan la vigencia ni exigibilidad del mandato legal de entrega de la canasta alimentaria, el cual conserva naturaleza ejecutiva, directa y prioritaria conforme con los fines sociales y de protección establecidos en la Constitución Política del Estado y en la normativa regional.

a) Disponer que el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, en el plazo máximo de cinco días hábiles, emita las disposiciones administrativas necesarias para viabilizar el cumplimiento de la obligación legal; y, en el plazo máximo de treinta días hábiles, inicie la entrega efectiva de las canastas alimentarias a las personas adultas mayores del municipio de Caraparí del departamento de Tarija, conforme a la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna y a la Disposición Normativa Regional 33, debiendo informar sobre su cumplimiento a la jurisdicción constitucional. b) Ordenar al Ejecutivo Regional hoy accionado, que adopte mecanismos de previsión presupuestaria permanente, a fin de asegurar la continuidad del beneficio social, de conformidad a la prioridad y urgencia reconocidas por el art. 2 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, debiendo disponer los recursos necesarios con prioridad a cualquier deuda u obligación respecto al sector vulnerable que debe proteger.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Características de la acción de cumplimiento
  2. III.2. De la legitimación activa en la acción de cumplimiento
  3. III.3. Del enfoque interseccional e intergeneracional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 31 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de cumplimiento Expediente: 73812-2025-148-ACU Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 142 vta. a 148, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Esteban Andrés Sánchez Murillo en representación legal de Julio Surate Durán contra José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante legal por memorial presentado el 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 8 a 16 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 y 31 de marzo de 2025, fueron presentadas las Notas con Cite: AAMARC 13/2025 y AAMARC 15/2025, ante el ejecutivo ahora accionado, solicitándole el cumplimiento de la entrega mensual de la: “CANASTA ALIMENTARIA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA” (sic). y que se garantice la entrega de ese beneficio sin interrupciones, de conformidad con lo previsto por el art. 5 del Reglamento aprobado en el: “Decreto Regional 33” -lo correcto es: Disposición Normativa Regional 33-. En la última fecha señalada, el mencionado ejecutivo, a través de Nota G.A.R.G.CH./S.J.R./CITE. 321/2025 refirió que a pesar de estar consciente de los derechos del sector y del manejo desconcentrado del 45% de recursos conforme lo estipulado en el Estatuto Autonómico Regional, no podía garantizar que no sean afectados los recursos del 15% correspondiente a los municipios de Villa Montes y Caraparí, del departamento de Tarija, debido al cumplimiento de una Sentencia constitucional -Resolución 01/2025- que impuso nuevas restricciones en el uso de los recursos, generando controversias entre los representantes de la región, quienes consideran arbitrario e injusto el indicado fallo constitucional. La Disposición Normativa Regional 33, fue aprobada por la Asamblea Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija y promulgada por el Órgano Ejecutivo del mismo ente, en diciembre de 2019, con el objeto de adecuar el programa de la canasta alimentaria para adultos mayores al nuevo marco institucional de la autonomía regional, descentralizando esa política social del nivel departamental y alineándola con el modelo de gestión de dicho Gobierno Autónomo Regional con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de las personas de la tercera edad beneficiarias y consolidar la autonomía regional a través del efectivo ejercicio de sus competencias; propósitos vinculados con las finalidades generales establecidas en el Estatuto Autonómico de la Región del Gran Chaco del mencionado departamento, como es el mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y asegurar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en su jurisdicción. La Constitución Política del Estado, reconoce la autonomía regional y los derechos de las personas adultas mayores, obligando a la adopción de políticas para su protección; asimismo, el art. 12.I.27 de las Competencias transferidas a la Autonomía Regional del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco del indicado departamento, reconoce como competencia exclusiva transferida desde el nivel departamental, la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para el adulto mayor, entre otros grupos vulnerables. El referido Estatuto en su art. 91 impone al nombrado ente regional, el deber específico de garantizar el pleno ejercicio de los derechos que tiene toda persona adulta mayor mediante la implementación de planes, políticas públicas, proyectos y programas. Además, la Ley Departamental 79 de 12 de abril de 2013, -Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño- formalizó la transferencia competencial exclusiva departamental, a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño, incluyendo las políticas sociales para el adulto mayor. Además, la citada Ley otorga al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del señalado departamento, la potestad para normar y ejecutar programas como el de la canasta alimentaria, y establece el marco financiero principal para el ejercicio de esas competencias, vinculándolo al 45% del total de los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas departamentales. La Disposición Normativa Regional 33, fue emitida por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija; por lo que, su cumplimiento corresponde a la indicada entidad, a través del Órgano Ejecutivo Regional que se encuentra dirigido por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Regional. Esa entidad también es jurídicamente competente para asumir la obligación estipulada por el art. 5 de la nombrada Disposición Normativa Regional, que cumple con los requisitos establecidos en la SCP 0849/2015-S2 de 25 de agosto, en la medida en que: a) Existe la obligación de entregar doce canastas alimentarias al año a los beneficiarios, tratándose de un deber explícito y comprensible; b) El mandato es concreto en cuanto a la cantidad -doce-, la periodicidad en general -mensualmente durante un año- y el objeto es material -canastas alimentarias-.La definición precisa de “beneficiarios” y el contenido de la “canasta” son elementos determinables, satisfaciendo el requisito de certeza; c) La mencionada Disposición Normativa Regional, se encuentra vigente y en su art. 5, no prevé plazos suspensivos ni condiciones previas; puesto que, el deber es exigible; d) El mandato es específico; entregar una cantidad de bienes -canastas- con una periodicidad definitiva; es decir, que no es una directriz genérica ni una declaración de principios abstracta; e) La obligación recae sobre una entidad pública claramente identificable como es el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, mediante su Órgano Ejecutivo. La citada entidad posee competencia constitucional, legal -Ley Departamental 79 - y estatutaria para ejecutar programas sociales; y, f) El mandato es de carácter imperativo y no facultativo al referirse en el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33, la frase: “serán entregadas”; asimismo, la intención normativa parece determinar una obligación de resultado para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento. En suma, el Ejecutivo Regional de dicha entidad tiene la obligación inobjetable de cumplir con la entrega de doce canastas alimentarias para los adultos mayores, sin que pueda incumplir su obligación debido a determinaciones presupuestarias o de otra índole. En consecuencia, el incumplimiento de la entrega de las doce canastas alimentarias para las personas adultas mayores, implica la vulneración de derechos de las personas adultas mayores a una vejez digna, a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad, contraviniendo; asimismo, el principio de no discriminación por edad y las obligaciones generales del Estado de proteger y garantizar los derechos. Además, el incumplimiento genera la lesión de las obligaciones internacionales del Estado boliviano bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

