Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Cuarta Especializada · 28 de diciembre de 2023
Deniega la tutela
El accionante denunció el incumplimiento de los arts. 9.4 y 220 de la CPE; y, 10 y 12.II de la Ley 870, vinculados a los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional; toda vez que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, no obstante haber recibido el Informe Final de Evaluación de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, sobre los postulantes habilitados para ser elegidos y designados como Defensora o Defensor del Pueblo, no cumplió dicho mandato, al no haber alcanzado los dos tercios requeridos por la Norma Suprema; para ello, en las Sesiones del 5 y 18 de mayo de 2022, oportunidad última en que decidieron diferir el tratamiento del tema para otra Sesión Ordinaria a ser convocada; sin tomar en cuenta que, la gestión defensorial vencía el 13 de mayo de 2022; y, no obstante que, mediante nota de 19 del mismo mes y año, solicitó al Presidente de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional, la inmediata designación del Defensor del Pueblo, o en su defecto, el nombramiento de un interino hasta que se designe al titular, solo se le respondió que dicho tema fue aplazado en su tratamiento para otra Sesión Ordinaria, sin responder sobre la exigencia de cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 178/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 235 a 244 vta.; y, Auto de Aclaración, Complementación y Enmienda de igual fecha (fs. 245 vta. a 246), pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en su totalidad la tutela impetrada. Conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1011/2023-S4 Sucre, 28 de diciembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de cumplimiento Expediente: 48826-2022-98-ACU Departamento: La Paz En revisión la Resolución 178/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 235 a 244 vta.; y, Auto de Aclaración, Complementación y Enmienda de igual fecha (fs. 245 vta. a 246), pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Edgar Salazar Limachi, Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) contra David Choquehuanca Céspedes, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 5 a 13; y, de subsanación de 1 de junio del mismo año (fs. 16 a 19), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
En el marco del Reglamento para la Selección y Designación de la Defensora o Defensor del Pueblo, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Resolución R.A.L.P. 009/2021-2022, se llevaron a cabo las actividades correspondientes hasta el Informe Final de Evaluación de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional; con lo cual, la Presidencia de la señalada Asamblea Legislativa, el 5 de mayo de 2022, convocó a sesión plenaria para la elección y designación del nuevo Defensor del Pueblo; sin embargo, por falta de consenso, no se logró la designación a dicho cargo, habiéndose dispuesto en consecuencia un cuarto intermedio; sin tomar en cuenta que, la gestión defensorial vencía el 13 de mayo de 2022; el 18 de igual data, se realizó un nuevo intento para la elección y designación al citado cargo, oportunidad en la cual tampoco se logró un consenso; pues, ninguno de los postulantes obtuvo los dos tercios requeridos para su designación. Ante esa situación, el 19 de mayo de igual año, cursó nota dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicitando la inmediata designación del Defensor del Pueblo o en su defecto el nombramiento de un interino hasta que se designe al nuevo titular; habiendo recibido como respuesta el 23 de mismo mes y año, la nota VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0211/2022 de 20 de mayo; a través de la cual, se comunicó que dicha instancia ha resuelto, mediante Resolución R.A.L.P. 011/2021-2022, el aplazamiento de la elección y designación a dicho cargo y que el nombramiento sería agendado para su tratamiento en una próxima sesión, sin responder al fondo de lo planteado y la exigencia de cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley, dejando abierta la fecha de elección y designación del Defensor del Pueblo.
El impetrante de tutela señaló como incumplidos los arts. 9.4 y 220 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 10 y 12.II de la Ley 870 de 13 de diciembre de 2016 –Ley del Defensor del Pueblo–, vinculados a los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional.
Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional, efectuar la designación y posesión del Defensor del Pueblo, y cumplir lo establecido en los arts. 9.4 y 220 de la CPE; y, 10 de la Ley 870; o en su caso, dar cumplimiento al mandato previsto en el 12.II de la Ley antes anotada, con la finalidad que dicho cargo no se encuentre acéfalo.