I.1.2. Norma constitucional o legal supuestamente incumplida

El accionante a través de su representante legal, alegó como norma no cumplida el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33; y, denunció la vulneración de los derechos a una vejez digna, a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad, contraviniendo asimismo el principio de no discriminación por edad; citando para el efecto a los arts. 9, 13, 14.II, 16, 18, 35 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutelar; y en consecuencia se disponga: 1) Ordenar al Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija a garantizar la provisión de la canasta alimentaria para las personas adultas mayores durante doce meses, debiendo disponer los recursos necesarios con prioridad a cualquier deuda u obligación respecto al sector vulnerable que debe proteger; y, 2) Que el señalado Ejecutivo Regional asegure sin retrasos y de manera prioritaria la entrega de las doce canastas alimentarias para las personas adultas mayores de la Región Autónoma del Gran Chaco del citado departamento, dispuesta en el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 140 a 142 vta. se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante legal, ratificó de manera integra el contenido del memorial de acción de cumplimiento y ampliándolo manifestó que: La planilla extraída del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es irrelevante; ya que, solo se está solicitando el cumplimiento de lo incumplido.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 21 de mayo de 2025, cursante de fs. 127 a 130 vta., manifestó lo que: i) El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento. Se encuentra en crisis institucional debido al déficit financiero por la baja de recursos económicos, lo que le obliga a racionalizar los gastos para financiar y sostener programas y proyectos propios de las administraciones de dicha entidad Regional, que son de su competencia conforme señala el art. 12 del Estatuto Autónomo Regional que ratifica las competencias exclusivas transferidas por el Gobierno Autónomo Departamental del citado departamento, mediante la Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño -Ley Departamental 79-; además, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del mencionado departamento. Ejerce competencias concurrentes a raíz de un convenio intergubernamental suscrito con el Gobierno Autónomo Departamental del referido departamento. Por su parte, la Ley de Modificación a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” -Ley 1198 de 18 de julio de 2019- otorga al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento, obligaciones de conformidad a las competencias concurrentes relativas al área de salud, lo que obliga a priorizar la ejecución de un hospital de tercer nivel en dicha Región. En su mayoría, el financiamiento de esas competencias se efectúa con el 45% proveniente de las regalías hidrocarburíferas, que están destinados específicamente al área de salud; por lo que, esos recursos son insuficientes para financiar todos los proyectos y programas de dicho Gobierno Autónomo Regional y para el cumplimiento de obligaciones de la deuda acumulada en gestiones anteriores y que deben ser cumplidas para evitar mayores perjuicios a la referida entidad; ii) Asimismo, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del ese departamento, debe cumplir la transferencia del 30% de las regalías hidrocarburíferas a los Gobiernos Autónomos Municipales de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí del nombrado departamento para financiar sus competencias, en cumplimiento a las Leyes 3038 de 29 de abril de 2005 y 3861 de 14 de mayo de 2008, lo que implica el quiebre del prenombrado Gobierno Autónomo Regional; iii) El 26 de febrero de 2025, fue interpuesta una acción de cumplimiento por parte del Alcalde ahora tercero interesado, demandando la transferencia de recursos en virtud de las señaladas Leyes 3038 y 3861, emitiéndose en consecuencia la Resolución 01/2015, que lo obligó a transferir al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, todo lo adeudado por concepto de las mencionadas Leyes, aspecto que inviabiliza el cumplimiento de la Disposición Normativa Regional; puesto que, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de dicho departamento, se encuentra efectuando trámites administrativos para cumplir con la Resolución 01/2015, lo cual no solo depende del Ejecutivo Regional sino que se encuentra sujeto a modificaciones presupuestarias que deben realizarse afectando programas sociales de las Direcciones Administrativas de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí para no ocasionar la insostenibilidad financiera del referido Gobierno Autónomo Regional; iv) Se cumplieron todos los programas sociales con la entrega de canastas alimentarias a los adultos mayores como a los discapacitados, efectuando una reingeniería institucional de los recursos económicos, lo que permitía asumir dichas obligaciones; sin embargo, en la gestión -2025- se vio en la obligación de financiar los programas y de cumplir con una obligación arbitraria que fue impuesta por la Resolución 01/2025; por consiguiente, no puede garantizar el cumplimiento de la Disposición Normativa Regional 33, sin que ello sea una renuencia de parte de su autoridad sino que se trata de una imposibilidad material en razón de la injusta Resolución -01/2025-; y, v) No corresponde plantear una acción de cumplimiento en el presente caso, porque la obligación impuesta por la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna -Ley Departamental 72 de 15 de febrero de 2013- y la señalada Disposición Normativa Regional, así como su Reglamento no son exigibles por las circunstancias precedentemente indicadas. Por otra parte, la presente acción tutelar no procede en razón a la previsión contenida por el art. 66.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, la demanda se señaló que el incumplimiento afecta directamente los derechos de las personas adultas mayores, por lo cual, el reconocimiento de esos derechos no puede ser tramitado vía acción de cumplimiento, siendo que la pretensión del accionante no solo es contradictoria y confusa sino lesiva a los intereses regionales; ya que, pagar el monto adeudado podría conllevar a una crisis institucional y tal vez al cierre de programas como la canasta alimentaria del adulto mayor, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, pide que se deniegue la tutela solicitada por falta de recursos económicos, y en razón al cumplimiento de dicha Resolución. Asimismo, en audiencia, señaló que si bien la documentación -planilla del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia-es irrelevante; sin embargo, corrobora lo aseverado por su autoridad respecto a las modificaciones presupuestarias, por lo cual no pueden cumplir con los adultos mayores a cabalidad.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Carlos Eduardo Bru Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2025, cursante de fs. 107 a 112, manifestó que: a) La presente acción de cumplimiento tiene como finalidad hacer incurrir en error a la jurisdicción constitucional para que otorgue legalidad a la falta de transferencias que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de ese departamento debe realizar a la referida entidad municipal; b) La Resolución 01/2025,ordenó al Ejecutivo Regional a cumplir con las Leyes 3038 y 3861 inherente a las transferencias del 10% destinados para la salud, 10% para la educación y 10% para el desarrollo productivo; empero, el ejecutivo hoy accionado no dio cumplimiento a mencionada Resolución ni a las indicadas Leyes, demostrando su renuencia, remitiéndose por ello los antecedentes al Ministerio Público contra el mencionado Ejecutivo , proceso penal que se encuentra en etapa de investigación. En ese orden, el mismo abogado patrocina el proceso penal al referido Ejecutivo y a los adultos mayores con deslealtad procesal y patrocinio infiel; c) La Nota G.A.R.G.CH./S.J.R./CITE 321/2025 puso en conocimiento de los adultos mayores que dicho Ejecutivo se encuentra imposibilitado de garantizar la no afectación de los recursos del 15% pertenecientes a Villa Montes y Caraparí del citado departamento, debido a la disposición de dicha Resolución, que considera arbitraria. Ese argumento no es evidente; ya que, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de ese departamento, no realizó ninguna transferencia en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, bajo el argumento de que esas Leyes, son preconstitucionales y no tienen temporalidad; que los recursos no son los mismos que en gestiones pasadas; y, otros alegatos sin base legal; sin embargo, la pretensión de los adultos mayores no se encuentra supeditada a los recursos obtenidos de las regalías hidrocarburíferas, porque dichas Leyes tienen la finalidad de transferir el 10% para salud, 10% para la educación y 10% para el desarrollo productivo, en cambio, la provisión de la canasta de alimentos para el adulto mayor, está inserta en el Plan Operativo Anual (POA) que es elaborado cada año por el Ejecutivo Regional; por lo que, su presupuesto no se encuentra supeditado a las transferencias que por ley se debe asignar al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba; d) El objeto de tutela de la acción de cumplimiento no se relaciona con los derechos subjetivos; e) Las Leyes 3038 y 3861, establecen que la antes llamada Prefectura del Departamento de Tarija, a través de la Subprefectura de Yacuiba y el Corregimiento Mayor de Villa Montes y Caraparí, debe transferir a los Gobiernos Autónomos Municipales el 10% de los recursos económicos de las regalías e impuesto directo a los hidrocarburos del 45% correspondiente a la provincia Gran Chaco; normas que no se encuentran sujetas a condiciones y establecen un deber concreto como es el de transferir los recursos económicos provenientes de las referidas le Leyes en favor de los Gobiernos Autónomos Municipales para salud, educación y desarrollo productivo; además, una vez que el Gobierno Autónomo Departamental del señalado departe maneto, perciba los recursos por concepto de regalías petroleras, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del indicado departamento, debe transferir al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba el 10% para salud, 10% para educación y 10% para desarrollo económico productivo. Normativa que fue incumplida por el señalado Gobierno Autónomo Regional. Finalmente, el Decreto Supremo (DS) 331 de 15 de octubre de 2009, en su art. 1 establece: “…el mecanismo de asignación directa a favor de la Provincia Gran Chaco del cuarenta y cinco por ciento (45%) del total de las Regalías Departamentales por Hidrocarburos que percibe la Prefectura del Departamento de Tarija…”, dispuesto por el art. 5 de la Ley 3038. Para ello, autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con certificación del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, para transferir directamente dicho porcentaje en favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, para que se distribuya el 10% para salud, educación y desarrollo productivo a favor de los Gobiernos Autónomos Municipales de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes todos del señalado departamento; y, f) La presente acción de cumplimiento no se encuentra supeditada a las transferencias que debe cumplir el Ejecutivo hoy accionado en virtud a las Leyes 3038 y 3861, Decretos Supremos (DDSS) 331 y 29042 de 28 de febrero de 2007 y el art. 64 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, debido a que las transferencias que el Jefe Regional debe realizar están también normadas y se encuentran vigentes. En ese orden, las transferencias que debe realizar el nombrado en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del mencionado departamento, no se encuentran supeditadas al cumplimiento de otras obligaciones que tiene el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del referido departamento, con los adultos mayores del área rural de Caraparí. Asimismo, solicita la remisión de antecedentes ante el Colegio de Abogados de Yacuiba respecto al Abogado del accionante. En audiencia, indicó que la autoridad accionada realiza transferencias de fondos con normalidad a los Gobiernos Autónomos Municipales de Caraparí y Villa Montes, y no así al municipio de Yacuiba, todos del departamento de Tarija, además, “…la gobernación menciona la imposibilidad sin embargo se evidencia de la página del ministerio de economía y finanzas y está garantizada la canasta alimentaria” (sic). En ese orden, el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del indicado departamento, menciona que las transferencias son independientes. y no afecta el presupuesto de los adultos mayores, porque el mismo se encuentra en el POA.

Carlos Pablo Ramírez Carbajal y Elizabeth Torrez Pacheco Vda. de Aguilar, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se adhirieron a la demanda planteada por el accionante e indicaron la existencia de un caso análogo en el que se concedió la tutela, argumentan también que, ante la situación actual del país la canasta alimentaria es un beneficio necesario para los adultos mayores.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Caraparí del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 142 vta. a 148, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: 1) El Ejecutivo hoy accionado dé cumplimiento a la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento aprobado, priorizando y asegurando los recursos económicos necesarios para la dotación o entrega de la canasta alimentaria de los adultos mayores de la Región Autónoma del Gran Chaco del departamento de Tarija, debiendo efectuarse todas las gestiones administrativas y presupuestarias, considerando el art. 16 inc.f) de la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento -art. 5-; y, 2) Se priorice la protección de los derechos de los adultos mayores como población de alto riesgo nutricional, considerando el art. 2 de dicha Disposición Normativa Regional, que el referido Ejecutivo es la MAE del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del citado departamento , con las atribuciones previstas por el art. 16 de la mencionada Disposición. Ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Se vulneró la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la nombrada Disposición Normativa Regional y su Reglamento aprobado, en las que determinan con claridad que se debe cumplir con la entrega mensual de la canasta alimentaria en los doce meses -del año- y que es el Ejecutivo Regional, quien debe asumir las previsiones administrativas para que la canasta alimentaria sea entregada de manera mensual, conforme lo señala el art. 16 de la Disposición Normativa Regional 33; ii) La Constitución Política del Estado, prevé los derechos de los adultos mayores y la mencionada Ley Departamental, ordena la entrega mensual de canastas alimentarias y la indicada Disposición Normativa Regional y su Reglamento estipula también la entrega de doce canastas alimentarias y el encargado de establecer las previsiones administrativas para la entrega de las mismas es el Ejecutivo Regional; iii) La referida Ley –Ley Departamental 72- y la Disposición Normativa Regional, tienen carácter imperativo e incondicional, su cumplimiento es obligatorio y no está sujeto a condicionamiento o controversia con otra ley. La señalada Ley Departamental, determina el deber de entregar la canasta alimentaria y la referida Disposición “…por doce meses y que no debe estar sujeta a que exista otra ley que le impida u otra obligación que le impida este cumplimiento” (sic); iv) Consta la nota que fue remitida al Ejecutivo hoy accionado, el cual manifestó que no puede cumplir con lo establecido en citada Ley Departamental, la Disposición Normativa Regional y su Reglamento; ya que, existen otras obligaciones que hacen imposible su cumplimiento; v) La Resolución constitucional presentada en audiencia se refiere a una acción de cumplimiento respecto a la canasta alimentaria en el indicado departamento, habiendo este fallo declarado que la referida Ley Departamental , debe cumplirse a cabalidad de acuerdo a lo previsto en dicha Ley. En la Resolución 01/2025, se hizo alusión al enfoque inter-seccional en favor del adulto mayor y el deber de establecer si existió algún tipo de violencia o maltrato identificado contra ese grupo vulnerable de la población para que el Estado le brinde una protección reforzada. En el presente caso, el Ejecutivo hoy accionado, indicó su impedimento para cumplir con lo determinado por la citada Disposición Normativa Regional, porque la Sentencia emitida en su contra -Resolución 01/2025- no lo permite, en ese sentido, el art. 16 de dicha Disposición determina con claridad que el Ejecutivo Regional, es quien debe asumir las previsiones administrativas pertinentes para que esa canasta se pueda otorgar por doce meses, observándose la prioridad del adulto mayor, frente a otros programas a ser desarrollados por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de mencionado departamento; puesto que, debe priorizarse la salud y la vida del adulto mayor, lo que debe ser considerado por la autoridad obligada el -Ejecutivo hoy accionado- a efectos que pueda priorizar los recursos para el cumplimiento de la entrega de la canasta alimentaria; y, vi) En cuanto al “art. 4 de la Ley o del Reglamento” referido al POA, la disminución de recursos es previsible y deben efectuarse programas o reprogramaciones de acuerdo a las posibilidades económicas de la entidad; vii) En cuanto a que una -Resolución 01/2025- no permitiría el desembolso de recursos “…ese tratamiento tiene muchas otras connotaciones O muchas otras formas de que la misma pueda ser tratada…” (sic), considerando que las Leyes 3038 y 3861 no fueron abrogadas o modificadas; empero, el Ejecutivo regional hoy accionado, debe considerar el principio de prioridad de los derechos de los adultos mayores a efectos del cumplimiento cabal de lo previsto en la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento. En la vía de aclaración, complementación y enmienda el hoy tercero interesado solicitó se aclare la disposición respecto a la causa petendi expuesta en la presente acción de cumplimiento, en razón a haberse dispuesto que se dispongan los recursos necesarios con prioridad a cualquier deuda u obligación, siendo que las Leyes 3038 y 3861 no se encuentran abrogadas o derogadas. En respuesta, el Juez de garantías complementó la Resolución 01/2025 en sentido que el cumplimiento de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, la Disposición Normativa Regional 33 y su Reglamento no se encuentra condicionado a ninguna otra ley o deuda. Entonces, ambas Leyes con asignación de las regalías del 45% no condicionan el cumplimiento de la citada Ley Departamental.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre se dispuso la devolución a Comisión de Admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la debida revisión de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones: II.1. Consta Resolución Administrativa P.J. 09/2025 de 14 de marzo, mediante la cual, José Luis Abrego Serrato, Ejecutivo Regional -hoy accionado- otorgó personalidad jurídica a la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del Municipio de Caraparí “San José” del departamento de Tarija (fs. 20 a 21). II.2. Cursa Nota CITE: AAMARC 13/2025 de 17 de marzo recepcionada en la misma fecha en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, a través de la cual, Julio Surate Durán el ahora accionante en su calidad de Presidente de la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del Municipio de Caraparí del referido departamento solicitó el cumplimiento de la entrega mensual de la canasta alimentaria para los adultos mayores conforme a la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna -Ley Departamental 72- y el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33 (fs. 5). Petición que fue reiterada por Nota Cite: AAMARC 15/2025 de 31 de marzo, recepcionada en la misma fecha por la precitada entidad estatal (fs. 6). II.3. Consta el Oficio G.A.R.G.CH./S.J.R./Cite. 321/2025 de 31 de marzo dirigido al accionante por parte del Ejecutivo accionado, indicando que el 10 de marzo de 2025, fue emitida la Resolución 01/2025 ante una acción de cumplimiento planteada por el Alcalde hoy tercero interesado para la transferencia de recursos al municipio de Yacuiba por el concepto de las Leyes 3038 y3861, concediéndose la tutela y ordenándose la transferencia de lo adeudado al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija. Además, el Ejecutivo regional accionado también indicó que no es él quien debe cumplir con la entrega de la canasta alimentaria en la jurisdicción municipal de Caraparí sino el Ejecutivo desarrollo; sin embargo, el alcance de la citada Resolución, no determinó sus alcances ni límites, afectando directamente el total del 45% de los recursos percibidos en la Cuenta Única Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chacho del referido departamento, por lo cual, el 15% que debe ser transferido al municipio de Caraparí para el cumplimiento del programa donde los adultos mayores son beneficiarios, corre el riesgo de ser afectado, así como los municipios de Yacuiba y Villamontes; ya que, no se cuenta con el total de los recursos para cumplir el fallo constitucional; por consiguiente, -indicó- se deben ver afectados los recursos del 15% correspondiente a Caraparí y a Villa Montes del mencionado departamento. Por consiguiente, “…estoy consciente de los derechos de su sector y que el manejo de los recursos del 45% es desconcentrado en el marco de lo estipulado en el Estatuto Autonómico Regional; me veo, imposibilitado de dar curso a su solicitud de garantizar la no afectación de los recursos del 15%...” (sic) correspondientes a dichos Municipios, lo cual no es una decisión propia sino que parte del cumplimiento de una Resolución -01/2025- arbitraria (fs. 18 a 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante legal, alega el incumplimiento del art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33, que establece la obligación del Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, de entregar mensualmente canastas alimentarias a las personas adultas mayores beneficiarias. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Características de la acción de cumplimiento; b) De la legitimación activa en la acción de cumplimiento; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Características de la acción de cumplimiento