Consta acta de suspensión de audiencia de 29 de junio de 2022, cursante a fs. 161 y vta., debido a la falta de notificación a los terceros interesados. Celebrada la audiencia pública el 14 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 220 a 234 vta., presentes el impetrante de tutela, la autoridad demandada, ambos asistidos por sus abogados apoderados y el representante legal de la Defensora del Pueblo a.i.; y, ausentes los terceros cointeresados, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de cumplimiento, y ampliándolos manifestó que: a) No existe un fundamento válido de parte del Órgano Legislativo Plurinacional respecto a la razón por la cual no se lograron los dos tercios de votos para elegir al Defensor del Pueblo, dejándose inconcluso dicho proceso de selección, cuando es obligación del indicado Órgano del Estado, realizar las gestiones correspondientes para que se elija a dicha autoridad, cuya omisión generó inseguridad jurídica al pueblo boliviano; tomando en cuenta que, la actual Defensora del Pueblo ya cumplió su plazo; b) El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene el mandato imperativo de convocar y llevar adelante el proceso de selección y designación del Defensor del Pueblo, desde el inicio hasta su conclusión; el cual, no puede quedar a medias, pues el demandado no cuenta con la facultad de paralizar dicho proceso; c) Se ha convocado a terceros interesados para que expliquen por qué se oponen a la elección de la nueva autoridad defensorial, señalando un Fundamento Jurídico válido; y, d) Como parte de su petitorio, se debe ordenar al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional –ahora demandado–, que en el plazo de cinco días, instale la sesión en el Órgano Legislativo Plurinacional para la elección del Defensor del Pueblo. Preguntado por los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió que hasta el 18 de mayo de 2022, ya debería haberse concluido el proceso se elección y designación del Defensor del Pueblo, habiendo transcurrido más de setenta (70) días sin que se haya elegido a dicha autoridad; razón por la que, se debe otorgar un plazo perentorio para que designen dicho cargo, plazo que puede ser rescatado del Código Civil; dado que, no se puede esperar la voluntad de los que deciden votar en blanco, al encontrarse en juego los Derechos Humanos del pueblo boliviano.
David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por medio de su abogado apoderado presento informe escrito de 29 de junio de 2022, cursante de fs. 149 a 159, mencionando que: 1) La acción de defensa constitucional planteada carece de argumentación, al no haberse descrito los hechos o actos que permitan establecer el incumplimiento de la norma constitucional o legal denunciada; ello tomado en cuenta que, la atribución de la designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional y no así al Presidente de dicho Órgano Legislativo, a quien en todo caso solo le corresponde convocar a sesión para la elección del cargo por los Diputados y Senadores por dos tercios de los presentes; 2) El impetrante de tutela no acreditó que haya reclamado previamente y de manera documentada el cumplimiento del deber omitido, haciendo referencia simplemente a una carta presentada el 19 de mayo de 2022; por la cual, se solicitó la designación inmediata del Defensor del Pueblo; sin embargo, la misma no se trata de un reclamo por el cual se exija el cumplimiento de un mandato; 3) El solicitante de tutela no identificó el acto con el que presuntamente se omitió el cumplimiento de un deber; pues, no aclaró en qué momento la autoridad demandada rehusó o negó la elección del Defensor del Pueblo, es más, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó en cuatro ocasiones a votación para la elección de dicho cargo, la reprogramación no implica una omisión o prohibición del acto de elección o designación que tienen todos los Asambleístas, al no existir un consenso entre las tres fuerzas políticas de la referida Asamblea Legislativa Plurinacional para la elección y designación de dicha autoridad; 4) En la acción de cumplimiento presentada se requiere que el Presidente de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con lo establecido en los arts. 9.4 y 220 de la CPE; y, 10 de la Ley 870; es decir, que se instruya a dicha instancia efectuar la designación del Defensor del Pueblo, sin considerar que esta facultad está supeditada a una convocatoria y calificación pública previa y luego aprobada por dos tercios de votos de los Asambleístas presentes, sin que la norma señale un término para la designación; de manera que, las indicadas normas no resultan de directa aplicabilidad, más aun si se considera que la indicada Asamblea Legislativa Plurinacional, continúa con el tratamiento de la elección y designación del Defensor del Pueblo; de manera que, no es posible concluir que la Presidencia o el Pleno de la prenombrada Asamblea Legislativa Plurinacional hayan incurrido en incumplimiento de algún mandato; 5) Como Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en cumplimiento de la normativa constitucional y legal, acusadas como incumplidas en esta acción de defensa, se iniciaron los actos previos para la organización, selección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo, habiéndose convocado a distintas sesiones con la finalidad de elegir y designar al titular de dicho cargo una vez superada la etapa de evaluación de méritos