La SCP 0073/2018-S2 de 23 de marzo, establece que: “Una de las características más relevantes del Estado Constitucional de Derecho, es la supremacía de la Ley Fundamental, que se sustenta en la doctrina de la teoría pura del derecho; según la cual, el orden jurídico constituye un sistema jerárquico que reposa sobre una norma fundante básica, que tiene un efecto de irradiación sobre el ordenamiento jurídico en general y en la que encuentra su fundamento de validez, al punto que ninguna norma, incluida la ley, puede contrariar el contenido de sus disposiciones. Asimismo, otra característica propia de este modelo, es el principio de subordinación, por el cual, todos los órganos del Estado actúan dentro de los límites fijados por el texto constitucional y la obligación -para todos los servidores públicos y particulares- de aplicarla, cumplirla, conferirle eficacia, no vulnerarla por acción ni por omisión. Ahora bien, la estabilidad de este modelo de Estado, requiere una serie de dispositivos o mecanismos de control, para asegurar que los actos de la administración pública se mantengan dentro de los parámetros constitucionales y legales; y en su defecto, restablezcan todas las posibles inobservancias a sus disposiciones. En tal sentido, uno de los mecanismos diseñados y adoptados por el constituyente boliviano en el texto constitucional, son las acciones de defensa, entre las que se contempla la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento está consignada en el art. 134.I de la CPE, que establece: ‘La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida’. Conforme a lo anotado, esta acción de defensa procede en caso de incumplimiento, por acción u omisión, de un deber consignado en las disposiciones constitucionales, que por su fuerza normativa es de aplicación directa e inmediata o en las disposiciones legales en virtud al principio de legalidad; que compele a gobernantes y gobernados al sometimiento del orden jurídico preestablecido; entre las que se hallan aquellas disposiciones con rango infraconstitucional y legal; que emanan no únicamente del Órgano que detenta la facultad legislativa en el nivel central, sino que contempla además, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena -art. 410.3 de la CPE-. Siendo por tanto objeto de tutela de esta acción el garantizar el cumplimiento del deber omitido contenido en estas normas. Sobre esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, fue definiendo las características peculiares que se asocian a la naturaleza jurídica y ámbito de protección de este instituto jurídico, estableciendo que: a) Tiene como objeto -conforme se verá garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la ley; en tal sentido, protege los principios de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica; b) Tutela mandatos normativos de acción y abstención, consecuentemente, la ejecución de aquello que es deber del servidor público -norma imperativa de hacer-, como la inejecución de aquello que el servidor público por mandato normativo expreso no debe hacer; c) El sentido de la Norma Suprema involucra todas aquellas disposiciones propias del bloque de constitucionalidad art. 410.II de la CPE; y, SCP 0902/2013 de 20 de junio-; d) El sentido de la ley, comprende no solo su dimensión formal -como originada en el Órgano Legislativo-, sino también material, sin importar la fuente de producción; es decir, aquellas que emanan no únicamente del Órgano que detenta la facultad legislativa en el nivel central, sino que involucra disposiciones con rango infraconstitucional y legal que contempla a los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena -art. 410.II.3 de la CPE y, SC 0258/2011-R de 16 de marzo-; e) No se rige por el principio de inmediatez, debido a que su tramitación trasciende al interés individual, ya que su finalidad es la de garantizar la supremacía constitucional, el principio de legalidad y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho; por tanto, la oportunidad para interponer la acción, caduca cuando la disposición cuyo cumplimiento se invoca, pierda vigencia -derogue o abrogue- (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0902/2013 y 0849/2015-S2 de 25 de agosto); f) La acción de cumplimiento se rige por el principio de no supletoriedad, que implica que con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional, se haya solicitado al servidor público renuente el cumplimiento de la obligación de abstención o realización, lo que no significa, que deba agotar mecanismos jurisdiccionales o administrativos (SC 1474/2011-R de 10 de octubre y SCP 0902/2013); y, g) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0258/2011-R)”(las negrillas nos corresponden). La SCP 0147/2020-S3 de 17 de marzo, teniendo en cuenta la finalidad y propósito de la norma procesal constitucional y asumiendo entendimientos jurisprudenciales emitidos sobre esta acción tutelar, señala que: “…la SCP 0498/2018-S1 de 12 de septiembre, refirió que: ‘…la acción de cumplimiento garantiza la materialización de la Constitución y la ley, y subyace en la protección de los principios de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica, resguardando de manera indirecta derechos y garantías constitucionales. Por lo que, para que la acción de cumplimiento prospere exige: 1) Que la norma derive de un mandato específico y determinado; 2) Debe ser un deber vigente, cierto, claro e inobjetable para la autoridad a quien se reclama su cumplimiento, además de ser ineludible y de obligatorio cumplimiento e incondicional; y, 3) Se pruebe la renuncia tácita o expresa de la autoridad llamada a cumplir la norma constitucional o legal’” (las negrillas son nuestras).

III.2. De la legitimación activa en la acción de cumplimiento

La SCP 0016/2021-S1 de 23 de abril, señala determinó lo siguiente: “Con relación a la legitimación activa en la acción de cumplimiento, que es un elemento constitutivo el art. 65.1 del citado Código, determina que la acción de cumplimiento podrá ser interpuesta por: Toda persona natural o jurídica que crea estar afectada por la omisión del cumplimiento de una disposición constitucional o de la Ley, u otra persona en su nombre con poder suficiente. (…) En consonancia con este artículo, el TCP mediante la modulación de la SCP 0253/2018-S3 de 2 de agosto, refiriéndose a la legitimación activa y su relación con la afectación del deber omitido, precisó: …la afectación, es un elemento formal vinculado a la legitimación activa de la acción analizada, que no debe ser comprendida como aquella amenaza o lesión directa o indirecta de derechos fundamentales de las destinatarios de la norma incumplida (que puede darse o no, dependiendo lo dispuesto en la norma a favor de quienes se la emitió) sino como la situación jurídica en la que se encontrarán todas aquellas personas que iban a ser beneficiadas con la materialización de lo dispuesto en la norma legal o constitucional (colectividad); pero que debido a la omisión o inejecución del servidor público, se les impidió gozar de su realización (…). Avanzando en nuestro razonamiento, la afectación debe ser analizada en sus dos dimensiones y de acuerdo al momento del proceso constitucional, tal como lo establece la SCP 1387/2016-S3 de 2 de diciembre al aclarar que: a) En un primer momento, como elemento formal de admisibilidad, estaría relacionado con la legitimación activa, esto es a efectos de determinar que quien acciona sea efectivamente un afectado por la omisión al deber de cumplimiento normativo, sin que ello niegue, por supuesto, la posibilidad de que los efectos de la resolución se amplifiquen a un número indeterminado de personas, considerando precisamente el carácter general de la Ley cuyo cumplimiento se pretende. Resulta evidente que, el componente de acreditación de legitimación, como condición de admisibilidad, es inherente a la creencia de verse afectado tanto por el incumplimiento de un mandato normativo de hacer como por la renuencia de la autoridad obligada a su cumplimiento, sin que su simple afirmación sea suficiente para considerarla acreditada, motivo por el que la fundamentación exigible es inherente a la afectación y el interés que se tiene para actuar; y, b) En un segundo momento -superada la fase de admisibilidad-, como elemento de fondo para la decisión, dimensión en la que la compulsa de la “afectación” deberá considerar tres cuestiones: 1) Conforme se expresó en la jurisprudencia precedente, el espectro protectivo de la acción de cumplimiento se amplía de manera indirecta o mediata al amparo a derechos y garantías, que es precisamente lo que justifica la intervención de esta jurisdicción en su resolución, evitando de esta forma caer en un mero control de legalidad que en cualquier caso rebasaría su ámbito de actuación; 2) Que la vinculación mediata o indirecta a derechos y garantías no muta o afecta ni el objeto ni los efectos de esta acción, que es el cumplimiento de una norma incumplida; y, 3) El carácter concreto y no abstracto de esta acción, toda vez que es el propio constituyente el que ha establecido la concurrencia de un elemento fáctico en la discusión, traducido en el concepto de “afectación”, antes desglosado (…). Por todo lo referido, la legitimación activa para la interposición de la presente acción de defensa, estará reconocida a favor de toda persona natural o jurídica que considere estar afectada por la omisión del cumplimiento de la norma constitucional o legal; para lo cual será suficiente que interponga la presente acción efectuando una exposición clara y concreta. Al respecto, la SCP 0253/2018-S3 de 2 de agosto requiere que se acredite la afectación adjuntando prueba que lo acredite demostrando el beneficio o perjuicio por la no ejecución del mandato incumplido. … la prueba, no tiene que estar dirigida a acreditar el daño o lesión que se le ocasionaría, sino sólo la calidad que él o la accionante tendría como beneficiario de la disposición, como por ejemplo: En el caso que una disposición legal o constitucional, disponga alguna acción a favor de los intereses de los adultos mayores, el o la accionante deberá acreditar que pertenece a dicho grupo específico de la sociedad y que es beneficiario de dicho mandato; o cuando la norma establezca alguna acción en beneficio de un departamento, región o municipio entre otros, deberá acreditar que es oriundo de uno de estos lugares; con la finalidad de que la jurisdicción constitucional, previa valoración y estudio de los argumentos por el que considere verse afectado y la prueba que acredite ser beneficiario, establezca si el accionante cuenta o no con legitimación activa suficiente, para interponer la presente acción tutelar” (el resaltado corresponde al texto original).

III.3. Del enfoque interseccional e intergeneracional

Respecto a los enfoques de Derechos Humanos -diferencial e interseccional-, la SCP 1070/2022-S1 de 5 de octubre reiterando el entendimiento de la SCP 0562/2019-S2 de 17 de julio señala que: «…el enfoque diferencial es una herramienta que permite analizar la existencia de vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, de quienes forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad, debido a que por su edad, género, discapacidad, enfermedad o cultura se encuentran sometidos a factores de discriminación o violencia; y, posibilita materializar sus derechos fundamentales, aplicando principios y estándares nacionales e internacionales reforzados de protección, por las condiciones adversas y desventajosas respecto al resto de la población, de donde surge además, el reconocimiento del derecho a la atención preferencial y diferencial con criterios y acciones de equidad que tienden a compensar la situación de indefensión en la que se encuentran. Bajo esa comprensión, en el enfoque diferencial se generan perspectivas diferenciales con enfoques específicos, teniendo cada uno de los grupos poblacionales sus propias características y peculiaridades que los diferencian respecto a los demás, los cuales se encuentran sustentados en principios y estándares diseñados según sus particularidades; tal como el enfoque generacional que permite analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas con la edad, encontrándose dentro de este grupo poblacional, los adultos mayores, las niñas, niños y adolescentes, reconociendo sus condiciones de vida y formas de ver el mundo, a efectos de garantizar sus derechos fundamentales, en búsqueda de una igualdad material antes que la formal. Así, abordando lo que es el enfoque generacional, que está relacionado a la edad, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional pasó a referir que los derechos de las personas adultas mayores como grupo de atención prioritaria están garantizados por la Constitución Política del Estado que establece:

Artículo 67 I. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. (…) Artículo 68