y entrevistas, oportunidades en las que no se lograron los votos necesarios, pese al diálogo sostenido con las distintas bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por tal motivo, el proceso no tuvo el resultado final por razones ajenas a la referida Asamblea Legislativa; y, 6) No es evidente la acusada desinstitucionalización del Defensor del Pueblo, al señalarse que esta se encuentra sin autoridad; toda vez que, mediante Resolución R.A.L.P. 001/2019-2020 de 30 de enero de 2019, se designó a una Defensora Interina hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional elija a una nueva autoridad. En audiencia agregó que: i) Se debe diferenciar entre las obligaciones del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las correspondientes al ente colegiado nombrado, y en ese sentido, como Presidente se cumplió con el deber de convocar en reiteradas ocasiones para el tratamiento de la elección y designación del Defensor del Pueblo; siendo que, los resultados ya no son de su responsabilidad, pese al intento por llegar a un consenso, pues es evidente que ninguno de los postulantes obtuvo los dos tercios de votos para ser elegido y designado en dicho cargo; y, ii) No obstante lo señalado, tampoco resulta razonable solicitar que el cumplimiento de lo que pueda ser dispuesto por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tenga un plazo perentorio; dado que, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene sus propios procedimientos que deben ser cumplidos. Argumentos bajo los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada. Preguntado por los Vocales de la citada Sala Constitucional, respondió que: a) La decisión de elección del postulante que ocupará el cargo de Defensor del Pueblo es algo que pertenece a cada Asambleísta; debido a que, el Reglamento emitido al efecto solo prevé que la votación se realizará cuantas veces sea necesario, sin que se prevea un límite para ello; b) Entre las formas de votación también se encuentra el voto en blanco, el cual se computa igual que las demás formas de votación; y, c) La decisión de aplazamiento del tratamiento de la elección y designación del Defensor del Pueblo es una decisión que partió de un Asambleísta, apoyado por otros y finalmente sometida a votación por el Pleno, difiriéndose de esa manera el tratamiento del tema para otra oportunidad, lo cual tiene como objeto arribar a consensos, como cualquier otro tema que compete a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya decisión dependa de dos tercios de votos, aclarando que ningún Asambleísta solicitó la reconsideración de esa decisión de aplazamiento.
Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i. mediante su representante legal Sergio Niño de Guzmán Luizaga, por informe escrito presentado el 13 de julio de 2022, cursante de fs. 202 a 204 vta., se apersonó como tercera interesada, solicitando su participación en audiencia; por lo que, en dicho acto procesal manifestó lo siguiente: 1) La elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo, está condicionada a la existencia de dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que inviabiliza la concesión de la tutela impetrada a través de esta acción de cumplimiento; 2) El periodo de los seis años de la Defensora o Defensor del Pueblo no debe ser confundido con el interinato, condición última en la que se encuentra la actual Defensora del Pueblo, ante la renuncia presentada de su titular David Tezanos Pinto; en consecuencia, no se puede afirmar irresponsablemente que el 13 o 15 de mayo de 2022, hubiese vencido el periodo del mandato de la actual Defensora del Pueblo interina, cuando la misma no deviene de un mandato de seis años sino de un interinato que mantiene su vigencia hasta la elección y designación de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo cuyo proceso aún no concluyó; 3) El petitorio expresado en el memorial de la acción tutelar no es claro, positivo e inequívoco; dado que, por una parte requiere que se elija y designe Defensora o Defensor del Pueblo con base a la convocatoria emitida o alternativamente se designe un Defensor del Pueblo interino de entre los Delegados Defensoriales Departamentales de dicha entidad; 4) El pretender otorgar un plazo a la autoridad demandada para que cumpla el mandato que denuncia, constituye una vulneración a la independencia del Órgano Legislativo Plurinacional, quien tiene procedimientos propios que deben ser observados para los actos a ser desarrollados en el marco de su competencia; y, 5) Las normas denunciadas como incumplidas en esta acción de defensa no constituyen mandatos de exigibilidad inmediata, sino que son programáticos, al estar sujetos a actos y procedimientos posteriores. Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores, Senador Suplente de la Cámara de Senadores; y, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, Diputado de la Honorable Cámara de Diputados; ambos, Jefes de Bancada de la Alianza Comunidad Ciudadana, por memorial presentado el 13 de julio de 2022, cursante de fs. 191 a 192 vta.; refirieron que: i) El 12 de julio de 2022 fueron notificados con una convocatoria para asistir a la audiencia pública correspondiente a la presente acción de defensa, como terceros interesado en su condición de Jefes de Bancada de Alianza Comunidad Ciudadana, en las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente; citación que observan al no considerarse terceros interesados en la presente acción de tutela; debido a que, no cuentan con representación de ningún parlamentario para la deliberación y el voto dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 13, 23 inc. a), 107 y 108 del Reglamento General de la Cámara de Diputados y por los arts. 7, 18 inc. a) y 114 del Reglamento de la Cámara de Senadores; ii) Según la citada normativa, cada Diputado ejercer su mandato con iguales prerrogativas y facultades y tiene derecho a participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las sesiones de las Comisiones, Comités y Brigadas, tiene un voto personal y obligatorio, que se puede efectuar por signo, de manera nominal, electrónicamente o por escrutinio; y por tanto, es intransferible e indelegable a la Jefatura de Bancada y a cualquier otra instancia; iii) Según la normativa, cada Senador ejercer su mandato con iguales prerrogativas y facultades, y tiene derecho a participar con voz y voto en las sesiones de la señalada Asamblea Legislativa, Cámara de Senadores, Comisiones, Comités y Brigadas, tiene un voto personal y obligatorio, que se puede efectuar por signo, de manera nominal, electrónicamente o por escrutinio, y por tanto, es intransferible e indelegable a la Jefatura de Bancada y a cualquier otra instancia; iv) Lo propio ocurre en la designación del Defensor del Pueblo por parte de la citada Asamblea Legislativa, que en la última convocatoria fueron habilitados para dicha votación, siete postulantes y cualquiera de ellos puede constitucional, legal y legítimamente ser designado Defensor del Pueblo; y en consecuencia, cualquier Senador o Diputado puede votar por cualquiera de estos siete postulantes, sin que esta decisión pueda ser impedida, interferida u obstaculizada por las Jefaturas de Bancada; v) En consecuencia, los terceros interesados dentro de esta acción de cumplimiento, son todos y cada uno de los Senadores y Diputados, titulares y suplentes que conforman el referido ente legislativo, considerados individualmente y no los Jefes de Bancada en esta calidad, sino en la de Senador y Diputado; por lo tanto, no corresponde asumir una investidura y representación como terceros interesados para el conjunto de legisladores de Comunidad Ciudadana, sino es cada Senador y Diputado, titular y suplente, el que tiene que ser convocado en dicha calidad; y, vi) Al haber sido convocados todos los legisladores para la audiencia señalada, como terceros interesados, el presente proceso tutelar, se encuentra viciado de nulidad por violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Leonardo Loza, Senador y Jefe de la Bancada del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), por memorial presentado el 14 del mismo mes y año (fs. 195 y vta.), hizo conocer su imposibilidad de asistencia a la audiencia de la presente acción de defensa. Asimismo, Centa Lothy Rek López, Senadora de la Cámara de Senadores, José Carlos Gutiérrez Vargas, Diputado de la Honorable Cámara de Diputados; ambos, Jefes de Bancada de CREEMOS; y, Gualberto Arispe Maita, Diputado y Jefe de la Bancada del MAS-IPSP, no asistieron a la presente audiencia de consideración de la acción de cumplimiento ni presentaron escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 180 a 181, respectivamente.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 178/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 235 a 244 vta.; y, Auto de Aclaración, Complementación y Enmienda de igual fecha (fs. 245 vta. a 246), concedió parcialmente la tutela impetrada, exhortando al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convoque a los Asambleístas a una sesión ordinaria o extraordinaria para que de forma inmediata procedan a la elección, designación y posesión de la o el Defensor del Pueblo; y, hasta en tanto ello ocurra, Nadia Alejandra Cruz Tarifa –ahora tercera interesada– debe continuar ejerciendo sus funciones. Bajo el fundamento de que la decisión asumida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de diferir el tratamiento de la elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo, sin establecer un plazo, constituye un incumplimiento del deber comprendido en los arts. 220 de la CPE; y, 10 de la Ley 870; dado que, dicho ente legislativo tiene la obligación de elegir y designar al nuevo titular en dicho cargo, debiendo a tal efecto lograr los consensos necesarios con base a los principios de coordinación y cooperación entre Órganos del Estado. Ante la solicitud de Aclaración, Complementación y Enmienda, el tercero interesado, refirió que se aclara que no hay medidas cautelares en trámite, sino la continuación de una ya vigente; y que su actuación no responde a presiones de los movimientos sociales, sino al cumplimiento del derecho a petición derivado de una nota de una plataforma ciudadana. Así mismo, ante la solicitud de Aclaración, Complementación y Enmienda del accionante, respecto a que el Órgano Legislativo Plurinacional coordine con los Jefes de Bancada de los partidos políticos; para lo cual, debe de darse un plazo perentorio, plazo que está establecido en el Código de Procedimiento Constitucional, la citada Sala Constitucional mediante Auto de Aclaración, Complementación y Enmienda de 14 de julio de 2022, cursante de fs. 245 vta. a 246, exhortó al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que a la brevedad posible e inmediata pueda convocar a una Sesión Ordinario o Extraordinaria para cumplir el deber omitido.