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección,

atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores (…). Asimismo, señaló que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, reconoce que este grupo de personas tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano, así, citó la siguiente normativa: Artículo 1 Ámbito de aplicación y objeto El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Artículo 4 Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, ya tal fin: (…) c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otro índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Artículo 31 Acceso a la justicia La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los Estados Partes se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover: a) Mecanismos alternativos de solución de controversias. b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor (…). En el marco de ambas disposiciones normativas, tanto constitucionales cuanto internacional, la Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran: 1. No discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. (…) 5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre […], desarrolló que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una atención particular, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; trato preferente y especial del que deben gozar dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia, ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitados por tal motivo en el ejercicio pleno de todos sus derechos» ( las negrillas corresponden al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante legal, alega el incumplimiento del art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33 que establece la obligación del Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, de entregar mensualmente canastas alimentarias a las personas adultas mayores beneficiarias. La acción de cumplimiento constituye una garantía jurisdiccional autónoma prevista por el art. 134.I de la CPE, cuyo objeto es garantizar la ejecución de disposiciones constitucionales o legales incumplidas por servidores públicos. Conforme al art. 64 del CPCo, esta acción tiene una tramitación sumaria, ágil y expedita, orientada a hacer efectiva la norma omitida, en resguardo de los principios de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica. Al respecto, la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, establece que la acción de cumplimiento está configurada como un verdadero proceso constitucional por su carácter autónomo, por tener por objeto la materialización de la Constitución y la ley, y por proteger el principio de legalidad y supremacía constitucional. Asimismo, esta acción tutelar vela por el cumplimiento de mandatos expresos, claros, ineludibles y vigentes, siendo una herramienta de garantía del respeto efectivo a la Constitución Política del Estado y la ley (Fundamento Jurídico III.1.). Sobre la legitimación activa La SCP 0016/2021-S1 de 23 de abril, establece que la legitimación activa en la acción de cumplimiento recae en toda persona natural o jurídica que considere estar afectada por la omisión del cumplimiento de una norma constitucional o legal, siendo suficiente una exposición clara y concreta de dicha afectación. Esta afectación, según la jurisprudencia (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0253/2018-S3 y 1387/2016-S3), tiene una doble dimensión: como requisito formal de admisibilidad que exige acreditar que el accionante es beneficiario del mandato incumplido- y como elemento sustancial para la decisión de fondo, considerando el impacto mediato en derechos y garantías. Es decir, no se exige probar una lesión sino únicamente demostrar que se pertenece al grupo beneficiario de la norma incumplida, mediante prueba que respalde dicha calidad. En este contexto, consta la Resolución Administrativa P.J. 09/2025 de 14 de marzo, mediante la cual el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, otorgó personalidad jurídica a la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del Municipio de Caraparí “San José” del referido departamento (Conclusión II.1.). En tal condición, el accionante -en su calidad de Presidente de dicha Asociación- presentó las Notas Cite: AAMARC 13/2025 y AAMARC 15/2025 de 17 y 31 de marzo y, ambas recepcionadas en las mismas fechas, por el Ejecutivo hoy accionado, solicitando el cumplimiento de la entrega mensual de la canasta alimentaria para los adultos mayores, conforme a la Ley Departamental 72 y al art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33 (Conclusión II.2.). Bajo ese contexto, se advierte que el accionante actúa en representación de una persona jurídica legalmente reconocida por el propio ente regional y que la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del Municipio de Caraparí “San José” del departamento de Tarija, está integrada por los beneficiarios directos de la norma presuntamente incumplida; por lo que, el nombrado acredita de manera suficiente su calidad de sujeto afectado conforme a la jurisprudencia constitucional citada (Fundamento Jurídico III.2.). Además, se evidencia que cumplió con la gestión previa de requerimiento de cumplimiento del deber normativo, mediante las Notas Cite: AAMARC 13/2025 y AAMARC 15/2025, lo cual satisface también el requisito de procedibilidad previsto por el art. 65.1 del Código Procesal Constitucional CPCo. En consecuencia, en el presente caso se encuentra acreditada la legitimación activa del accionante, por cuanto la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del Municipio de Caraparí “San José” -a través de su representante legal- tiene interés legítimo y directo en el cumplimiento del mandato contenido en el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33, relativa a la entrega mensual de las canastas alimentarias a los adultos mayores de dicho Municipio. Requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento La acción de cumplimiento tiene por objeto garantizar la materialización de mandatos legales o constitucionales, resguardando los principios de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica. Para su procedencia, exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Que el mandato cuya ejecución se reclama provenga de una norma constitucional o legal específica y determinada; 2) Que el deber a cumplir sea cierto, vigente, claro, inobjetable, obligatorio e incondicional para el ejecutivo ahora accionado; y, 3) Que exista renuencia tácita o expresa de la autoridad competente al cumplimiento del mandato legal, luego de un requerimiento formal y documentado por parte del accionante. En atención a lo anterior, debe señalarse que si bien en la presente acción de cumplimiento no se hace referencia expresa a la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna -Ley Departamental 72- ni en el petitorio se solicitó de manera literal su observancia, del análisis integral del contenido de las Notas Cite: AAMARC 13/2025 y AAMARC 15/2025, se evidencia de manera inequívoca que el objeto de dichas solicitudes dirigidas el ejecutivo hoy accionado fue precisamente requerir el cumplimiento de la entrega mensual de la canasta alimentaria para los adultos mayores, conforme lo disponen tanto la citada Ley Departamental como la Disposición Normativa Regional 33. Esta interpretación responde a un entendimiento material y no formalista del Derecho, en consonancia con el enfoque interseccional e intergeneracional desarrollado por la SCP 1070/2022-S1 de 5 de octubre, que, reiterando la SCP 0562/2019-S2, estableció que las personas adultas mayores constituyen un grupo de atención prioritaria que requiere un tratamiento diferenciado y preferencial, tanto en la aplicación normativa como en el acceso a la justicia (Fundamento Jurídico III.3.). Desde esta perspectiva, el enfoque generacional, como parte del enfoque diferencial, impone la obligación de interpretar las actuaciones y pretensiones de las personas adultas mayores -o de sus organizaciones representativas- bajo un prisma de protección reforzada, evitando rigorismos procesales o interpretaciones restrictivas que puedan obstaculizar la efectividad de sus derechos fundamentales. En consecuencia, aun cuando la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna no fue alegado expresamente, la materia de fondo de la solicitud -la exigencia de la entrega de la canasta alimentaria mensual para los adultos mayores- corresponde directamente a la obligación prevista en dicha Ley Departamental y en la Disposición Normativa Regional 33, cuyo art. 5 establece los criterios de cumplimiento de esa prestación social; en ese sentido, conforme a la jurisprudencia constitucional, el análisis de las acciones que involucran a grupos vulnerables -como las personas adultas mayores debe realizarse desde un enfoque de igualdad material y protección reforzada, privilegiando la finalidad del acto antes que su forma, en aras de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en los arts. 67 y 68 de la CPE, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en la Ley General de las Personas Adultas Mayores, cuyo art. 3 consagra los principios de no discriminación y protección. Por consiguiente, las Notas Cite: AAMARC 13/2025 y AAMARC 15/2025 revelan de manera suficiente la intención clara de la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del Municipio de Caraparí “San José”, de obtener el cumplimiento de la Ley Departamental que garantiza la provisión de la canasta alimentaria, lo que permite afirmar que el objeto de la acción de cumplimiento -aunque no textual- se encuentra directamente vinculado con la ejecución de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna y de la Disposición Normativa Regional 33, resultando plenamente compatible con el mandato constitucional de trato preferente a este grupo poblacional. Ahora bien, el art. 5 de la Disposición Normativa Regional 33 prevé que: “En cada gestión anual serán entregadas doce canastas alimentarias a los beneficiarios, en coordinación con los representantes legalmente constituidos de cada municipio de los adultos mayores”. En ese orden, respecto a la obligación de entregar las canastas alimentarias, el art. 1 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna determina que la entrega mensual será “…por parte del Ejecutivo Departamental a través de los ejecutivos seccionales…” y el art. 16 inc. b) de dicha Disposición Normativa Regional, establece que las atribuciones del Órgano Ejecutivo Regional -entre otras- el implementar y dirigir el registro único de los adultos mayores, administrar el cronograma de la canasta alimentaria; asimismo, en su inc. f) esa Disposición señala como una de sus obligaciones asumir las previsiones administrativas para que la canasta alimentaria sea entregada de forma mensual durante los doce meses del año sin interrupciones a los beneficiarios. Respecto a los beneficiarios, el citado art. 1 de la señalada Ley Departamental que las canastas alimentarias serán entregadas: “…a las personas del Sector Adulto Mayor…” y en su art. 3 la indicada norma prevé que los beneficiarios son: “…todas las personas mayores de 60 años que residan por lo menos 5 años en el Departamento de Tarija”. Respecto a las canastas alimentarias de las normas señaladas precedentemente se tiene que su contenido es de “…alimentos producidos en la Región y alimentos imperecederos base para la canasta alimentaria departamental para la tercera edad” -art. 1 de la prenombrada Ley Departamental-, debiendo entregarse una canasta al mes durante el año; es decir, un total de doce -art. 1 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna y 5 de la nombrada Disposición Normativa Regional. En ese orden, acerca de la existencia del mandato claro, expreso y exigible, de los arts. 5 y 16 incs. b) y f) de la Disposición Normativa Regional 33, se establece que la obligación de entregar mensualmente la canasta alimentaria a las personas adultas mayores constituye un deber legal, claro y vigente, cuyo cumplimiento compete al Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija. Ahora bien, en cuanto a la incondicionalidad del mandato, deben hacerse las siguientes puntualizaciones: En cuanto al financiamiento, el art. 4 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna establece que: “La fuente de financiamiento para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, serán los recursos provenientes de las Regalías Departamentales. En el caso de la Región Autónoma del Chaco Tarijeño los recursos serán asignados del 45% de sus regalías” (las negrillas nos corresponden). En ese sentido, las regalías departamentales son recursos económicos de naturaleza fiscal que el departamento de Tarija, y en parte, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, perciben como compensación por la explotación de recursos naturales, especialmente hidrocarburos. Su finalidad es garantizar la autonomía económica y financiera de las entidades territoriales autónomas, conforme a la Constitución Política del Estado y al Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco. El art. 60 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco dispone que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco como región productora de hidrocarburos, percibe y administra directamente el 45 % de las regalías hidrocarburíferas del 11 % que recibe el departamento de Tarija, siendo esta la principal fuente de ingresos de la autonomía regional. En concordancia, el art. 61.4 y 5 del mismo Estatuto establece que los recursos económicos regionales incluyen las transferencias por regalías departamentales derivadas de la explotación de recursos naturales. De esta manera, las regalías departamentales están compuestas principalmente por regalías hidrocarburíferas -gas y petróleo- y, en menor medida, por otras provenientes de la explotación de recursos naturales distintos, lo que confirma que el origen esencial de dichas regalías en el caso de la Región del Gran Chaco es hidrocarburífero. Por otro lado, el art. 4 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna determina que la fuente de financiamiento para la ejecución de esta política pública son precisamente los recursos provenientes de las regalías departamentales, precisando que en el caso de la Región Autónoma del Gran Chaco, los recursos serán asignados del 45 % de sus regalías. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el Estatuto Autonómico Regional y la mencionada Ley Departamental, se concluye que el financiamiento de la canasta alimentaria para las personas adultas mayores proviene directamente de las regalías hidrocarburíferas, que constituyen el núcleo económico de las regalías departamentales. Por consiguiente, el pago de la canasta alimentaria, cuyos beneficiarios son las personas adultas mayores, se sustenta jurídicamente en recursos originados por la explotación de hidrocarburos, administrados por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, dentro del marco de su autonomía económica-financiera y del principio de destinación específica de las regalías; contrariamente a lo afirmado por el ahora tercero interesado al sostener que el presupuesto de las canastas alimentarias para los adultos mayores no se ve afectado porque se encuentra en el POA y las transferencias son independientes de lo percibido por en virtud a las Leyes 3038 y 3861, lo cual carece de asidero jurídico y material, ya que de conformidad con los arts. 1 y 5 de la Ley 3038, y los DDSS 29042 y 331, el 45 % de las regalías departamentales por hidrocarburos constituye una masa única de recursos económicos asignada de manera directa a la Región Autónoma del Gran Chaco de dicho departamento, distribuyéndose entre los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes del citado departamento.

Por ende, no existen fuentes independientes de financiamiento municipal para programas financiados con regalías; ya que, el origen es único -regalías hidrocarburíferas- y su distribución está sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la asignación y destino de los fondos provenientes del 45 %. Entonces, cualquier afectación, retención o demora en la transferencia del 45 % repercute necesariamente en la ejecución presupuestaria regional, por consiguiente, en las políticas sociales que se financian con dichos recursos -entre ellas, la Canasta Alimentaria para las Personas Adultas Mayores-. Además, el art. 4 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, es categórico al establecer que la fuente de financiamiento de dichas canastas alimentarias -en el caso de la Región Autónoma del Chaco-, son los recursos que serán asignados del 45% de sus regalías”. Ello, implica que el financiamiento de la canasta no es discrecional ni separable del flujo de regalías hidrocarburíferas, pues depende directamente del porcentaje del 45 % de regalías transferidas a la Región Autónoma del Gran Chaco. De esa manera, no puede sostenerse válidamente que las transferencias municipales “no afectan” el presupuesto para las canastas alimentarias de los adultos mayores; ya que este, presupuesto no tiene una fuente autónoma sino que se nutre precisamente de las regalías hidrocarburíferas que constituyen la base del financiamiento de todos los programas sociales departamentales y regionales. En ese orden, el POA municipal no genera una fuente de recursos por sí mismo; es un instrumento de programación, dependiente de los ingresos efectivamente transferidos. Por tanto, aunque la partida de la Canasta Alimentaria esté consignada en el POA, su ejecución depende de la disponibilidad real de las transferencias del 45 % de regalías, cuya asignación compete al nivel departamental-regional conforme a la Ley 3038 y los DDSS 29042 y 331. En consecuencia, si existe demora, retención o inejecución en las transferencias de regalías, el derecho de los adultos mayores a percibir la canasta alimentaria se ve afectado, independientemente de la existencia presupuestaria nominal en el POA. El fin social de las regalías hidrocarburíferas -establecido en las Leyes 3038, 3384, 3385 y 3861- impone a las autoridades públicas el deber de garantizar la ejecución efectiva de programas sociales como la canasta alimentaria para las personas adultas mayores de la Región del Gran Chaco. En ese sentido, no basta alegar la existencia presupuestaria o la independencia contable de las transferencias si el resultado material es la no percepción o demora en el beneficio, pues ello constituye una afectación directa al derecho a la seguridad alimentaria, a la igualdad y a la dignidad de las personas adultas mayores. En consecuencia, el argumento de que no se afecta el presupuesto de las canastas alimentarias destinadas a los adultos mayores debido a que las transferencias son independientes resulta incompatible con el marco legal que rige el origen, destino y ejecución de las regalías hidrocarburíferas. Sin embargo, aunque la fuente de financiamiento sean las regalías, el derecho adquirido de los beneficiarios -adultos mayores- no puede quedar supeditado a la demora, suspensión o falta de transferencia efectiva de esas regalías, puesto que la canasta alimentaria tiene rango legal, y su entrega no es discrecional sino un mandato legal directo. Al margen de ello, el financiamiento se encuentra previsto por ley, por lo que corresponde a la entidad pública garantizar la gestión y programación presupuestaria incluso si existen retrasos en la percepción de regalías, porque: “La CANASTA ALIMENTARIA PARA LA TERCERA EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA”, tiene como finalidad garantizar al Sector Adulto Mayor una alimentación que reúna los requisitos mínimos nutricionales, consecuentemente una calidad de vida con dignidad, de urgente necesidad y con carácter de prioridad departamental” (art. 2 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna [las negrillas nos pertenecen]). De esta disposición, se advierte que la ejecución de la canasta alimentaria reviste carácter prioritario y obligatorio, lo que impone a las entidades públicas la responsabilidad de prever, programar y ejecutar los recursos necesarios para su cumplimiento, incluso frente a eventuales retrasos en la percepción de las regalías. En consecuencia, la gestión responsable de los recursos públicos obliga a adoptar medidas de previsión presupuestaria que garanticen la continuidad del beneficio, evitando que los derechos de un grupo en situación de vulnerabilidad se vean afectados por deficiencias administrativas o de flujo financiero, puesto que debe recordarse que la canasta alimentaria para las personas adultas mayores no se constituye en una concesión discrecional de la autoridad sino un mandato legal expreso destinado a asegurar la satisfacción de necesidades básicas y garantizar una vida digna al sector de la tercera edad.