La presente acción de cumplimiento, fue sorteada el 4 de octubre de 2022 cursante a fs. 253; sin embargo, a solicitud del Magistrado Relator, mediante Decreto Constitucional de 18 de octubre de 2022 (fs. 254), se solicitó documentación complementaria para resolver la causa, disponiéndose la suspensión de plazo para emitir el fallo constitucional; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 27 de diciembre de 2023 (fs. 268); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo establecido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. 009/2021-2022 de 15 de marzo de 2022, se aprobó el Reglamento para la Selección y Designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo; así como, la Convocatoria para dicho proceso; encargando a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral llevar adelante dicho proceso (fs. 87 a 88, 89 a 102 y 103 a 108). II.2. Mediante nota CITE: CMCLSE INT. 70/2021-2022 de 29 de abril de 2022, el Presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, remitió al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional – hoy demandado– el Informe de Evaluación del proceso de Selección y Designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo (2022), adjuntando el citado Informe más los antecedentes del proceso (fs. 109 y 110 a 125). II.3. A través de la Convocatoria a la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2021-2022, el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocó a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados con el orden del día; entre otros, para la elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo (fs. 126). II.4. Por notas: VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0168/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0169/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0170/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0171/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0172/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0173/2022; todas de 4 de mayo, y VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0194/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0195/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0196/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0197/2022, VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0198/2022 y VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0199/2022; todas de 16 de mayo, la Secretaría General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, invitó a la reunión de coordinación a las Jefaturas de Bancada de Diputados y Senadores correspondientes a la Alianza Comunidad Ciudadana, CREEMOS y MAS-IPSP, con la finalidad de viabilizar salidas democráticas en tremas concernientes a la Asamblea (fs. 127 a 138). II.5. Mediante Comunicado de 17 de mayo de 2022, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hizo conocer a las Senadoras, Senadores, Diputados y Diputadas, que el 18 de igual mes y año se reinstalará la Sexta Sesión Ordinaria, continuando con el punto referido a la elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo (fs. 139). II.6. A través de Resolución R.A.L.P. 011/2021-2022 de 18 de mayo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, decidió aprobar la moción de aplazamiento para diferir el tratamiento de la elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo, para ser considerado en una próxima Sesión Ordinaria de la referida Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada para dicho efecto (fs. 140).
El accionante denunció el incumplimiento de los arts. 9.4 y 220 de la CPE; y, 10 y 12.II de la Ley 870, vinculados a los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional; toda vez que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, no obstante haber recibido el Informe Final de Evaluación de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, sobre los postulantes habilitados para ser elegidos y designados como Defensora o Defensor del Pueblo, no cumplió dicho mandato, al no haber alcanzado los dos tercios requeridos por la Norma Suprema; para ello, en las Sesiones del 5 y 18 de mayo de 2022, oportunidad última en que decidieron diferir el tratamiento del tema para otra Sesión Ordinaria a ser convocada; sin tomar en cuenta que, la gestión defensorial vencía el 13 de mayo de 2022; y, no obstante que, mediante nota de 19 del mismo mes y año, solicitó al Presidente de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional, la inmediata designación del Defensor del Pueblo, o en su defecto, el nombramiento de un interino hasta que se designe al titular, solo se le respondió que dicho tema fue aplazado en su tratamiento para otra Sesión Ordinaria, sin responder sobre la exigencia de cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 134.I de la CPE, determina la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento, al establecer que, ésta acción procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Conforme a ello, el art. 64 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que dicha acción de tutela tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal cuando es omitida por servidores públicos u Órganos del Estado. Al respecto, la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, señaló que: “…la acción de cumplimiento está configurada como un verdadero proceso constitucional, por las siguientes razones: i) Está configurada procesalmente por la Constitución Política del Estado; ii) Su conocimiento y resolución es de competencia de la justicia constitucional; iii) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y, iv) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, -como se analizará posteriormente-. La acción de cumplimiento está integrada por una serie de actos de procedimiento como la demanda, el informe, la audiencia, la resolución y posterior revisión por el Tribunal Constitucional, que configuran un proceso constitucional autónomo, de carácter extraordinario, tramitación especial y sumaria, en el que se reclama la materialización de un deber -constitucional o legal- omitido, existe en tal sentido una pretensión, partes discrepantes, un procedimiento específico conforme al cual se desarrolla la acción, y un juez o tribunal que resuelve otorgar o denegar la tutela.
Cabe resaltar que esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley” (las negrillas son nuestras). Más adelante la misma Sentencia ya anotada, refiriéndose al ámbito de protección de la acción de cumplimiento, manifestó que: “…procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Conforme a dicho texto, la acción de cumplimiento, tiene como objeto garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido.
Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE). Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso-corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 1312/2011 de 26 de septiembre, refiriéndose a esta acción de defensa y su ingeniería dogmática a la luz del nuevo orden constitucional, en el Fundamento Jurídico III.2, precisó que: “…esta garantía jurisdiccional, responde precisamente a una visión de ‘construcción colectiva del Estado’, ya que un eventual incumplimiento a un mandato expreso, no sujeto a condición y vigente tanto de preceptos constitucionales como de la ley en su sentido formal o material, tal como ya se dijo, no solamente afecta un derecho individual, como es el derecho a la igualdad entre otros, sino que también, considerando que la Norma Suprema y la ley se caracterizan por su generalidad, este supuesto incumplimiento, podría también irradiar negativamente en una colectividad, por tanto, frente a esta circunstancia, este medio específico garantiza un efectivo respeto a ‘derechos individuales no aislados de una colectividad’” (las negrillas son nuestras).
Más adelante, la Sentencia Constitucional citada en el párrafo precedente, al referirse a la naturaleza procesal de la acción de cumplimiento, en cuanto a sus principios estructurales, concretamente al de no supletoriedad, señaló lo siguiente: “Así también, el principio de no supletoriedad, implica que la jurisdicción constitucional a través de la acción de cumplimiento, solamente puede ser activada siempre y cuando la autoridad que omite el cumplimento de un mandato expreso, no sujeto a condición y vigente, plasmado en una norma constitucional o legal, haya tenido la posibilidad de dar estricta observancia a este mandato, a cuyo efecto, antes de activarse la justicia constitucional, debe previamente solicitarse a ésta, el cumplimiento del deber omitido; sin embargo, es preciso aclarar que en la acción de cumplimiento, este principio no puede equipararse al principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional, ya que de acuerdo a la esencia de este mecanismo de defensa, como se dijo, la apertura de un procedimiento administrativo o uno judicial, dentro de los cuales debería agotarse las instancias existentes, constituye una causal de exclusión de tutela a través de la acción de cumplimiento, por tanto, la petición previa, especialmente en materia administrativa y también en vía judicial, debe ser realizada especificándose la no apertura de una causa concreta que resuelva la problemática, aspecto con el cual, podrá establecerse una diferencia perceptible entre ambas acciones tutelares. En efecto, contra esta petición previa -que no implique apertura de procedimiento administrativo o proceso jurisdiccional-, la autoridad que omitió el incumplimiento de un mandato inserto en una norma constitucional o la ley, tendrá el deber de resolverla, allanándose o no a dicha solicitud; en el primer caso, efectivamente el cumplimiento del deber omitido estará garantizado, empero, en el segundo supuesto, es decir, en caso de no allanarse la autoridad obligada a esta petición de cumplimiento, será precisamente esta decisión la que acredite el incumplimiento, momento a partir del cual, quedará expedita la tutela constitucional a través de la acción de cumplimiento. En este estado de cosas, es absolutamente pertinente resaltar que en caso de existir una instancia superior a aquella autoridad renuente en el cumplimiento de un mandato inserto en la Constitución Política del Estado o la ley, no será necesario impugnarla, puesto que -como ya se dijo-, el principio de no supletoriedad de la acción de cumplimiento no puede equiparse al principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional, en ese contexto, con la resolución que resuelva la petición de cumplimiento, queda expedita la vía tutelar a través de la acción de cumplimiento” (las negrillas nos corresponden). Del marco normativo constitucional, legal y jurisprudencial desglosados anteriormente se puede concluir que, la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela constitucional reconocido en la Norma Suprema, para garantizar el cumplimiento de un deber o mandato expreso, claro y exigible previsto en la Constitución Política del Estado o la Ley (entendiendo en el caso de esta última no solo a la Ley en sentido formal sino también material); mandato que, debe estar vigente y no sujeto a condición; la cual, solo puede ser activada siempre que la autoridad que omite el cumplimento del mandato haya tenido la posibilidad de dar estricta observancia al mismo, a cuyo efecto, antes de activarse la justicia constitucional, debe previamente solicitarse a ésta, el cumplimiento del deber omitido, conforme se tiene previsto en el art. 66.2 del CPCo.
En el caso de análisis, el accionante denunció el incumplimiento de los arts. 9.4 y 220 de la CPE; y, 10 y 12.II de la Ley 870, vinculados a los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional; toda vez que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, no obstante haber recibido el Informe Final de Evaluación de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, sobre los postulantes habilitados para ser elegidos y designados como Defensora o Defensor del Pueblo, no cumplió dicho mandato, al no haber alcanzado los dos tercios requeridos por la Norma Suprema para ello, en las Sesiones del 5 y 18 de mayo de 2022, oportunidad última en que decidieron diferir el tratamiento del tema para otra Sesión Ordinaria a ser convocada; sin tomar en cuenta que, la gestión defensorial vencía el 13 de mayo de 2022; empero, mediante nota de 19 del mismo mes y año, solicitó al Presidente de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional, la inmediata designación del Defensor del Pueblo, o en su defecto, el nombramiento de un interino hasta que se designe al titular, solo se le respondió que dicho tema fue aplazado en su tratamiento para otra Sesión Ordinaria, sin responder sobre la exigencia de cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente y conforme con las conclusiones del presente fallo constitucional; se establece que, mediante la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. 009/2021-2022, se aprobó el Reglamento para la Selección y Designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo; así como, la Convocatoria para dicho proceso, encargando a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral llevar adelante dicho proceso, instancia última que a través de nota CITE: CMCLSE INT. 70/2021-2022, remitió al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional ‒hoy demandado‒, el Informe de Evaluación del proceso de Selección y Designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo (2022), adjuntando el referido informe más los antecedentes del proceso. En el marco de los antecedentes descritos, mediante Convocatoria de 3 de mayo de 2022, el Presidente de la prenombrada Asamblea Legislativa, convocó a la Sexta Sesión Ordinaria, para el 5 de igual mes y año, estableciendo como orden del día, entre otros temas, la Elección y Designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo, oportunidad en la que ninguno de los postulantes habilitados obtuvo los dos tercios de votos requeridos para ser elegido y designado en dicho cargo; por lo que, se decidió el aplazamiento de este punto para otra Sesión Ordinaria a ser convocada; la misma que, se llevó a cabo el 18 del mismo mes y año, no obstante y en tanto ello, la Secretaría General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional invitó a reunión de coordinación a las Jefaturas de Bancada de Diputados y Senadores correspondientes a la Alianza Comunidad Ciudadana, CREEMOS y MAS-IPSP, con la finalidad de viabilizar salidas democráticas en temas concernientes a la Asamblea; entre ellos, la elección y designación de Defensora o Defensor del Pueblo; en la Sesión del 18 de mayo de 2022, tampoco ninguno de los postulantes habilitados logró los dos tercios de votos requeridos para ser elegido y designado en el cargo; razón por la que, a través de Resolución R.A.L.P. 011/2021-2022, la citada Asamblea Legislativa Plurinacional decidió aprobar la moción de aplazamiento para diferir el tratamiento del tema para una próxima Sesión Ordinaria a ser convocada. Ante la última determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ahora impetrante de tutela requirió, el 19 de mayo de 2022, al Presidente de dicho ente colegiado, la inmediata designación del Defensor del Pueblo, o en su defecto el nombramiento de un interino hasta que se designe al nuevo titular, petición que mereció como respuesta la nota VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0211/2022, notificada el 23 de igual mes y año; por la cual, se le comunicó que dicha instancia ha resuelto, mediante Resolución R.A.L.P. 011/2021-2022, el aplazamiento de la elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo, para su tratamiento en una próxima Sesión. Ahora bien, conforme a lo anotado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de cumplimiento es uno de los mecanismos de tutela que se encuentra reconocido en la Norma Suprema, para garantizar el cumplimiento de un deber o mandato expreso, claro y exigible previsto en la Constitución Política del Estado o la Ley (entendiendo por Ley no solo a la Ley en sentido formal sino también material; es decir, cualquier disposición normativa que tenga carácter general), mandato que además de lo anotado, debe estar vigente y no sujeto a condición; habiéndose establecido también que dicho mecanismo de tutela puede ser activada siempre que la autoridad que omite el cumplimento del mandato haya tenido la posibilidad de dar estricta observancia al mismo, a cuyo efecto, antes de activarse la justicia constitucional, debe previamente solicitarse a la autoridad o servidor público obligado, el cumplimiento del deber omitido, conforme se tiene previsto en el art. 66.2 del CPCo. En el caso de análisis, el deber al que hace referencia el solicitante de tutela (Elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional), previsto en los arts. 220 de la CPE; y, 10 de la Ley 870, además de ser un deber genérico, se encuentra sujeto a una condición, como es la obtención de los dos tercios por los integrantes de dicho ente legislativo respecto al postulante habilitado que debe ocupar dicho cargo; de manera que, el mandato expresado en dicha norma no puede ser tutelado a través de la acción de cumplimiento, que como bien fue señalado en el anterior párrafo, tiene como objeto garantizar el cumplimiento de un deber o mandato expreso, claro y exigible previsto en la Norma Suprema o la Ley, lo que evidentemente no acontece en el caso de examen. La condición antes indicada (dos tercios de votos de los miembros presentes) se constituye en una de las formas democráticas previstas en la Ley Suprema para resolver los conflictos en una sociedad diversa y heterogénea; por ello, en aplicación de los principios de independencia y separación de los Órganos del Poder Público, insertos en el art. 12.I de la CPE, no es exigible que los distintos representantes del pueblo (Senadoras y Senadores y Diputados y Diputadas) tengan la obligación de emitir su voto necesariamente por uno u otro postulante habilitado para Defensora o Defensor del Pueblo, cuando el voto en blanco se constituye también en una opción legal y democráticamente permitida; por lo que, la necesaria generación de un consenso democrático en la Asamblea Legislativa Plurinacional se constituye en la vía idónea para resolver cualquier dificultad al respecto, lo cual no puede ser impuesto por la justicia constitucional. En cuanto a los arts. 9.4 de la CPE; y, 12.II de la Ley 870, citados también por el impetrante de tutela como normas incumplidas por la autoridad demandada, las mismas no prevén mandato expreso alguno para la autoridad demandada o para la Asamblea Legislativa Plurinacional; así, el primer artículo nombrado se refiere a los fines y funciones del Estado, además de los que establece la Constitución Política del Estado y la Ley, de garantizar el cumplimiento de principios, valores, y derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Norma Suprema, y en cuanto al segundo artículo nombrado, se refiere a la posibilidad de reemplazo de manera interina de la Defensora o el Defensor del Pueblo, por cualquier Delegada o Delegado Defensorial Adjunto, los cuales son nombrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación; normas que nada tienen que ver con el deber, cuya omisión se denuncia en esta acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, no realizó un análisis correcto de los antecedentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 178/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 235 a 244 vta.; y, Auto de Aclaración, Complementación y Enmienda de igual fecha (fs. 245 vta. a 246), pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en su totalidad la tutela impetrada. Conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1011_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): b685e6a268ca850c6c430b691cd1c502c3f235d6744875d1bb7ef874fd8a68b7
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