En cuanto a la renuencia tácita o expresa del obligado Del Oficio G.A.R.G.CH./S.J.R./CITE. 321/2025 de 31 de marzo, se advierte que el Ejecutivo hoy accionado justifica la imposibilidad de garantizar la no afectación del 15% de los recursos correspondientes al Municipio de Caraparí del departamento de Tarija -destinados al financiamiento de la canasta alimentaria de los adultos mayores- bajo el argumento de que la Resolución 01/2025, dictada en una acción de cumplimiento promovida por el Alcalde ahora tercero interesado, ordenó la transferencia inmediata de los montos adeudados al municipio de Yacuiba por concepto de las Leyes 3038 y 3861. Además señaló que, el cumplimiento de dicha Resolución constitucional habría comprometido el total del 45% de las regalías hidrocarburíferas depositadas en la Cuenta Única Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, del citado departamento afectando potencialmente los recursos que deben ser transferidos a Caraparí y Villamontes de dicho departamento (Conclusión II.3.). Sin embargo, esta justificación resulta jurídicamente insuficiente e incompatible con el marco constitucional y legal que regula el destino y la ejecución de las regalías hidrocarburíferas, así como con el carácter finalista y prioritario de los recursos destinados a la canasta alimentaria del adulto mayor, debido a que en primer lugar, la Resolución 01/2025 no puede interpretarse ni ejecutarse en contravención de las normas legales que determinan la distribución porcentual y el destino específico de las regalías. Las Leyes 3038 y 3861 asignan un 15% de las regalías del Gran Chaco a cada Gobierno Autónomo Municipal -Yacuiba, Caraparí y Villamontes- para fines determinados, entre ellos, el financiamiento de la canasta alimentaria para los adultos mayores. En segundo lugar, la autoridad accionada confunde el deber de cumplimiento de una Resolución constitucional con la facultad de reasignar recursos públicos de destino legalmente comprometido, y aun cuando la Resolución 01/2025 dispuso la transferencia de montos al municipio de Yacuiba, ello no autoriza la afectación de partidas pertenecientes a otros municipios ni de programas sociales con mandato legal, pues, el cumplimiento de un fallo constitucional debe realizarse dentro del marco de la legalidad y sin lesionar derechos de terceros o afectar la finalidad social de los recursos. Asimismo, debe recordarse que la canasta alimentaria tiene rango y mandato legal; por consiguiente, su ejecución no puede quedar sujeta a la disponibilidad coyuntural de los recursos de las regalías ni a los efectos colaterales de una -Sentencia constitucional 01/2025- que, según la autoridad accionada, no delimitó expresamente su alcance financiero. El propio fundamento de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna establece que el beneficio es de urgente necesidad y prioridad departamental, orientado a garantizar la vida digna y la seguridad alimentaria del adulto mayor, por lo que la administración pública tiene la obligación de prever y programar la continuidad del beneficio, incluso ante restricciones o reasignaciones transitorias de fondos. Considerando lo anterior, se tiene que el argumento del Jefe Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, carece de sustento jurídico; puesto que, ninguna resolución judicial puede autorizar la desviación o afectación de recursos con destino finalista y protegido por ley; es decir, que el cumplimiento de la Resolución 01/2025, no exime al Ejecutivo Regional accionado de su obligación de asegurar la transferencia del 15% correspondiente al municipio de Caraparí del indicado departamento y la ejecución del programa de la canasta alimentaria para los adultos mayores, en resguardo del derecho adquirido de los mismos y del principio de continuidad de las políticas públicas sociales. En consecuencia, la supuesta “imposibilidad” alegada no constituye una causa legítima de incumplimiento sino una deficiencia de gestión presupuestaria que no puede trasladarse al goce efectivo de derechos fundamentales. En ese sentido, la fuente exclusiva de financiamiento de la canasta alimentaria del adulto mayor proviene del 45% de las regalías hidrocarburíferas asignadas al nivel regional, conforme lo disponen las Leyes 3038 y 3861, debiendo precisarse que los arts. 321 y 322 de la CPE establecen la prohibición expresa de realizar erogaciones sin respaldo presupuestario, principio que responde al deber de legalidad, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos. Bajo ese contexto, es cierto que la ejecución inmediata del pago podría verse temporalmente limitada por la falta de disponibilidad de recursos; sin embargo, esa circunstancia no extingue ni suspende la obligación legal y constitucional de la entidad pública de cumplir con la entrega de la canasta alimentaria a un grupo vulnerable de la sociedad como son los adultos mayores, sino que únicamente difiere su ejecución material. En consecuencia, tal limitación no puede servir como argumento para eludir el cumplimiento del mandato legal, menos aun cuando la obligación tiene carácter finalista y prioritario por estar destinada a las personas adultas mayores. En consecuencia, la entidad accionada, ante una eventual falta temporal de recursos, debe adoptar todas las medidas de gestión y previsión presupuestaria razonables, tales como la reprogramación del presupuesto una vez ingresen las regalías o la modificación presupuestaria interna con certificación posterior, a fin de asegurar el cumplimiento del beneficio; resultando jurídicamente inadmisible que se pretenda justificar el incumplimiento indefinido o la omisión de pago alegando genéricamente “falta de fondos”, sin acreditar la realización de gestiones concretas orientadas a garantizar el derecho reconocido, ya que en virtud del principio de progresividad el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas para la plena efectividad de los derechos sociales y no puede justificar su incumplimiento en dificultades presupuestarias cuando estas son imputables a la falta de previsión o gestión administrativa; es decir, que la insuficiencia de recursos no libera al Estado de su obligación de adoptar medidas razonables para garantizar el ejercicio progresivo y sostenido de los derechos sociales, particularmente cuando se trata de sectores vulnerables como en el presente caso en el que los beneficiarios son los adultos mayores. Por consiguiente, en el marco de la presente acción de cumplimiento, corresponde determinar que el argumento de “falta de disponibilidad presupuestaria” no exime a la autoridad accionada, del deber jurídico de ejecutar el beneficio, por lo que, considerando que la acción de cumplimiento tiene naturaleza ejecutiva, orientada a obtener la realización efectiva de una disposición legal omitida, la obligación de entregar la canasta alimentaria a las personas adultas mayores subsiste plenamente, y la autoridad obligada únicamente podría justificar un aplazamiento razonable -mas no su suspensión o supresión- siempre que demuestre haber adoptado medidas efectivas para garantizar el cumplimiento del derecho en el menor tiempo posible. En el caso concreto, se evidencia que el Ejecutivo hoy accionado accionada, pese a conocer la existencia de una disposición legal clara y vigente que ordena la entrega de la canasta alimentaria a las personas adultas mayores, no acreditó la adopción de medidas efectivas orientadas a su cumplimiento oportuno. En ese orden, si bien pueden existir dificultades presupuestarias o de flujo financiero vinculadas a las regalías departamentales, tales circunstancias no extinguen ni suspenden la obligación legal, pues conforme al art. 321 de la CPE, las erogaciones públicas deben realizarse con respaldo presupuestario; empero, ello exige una gestión diligente para garantizar la ejecución del gasto, no su omisión. En virtud a lo anteriormente fundamentado, corresponde concluir que la autoridad accionada, incurrió en una omisión en el cumplimiento de una obligación legal expresa, al no haber ejecutado de manera oportuna la entrega de la canasta alimentaria a las personas adultas mayores, pese que dicha obligación se encuentra plenamente vigente y respaldada por norma específica. En ese sentido, debe concederse la tutela, correspondiendo ordenar a la autoridad accionada que adopte las medidas administrativas y financieras necesarias para materializar la entrega de la canasta alimentaria a sus beneficiarios en el menor tiempo posible, en observancia de los principios de buena fe, eficiencia, razonabilidad y tutela efectiva de los derechos sociales de las personas adultas mayores. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 142 vta. a 148, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Caraparí del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la Asociación del Adulto Mayor del Área Rural del municipio de Caraparí “San José”, representada legalmente por Julio Surate Durán, conforme con los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, afirmándose que el cumplimiento de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna y de la Disposición Normativa Regional 33, no está condicionado la ejecución previa o simultánea de las Leyes 3038 y 3861, ni subordinado a otras deudas u obligaciones; puesto que, estas últimas solo definen la fuente general de financiamiento -regalías del 45 %- y no limitan la vigencia ni exigibilidad del mandato legal de entrega de la canasta alimentaria, el cual conserva naturaleza ejecutiva, directa y prioritaria conforme con los fines sociales y de protección establecidos en la Constitución Política del Estado y en la normativa regional.

a) Disponer que el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, en el plazo máximo de cinco días hábiles, emita las disposiciones administrativas necesarias para viabilizar el cumplimiento de la obligación legal; y, en el plazo máximo de treinta días hábiles, inicie la entrega efectiva de las canastas alimentarias a las personas adultas mayores del municipio de Caraparí del departamento de Tarija, conforme a la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna y a la Disposición Normativa Regional 33, debiendo informar sobre su cumplimiento a la jurisdicción constitucional. b) Ordenar al Ejecutivo Regional hoy accionado, que adopte mecanismos de previsión presupuestaria permanente, a fin de asegurar la continuidad del beneficio social, de conformidad a la prioridad y urgencia reconocidas por el art. 2 de la Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las Personas de la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna, debiendo disponer los recursos necesarios con prioridad a cualquier deuda u obligación respecto al sector vulnerable que debe proteger. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de cumplimiento

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0310_2026-S1.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9ac2ede140afe117d94741b23c41455629fe6004be1bd839b341bd12d02ba4e3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →